Veamos: Unos periodistas, quienes a la
vez figuran como investigadores y analistas, comienzan a correr en Estados
Unidos ciertas informaciones y las subsiguientes tesis. Por ejemplo: Que el
narcotráfico y sus carteles internacionales están teniendo “cada día más
presencia en El Salvador”. Que están detrás de la tregua. Que han infiltrado
“altas estructuras” del gobierno y sus aparto de seguridad...
En Estados Unidos, donde existe la mala
costumbre de ver a los países de Centro América principalmente como países de
tránsito de la droga del Sur al Norte, caen en tierra fértil estos análisis y
reportes. Sobre todo cuando sus autores, como Douglas Farah y Héctor Silva
Ávalos, tienen años de cultivar buenas relaciones con ciertas oficinas de
congresistas, senadores, tanques de pensamiento y agencias relacionadas a la
guerra contra las drogas. El último, durante dos años, cultivó estas relaciones
desde su cargo en la embajada salvadoreña en Washington.
El influyente senador Patrick Leahy, uno
de los líderes demócratas siempre pendientes de El Salvador y miembro
influyente del comité que aprueba o rechaza proyectos de cooperación con El
Salvador (incluyendo los fondos de Fomilenio), comienza a preocuparse.
Demasiado consistente han sido las advertencias de Silva, Farah y otros, no
sólo en sus reportes publicados, sino también en pláticas directas con la gente
de sus staff. Al senador, quien en estos días tiene que evaluar la solicitud de
Fomilenio II para El Salvador, le entran dudas. Le han dicho nada menos que
David Munguía Payes, el hombre que como ministro de seguridad creo las
condiciones para que se gestionara la tregua entre pandillas, podría tener
relaciones con el crimen organizado...
El senador no ha dado ninguna declaración
pública sobre el tema, pero de “fuentes cercanas a su oficina” se filtra que
existen tres razones que lo tienen al punto de vetar el Fomilenio II: el
senador siente que el gobierno salvadoreño no está combatiendo debidamente al
crimen organizado relacionado con drogas; el senador exige la remoción de David
Munguía Payes, ahora ministro de Defensa; y el peligro existente para la
independencia de la Corte Suprema. Sólo sabemos de esta nueva posición del
senador Leahy, porque Héctor Silva Ávalos, quien dice disponer de información
confidencial de la oficina de Leahy, lo afirmó en su nota publicada en La
Prensa Gráfica el día 10 de septiembre.
Vean la belleza de este tiro a banda: La
oficina de Leahy usa a Silva como una de sus fuentes para “informar” al senador
sobre un presunto auge del crimen organizado en El Salvador, sobre el posible
involucramiento de Munguía Payes, y sobre la tregua como producto de la
decisión de las pandillas a apostar al narcotráfico -- y luego este mismo
periodista se convierte en el canal para filtrar la “información” que el
poderoso senador está al punto de vetar el Fomilenio II, y que la permanencia
de David Munguía Payes en Defensa es una de las objeciones que tiene...
Pongo “información” entre comillas,
porque es supuesta información, si no desinformación. No existe ningún indicio,
mucho menos prueba, que en El Salvador esté creciendo el narcotráfico, ni
tampoco que en el país se hayan atrincherado y incrustado en el Estado
organizaciones del crimen organizado multinacional. Esto ha sido la tesis de
los anteriores responsables de seguridad, tanto de ARENA como del FMLN, para
distraer la atención de su aparatoso fracaso frente al fenómeno delincuencial
mucho más importante del país: el accionar de las pandillas, y la violencia que
genera.
Se sabe que más del 90% de la droga que
transita del Sur al Norte, pasa por la ruta del Caribe y sólo una mínima parte
por El Salvador.
Lo que algunos medios y algunos
funcionarios llaman los carteles salvadoreños (los Perrones y el grupo de
Texis) no son más que redes de contrabando y contratistas de transporte, que
ciertamente merecen ser desmanteladas, pero de ninguna manera son responsables
de la violencia endémica que tiene paralizado el crecimiento económico del
país.
Tampoco existe ningún indicio que en los
18 meses de haber puesto en marcha la tregua y los acuerdos locales de crear
“Municipios libres de Violencia”, las pandillas MS13 y Barrio 18 se hayan
transformado en socios del narcotráfico internacional. Ni siquiera una
tendencia en esta dirección es visible. Muchos hablan de esto, incluyendo el
nuevo ministro de Seguridad -- pero nadie ha mostrado ni la sombra de una
prueba.
Mucho menos existe un sólo indicio que el
general David Munguía P. podría estar vinculado con actividades ilegales. Es un
invento que como insinuación ha ventilado Douglas Farah en reuniones privadas,
y que ha sido repetido de manera irresponsable, infame e intransparente --
hasta que al fin llegara a oídos del senador Leahy. Y este señor, sin
molestarse a exigir pruebas, lo toma como base para amenazar con objetar un
proyecto de la importancia de Fomilenio II.
La única fuente pública que filtra los
interiores de la oficina del senador Leahy (el periodista salvadoreño y
ex-funcionario de la embajada en Washington Héctor Silva Ávalos) reiteradamente
ha exagerado los peligros del narcotráfico para la institucionalidad de El
Salvador. Ojala que ahora nada más sea nuevamente Silva exagerando, esta vez el
peligro de un veto contra Fomilenio II. Pero, ¿con qué intención? No creo que
su interés sea la suspensión de Fomilenio II. Más bien me parece el intento de
desacreditar a David Munguía Payes -- y a través de él a todo el proceso de
reducción de violencia iniciado con la tregua. Me provoca la pregunta: Y este
proceso, ¿a los intereses de quiénes está haciendo tanto estorbo este proceso?
Esa es la pregunta del millón...
Que en este juego hayan logrado enrolar
al senador Leahy, un tradicional crítico al aparato de seguridad nacional y sus
estrategias, es la parte irónica de esta triste historia.
(El Diario de Hoy)