sábado, 16 de marzo de 2019

Carta a la Fundación Heritage: Seducidos por Bukele

Ustedes orgullosamente reclaman dos cosas: que son el ‘tanque de pensamiento más influyente del mundo’ y que son una ‘bastión del movimiento conservador’.

Los principios ideológicos de Heritage están bien explicados en su pagina WEB y obviamente Nayib Bukele los estudió bien antes de presentarse ante ustedes. Es más, los tomó como guión para su ponencia: libre mercado, libertad de empresa, estado reducido. La agenda de Ronald Reagan, el Tea Party y Mr. Trump.

El abrazo a esta agenda es sorprendente para un político como Bukele, quien comenzó a denunciar a su partido izquierdista FMLN por supuestamente haber abandonado la lucha contra estos principios neoliberales. Así comenzó su campaña presidencial: denunciar al FMN como igual de neoliberal que ARENA y presentarse como heredero de la lucha social supuestamente abandonada por el FMLN…
Y un mes después de su victoria electoral viene a Washington, a la Heritage, y dice: Surprise, surprise! Soy uno de ustedes. Voy a seducir (lure) a los inversionistas, voy a reducir al estado y eliminar la corrupción. ¡Aplauso!

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Y ustedes, los guardianes del conservadurismo reaganiano, están tan impactados que se olvidan que también son guardianes de la reputación académica y ética de un tanque de pensamiento comprometido con el alto estándar de sus investigaciones y análisis. ¿Por qué les digo esto? Porque escuché decir a Nayib Bukele, en el sacrosanto auditorio de la Heritage Foundation, varias afirmaciones que pensaría que iban a provocar por lo menos preguntas críticas. Pero no escuché ninguna pregunta crítica o de algún rigor académico.

Voy a mencionar tres ejemplos.

Bukele les dijo que en El Salvador no hay seguridad porque ARENA se robó todo el dinero para financiarla. En concreto, afirmó que en 20 años de gobierno, ARENA robó 37 mil millones de dólares. O sea, un promedio anual de casi 2 mil millones en un país donde apenas en el año 2000 el presupuesto general de la nación sobrepasaba los 2 mil millones de dólares. Bukele tomó la cifra de los 37 mil millones de dólares de un estudio de su mentor Salvador Arias, un economista marxista y dirigente del FMLN, fallecido en 2018. Bueno, el maestro Arias fue más bien la caricatura de un economista marxista y estoy seguro que jamás le hubieran permitido disertar en la Fundación Heritage. Pues una de sus tesis más populares entre la izquierda salvadoreña sí disertó ante ustedes y nadie pidió a Bukele que justificara estas exorbitantes cifras.

También dejaron pasar, sin pregunta ninguna, cuando anunció que en sus 5 años en Casa Presidencial va a reducir a cero la cantidad de drogas que pasen por El Salvador con destino a Estados Unidos y la migración ilegal desde El Salvador a Estados Unidos. No dijo limitar el narcotráfico y la migración ilegal, dijo erradicarlos 100%. ¿Y ustedes aplaudieron porque están de acuerdo con Trump que narcotráfico y migración son los únicos asuntos que cuentan para la región centroamericana, o porque le creyeron a su invitado que puede llevarlos a cero?

Me extraña que en la Fundación Heritage un expositor puede decir estas tres cosas absurdas sin que ningún analista o investigador se levante para cuestionarlo.

La única manera de medio explicarme esta tolerancia al bullshit es esta: la derecha de Estados Unidos, luego de aguantar por 10 año el discurso antiimperialista de un gobierno salvadoreño que defendió los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, abraza feliz a cualquiera hable mal de Maduro, Ortega y China Popular y le deja pasar cualquier barbaridad, con tal que diga que quiere ser amigo y hacer business con Estados Unidos.

Que el tipo tiene años de arremeter contra los medios de comunicación, ¿cómo va a irritar esto a quienes aceptaron tragarse las mismas actitudes de su propio presidente?

Saludos desde San Salvador,
( MAS! y EL DIARIO DE HOY)


jueves, 14 de marzo de 2019

Carta al nuevo Fiscal General: ¿Quién revisa los casos?

Estimado Raul Melara:
Cualquier fiscal que presenta un requerimiento ante un juez, lo hace en nombre del fiscal general. Cualquier fiscal que presenta una prueba y acusa a un ciudadano, lo hace en nombre de su jefe máximo. Siempre es usted, como titular, quien actúa a través de sus auxiliares. De cualquier acusación, justa o abusiva, usted es el responsable. (Disculpe que se lo diga, porque obviamente usted lo sabe – pero tal vez no todos los lectores de esta carta.)

Cada fiscal general tiene sus propios criterios y prioridades – y algunos, por ejemplo los dos últimos que tuvimos, sus obsesiones y mañas. Un fiscal general nuevo no puede personalmente revisar los expedientes de todos los casos en curso o pendientes, para evitar que no vengan contaminados por obsesiones o mañas de sus antecesores, y para asegurar que correspondan a sus propios criterios del Estado de Derecho, a sus exigencias en cuanto a solidez de pruebas y coherencia de argumentos jurídicos. No puede revisar y corregir todos los casos, pero sí puede y debe instalar una instancia para hacerlo.
Sabemos que Luis Martínez tuvo la maña de armar casos para extorsionar. Douglas Meléndez, su sucesor, no tuvo esta maña, pero sí una obsesión enfermiza con los casos mediáticos y populistas. Esto lo hizo cometer el error de sacar de la gaveta de Luis Martínez algunos de estos casos mal armados, sin revisarlos debidamente. Un ejemplo: Luis Martínez estaba obsesionado con con la tregua. Armó un caso novelesco contra el ministro de Defensa, acusándole de toda una conspiración alrededor de la tregua. Pero nunca presentó este caso, porque sabía que su teoría de conspiración no iba a resistir el escrutinio de una vista pública. Lo tuvo en su arsenal para presionar a Munguía Payes y para desacreditar mediática y moralmente la tregua y a los mediadores.

