sábado, 17 de octubre de 2009

Comisiones empantanan el Diálogo Guaymuras

Las dos comisiones en las que el pueblo hondureño ha depositado la confianza para alcanzar un acuerdo que termine con la crisis política del país no han logrado el consenso después de ocho días en deliberaciones.

El hotel Clarion de Tegucigalpa ha sido testigo de las reuniones que han tenido Vilma Morales, Arturo Corrales y Armando Aguilar Cruz, por parte del presidente Roberto Micheletti, y Víctor Meza, Mayra Mejía y Rodil Rivera Rodil, por parte del depuesto mandatario Manuel Zelaya.

Desde temprano, ambas comisiones salían por el sótano del hotel para evadir a la prensa nacional e internacional que cubre el evento con el objetivo de ir donde Micheletti y donde Zelaya a presentarles las nuevas propuestas.

No obstante, el pacto de secretividad se rompió alrededor de las seis de la tarde cuando la comisión del ex presidente Zelaya brindó una improvisada conferencia de prensa en la que leyó una contrapropuesta al Gobierno interino referente al punto seis del Acuerdo de San José.

“Respetuosamente solicitamos al Congreso Nacional que previo dictamen de las instancias pertinentes, si lo estima necesario, emita la decisión correspondiente a ese punto, que textualmente dice: para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, solicitamos al Congreso Nacional que a efectos de recuperar la integración y legitima conformación de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009, en lo procedente retrotraiga la situación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral a su estado previo al 28 de junio, por haber sido conformados según los artículos 202, 205 incisos 9 y 11 y 236 de la Constitución de la República de Honduras.

Lo anterior implica el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”, dice la propuesta zelayista.

Propuesta de Micheletti

Al verse presionados por la comisión de Zelaya que había hecho pública la contrapropuesta, el grupo de Micheletti reveló su propuesta: “Para lograr la reconciliación nacional y fortalecer la democracia, reconocemos la legitimidad de los poderes constituidos al 28 de junio de 2009: el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral, por haber sido conformados según los artículos 202, 205, numerales 9 y 11 de la Constitución de la República. En cuanto a la pretensión del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales de retornar a la Presidencia de la República, condicionamos nuestro acuerdo al criterio institucional de la Corte Suprema de Justicia, como ente encargado constitucionalmente de la aplicación de la ley.

Lo anterior implica que la opinión del Poder Judicial tendrá carácter vinculante y por consiguiente de obligatorio cumplimiento para las partes intervinientes en este diálogo. Para este propósito respetuosamente formulamos atenta solicitud al Poder Judicial y al efecto se le cursa los términos del presente acuerdo”, dice la propuesta de Micheletti.

En palabras claras, los zelayistas quieren el análisis del Congreso Nacional y los de Micheletti el de la Corte Suprema. Al respecto, la ex presidenta de la Corte, Vilma Morales, mencionó que analizarán la contrapropuesta que hizo la otra comisión, la cual será presentada al presidente interino. Manifestó que las pláticas han sido suspendidas por el fin de semana, pero que estarán en contacto telefónico con los otros miembros e informarán de la reanudación del diálogo que probablemente será el lunes.

Sobre el retorno de poderes antes del 28 de junio, en la propuesta de los zelayistas se incluye a la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, elegidos antes de la fecha indicada. Al respecto, el ex ministro de Turismo, Ricardo Martínez, explicó que en la petición se menciona a la Corte y al Tribunal por ser órganos de gran importancia, pero que éstos quedarían como están si se acepta su contrapropuesta.

El papel de la Corte

La comisión de Micheletti pidió a la de Zelaya que la discusión del punto seis del Acuerdo de San José sea analizada por la CSJ, pero Víctor Meza cree que este poder del Estado ya dio su opinión acerca del acuerdo y por eso el Congreso debe intervenir.

“No es necesario que la Corte Suprema sea un árbitro, pero si desean que el Congreso intervenga,también puede hacerse”.

(La Prensa/San Pedro Sula/Honduras)