Carta al fiscal general de la República

Estimado Luis Martínez:
De esta manera inusual, pero por esto no menos cordial, me permito expresarle que me encantaría tener con usted una reunión privada para intercambiar ideas, críticas, propuestas - en un campo donde evidentemente tenemos interés común: construir una paz social basada sobre la vigencia del estado de derecho y la rehabilitación de nuestro tejido social, sobre todo en la comunidades donde se ha generado y se sigue reproduciendo la espiral de la violencia.

Ya le he expresado en diferentes mensajes que no puedo aceptar que nuestros esfuerzos sean incompatibles: el suyo, como fiscal general, de aplicar la ley y perseguir el delito; y el nuestro (de los mediadores de la tregua, más los sectores de la sociedad civil que nos hemos unido con el fin de darle sostenibilidad al proceso apenas iniciado con la tregua) de prevenir el delito y de rehabilitar a los miles de salvadoreños que se encuentran en conflicto con la ley.

Me niego a aceptar que sólo podamos escoger entre regresar al concepto fallido de mano dura, por una parte, y una alternativa que signifique lesionar o abandonar el estado de derecho. Debe haber una alternativa más constructiva e inteligente que busque conciliar la aplicación de la ley y la rehabilitación del tejido social (lo que incluye la reinserción de los que quieren ser parte de la solución; y la represión jurídica de los que se niegan a reinsertarse a la vida productiva y al sistema de leyes).

Este camino hay que buscarlo, y obviamente no es por la vía de la descalificación. No ayudan en nada sus comentarios sobre los municipios donde se está tratando de poner en práctica acuerdos locales de reducción de la delincuencia y violencia, acusando a sus alcaldes de construir una “pandillalandia”, donde reina la impunidad y el control de las pandillas.

Todos los actores de la vida institucional y política del país tienen todo el derecho (y usted como fiscal general, incluso el deber) de tener dudas, ser vigilante y plantear correctivos. Cualquier delito que cometa alguien en un municipio declarado libre de violencia, usted lo tiene que perseguir. Es su deber.

Pero no tiene sentido desde la FGR descalificar de antemano, sin investigación ninguna (y me atrevo a decir, a veces sin conocimiento de causa) la labor de estos 11 alcaldes, que han tenido el valor de unirse, encima de fronteras ideológicas y partidarias y en contra de la tendencia polarizante de la campaña electoral, para entrar de fondo en la labor de rehabilitar sus comunidades y así ir al origen de la cadena de violencia que padece la sociedad. Son alcaldes de 4 partidos diferentes, la mayoría de los dos partidos más enfrentados en la actual campaña, FMLN y ARENA. No representan municipios marginales, sino ciudades importantes y populosas como Ilopango, Santa Tecla, Sonsonate, Zacatecoluca, San Vicente, Ciudad Delgado, Quezaltepeque, Apopa, Nueva Concepción, La Libertad y El Triunfo.

Si en estos municipios hay manera de lograr que las pandillas abandonen las extorsiones (que es el propósito central acordado en los acuerdos locales), podremos superar este flagelo en todo el país. Cada uno de los pasos para acercarse a esta meta (que ya se están dando, de manera local y parcial, pero ya notable) es un logro que entre todo tenemos que cuidar, hacerlo sostenible, convertirlo en modelo...

Sobre todo esto me encantaría dialogar con usted, para remover malentendidos e información equivocada. En privado o en con el grupo que usted decida. Que sea una discusión franca, crítica y sincera. Ambos (usted como fiscal y yo como escritor) no estamos en campaña, no somos candidatos, no tenemos porqué polarizar.

Algunos van a decir: ¿y a título de qué este fulano se atreve a solicitar una reunión con el señor fiscal general de la República? A título de ciudadano.

Saludos, Paolo Lüers
(Más!/EDH)