Douglas Meléndez, en vez de revisar exhaustivamente el expediente tregua, solo ordenó que quitaran a Munguía Payes de los imputados – pero sin cambiar toda la narrativa sobre la conspiración encabezada por el ministro. Resultado: el caso se cayó, por la falta de coherencia de su narrativa. En abril habrá que repetir esta vista pública, porque la cámara aceptó la apelación de la fiscalía contra la sentencia absolutoria. Pero me pregunto:

¿Usted mandó a revisar bien el requerimiento fiscal, los argumentos jurídicos, y todo el manejo de pruebas y testigos criteriados? ¿O va a mandar a sus fiscales con la misma teoría de conspiración?

¿Usted formó en su oficina un Grupo de Análisis que somete a revisión a todos los casos heredados de Luis Martínez y Douglas Meléndez? 

¿Se ha revisado de fondo el caso Infocentro contra Nicola Angelucci, que estaba en pleno desarrollo? Lo dudo, porque escuchamos los mismas alegatos que los fiscales han repetido durante años – y que la jueza presidente no los acepta.

¿Revisaron bien el caso de los cheques de Taiwán, antes de imputar a Juan Wright y Gerardo Balzaretti – o viene así como Luis Martínez armó el caso contra Paco Flores? Más bien parece así – y esto sí es preocupante.

Pero no solo urge revisar minuciosamente los casos emblemáticos, con imputados conocidos. Sobre todo hay que revisar los casos que involucran a criminales convertidos en testigos criteriados y los casos que tienen que ver con abusos policiales. No puede ser que sigan saliendo libres los policías responsables de ejecuciones. Por todo esto, su fiscalía necesita una instancia que revise los requerimientos fiscales y unifique criterios, compuesta por profesionales que no han sido parte de las fiscalías anteriores y sus mañas.

Quiero pensar que para esto se decidió cambiar de fiscal general. La mejor respuesta a esta carta sería que usted me dijera: No se preocupe, todo esto ya se está haciendo.

Saludos,


martes, 12 de marzo de 2019

Carta a los sabios: Tomen la reconciliación en sus manos

En 2016, cuando la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía, escribí en una columna titulada ‘Cállese, señor presidente’ los siguientes párrafos:
“Puede y debe haber una legislación que establezca una instancia temporal de justicia transicional que podrá satisfacer las demandas de verdad y reparación, pero sin necesidad de abrir mandar a nadie a la cárcel. Esta fue la reacción inmediata de las personas sensatas del país a la sentencia de la Sala. En esto coincidimos muchos, independientemente de si estábamos de acuerdo o no con la sentencia. Había que acatarla y había que buscar una forma de cumplirla y que en vez de hacerle daño al país haga más sólido su proceso de paz y reconciliación.”
“El presidente (y todos los demás ‘implicados’ de todos los bandos), por decencia y prudencia, tenían que apartarse de este debate. Si no, la posible solución sería inmediatamente percibida como un nuevo pacto de los protagonistas de la guerra de evadir su responsabilidad”.
Exactamente esta percepción se ha materializado ahora. Hoy existen dos propuestas de ley y ninguna tendrá capacidad de aportar a la reconciliación. Una propuesta es conocida como la Ley Rodolfo Parker, y uno solo tiene que ver la composición de la comisión legislativa que la elaboró para saber que no será aceptada por la sociedad. Son los protagonistas de la guerra (de ambos bandos), y todo el mundo percibe que están redactando una auto-amnistía. La segunda propuesta proviene de otro sector ‘interesado’: de organizaciones que dicen representar a las víctimas de crímenes de guerra. Aunque algunos lo quieran declarar ‘políticamente correcto’, ‘las víctimas’ tampoco son los llamados para diseñar esta legislación, por dos razones: son parte interesada y nadie puede hablar en nombre de todas las víctimas del conflicto.    

Decir que ambas propuestas no proceden de ninguna manera significa que todo lo que se propone en ellas sea malo. Significa que el método no funciona. Lo que hubieran tenido que hacer los poderes del Estado (Presidencia, Asamblea, Corte Suprema) es convocar una ‘Comisión de Sabios’ (compuesta por rectores de universidades, representantes de iglesias, penalistas, constitucionalistas y otras personalidades de prestigio moral e intelectual) para organizar debates, tanto públicos como académicos, y que de ellos surja una propuesta de Ley de Reconciliación que llene el vacío que dejó la derogación de la Amnistía de 1993.

Como no llevamos a cabo este debate, perdimos casi tres años sin cumplir con la sentencia de la Sala. Ojo: esta sentencia no solo derogó la ley del 1993, sino también ordenó consensuar una nueva.

Pero nunca es tarde. En vez de continuar una estéril discusión que se concentra en descalificar las propuestas existentes de Ley de Reconciliación, impulsemos la Comisión de Sabios y aportemos todos a su trabajo, con propuestas, críticas y criterios.

