La república de Honduras ilustra la tragedia de ser un país pobre.
Uno cae en la tentación de hacerse algunas preguntas, tal vez ociosas, no se sabe. Preguntar, por ejemplo, si la nación centroamericana tuviera petróleo, ¿habría tomado el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero la decisión de prohibirles la entrada a España a los responsables del régimen de facto? Si la pequeña república de Honduras tuviera petróleo, persiste uno con la obsesión de las preguntas, ¿tomaría, acaso, Estados Unidos medidas tan drásticas como la de anularle la visa al Presidente (encargado) Roberto Micheletti, a un alto número de magistrados, a empresarios tradicionalmente vinculados con ese país, profesores, estudiantes y periodistas? ¿O de suspenderle al país de Morazán toda ayuda (siempre modesta), o de influir para que el FMI o el BID le suspendan los créditos? Sí, ser pobre es una doble desgracia. Se toman demasiado fácil las decisiones que afectan a una república sin dolientes.
Los países de la OEA, los de Unasur y de la Unión Europea, todos, de manera poco responsable y, desde luego, arbitraria, han decidido que ninguno de ellos reconocerá al Presidente que resulte triunfador en las elecciones de fin de año. De modo que el castigo por la destitución de Manuel Zelaya Rosales trascenderá a los directamente responsables, y el pueblo soberano de Honduras no tendrá ocasión de normalizar su proceso político mientras el reloj no vuelva atrás, y sean los hondureños los únicos que asuman las culpas de la crisis, se den golpes de pecho y le pidan perdón a quien pretendió alzarse con el poder, el latifundista revolucionario Manuel Zelaya.
Es algo demasiado absurdo, demasiado cómodo, demasiado inconsistente. Esto de condenar a un país a la inmovilidad carece de lógica, pero al mismo tiempo implica una gran "hipocresía democrática", esa adhesión a un orden institucional irrespetado y roto por el presidente Zelaya. Este violó la Constitución y desató una crisis irreversible al convocar a un referéndum no previsto, desafió todos los poderes del Estado y las instituciones, generando un proceso que probablemente hubiera podido tener solución si la OEA actúa como mediador y no como tercero en discordia.
El golpe de Estado que destituyó a Zelaya tuvo características no comunes en los golpes militares, como el de aquel grotesco 4 de febrero de 1992 en Venezuela. En Honduras, todos los poderes del Estado tomaron las decisiones pertinentes en defensa del orden constitucional. No fue un teniente coronel el que por su cuenta y riesgo lo envió al exilio. ¿Por qué no se toman en consideración los hechos y las causas de la crisis, sin cerrar los ojos ante las responsabilidades de Zelaya y de sus cofrades? ¿Por qué se persiste en los graves errores cometidos por el secretario general de la OEA y por los presidentes de la Alianza Bolivariana en la célebre cumbre de Managua, cuando optaron por las tácticas del ultimátum y de las amenazas guerreristas? Cuando el presidente de Costa Rica presentó un esquema de negociación, haciendo lo que la OEA no fue capaz de hacer, lo primero que se le ocurrió a los estrategas de la ALBA fue afirmar que era "una carta de Washington jugada por Oscar Arias". Pero en los hechos, los unos y los otros se dan la mano al cuestionar la salida electoral ya en curso.
¿No es absurdo, no es inaceptable, no es intervencionista negarle a un país que resuelva sus problemas de modo soberano? Con su peculiar manera de entender las cosas, el canciller Miguel Ángel Moratinos declaró que "España prohibirá la entrada a personalidades del Gobierno de facto de Honduras que impiden el retorno del orden constitucional en ese país". Palabras evidentemente vacías, complacientes, poco responsables. Cuando Zelaya alteró ese "orden", ¿dónde estaban los guardianes de la Constitución, y por qué tan celosos, sólo abogan por la Constitución del pequeño país, y cierran los ojos cuando sus intereses lo aconsejan? Esos ejercicios de hipocresía erosionan la política internacional. O hay consistencia o lo mejor es callar. Las acrobacias deben dejarse al circo.
Como el único interlocutor de los factores en conflicto, el presidente Oscar Arias conversó el miércoles 16 con cinco de los seis candidatos a la presidencia de la República, incluidos Elvin Santos, del Partido Liberal, (antiguo partido de Zelaya) y Porfirio Lobo del oposicionista Partido Nacional. Arias insiste en el Acuerdo de San José que implica el retorno de Zelaya al poder, con un gabinete de unidad.
Una solución improbable para una crisis agitada por intereses oscuros. Honduras, ¿un país inhabilitado? ¿Quién tiene competencia para cuestionar que los hondureños elijan a su presidente, prolongando la inestabilidad más allá de los cien o tantos días que restan del periodo, cortejando el caos y la guerra civil en América Central?
