De esta manera inusual, pero por esto no menos cordial, me permito expresarle que me encantaría tener con usted una reunión privada para intercambiar ideas, críticas, propuestas - en un campo donde evidentemente tenemos interés común: construir una paz social basada sobre la vigencia del estado de derecho y la rehabilitación de nuestro tejido social, sobre todo en la comunidades donde se ha generado y se sigue reproduciendo la espiral de la violencia.
Ya le he expresado en diferentes mensajes
que no puedo aceptar que nuestros esfuerzos sean incompatibles: el suyo, como
fiscal general, de aplicar la ley y perseguir el delito; y el nuestro (de los mediadores
de la tregua, más los sectores de la sociedad civil que nos hemos unido con el
fin de darle sostenibilidad al proceso apenas iniciado con la tregua) de
prevenir el delito y de rehabilitar a los miles de salvadoreños que se
encuentran en conflicto con la ley.
Me niego a aceptar que sólo podamos
escoger entre regresar al concepto fallido de mano dura, por una parte, y una
alternativa que signifique lesionar o abandonar el estado de derecho. Debe
haber una alternativa más constructiva e inteligente que busque conciliar la
aplicación de la ley y la rehabilitación del tejido social (lo que incluye la
reinserción de los que quieren ser parte de la solución; y la represión
jurídica de los que se niegan a reinsertarse a la vida productiva y al sistema
de leyes).
Este camino hay que buscarlo, y
obviamente no es por la vía de la descalificación. No ayudan en nada sus
comentarios sobre los municipios donde se está tratando de poner en práctica
acuerdos locales de reducción de la delincuencia y violencia, acusando a sus
alcaldes de construir una “pandillalandia”, donde reina la impunidad y el
control de las pandillas.
Todos los actores de la vida
institucional y política del país tienen todo el derecho (y usted como fiscal
general, incluso el deber) de tener dudas, ser vigilante y plantear
correctivos. Cualquier delito que cometa alguien en un municipio declarado
libre de violencia, usted lo tiene que perseguir. Es su deber.
Pero no tiene sentido desde la FGR
descalificar de antemano, sin investigación ninguna (y me atrevo a decir, a
veces sin conocimiento de causa) la labor de estos 11 alcaldes, que han tenido
el valor de unirse, encima de fronteras ideológicas y partidarias y en contra
de la tendencia polarizante de la campaña electoral, para entrar de fondo en la
labor de rehabilitar sus comunidades y así ir al origen de la cadena de
violencia que padece la sociedad. Son alcaldes de 4 partidos diferentes, la
mayoría de los dos partidos más enfrentados en la actual campaña, FMLN y ARENA.
No representan municipios marginales, sino ciudades importantes y populosas
como Ilopango, Santa Tecla, Sonsonate, Zacatecoluca, San Vicente, Ciudad
Delgado, Quezaltepeque, Apopa, Nueva Concepción, La Libertad y El Triunfo.
Si en estos municipios hay manera de
lograr que las pandillas abandonen las extorsiones (que es el propósito central
acordado en los acuerdos locales), podremos superar este flagelo en todo el
país. Cada uno de los pasos para acercarse a esta meta (que ya se están dando,
de manera local y parcial, pero ya notable) es un logro que entre todo tenemos
que cuidar, hacerlo sostenible, convertirlo en modelo...
Sobre todo esto me encantaría dialogar
con usted, para remover malentendidos e información equivocada. En privado o en
con el grupo que usted decida. Que sea una discusión franca, crítica y sincera.
Ambos (usted como fiscal y yo como escritor) no estamos en campaña, no somos
candidatos, no tenemos porqué polarizar.
Algunos van a decir: ¿y a título de qué
este fulano se atreve a solicitar una reunión con el señor fiscal general de la
República? A título de ciudadano.
Saludos, Paolo Lüers
(Más!/EDH)