Saludos,


domingo, 10 de marzo de 2019

¿Historia oficial? Columna Transversal

En un noticiero internacional hice un descubrimiento sorprendente: En Polonia existe una “política oficial de historia”. El término que usaron en el noticiero –“Geschichtspolitik” en alemán- y su traducción al español suenan raro. ¿Cómo puede existir una política oficial del Estado (o gobierno) en cuanto a cómo entender y escribir la historia? Con otras palabras, ¿puede existir una “historia oficial”, administrada y reglamentada por una política oficial?

Parece que sí. La noticia era sobre un incidente en Polonia: El gobierno conservador-nacionalista de Polonia removió al historiador Papel Machcewicz de la dirección del Museo de la Segunda Guerra Mundial en Gdansk. El conflicto detrás de la noticia: Machcewicz inauguró el museo con una exposición sobre el Holocausto cometido por los alemanes contra los judíos polacos durante la ocupación nazi de Polonia – y en esta exposición también documenta el antisemitismo polaco. Esto, según el ministro de cultura, “no corresponde a la ‘política de historia’ del gobierno. Machcewicz tuvo que ir y el museo cerró sus puertas, hasta que adapte la exposición a la historia oficial…


Polonia no es el único país, donde el gobierno y el partido oficial quieren escribir una ‘historia oficial’, aunque creo que no hay muchos gobiernos tan descarados como para inventar el concepto de una ‘política de la historia’, que sirve para censurar exposiciones y otras expresiones culturales o académicas, y para justificar el despido de un director de museo u otros funcionarios académicos.

En otros lados, igual que en Polonia, en este mismo contexto, se habla de la ‘cultura de memoria’ – o de ‘la memoria histórica’, por ejemplo aquí en El Salvador. No hay nada mal de hablar de ‘cultura de memoria’ o ‘memoria histórica’, siempre cuando nadie trate de uniformar y reglamentarlos. La memoria, por definición es subjetiva y depende del punto de vista y la experiencia particular de los individuos y grupos. No puede haber una memoria única o una que reclame representar ‘la verdad’ – y mucho menos puede pasar esto por decreto, desde el estado o gobierno. La memoria o es diversa y plural, o es un constructo de engaño.

La historia parece un asunto más objetivo, no tan subjetivo que la memoria. Pero  tampoco existe ‘la historia’. Para acercarse a la verdad, siempre tienen que existir y estar en comunicación varias maneras de ver la historia. Y la única a la cual no hay que hacer caso es la que viene vestida de ‘historia oficial’.


Nosotros que vivimos en la posguerra (por más que algunos quieren reclamar que esté cerrado este capítulo), nos topamos con este problema todos los días. Por ejemplo en la actual discusión sobre la amnistía. Aparecen quienes hablan a nombre de ‘las víctimas’, pero es obvio que no representan a todas las víctimas. Obviamente en una guerra entre dos partes beligerantes, hay víctimas de ambos bandos y de civiles. Hay víctimas que sufrieron violencia de ambas partes, hay víctimas organizadas que reclaman justicia, hay víctimas que nunca se organizaron y no se sienten representados por nadie y para reclamar nada a nadie. Cada grupo de victimarios tiene sus ‘memorias’ y su historia, igual que cada grupo de víctimas. Hay que escucharlas todas.


La política oficial polaca puede escribir una historia oficial, en la cual el antisemitismo polaco no existe – pero siguen existiendo las víctimas de ataques racistas cometidos por compatriotas, no solo por la fuerza invasora nazi. Y si existen las víctimas, existe su memoria y su historia, tenga espacio en la historia oficial o no.


Igual aquí. Cuando se habla de ‘las víctimas’, uno piensa en los campesinos de El Mozote masacrados por el Atlacatl, o en los padres jesuitas, masacrados por el mismo batallón 8 años más tarde. Pero también existen los familiares de los campesinos de San Vicente, masacrados no por la Fuerza Armada sino por las FPL en su paranoica fiebre de erradicar ‘desviaciones ideológicas’. Y también existen las víctimas de secuestros y atentados de a guerrilla. Hay de todos: víctimas que no quieren amnistía para nadie, y víctimas que no quieren negarle amnistía a nadie. Las historias de todos ellos son parte de la memoria histórica.


Los diputados, al legislar para llenar el vacío legal y la incertidumbre que dejó la suspensión de la amnistía del 1993 por parte de la Sala, tiene que tomar en cuenta a toda la historia y escribir una ley de Reconciliación que haga justicia a todas las víctimas. Y a los que critican con tanto absolutismo el borrador existe para esta ley, les recomiendo que lo lean entero, o por lo menos el artículo 2, donde dice que en la amnistía quedan excluidos los crímenes de lesa humanidad y de gravedad.




sábado, 9 de marzo de 2019

Carta al ego dañado


El jueves pasado fue un mal día para el presidente electo. Le cayeron dos desgracias, y ambas por su soberbia.

