Habla un preso político desde Venezuela

Policía de carrera y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Metropolitano de Caracas cumple condena de 30 años de cárcel por ser un acérrimo crítico del gobierno chavista en materia de seguridad

Paolo Luers, 2 de Octubre de 2012, El Diario de Hoy / elsalvador.com

Cuando los venezolanos van a las urnas el próximo domingo tendrán múltiples razones para terminar con el gobierno de Hugo Chávez. Una de ellas es la inexistencia de una justicia independiente. Chávez ha sometido a la Fiscalía y al órgano de justicia en instrumentos de su revolución bolivariana.
Testigos de esto son los presos políticos. Según el gobierno, no existen. Sólo existen "políticos presos por delitos comunes".
Esta semana iba a entrevistar, dentro de su celda, en las oficinas centrales de la policía política SEBIN a Iván Simonovis, un policía de carrera y ex-Secretario de Seguridad Pública del Distrito Metropolitano de Caracas. Esta visita se frustró porque el gobierno venezolano decidió no dejarme entrar al país como corresponsal de prensa. Sin embargo, logramos hacer la entrevista por escrito, gracias a Bony Simonovis, su esposa y abogada.
El caso Simonovis (y de los otros comisarios) es uno de los más escandalosos de injusticia en Venezuela. Es un caso de venganza política del presidente y de su intento de reescribir la historia de los dramáticos días de abril 2002.
El 11 de abril murieron 19 manifestantes opositores en el Puente Llaguno, atacados por grupos de choque chavistas. El régimen, para construir su versión de los hechos, necesitaba a culpables que no fueran partidarios chavistas. Los encontraron en un grupo de integrantes de la Policía Metropolitana que aquel día 11 de abril hicieron lo posible para proteger a los manifestantes civiles. Iván Simonovis nos cuenta su historia.

Iván, te declaras preso político. ¿Por qué?
Todos los gobiernos niegan categóricamente la existencia de presos políticos. Este gobierno se separó de los apostolados jurídicos. Es un gobierno con arquitectura democrática, pero en la práctica todo el poder del Estado está en el puño de hierro del presidente Chávez. Prueba de ello son las recientes confesiones de un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre cómo manipuló casos de interés político a favor de los intereses del gobierno.
El juez Eladio Aponte Aponte, expresidente de la Sala Penal del TSJ, no dijo nada que no supiéramos o sospecháramos. Sin embargo, la sangre se hiela al escuchar sus confesiones. Básicamente dijo: 1) Que recibió órdenes del presidente Chávez de cómo se decidirían casos incómodos para el gobierno. 2) Que nuestro juicio, y una veintena más, estuvieron marcados por una sistemática violación de principios y de todo fundamento legal. 3) Que en nuestro caso en particular quedaron perfectamente claras las órdenes explícitas de retardar el juicio, se ordenó hacernos pasar todas las "penurias posibles" —palabras textuales— en los traslados al Tribunal y obviamente condenarnos a la máxima pena.
Tengo 93 meses preso, ahora aparece el jefe de todos los jueces penales del país y confiesa que nos condenó sin pruebas. Con esa confesión, en cualquier país medianamente democrático ya deberían habernos liberado, pero la bizarra justicia venezolana lo interpreta de otra manera.

¿Qué sientes cuando estas cosas se dan y la justicia no se mueve?
Indignación, rabia, frustración y mucho dolor.

Iván, ¿de dónde proviene este grado de odio y agresión de Chávez contra tu persona?
Soy prisionero político de Hugo Chávez. Mi pecado: aún estando aquí encarcelado, siempre fui, soy y seré un crítico de las políticas de este régimen, específicamente en el área de seguridad pública.
En este país, con Chávez, eso es un delito; te conviertes en su enemigo por pensar distinto. Desde esta cárcel sigo ejerciendo mi vocación, elaborando sobre la situación de inseguridad del país.
Cuando Chávez llegó al gobierno había un promedio de 18 asesinatos por cada 1000 habitantes. Hoy día son 67. El año pasado fueron 19,340 homicidios a nivel nacional.
¿Cuál ha sido tu carrera profesional?
Durante más de 23 años laboré en la policía de investigación criminal, antiguamente denominada Policía Técnica Judicial. Cursé estudios en el Instituto Universitario de Policía Científica, de donde me gradué como investigador criminal, y alcancé las más altas jerarquías policiales. Fui jefe de la Unidad de Operaciones Especiales. He sido articulista en distintas revistas y periódicos locales e internacionales y tengo más de 1,500 horas de conferencias dictadas a nivel nacional e internacional sobre la criminalidad en Venezuela y Latinoamérica.
En 2000 fui nombrado Secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Caracas. Durante mi gestión concentré mis labores a diseñar políticas de seguridad pública. Mis funciones estaban basadas en coordinar las actividades de los diferentes organismos de seguridad y prevención: la policía uniformada, los bomberos, la defensa civil.

