Carta a Rafael Segura y Armando Durán: ¿Quieren provocar una avalancha de juicios?
Estimados señores:
Ustedes dos tienen dos cosas en común: Ambos fueron
secuestrados durante la guerra: uno por la guerrilla, y el otro por las
fuerzas de seguridad del Estado. Y ambos decidieron exigir un juicio
penal contra los respectivos responsables de su secuestro. Ambos fueron
de los primeros en aprovechar la suspensión de la amnistía del 1993 y
presentaron demandas ante la Fiscalía General.
Según la demanda presentada por el Instituto de Derechos Humanos de
la UCA, usted (Rafael Segura) fue capturado y torturado en 1983 por
cuerpos seguridad. Junto con el caso suyo, el IDHUCA presentó cuatro
casos más, todos de crímenes abominables contra individuos.
Según la entrevista que El Faro le hizo a usted (Armando Durán), fue
secuestrado por una unidad del ERP en 1986, y luego de 37 días de
cautiverio fue liberado contra el pago de una fuerte suma de rescate.
Ambos
casos son representativos para lo que miles de salvadoreños sufrieron
durante el conflicto, unos a manos del Estado, otros a manos de la
insurgencia. Ambos son víctimas civiles de la guerra que de ambos bandos
incluía abusos de poder y violaciones a los derechos humanos, sobre
todo de civiles. Ambos tienen pleno derecho de exigir que estos crímenes
no se olviden, que no sean negados. Pero tengo seria duda, con todo
respeto por su historia, si tienen derecho que su caso particular sea
sujeto a juicio y castigo penal. Por que si asumimos que ustedes tienen
derecho que la FGR y los tribunales competentes abran su caso particular
y lo lleven a juicio, igual derecho tendrían más de cien mil
salvadoreños que personalmente o en su familia han sido afectados por
secuestros, torturas, asesinatos, expropiaciones, desplazamiento forzoso
de su hogares, o por parte de los órganos del Estado, o por
paramilitares de derecha, o por unidades de la guerrilla.
Si con las demandas de ustedes se establece como nueva norma
jurídica, luego de la suspensión de la amnistía que cada individuo
afectado puede provocar una investigación, un juicio y una sentencia en
su caso particular, entonces serán miles o decenas de miles de casos que
se pueden presentar. Y viendo que esta es la voluntad expresa de varios
organismos que se definen como defensoras de derechos humanos (p.ej.
IDHUCA), esto es lo que va pasar. Observando una avalancha de demandas a
nombre de víctimas del Estado, los afectados por la guerrilla, que
hasta ahora han mostrado poca tendencia de judicializar sus casos, van a
comenzar a hacerlo, solo para crear equilibrio.
En la situación caótica, que esto crearía en nuestro sistema
judicial, lo que se generaría es más confusión y no la verdad. Y un
sistema judicial saturado con casos que no puede realmente investigar y
juzgar debidamente, produce cualquier cosa, menos justicia.
Así que a ustedes dos (que ya presentaron demandas), pero sobre todo a
los decenas de miles de ciudadanos que durante la guerra sufrieron
vejámenes parecidos o peores, les pido reflexionar. Con todo respeto por
sus historias y su dolor, les pido reflexionar si buscar juicios y
castigos penales para los crímenes de los años del conflicto realmente
puede aportar a la lucha contra la violencia y la impunidad, que en la
actualidad todavía carcomen el tejido social, con 6 mil homicidios al
año y un sistema judicial que logra generar justicia en menos del 10 %
de estos casos durante décadas, su principal base social.
Estoy convencido que este no es el camino. Saludos,
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