Aunque no quiso, tuvo que presentarse ante un juez como cualquier ciudadano que es demandado por calumnia. Trató hacer valer el fuero presidencial, pero en vano porque aun no es presidente. Llegó con actitud desafiante, diciendo que como presidente electo no tenía tiempo que perder con este juicio; que venía sin abogados, solo para que el juez le pusiera la máxima pena; que la pagaría con gusto, pero que jamás pediría disculpas al ofendido…

Esta actitud se llama soberbia. Y muchas veces, la soberbia procede a la desgracia. Cabal, dos horas después, Bukele tuvo que hablar a su abogada, quien tuvo que venir corriendo para formalizar ante el juez el acuerdo de “conciliación”. Y el presidente electo se tuvo que tragar su orgullo y públicamente pedir disculpas al ofendido que lo había demandado por calumnia. Y no solo esto, le tuvo que entregar 5 fajos de efectivo, de 10 mil dólares cada uno. Y hasta esto lo hizo con soberbia. Entró a la audiencia con cara de bravo, pisto en mano, como para decir “¡y qué!”, tiró los fajos en frente de su abogada (quien inmediatamente se los devolvió) y luego dijo en Twitter: “No hay tiempo que perder. Y si cuesta bajar el ego y un poco de dinero, pues que cueste.”
Dos errores, señor presidente electo: ‘Bajar su ego’ sería otra cosa y 50 mil NO es poco dinero, excepto para alguien como usted…

El tuit del ‘poco dinero’ salió a las 10.59 am. Horas después, a las 19.30 del mismo día jueves, como para subir otra vez su ego luego del bajón sufrido en la corte, el presidente electo, otra vez triunfante, tuiteó: “Escuelas en camino…”, y reprodujo dos notas, una oficial y formal del ministro de Hacienda, transmitiendo al banco BCIE la consulta de un grupo de diputadas sobre si se podía reorientar a otros usos (escuelas y bibliotecas) 16 de los 32 millones aprobados para el nuevo edificio legislativo. Y la segunda nota parecía ser la respuesta, aunque de una forma muy inusual, una nota escrita a mano en una tarjetita, firmada por el presidente del BCIE, diciendo: “Le comparto la noticia de la reorientación…”.

Parecía rara la nota, no solo por la forma tan informal. Primero, porque hasta la fecha no existe una solicitud al BCIE de reorientar los fondos. Tendría que ser una solicitud hecha por el gobierno salvadoreño. Tampoco existe un solicitud de la Asamblea Legislativa al gobierno solicitando que pida al BCIE la reorientación de 16 millones. Lo único que existe hasta la fecha es una propuesta del presidente electo de reorientar la mitad de los fondos aprobados para el edificio legislativo a la construcción de 50 escuelas y 14 bibliotecas, sin ninguna fundamentación técnica. Esta iniciativa fue recogida por un grupo de diputados, la Junta Directiva de la Asamblea mandó el escrito al ministro de Hacienda, no como solicitud del gobierno de reorientar fondos, sino como solicitud de sondear con el BCIE si sería posibles este tipo de reorientaciones.

Entonces, el presidente electo, queriendo acortar el camino, habló con el presidente del BCIE y luego recibió de él una tarjetita informal que parece un aval.

El presidente electo, reconfirmado en su ego dañado por la disculpa, vuelve a proyectarse como alguien encima de los tediosos procedimientos legislativos, institucionales y bancarios, tuitea triunfante: “Escuelas en camino…”.

Su recién formado “petit comité de aplausos” en la Asamblea inmediatamente se activó: “¡Sí se pudo!”.

Pero resulta que “no, no se pudo.” Por lo menos no así, saltándose las competencias de los diputados de a Asamblea y de los gobernadores del BCIE. Pocos minutos después, el BCIE publicó su respuesta formal, no en una tarjetita de presidente a presidente, sino en un comunicado institucional:
“La solicitud de renegociar las cláusulas estipuladas en el contrato no puede ser atendida”.

La segunda desgracia para Nayib Bukele. Ambas provocadas por soberbia.

Saludos,

 


 


 


 



jueves, 7 de marzo de 2019

Carta sobre la diferencia entre la realidad y la percepción de la corrupción

Cosas extrañas están pasando en El Salvador. No solo el plato volador que observó Will Salgado en el cielo nocturno sobre San Miguel. Ahora circula una carta fantasma, primero en las redes, luego hasta en los periódicos, dirigida al presidente Salvador Sánchez Cerén. Supuestamente la mandó Cynthia Huger, vicepresidenta de la Corporación del Reto del Milenio, que es la instancia que maneja y controla los fondos de Fomilenio. Digo supuestamente, porque la copia divulgada no lleva firma. Y es imposible compararla con la original, porque esta extrañamente no ha sido recibida en Casa Presidencial, a pesar de que la copia de la supuesta correspondencia lleva fecha del 22 de febrero. ¿Tardará 3 semanas la valija diplomática desde Washington a San Salvador?
¿Qué es lo importante de la supuesta carta? El fuerte reclamo que hace en cuanto a la corrupción en El Salvador. Según la misteriosa carta, El Salvador “no ha pasado la evaluación de desempeño” respecto al “control de la corrupción.” O sea, reprobados en materia de la lucha contra la corrupción…

Bueno, es entendible que al gobierno de Estados Unidos, como donante de los fondos de Fomilenio, le preocupe la corrupción, igual que a nosotros. ¿Pero cuál es la tal “evaluación de desempeño” que hace el gobierno de Estados Unidos para llegar a la conclusión que nuestro país no está combatiendo debidamente la corrupción?

Por más increíble que parezca, la respuesta es que mandan a hacer encuestas. La tal “evaluación de desempeño” de la lucha contra la corrupción en El Salvador (y otros países del mundo) que hace el gobierno de Estados Unidos para decidir si mantiene, reduce o suspende su ayuda financiara no es un examen objetivo de la corrupción y de las medidas anticorrupción. Lo que miden es la precepción que la gente tiene sobre estos asuntos. Una metodología parecida a la del famoso “Latinobarómetro” y otras encuestas que hace el Banco Mundial.