(El Nacional, Venezuela. El autor, director adjunto de El Nacional, fue canciller de Venezuela y participante de la iniciativa Contadora y de las negociaciones de paz para El Salvador)
Uno cae en la tentación de hacerse algunas preguntas, tal vez ociosas, no se sabe. Preguntar, por ejemplo, si la nación centroamericana tuviera petróleo, ¿habría tomado el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero la decisión de prohibirles la entrada a España a los responsables del régimen de facto? Si la pequeña república de Honduras tuviera petróleo, persiste uno con la obsesión de las preguntas, ¿tomaría, acaso, Estados Unidos medidas tan drásticas como la de anularle la visa al Presidente (encargado) Roberto Micheletti, a un alto número de magistrados, a empresarios tradicionalmente vinculados con ese país, profesores, estudiantes y periodistas? ¿O de suspenderle al país de Morazán toda ayuda (siempre modesta), o de influir para que el FMI o el BID le suspendan los créditos? Sí, ser pobre es una doble desgracia. Se toman demasiado fácil las decisiones que afectan a una república sin dolientes.
Los países de la OEA, los de Unasur y de la Unión Europea, todos, de manera poco responsable y, desde luego, arbitraria, han decidido que ninguno de ellos reconocerá al Presidente que resulte triunfador en las elecciones de fin de año. De modo que el castigo por la destitución de Manuel Zelaya Rosales trascenderá a los directamente responsables, y el pueblo soberano de Honduras no tendrá ocasión de normalizar su proceso político mientras el reloj no vuelva atrás, y sean los hondureños los únicos que asuman las culpas de la crisis, se den golpes de pecho y le pidan perdón a quien pretendió alzarse con el poder, el latifundista revolucionario Manuel Zelaya.
Es algo demasiado absurdo, demasiado cómodo, demasiado inconsistente. Esto de condenar a un país a la inmovilidad carece de lógica, pero al mismo tiempo implica una gran "hipocresía democrática", esa adhesión a un orden institucional irrespetado y roto por el presidente Zelaya. Este violó la Constitución y desató una crisis irreversible al convocar a un referéndum no previsto, desafió todos los poderes del Estado y las instituciones, generando un proceso que probablemente hubiera podido tener solución si la OEA actúa como mediador y no como tercero en discordia.
El golpe de Estado que destituyó a Zelaya tuvo características no comunes en los golpes militares, como el de aquel grotesco 4 de febrero de 1992 en Venezuela. En Honduras, todos los poderes del Estado tomaron las decisiones pertinentes en defensa del orden constitucional. No fue un teniente coronel el que por su cuenta y riesgo lo envió al exilio. ¿Por qué no se toman en consideración los hechos y las causas de la crisis, sin cerrar los ojos ante las responsabilidades de Zelaya y de sus cofrades? ¿Por qué se persiste en los graves errores cometidos por el secretario general de la OEA y por los presidentes de la Alianza Bolivariana en la célebre cumbre de Managua, cuando optaron por las tácticas del ultimátum y de las amenazas guerreristas? Cuando el presidente de Costa Rica presentó un esquema de negociación, haciendo lo que la OEA no fue capaz de hacer, lo primero que se le ocurrió a los estrategas de la ALBA fue afirmar que era "una carta de Washington jugada por Oscar Arias". Pero en los hechos, los unos y los otros se dan la mano al cuestionar la salida electoral ya en curso.
¿No es absurdo, no es inaceptable, no es intervencionista negarle a un país que resuelva sus problemas de modo soberano? Con su peculiar manera de entender las cosas, el canciller Miguel Ángel Moratinos declaró que "España prohibirá la entrada a personalidades del Gobierno de facto de Honduras que impiden el retorno del orden constitucional en ese país". Palabras evidentemente vacías, complacientes, poco responsables. Cuando Zelaya alteró ese "orden", ¿dónde estaban los guardianes de la Constitución, y por qué tan celosos, sólo abogan por la Constitución del pequeño país, y cierran los ojos cuando sus intereses lo aconsejan? Esos ejercicios de hipocresía erosionan la política internacional. O hay consistencia o lo mejor es callar. Las acrobacias deben dejarse al circo.
Como el único interlocutor de los factores en conflicto, el presidente Oscar Arias conversó el miércoles 16 con cinco de los seis candidatos a la presidencia de la República, incluidos Elvin Santos, del Partido Liberal, (antiguo partido de Zelaya) y Porfirio Lobo del oposicionista Partido Nacional. Arias insiste en el Acuerdo de San José que implica el retorno de Zelaya al poder, con un gabinete de unidad.
Una solución improbable para una crisis agitada por intereses oscuros. Honduras, ¿un país inhabilitado? ¿Quién tiene competencia para cuestionar que los hondureños elijan a su presidente, prolongando la inestabilidad más allá de los cien o tantos días que restan del periodo, cortejando el caos y la guerra civil en América Central?
(El Nacional, Venezuela. El autor, director adjunto de El Nacional, fue canciller de Venezuela y participante de la iniciativa Contadora y de las negociaciones de paz para El Salvador)
