De acuerdo a la noticia publicada el miércoles 19 de septiembre de este año en El Diario de Hoy, “El País busca inversiones de jubilados”, el gobierno de El Salvador planea la creación de una ley de incentivos para jubilados extranjeros.
Su grupo meta son los jubilados de la llamada generación “baby boomers”, principalmente de los Estados Unidos, que fueron parte del aumento de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. La idea es que ingresen al país para vivir sus últimos años. Se planea inicialmente un proyecto de Ley de Migración que les otorgue visas a los jubilados para evitarles obstáculos burocráticos a su ingreso.
La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar dijo en esa nota que “en Panamá y Costa Rica los precios de los bienes raíces en proyectos para jubilados han subido considerablemente, lo que se convierte en una oportunidad para El Salvador”.
Lo que no sabe Ana Vilma de Escobar es que en Costa Rica y México, para citar otro ejemplo, los precios han subido tanto debido a la compra masiva de bienes raíces por parte de jubilados norteamericanos, que en ciertas zonas turísticas es imposible para un nacional comprar tierras o acceder a playas que ahora son privadas.
En Costa Rica, los precios inmobiliarios en playas como Tamarindo, en Guanacaste, y el golfo de Papagayo se han disparado de tal forma que un apartamento puede costar un millón y medio de dólares. Tamarindo se está convirtiendo en una pequeña ciudad sobrepoblada e inaccesible para la mayoría.
Más aún, según un reportaje de Lourdes García Navarro, llamado “U.S baby boomers in Panamá”, es tal el incremento del precio de bienes raíces en México y Costa Rica que ahora muchos jubilados buscan comprar en Nicaragua, Honduras y Panamá. Irónicamente, países hace unos años atrás considerados países con un clima político volátil. Los campesinos locales de esa zona e indígenas guaymi y ngobe han vendido a precios inferiores, regateados por los extranjeros jubilados, la mayoría estadounidenses, sin darse cuenta de que no tendrán acceso a sus tierras nunca más.
Según la vicepresidenta, “otro aspecto importante es el beneficio que tendrán los servicios médicos, ya que se trata de una población en condiciones de salud más vulnerables”. Otra vez: solo se beneficiarían el sector privado de servicios médicos como clínicas privadas y ventas de medicamentos, ya que, como ella misma ha dicho, son servicios médicos adquiridos por seguros en el exterior.
Además, cualquier proyecto que busque atraer inversión extranjera para generar desarrollo al país tiene que prioritariamente resolver el problema de inseguridad ciudadana. Los jubilados extranjeros demandarían seguridad para poder efectuar todas sus actividades diarias, y esto no parece tener solución a corto plazo, por lo menos no con este gobierno.
Es increíble que se pretenda atraer a un número de población de la tercera edad extranjera, cuando somos uno de los países más hacinados del mundo, con un terrible “ordenamiento territorial”.
¿Cómo se pretende atraer a un grupo de personas cuando en municipios como Cuscatancingo hay 21 mil 125 personas por kilómetro cuadrado y en Soyapango 10 mil?
¿Cómo se pretende hacer una ley de incentivos de inversión para extranjeros jubilados, cuando 2 millones de personas tienen que emigrar del país para buscar mejores oportunidades laborales de manera ilegal en Estados Unidos, y que de su salario todavía le resten impuestos, seguro social y cuota de pensión que nunca utilizarán? Esos mismo descuentos que sirven de cuotas para pagar el seguro social de muchos estadounidenses y pensiones para los miles de jubilados norteamericanos en Centroamérica.
¿Cómo se pretende priorizar incentivos a extranjeros jubilados, cuando el Estado salvadoreño todavía no ha podido solucionar el problema de déficit fiscal en cuanto a pensiones? ¿Cómo se pretende priorizar incentivos a extranjeros jubilados, cuando miles de salvadoreños del sector informal nunca podrán tener una pensión y nunca recibieran ningún tipo ayuda social? ¿Cómo es posible esto, cuando un jubilado salvadoreño recibe del Estado 114 dólares para vivir mensualmente?
Lo que queda claro con este tipo de iniciativas es que este gobierno (y el anterior) quiere convertir a El Salvador en un país de servicios en donde los empleos generados serían aquellos que no necesitan recurso humano calificado (el sector médico al que se refiere la vicepresidenta, en la práctica seria muy poco significativo), sino mano de obra como peones de construcción, servicios doméstico y dependientes de cantinas y restaurantes.