En estas encuestas preguntan a la gente si tienen la impresión que en su país hay mucha, o poca corrupción, si la corrupción ha aumentado y si el gobierno la está combatiendo debidamente. Es obvio que de esta manera no se mide la corrupción sino la percepción que la gente tiene de ella que puede ser correcta pero igual puede ser equivocada.

Por lógica, la percepción de la corrupción aumenta cuando hay muchos funcionarios acusados de corrupción y cuando todos los días los medios y los políticos hablan de estos casos. Pero lo que aumenta no es la corrupción objetiva, sino la percepción subjetiva. La corrupción objetiva, al investigar, enjuiciar y publicitar a tantos casos de corrupción, bien puede estar reduciéndose. Y es bien probable que esto esté pasando en El Salvador. ¿Usted piensa que hoy hay más corrupción en El Salvador que bajo los gobiernos de Saca y Funes? Yo no.

Entonces, lo realmente misterioso de esta carta no es que no tenga firma y que en 3 semanas no haya llegado a Casa Presidencial. El hecho realmente misterioso es que esta carta, si es que es auténtica, confunde la percepción con la realidad y con base en esta confusión amenaza con recortar la ayuda financiera de Estados Unidos a El Salvador.

Entonces, queda la pregunta: ¿Quién anda circulando esta carta misteriosa, sin explicar la diferencia entre realidad y percepción? ¿Y con qué fin?

Saludos,


martes, 5 de marzo de 2019

Carta a la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU: Más respeto, por favor

Estimada Kirstjen Nielsen:
En la reunión que en nuestra capital celebró con los ministros de seguridad de Honduras, Guatemala y El Salvador, usted dijo: “Pido a cada uno de ustedes que muestren un liderazgo audaz para detener la formación de nuevas caravanas, que han traído violencia, crimen e inestabilidad a la región.”

Como jefa máxima de Seguridad Nacional de Estados Unidos, usted tiene el más amplio y profundo acceso a cualquier información relacionada con temas de Seguridad. Por tanto usted sabe, igual que los ministros centroamericanos, que su afirmación es falsa. Las caravanas no han traído violencia, crimen e inestabilidad a la región. Es al revés, las caravanas, así como la migración ‘ilegal’ en general, son una consecuencia de la violencia, crimen e inestabilidad existentes en la región.

Las caravanas solo son una modalidad nueva del mismo flujo de centroamericanos que diariamente emprenden viaje a Estados Unidos. Y es una modalidad que reduce el poder de los coyotes y de las organizaciones criminales que se lucran de la migración ‘ilegal’ y que su gobierno siempre exigió a nuestros gobiernos que los combatieran. Si realmente quieren combatir el crimen organizado, ustedes deberían coordinar con los gobiernos de Centroamérica y México el apoyo y la seguridad de las caravanas. No es un chiste, Ms Secretary, sino una observación seria.




Me imagino que cuando se reunió con el presidente electo Bukele hizo los mismos planteamientos que al gobierno saliente. Lastimosamente no sabemos qué respuestas le ha dado. Su oficina de prensa solo difundió un comunicado escueto, diciendo que Bukele discutió con usted sobre temas como el narcotráfico, tráfico de personas, de armas, lavado de dinero, ciberseguridad, pandillas, migración forzada y la cooperación con la policía y Fuerza Armada. “Sobre los cuales se tendrá una agenda en común a desarrollar entre el gobierno de Estados Unidos y el futuro gobierno de El Salvador dirigido por el presidente electo Nayib Bukele”, señala el comunicado.

Obviamente, es necesaria una agenda en común con Estados Unidos. Pero para ser efectiva tiene que basarse en franqueza y mutuo respeto. Esperamos que el futuro presidente salvadoreño no haya agachado la cabeza, como los tres minstros, sino que le haya expresado que no está de acuerdo con la premisa suya de ver a las caravanas como expresión del crimen organizado.

Esta es la gran interrogante que tenemos: ¿Cuál será la política de Seguridad del futuro presidente y cómo la va a conciliar con las prioridades y los métodos definidos por ustedes en el gobierno de Estados Unidos.

No soy quien puede dar consejos al presidente electo. Pero tal vez puede atender el consejo de Fabio Castillo. Este hombre, amigo de Bukele, expresó en su entrevista con El Diario de Hoy que ve positivo que el futuro gobernante esté comprometido con estrechar los vínculos con los Estados Unidos.

Pero agregó: “Lógicamente esto requiere que los EE.UU. nos traten con más respeto…”.

Yo le haría la misma petición, señora secretaria. Venir a Centroamérica para imponer a nuestros gobiernos un análisis a todas luces falso, y las políticas de Seguridad que de ahí se deriven, no es la base para una agenda común que puede resolver los problemas ni de Estados Unidos ni los nuestros.

Saludos respetuosos,





(MAS! y EL DIARIO DE HOY)



sábado, 2 de marzo de 2019

Carta al diputado independiente y Cía.: Paren este maldito populismo legislativo

Estimado Leonardo Bonilla:
Fuiste el primer diputado independiente que entró a la Asamblea. Entraste con el beneficio de la duda, pero supiste ganarte rápido un grado de credibilidad que las fracciones partidarias y la Asamblea como institución han perdido.

