Es hora para el Fiscal General de actuar

El 7 de marzo publiqué una carta a la Fiscalía, advirtiendo el peligro de que el “caso Daniel”, que más bien es el “caso PNC”, se convierta en el “caso FGR”. Lamentablemente, esto ya pasó, y es tiempo de que el Fiscal General, como titular de la Fiscalía, lo corrija.

La PNC, en vez de corregir un error de algunos agentes corruptos, lo encubrió con otras irregularidades. Y da la impresión de que la FGR, en vez de corregir los errores e investigar las irregularidades de la PNC, las encubre y reproduce. De repente ya no se trata de “errores” o irregularidades, sino de delitos: evidencias y acusaciones falsas, manipulación de la justicia. En el lenguaje jurídico esto se llama prevaricato. El precio lo paga un bicho que ya tiene dos meses de estar preso luego de una detención a todas luces arbitraria. Y ahora enfrenta otra acusación que también deja lugar a serias dudas sobre cómo proceden PNC y FGR.

La ley obliga a la Fiscalía General a investigar y entregar a los tribunales no solo las pruebas de cargo (que indican la culpabilidad de un acusado), sino también las pruebas de descargo (que indican su inocencia). El Fiscal General, como máximo garante del Estado de Derecho, tiene que garantizar que sus fiscales no estén quebrando la ley. Tienen que revisar los dos casos presentados contra Daniel Alemán. Es hora de que actúe para reparar el daño y para restablecer la confianza en la justicia.

En el primer caso contra Daniel, la PNC fabricó evidencias y dio a la Fiscalía y al juez testimonios falsos. Esto lo prueba un informe de la Unidad de Control de la PNC, que incluso ya tuvo como consecuencia el arresto de dos agentes de Altavista. A ellos se les encontró en sus casilleros en la subdelegación fuertes cantidades de marihuana. Existe por lo menos la sospecha de que parte de esta droga en posesión de agentes de Altavista la plantaron a Daniel para justificar su detención arbitraria. Pero el escándalo se hace más grande cuando la Fiscalía, en su nueva versión de la acusación contra Daniel, ni siquiera menciona la investigación de la Unidad de Control ni el hallazgo de drogas en la subdelegación ni la existencia de múltiples testigos que testifican que a Daniel no le encontraron ninguna droga y que fue detenido en otro lugar que el indicado por los agentes.

En vez de hacer lo correcto para corregir estas irregularidades -liberar a Daniel de cargos falsos y abrir investigaciones contra los agentes de Altavista- los fiscales retoman otra acusación que la PNC le hace a Daniel. ¿Será que para encubrir errores y delitos ya cometidos incluyeron a Daniel retrospectivamente en un caso de extorsión que data del año pasado? El requerimiento fiscal recoge un relato de los agentes de la PNC, en el cual reportan que el 4 de enero 2017 Daniel fue sujeto a una “intervención policialmente hablado”. Esto es un procedimiento policial inexistente, que por supuesto no deja ninguna evidencia ni huella en ninguna acta escrita.

El colmo: la Fiscalía permitió que dos policías que, según una investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos, fueron agentes de la DAN, entraron al penal donde esta recluido Daniel para intimarlo en este nuevo caso. Esto es una ilegalidad, porque solo la Fiscalía puede entrar a un penal para intimar a un detenido. Si entran policías encapuchados y sin identificarse, es más bien intimidación. Todo esto solo nos consta por qué la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y un abogado de la Procuraduría General de la República lo investigaron.

Esto pasó el 22 de febrero. Inmediatamente la madre de Daniel, Meira Alemán, fue a la Fiscalía, tanto en Soyapango como a la oficina central en Santa Elena, y la respuesta fue contundente: en la FGR no existe ningún expediente que involucra a Daniel en una investigación de extorsión. ¿Cómo es posible que no existe expediente, pero la PNC ya lo “intimó”? Y el 1 de marzo, el director de la PNC, Howard Cotto, informa a los medios de esta nueva acusación contra Daniel que la FGR dice desconocer.

Parece que luego PNC y FGR se pusieron de acuerdo. La Fiscalía retoma las acusaciones hechas por Cotto y presenta un requerimiento fiscal. Lo absurdo: ofrecen al juez como “prueba” las declaraciones de Howard Cotto. ¿Cuándo se ha visto que la palabra del director de policía, quien obviamente no fue testigo de este presunto delito, se convierte en prueba ante un tribunal? Varios abogados consultados aseguraron que en toda su carrera de penalistas no han visto una “prueba” de este tipo. Howard Cotto más bien debería ser llamado como testigo de descargo a favor de Daniel, porque dijo públicamente: “En la detención por droga yo he recibido un informe de la Unidad de Control donde tenemos dudas razonables sobre el procedimiento que tienen que ser investigadas, constatadas y determinar si hay fallo en el procedimiento y deducir responsabilidades en los agentes captores”.

Es hora de que el Fiscal General personalmente analice los expedientes de los dos casos contra Daniel Alemán, incluyendo el informe de la Unidad de Control, el dictamen de la PDDH y la forma irregular de la intimación. Es hora de que ordene una investigación de los policías y los fiscales involucrados. Es hora de que pida a los respectivos jueces sobreseer a Daniel Alemán en ambos casos y que decreten inmediatamente su libertad.

Cuando escribí el primer reportaje sobre este caso, lo titulé: “Algo anda mal en Altavista”. Hoy tengo que decir: Algo anda muy mal en la Fiscalía General de la República.

El “caso Daniel” por sí solo es gravísimo. Pero lo realmente preocupante es que no es un caso aislado. Detrás de esto hay un patrón de procedimiento de la PNC y de la FGR, que tal vez a través de este caso se puede comenzar a corregir. Digo tal vez, porque hasta ahora no hemos visto disposición de hacerlo, ni por parte de la dirección de la PNC ni del Fiscal General y tampoco de los jueces.

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 (El Diario de Hoy/Observadores)