Su grupo meta son los jubilados de la llamada generación “baby boomers”, principalmente de los Estados Unidos, que fueron parte del aumento de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. La idea es que ingresen al país para vivir sus últimos años. Se planea inicialmente un proyecto de Ley de Migración que les otorgue visas a los jubilados para evitarles obstáculos burocráticos a su ingreso.
La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar dijo en esa nota que “en Panamá y Costa Rica los precios de los bienes raíces en proyectos para jubilados han subido considerablemente, lo que se convierte en una oportunidad para El Salvador”.
Lo que no sabe Ana Vilma de Escobar es que en Costa Rica y México, para citar otro ejemplo, los precios han subido tanto debido a la compra masiva de bienes raíces por parte de jubilados norteamericanos, que en ciertas zonas turísticas es imposible para un nacional comprar tierras o acceder a playas que ahora son privadas.
En Costa Rica, los precios inmobiliarios en playas como Tamarindo, en Guanacaste, y el golfo de Papagayo se han disparado de tal forma que un apartamento puede costar un millón y medio de dólares. Tamarindo se está convirtiendo en una pequeña ciudad sobrepoblada e inaccesible para la mayoría.
Más aún, según un reportaje de Lourdes García Navarro, llamado “U.S baby boomers in Panamá”, es tal el incremento del precio de bienes raíces en México y Costa Rica que ahora muchos jubilados buscan comprar en Nicaragua, Honduras y Panamá. Irónicamente, países hace unos años atrás considerados países con un clima político volátil. Los campesinos locales de esa zona e indígenas guaymi y ngobe han vendido a precios inferiores, regateados por los extranjeros jubilados, la mayoría estadounidenses, sin darse cuenta de que no tendrán acceso a sus tierras nunca más.
Según la vicepresidenta, “otro aspecto importante es el beneficio que tendrán los servicios médicos, ya que se trata de una población en condiciones de salud más vulnerables”. Otra vez: solo se beneficiarían el sector privado de servicios médicos como clínicas privadas y ventas de medicamentos, ya que, como ella misma ha dicho, son servicios médicos adquiridos por seguros en el exterior.
Además, cualquier proyecto que busque atraer inversión extranjera para generar desarrollo al país tiene que prioritariamente resolver el problema de inseguridad ciudadana. Los jubilados extranjeros demandarían seguridad para poder efectuar todas sus actividades diarias, y esto no parece tener solución a corto plazo, por lo menos no con este gobierno.
Es increíble que se pretenda atraer a un número de población de la tercera edad extranjera, cuando somos uno de los países más hacinados del mundo, con un terrible “ordenamiento territorial”.
¿Cómo se pretende atraer a un grupo de personas cuando en municipios como Cuscatancingo hay 21 mil 125 personas por kilómetro cuadrado y en Soyapango 10 mil?
¿Cómo se pretende hacer una ley de incentivos de inversión para extranjeros jubilados, cuando 2 millones de personas tienen que emigrar del país para buscar mejores oportunidades laborales de manera ilegal en Estados Unidos, y que de su salario todavía le resten impuestos, seguro social y cuota de pensión que nunca utilizarán? Esos mismo descuentos que sirven de cuotas para pagar el seguro social de muchos estadounidenses y pensiones para los miles de jubilados norteamericanos en Centroamérica.
¿Cómo se pretende priorizar incentivos a extranjeros jubilados, cuando el Estado salvadoreño todavía no ha podido solucionar el problema de déficit fiscal en cuanto a pensiones? ¿Cómo se pretende priorizar incentivos a extranjeros jubilados, cuando miles de salvadoreños del sector informal nunca podrán tener una pensión y nunca recibieran ningún tipo ayuda social? ¿Cómo es posible esto, cuando un jubilado salvadoreño recibe del Estado 114 dólares para vivir mensualmente?
Lo que queda claro con este tipo de iniciativas es que este gobierno (y el anterior) quiere convertir a El Salvador en un país de servicios en donde los empleos generados serían aquellos que no necesitan recurso humano calificado (el sector médico al que se refiere la vicepresidenta, en la práctica seria muy poco significativo), sino mano de obra como peones de construcción, servicios doméstico y dependientes de cantinas y restaurantes.