Tengo entendido que se trata de restablecer la confianza en el Parlamento y no de buscar destruirlo aún más, como parece ser la agenda del presidente electo.

Si se trata de establecer la confianza en el Legislativo (y por tanto en el sistema de la democracia representativa, pluralista y republicana), entonces no entiendo tu iniciativa de una reducción de la Asamblea de 84 a 60 diputados. No entiendo ni el contenido ni mucho menos la forma de tu campaña.
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Hablemos del contenido. Reducir la Asamblea a 60 diputados puede ser una opción, pero por sí sola no resolverá ninguno de los problemas que causaron que la gente perdiera la confianza en este órgano del Estado. Para revertir esto, hay que mejorar dos cosas: la calidad de la Asamblea y del trabajo de los diputados, y su grado de representatividad.

Un legislador responsable no se monta encima de la frustración y los resentimientos que la gente (con muchas razones legítimas) tiene con la Asamblea. Un legislador responsable no arma un espectáculo preguntando a la gente en la calle si quiere 84 o 60 diputados. Esto es populismo barato. Lo que hay que desarrollar es un debate serio sobre una reforma radical de la Asamblea, que busque construir una manera más directa, transparente y confiable en que la ciudadanía se hace representar. El número de diputados al final puede cambiar, pero esta es la parte menos relevante del asunto. No es el punto de partida.

Primero habría que obligar al gobierno a realizar un censo demográfico confiable, para saber cuántos somos y cómo estamos distribuidos en el territorio nacional.

Luego hay que ver qué distritos electorales necesitamos y cómo hay que delimitarlos para que los diputados se conviertan en representantes directos de una población concreta, no ‘representantes del pueblo’ de manera abstracta. Tener 5 distritos electorales con 12 diputados cada uno, como ustedes proponen, tendrá un impacto diferente sobre la representatividad de los diputados que otro modelo que podría crear 15 distritos electorales (mucho más pequeños, con una población más cohesionada), que serán representados por 4, 5 o 6 diputados cada uno. No es lo mismo ser diputado de Soyapango que de toda la zona paracentral.

Aparte de la cercanía entre los diputados y sus representados hay que tomar en cuenta el mandato constitucional de la proporcionalidad y de la pluralidad política. ¿Cuál es el diseño de los distritos electorales y cuál es el numero de diputados por distrito que garantizan que todas las corrientes ideológicas pueden ser representadas?

Si tuviéramos 84 distritos con 1 diputado cada uno, existe el peligro de que un partido con mayoría relativa (digamos del 35%) gane una mayoría aplastante en la Asamblea. Por más diputados que correspondan a un distrito, mayor pluralidad, pero menor cercanía entre diputados y población representada. Hay que encontrar el modelo que equilibra ambos criterios.

Estas son las cosas que hay que analizar si realmente queremos revertir la pérdida de confianza de la ciudadanía en su parlamento además de una reforma radical del aparato de asesoría de la Asamblea. Hoy es un esquema corrupto e ineficiente y hay que transformarlo en uno profesional. Este es otro debate que no se puede resolver coleccionando firmas en la calle, sino que requiere de mucho análisis y debate. Y tal vez de propuestas y decisiones no tan populares…

Así que Leonardo (y los diputados que se unieron a tu iniciativa), decidan si quieren ganar popularidad surfeando las olas del descontento o si quieren mejorar la política, empezando con una verdadera reforma electoral y de la Asamblea.

Saludos,


jueves, 28 de febrero de 2019

Carta al hombre que mandó a decomisar sus propias palabras

Nicolás Maduro:
Mucho se ha dicho sobre su encuentro con Jorge Ramos, quien vino a Mirafores a entrevistarle, y quien a media entrevista se vio detenido y despojado de sus equipos y grabaciones. 

Muchos han comentado este incidente en el contexto de la libertad de prensa – y es correcto: el caso Jorge Ramos ilustra que esta libertad básica no tiene vigencia bajo su régimen. Sin embargo, esto ya lo sabíamos desde hace años. Todos conocemos la represión que sufren los periodistas venezolanos. No solo pueden terminar detenidos por 2 horas, como Ramos, sino por meses o años. No solo pueden perder sus cámaras, como Univisión, sino sus empresas, sus frecuencias, y hasta su vida. Entonces, el caso Ramos no agrega nada sustancialmente nuevo al tema de la libertad de prensa en Venezuela…

Pero el caso tiene otra connotación, que sí vale la pena resaltar. Jorge Ramos dijo en sus primeras declaraciones luego de su regreso a Estados Unidos: “Nos han robado nuestro trabajo”, refiriéndose a las grabaciones decomisadas por usted.

Lo absurdo es que usted mandó a decomisar su propia entrevista, sus propias palabras. Al darse cuenta que con sus declaraciones respuestas se estaba haciendo el hazmerreír ante todo el mundo, usted interrumpió la entrevista y ordenó que decomisaran su propias palabras.

Es la perfecta parábola de su situación. Luego de callar la prensa nacional independiente, las radios y los canales de televisión independientes; luego de restringir al máximo la labor de los corresponsales extranjeros (a este servidor que firma esta carta le pusieron en una lista negra prohibiéndole la entrada a Venezuela), usted se ve obligado a invitar a su Palacio Miraflores a algunos medios internacionales – obligado por la profunda crisis en que usted se ve: con el desafío que representa Juan Guiadó; con el aislamiento internacional; con la crisis humanitaria. Entonces, usted decide llamar a Jorge Ramos y usar sus cámaras y micrófonos para dirigirse al mundo.