¿Cuál es para Chávez y su gente el significado tan importante de los acontecimientos del Puente Llaguno y de tener como culpables a unos comisarios de la Policía Metropolitana que era un cuerpo de seguridad no bajo control del gobierno, sino del alcalde mayor que había roto con Chávez y se negó a reprimir las manifestaciones? ¿Me lo puedes poner en el contexto histórico?
En el año 2002 ya se vivía una sociedad polarizada, como consecuencia del discurso sesgado y cargado de odio de Chávez. Para abril del 2002 se habían contabilizado más de 1,200 manifestaciones de los diferentes sectores del país: estudiantiles, trabajadores y ciudadanos comunes. Todos tenían un denominador común: el repudio a la instauración de un sistema autoritario. La sistemática violación de los Derechos Humanos estaba floreciendo y los venezolanos no estaban de acuerdo con esto.
Es por ello que el 11 de abril del 2002 más de un millón de personas se concentraron para manifestarse abiertamente contra de las políticas chavistas. La euforia de los asistentes los llevó de manera espontánea a tomar la decisión de ir al Palacio Presidencial de Miraflores. Hombres, mujeres, jóvenes y niños marcharon convencidos de que la democracia los protegería. Se trataba de una marcha llena de mucha alegría, y por qué no decirlo, de plena inocencia. Cantos, bailes y optimismo alentaban al pueblo a seguir adelante como un cuerpo unificado.
Sin embargo, esta pacífica concentración nunca llegó al Palacio Presidencial. A medida que se acercaban a su objetivo, los cantos comenzaron a callarse. Había dos planos conviviendo al unísono: el de la energía contagiosa que los había llevado hasta allí y el del entendimiento de que algo no marchaba bien.
A unas cuadras del Palacio, grupos milicianos afectos al gobierno interceptaron a los manifestantes. Era una emboscada. Escondidos y usando armas automáticas disparaban contra la masa de manifestantes opositores. Miembros de mi familia marchaban en ella, mi esposa, suegra, cuñadas. Las imágenes eran aterradoras. Parecía una guerra, salvo que sólo una parte contaba con las armas y la rabia necesarias.
Bony Simonis, esposa y abogada del policia encarcelado, en una entrevista en Caracas 2010

