Ustedes dos tienen dos cosas en común: Ambos fueron secuestrados durante la guerra: uno por la guerrilla, y el otro por las fuerzas de seguridad del Estado. Y ambos decidieron exigir un juicio penal contra los respectivos responsables de su secuestro. Ambos fueron de los primeros en aprovechar la suspensión de la amnistía del 1993 y presentaron demandas ante la Fiscalía General.
Según la demanda presentada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, usted (Rafael Segura) fue capturado y torturado en 1983 por cuerpos seguridad. Junto con el caso suyo, el IDHUCA presentó cuatro casos más, todos de crímenes abominables contra individuos.
Según la entrevista que El Faro le hizo a usted (Armando Durán), fue secuestrado por una unidad del ERP en 1986, y luego de 37 días de cautiverio fue liberado contra el pago de una fuerte suma de rescate.
Ambos casos son representativos para lo que miles de salvadoreños sufrieron durante el conflicto, unos a manos del Estado, otros a manos de la insurgencia. Ambos son víctimas civiles de la guerra que de ambos bandos incluía abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, sobre todo de civiles. Ambos tienen pleno derecho de exigir que estos crímenes no se olviden, que no sean negados. Pero tengo seria duda, con todo respeto por su historia, si tienen derecho que su caso particular sea sujeto a juicio y castigo penal. Por que si asumimos que ustedes tienen derecho que la FGR y los tribunales competentes abran su caso particular y lo lleven a juicio, igual derecho tendrían más de cien mil salvadoreños que personalmente o en su familia han sido afectados por secuestros, torturas, asesinatos, expropiaciones, desplazamiento forzoso de su hogares, o por parte de los órganos del Estado, o por paramilitares de derecha, o por unidades de la guerrilla.
Si con las demandas de ustedes se establece como nueva norma jurídica, luego de la suspensión de la amnistía que cada individuo afectado puede provocar una investigación, un juicio y una sentencia en su caso particular, entonces serán miles o decenas de miles de casos que se pueden presentar. Y viendo que esta es la voluntad expresa de varios organismos que se definen como defensoras de derechos humanos (p.ej. IDHUCA), esto es lo que va pasar. Observando una avalancha de demandas a nombre de víctimas del Estado, los afectados por la guerrilla, que hasta ahora han mostrado poca tendencia de judicializar sus casos, van a comenzar a hacerlo, solo para crear equilibrio.
En la situación caótica, que esto crearía en nuestro sistema judicial, lo que se generaría es más confusión y no la verdad. Y un sistema judicial saturado con casos que no puede realmente investigar y juzgar debidamente, produce cualquier cosa, menos justicia.
Así que a ustedes dos (que ya presentaron demandas), pero sobre todo a los decenas de miles de ciudadanos que durante la guerra sufrieron vejámenes parecidos o peores, les pido reflexionar. Con todo respeto por sus historias y su dolor, les pido reflexionar si buscar juicios y castigos penales para los crímenes de los años del conflicto realmente puede aportar a la lucha contra la violencia y la impunidad, que en la actualidad todavía carcomen el tejido social, con 6 mil homicidios al año y un sistema judicial que logra generar justicia en menos del 10 % de estos casos durante décadas, su principal base social.
Estoy convencido que este no es el camino. Saludos,
(MAS!/El Diario de Hoy)