Solo que Jorge Ramos no se presta a lavarles la cara a los poderosos. Pregunte a Donald Trump cómo le fue con Ramos. No lo mandó a arrestar, porque en Estados Unidos no se puede, pero sí lo expulsó de la Casa Blanca – lo que al fin resultó que tampoco se puede…

Ramos hizo su entrevista como la ética profesional manda: Explíquenos la falta de medicina. Explíquenos el hambre en Venezuela. Explíquenos porque no deja entrar comida y medicina a país. Explíquenos los presos políticos…

Y usted se da cuenta que ya no hay explicaciones, que todo lo que usted dice lo compromete, lo enreda, lo expone como un presidente todopoderoso pero impotente, con todo el poder militar, pero sin poder resolver nada. Y cuando se da cuenta, decide mandar a decomisar las pruebas, o sea sus propias palabras.

Esto es lo que pasó en Miraflores entre usted y Jorge Ramos. Es la muestra que usted ya no tiene nada que hacer en Venezuela. Game over. Perdió. Váyase ya.


Adiós,






Lea también:
Jorge Ramos:
El dictador se lema su título

(MAS! y EL DIARIO DE HOY)

martes, 26 de febrero de 2019

Carta sobre inmunidad, impunidad, antejucio, difamación y mafias cibernéticas

Hace un par de días en las redes se formó un tsunami de indignación. La Corte Suprema de Justicia había publicado un comunicado, para desmentir las falsas afirmaciones que se habían ventilado en Twitter sobre uno de sus integrantes, el magistrado Roberto Calderón. “La Corte ratifica que no está dispuesta a tolerar conductas reprobables que pretenden afectar la imagen de os miembros del Órgano Judicial, al difundir falsas acusaciones.”

La cuenta de Twitter llamada @_Brozo difundió una noticia inventada: “Magistrado Roberto Carlos Calderón ha sido capturado en estado de ebriedad junto a una menor de edad.” Resulta que nada de esto era cierto: El magistrado Calderón nunca fue detenido, muchos menos ebrio y con una menor de edad. 100% fake news.

Lo delicado del caso no solo es que la víctima de la calumnia es un magistrado de la Corte Suprema, sino sobre todo que la difamación proviene del círculo interno del presidente electo: la polémica cuenta @_Brozo la maneja Ernesto Sanabria, el principal ejecutivo de comunicación de Nayib Bukele.
Lo extraño es que la indignación en las redes no se encendió por la desinformación y la difamación, sino por el hecho que en el comunicado de la CSJ no se condenó a otro magistrado que sí fue descubierto ebrio y con una menor de edad, tratando de violarla. El magistrado Jaime Eduardo Escalante Díaz, detenido in flagranti por la PNC, no fue a bartolinas, por que como magistrado goza de fuero y tiene que pasar por un antejuicio en la Asamblea Legislativa, antes de que la Fiscalía pueda proceder a detenerlo y procesarlo penalmente. La PNC, como es su deber, lo entregó a la Asamblea – y esta lo mandó a arresto domiciliario para esperar su antejuicio y luego su juicio penal. La Fiscalía ya presentó el caso a la Asamblea. Todo esto no es muestra de impunidad, como muchos lo quieren pintar, sino de que las autoridades están funcionando.

Es entendible la indignación que este caso. Incluso es entendible la frustración que despierta el hecho que en este caso la justicia no opera de inmediato. Mucha gente no entiende el sentido del fuero constitucional, ni los complicados procedimientos del antejuicio – y por tanto asume que estamos ante un caso de impunidad. Esto es falso: el magistrado será debidamente enjuiciado, porque el fuero no lo protege de persecución penal por delitos que nada tienen que ver con el desempeño de su cargo. Sobre el sentido del fuero y el procedimiento del antejuicio recomiendo que lean la excelente nota de Erika Saldaña titulada “¿Cómo opera el fuero?”

Regresemos a la extraña indignación que se promovió contra la Corte Suprema. Es que la Corte no debe pronunciarse sobre un juicio pendiente, mucho menos puede intervenir en un antejuicio, que es asunto del Legislativo. En cambio, sí puede (y debe) exigir que la Fiscalía investigue una calumnia cometida contra uno de sus integrantes, así como lo hizo en su comunicado.

Yo tengo el criterio que en el caso de las miles de fake news y difamaciones que salen en las redes, hay que hacer una distinción: Si son personas privadas que, expresando su indignación, caen en difamación, no hay que perseguirlos penalmente. Yo recibo estas calumnias diariamente y no las voy a judicializar. En estos casos las redes funcionan como vía de escapa de agresiones que posiblemente evitar que se llegue a violencia física.

Pero si los difamadores están vinculados a poderes políticos, manejando operaciones masivas desinformación y calumnia sistemática desde el poder (gobierno, alcaldía, autónomas, partidos políticos), las autoridades tienen que aplicar la ley.

Esto es indudablemente el caso de la cuenta @_Brozo. Su responsable intelectual Ernesto Sanabria no actúa como individuo, haciendo uso de su libertad de expresión, canalizando sus frustraciones.

El Brozo actúa como parte de una estructura de poder – antes vinculada al ex presidente Saca, luego a la alcaldía capitalina de Nayib Bukele, y ahora el equipo del presidente electo. Esto no se vale, y espero que la Fiscalía tenga el valor de proceder contra esta mafia de desinformación y guerra sicológica, para evitar que se incruste en el próximo gobierno.