¿Y la policía?
Nosotros como Policía Metropolitana tratamos de proteger a los manifestantes. Logramos controlar la situación antes de que hubiera cientos de manifestantes muertos. Algunos de los pistoleros fueron detenidos. Confesaron que ellos disparaban contra la policía, es decir, contra la legítima y uniformada autoridad, así como contra la manifestación. El resultado fue 19 personas muertas y un centenar de heridos.
La Fiscalía General de la República abrió 79 investigaciones penales. Del total de las averiguaciones iniciadas por las autoridades judiciales del país, el 96.20 % de los casos o no ha pasado de la fase inicial de la investigación penal, o simplemente han sido sobreseídos y archivados.
Yo fui detenido mucho después, el 22 de noviembre del 2004, sin que existiera orden alguna de aprehensión. De hecho, días después apareció una orden a destiempo dictada por el juez Maikel Moreno, quien —casualmente— había sido abogado de varios de los pistoleros adeptos al Gobierno chavista, quienes dispararon contra los manifestantes.
Bony&Iván
Mi juicio fue radicado en la ciudad de Maracay, la capital de otro Estado, en el cual no ocurrieron los hechos. Obviamente la intención era alejarnos de la opinión pública.
Mi juicio se inició el 20 de marzo de 2006 y concluyó el 3 de abril de 2009. Se celebraron 231 audiencias, se analizaron 265 experticias y 72 pruebas documentales, declararon 196 testigos y 45 expertos, se exhibieron más de 5,700 fotos y videos, convirtiéndose así en el juicio oral y público más largo de la historia judicial venezolana. La jueza Marjorie Calderón, responsable del proceso por la parte acusadora, es esposa de un parlamentario regional del partido de gobierno PSUV, mientras que la fiscal del caso, Haiffa El Aissami, es hermana del actual ministro de Justicia, Tarek El Aissami, quien es ministro del Interior del gobierno de Chávez.
El resultado de toda esta componenda que armó el gobierno para liberarse de las responsabilidades del 11 de abril es que consiguieron a quien culpar, mas no a los culpables. Recibí una sentencia que me condena a 30 años de prisión, sin ningún tipo de beneficio.
Paradójicamente todos los pistoleros que ese día dispararon contra los manifestantes y contra la policía que resguardaba al pueblo están en libertad plena. La mayoría de estos asesinos fueron absueltos, los otros beneficiados con una Ley de Amnistía decretado por Chávez en diciembre del 2007.
Esta historia de horror continuó con el inefable Eladio Aponte Aponte, quien simuló leer en siete días continuos las 8,313 páginas del expediente, estudió la sentencia de la Corte de Apelaciones, analizó los alegatos de la defensa contenidos en el recurso; elaboró su ponencia y la sometió a discusión de sus compañeros de Sala. Obviamente ratificaron la posición de los jueces de Maracay.
Esto va más allá de una suposición mía. Eladio Aponte Aponte, quien ejerció desde el Tribunal Supremo de Justicia el cargo más importante del país en materia penal, hace poco confirmó públicamente lo que desde hace años hemos denunciado: que hay presos políticos en Venezuela y yo soy uno de ellos. Basta leer sus palabras textuales: "Sí, hay gente que la orden es no soltarlos, principalmente los comisarios. La orden viene de la Presidencia. La posición de la Sala Penal es convalidar todo lo que venía hecho, en pocas palabras: aceptar que esos señores no podían salir". El máximo representante de la justicia penal en el país admitió haber manipulado la justicia con el propósito de complacer los intereses de Hugo Chávez.
Al igual que en un juicio kafkiano, es una pesadilla que no termina. La violación de derechos humanos en mi contra es una saga: En mayo de 2009 se me solicitó traslado a un centro hospitalario con el objeto de practicarme exámenes relativos a una dolencia de columna que padezco hace años. Pues bien, luego de dos años y medio de espera, en septiembre de 2011, finalmente fui trasladado a un centro asistencial. El estudio de densitometría ósea en mi columna vertebral determinó, además de la localización de un fractura cervical, que tengo riesgo de fractura a nivel de la columna lumbar, así como a nivel del fémur izquierdo, motivado a que mi densidad mineral ósea está por debajo de los valores normales para un paciente de mi edad, esto como consecuencia de las condiciones de reclusión en las que me encuentro y la falta de exposición a la luz solar, ya que en siete años y siete meses preso solo he tenido acceso a 13 días de aire y sol. 
Con este examen en mano, mi esposa y abogada acudió en diciembre del 2011 al Tribunal Primero de Ejecución de Aragua y presentó una solicitud de libertad condicional por razones humanitarias, a objeto de recibir el tratamiento médico adecuado a mis múltiples patologías. La jueza jamás se pronunció al respecto y la solicitud desapareció del expediente.
El 4 de junio pasado, mis abogados acudieron nuevamente al Tribunal Primero de Ejecución del Estado Aragua, ahora a cargo de una flamante boliburguesa, la abogada Valenciana Ada Marina Armas Díaz. Nuevamente se hizo la solicitud de libertad condicional por razones humanitarias, pero además también se solicitó una medida alternativa de cumplimiento de la pena, dado que al haber cumplido un cuarto de la pena me correspondería el Destacamento de Trabajo.
La decisión no sorprendió a nadie: todo fue negado. La medida humanitaria fue negada por cuanto el medico forense, que la jueza envió, no pudo constatar lo que indicaban los informes médicos. Resulta que el medico forense que enviaron era ginecólogo y no trajo ni un estetoscopio. Además la medida alternativa del cumplimiento de la pena fue negada por cuanto el resultado del examen psicosocial no había sido "favorable". Pero el meollo del problema radica que ante la pregunta si me arrepentía de lo que había hecho el 11 de abril respondí: "No, porque sencillamente ese día yo cumplí mi deber de salvar vidas".

¿Todos los jueces actúan así?
Eladio Aponte Aponte dijo textualmente: "La justicia no vale..., la justicia es una plastilina, porque se puede modelar, a favor o en contra…" Más del 70 % de los jueces no goza de estabilidad en el cargo. Así pueden ser removidos con facilidad cuando adopten decisiones que puedan afectar los intereses del régimen. Pero cada una de sus decisiones están siendo documentadas. Tarde o temprano deberán responder ante la Justicia que me han negado.
(El Diario de Hoy)


1 comentario:

Jan Pahl dijo...

muy bueno, gracias por seguir posteando sobre Venezuela