Saludos,



domingo, 24 de febrero de 2019

¿Pos-posguerra? ¿Cómo se come esto? Columna Transversal

“Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra, y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro” – con estas palabras resumió Nayib Bukele, en la noche del 3 de febrero, su triunfo electoral. Palabras mayores… ¿Qué significa que haya terminada la posguerra? ¿Y qué viene luego? Bukele y Ulloa no elaboran sobre esto, lo dejan en una conveniente vaguedad. Pero sí, de repente dejan caer palabras como ‘Nueva República’ y ‘Constituyente’…

Solo 10 días después, en su editorial sobre el resultado electoral, El Faro escribe: El triunfo de Nayib Bukele ha abierto una nueva etapa en nuestro proceso histórico. Como atinadamente dijo en su discurso de victoria, el 3 de febrero puso fin a la etapa de posguerra en El Salvador.” Lastimosamente, El Faro tampoco dedica ni una sola frase a explicar qué significa poner “fin a la etapa de la posguerra”.
El presidente electo no lo va a explicar. Está demasiado ocupado con su campaña electoral para el 2021 que comenzó el 4 de febrero. Además tiene que dedicarse al traspaso de poder, a la formación de su gobierno y a negociar el apoyo de Estados Unidos.

Entonces, ¿qué significa que el presidente electo de nuestro país piense que con su llegada al poder se cierra el capítulo de la posguerra?

Básicamente está declarando que su gobierno basará sus políticas en que los problemas que nos llevaron a la guerra civil están resueltos y que los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz están cumplidos. Esto va en concordancia con otras palabras grandes (y vagas) usadas por Bukele cuando habla de su partido Nuevas Ideas: Trascendemos las ideologías, no somos ni derecha ni izquierda, somos ‘el pueblo’… 

Todas estas tesis (si se puede hablar de tesis, cuando no hay elaboración, sino nada más exclamación) son falsas. Ni están resueltos los problemas que causaron la guerra; ni cumplidos todos los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz; ni son irreversibles los logros de la posguerra; ni han dejado de tener validez las ideologías; ni tampoco han muerto la izquierda ni la derecha. Pueden estar en crisis los partidos de izquierda y derecha (y ciertamente lo están) – pero la sociedad sigue necesitando fuerzas de izquierda que busquen soluciones a las injusticias sociales, y fuerzas de derecha que busquen soluciones a la falta de competitividad y crecimiento económico del país. Ver como superada la libre competencia política entre izquierda y derecha y al mismo tiempo entre diferentes intereses sectoriales y sociales, solo porque habrá un cambio de gobierno de turno, y tratar de sustituir este pluralismo con una fuerza pos-conflicto que se debe ‘al pueblo’ – esto es el viejo enfoque fascista, que con otros colores retomó vigencia en América Latina, primero con Perón y luego con Hugo Chávez. Y hoy posiblemente con López Obrador y Bukele…

La posguerra comenzó en 1992 con un nuevo pacto social que se plasmó en los Acuerdos de Chapultepec y las subsiguientes reformas constitucionales. Fue una refundación de la República – ¿y qué significa que Bukele y Ulloa hablen de que ahora les tocará refundarla de nuevo?

Terminamos a guerra poniéndonos de acuerdo sobre nuevas reglas del juego (democracia pluralista, desmilitarización, separación de poderes, irrestricta libertad de organización, expresión y prensa…) que sustituyen el uso de las armas para ganar o defender el poder. Esta es la esencia de a posguerra. ¿Si ahora declaran que está superada la posguerra, significa que estas reglas ya no tienen validez – o significa que este proceso de democratización ya concluyó exitosamente, y que por tanto ya no será obligación del gobierno defender y consolidarlas? Ambas interpretaciones serían equivocadas.

Hasta ahora, el principio de la alternancia del poder está funcionado. ARENA entregó el poder ordenadamente a la ex guerrilla; y ahora el FMLN está entregándolo a una nueva fuerza, aunque esta promete destruirlo y quedarse con sus bases y banderas. Pero como durante toda la posguerra, el principio de la alternancia en el poder sigue requiriendo del compromiso de defenderla, del estado, del gobierno, de los partidos y de toda la sociedad. Solo hay que mirar hacía Honduras, Nicaragua, y Venezuela para ver que este principio es vulnerable y reversible. ¿Qué significa en este contexto que nuestros gobernantes electos declaren finiquitados la posguerra y la democratización?

Otro de los compromisos esenciales de la posguerra es la desmilitarización. Es un proceso exitoso, pero tampoco es irreversible. Los últimos gobiernos de El Salvador han vuelto a militarizar la seguridad pública, igual que en Honduras – y en México el nuevo presidente (con discursos muy parecidos a los de Bukele) está fundando una Guardia Nacional dirigida por militares. ¿Qué significa en este contexto que los gobernantes electos de El Salvador quieren declarar finiquitadas la posguerra y la desmilitarización?

En transiciones como la actual hay que analizar con lupa las palabras grandilocuentes que vociferan los nuevos gobernantes. No solo las de la pos-posguerra, también las del “fin del bipartidismo”, cuando nunca hemos tenido un sistema bipartidista, y cuando el nuevo partido de gobierno solo está queriendo ocupar el lugar del FMLN, luego de desplazarlo. ¿Y como interpretar términos como ‘Nueva República’, ‘unidad del pueblo’ y otros igualmente vacíos?