Está pasando lo impensable: El puerto La Unión estará listo y no podrá operar, porque El Salvador no ha logrado definir el modo de concesión y operación del puerto.
No sé cuánto dinero va a dejar de percibir el fisco por esta negligencia del gobierno. Pero esto no es lo más importante, sino: ¿Cuántas familias van a tener que esperar cuántos meses antes de poder vivir de los empleos que generará el puerto?
La importancia del puerto no reside en el dinero que el Estado ganará operándolo o comisionándolo. Reside en el impulso que el puerto, bien operado, puede dar a la economía del país.
No había ninguna razón de dejar el debate sobre la concesión del puerto hasta el último momento. No había necesidad de permitir (o provocar, ¿quién sabe?) que la decisión sobre el modo de concesión más conveniente para el país se mezcle con la coyuntura electoral.
Desde enero 2005, cuando se inició la construcción del puerto, se sabía cuándo se iba a entregar la obra y para qué fecha se necesitaría haber resuelto las definiciones legales, financieras, políticas y operativas del convenio de concesión. Más bien, todo esto se sabía desde el 2001, cuando la Asamblea Legislativa autorizó el convenio de préstamo con Japón para la construcción del puerto.
Lo responsable hubiera sido construir un acuerdo nacional sobre la concesión del puerto dentro del contexto del acuerdo nacional sobre su construcción. Responsabilidad del gobierno, por cierto. Es el gobierno que tiene que asegurar que la búsqueda de los acuerdos políticos y legislativos no genere retrasos en la puesta en práctica de este proyecto de interés nacional estratégico.
Incluso en el caso hipotético (pero improbable) que mañana se logre un acuerdo legislativo sobre el modelo de concesión, ya será tarde. A esta fecha el futuro operador del puerto La Unión ya tendría que estar construyendo las infraestructuras técnicas que le tocan. Ya tendría que haber encargado las grúas. La tecnología portuaria no es una cosa que se compra en una tienda, se tiene que diseñar, negociar, financiar y encargar con tiempo.
Cualquier modelo de concesión -junto con Acajutla, o sólo La Unión; con o sin participación mayoritaria del Estado; sólo el puerto o incluyendo el polo de desarrollo alrededor del mismo- hubiera sido mejor que lo que está pasando ahora: que al recibir la obra no tenemos operador, no tenemos plan de inversión, no tenemos la infraestructura técnica, no tenemos clientes, no tenemos puerto.
Sin embargo, sí es importante el modelo de concesión. Incluso, parece que ya estaba sobre la mesa un acuerdo, negociado con mucha habilidad por la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, que contemplaba una participación del Estado de 20% en la compañía operadora de los puertos. Participación suficiente grande para garantizar al Estado el acceso a los libros e influencia en las decisiones estratégicas.
Participación suficientemente reducida para dejar la mera operación en manos de un consorcio con capacidad de inversión, con experiencia y con la relaciones con las navieras internacionales. Este acuerdo hubiera dejado en manos del Estado el resto del polo de desarrollo alrededor del puerto, no para empresas estatales, sino para un sistema de concesiones con diversos inversionistas y operadores, donde el factor común, coordinador y supervisor sería el Estado.
Este acuerdo, de por si ya tardío, pero por lo menos políticamente posible y económicamente razonable, recibió un torpedazo cuando Arturo Zablah, en la presentación de su candidatura dentro de la fórmula presidencial de ARENA, puso su veto. Con Él no iba a haber una concesión del puerto sin mayoría accionaria del Estado.
Uno entiende que de alguna manera el nuevo socio de ARENA tuvo que mostrar su hombría y su fidelidad a sus promesas de 'cambio.' Infortunadamente escogió mal el punto de honor. Todos respetamos a Arturo Zablah por su crítica consecuente a la manera como los gobiernos de ARENA han realizado las privatizaciones.
Todos esperamos que mantenga esta posición. Sin embargo, no hay que permitir que los fantasmas de las privatizaciones mal manejadas espanten a los pocos consorcios internacionales dispuestos y capaces de convertir al puerto de La Unión en el dinamizador de la economía nacional que queremos y necesitamos.
El gobierno ya tiene que cargar con la responsabilidad de no haber construido a tiempo un modelo de concesión que hubiera permitido iniciar las operaciones del puerto La Unión sin retrasos. No puede darse el lujo de ahora hacer suyo el veto de Arturo Zablah contra el modelo de concesión con participación minoritaria del Estado.
Ya tenemos el conflicto absurdo sobre la participación mayoritaria que la CEL quiere negar a la compañía italiana Enel en la empresa de generación geotérmica LaGeo.
Los italianos han hecho todas las inversiones financieras y tecnológicas que se comprometieron a hacer, y el gobierno no quiere cumplir con su compromiso de transferirles la mayoría accionaria.
Un malísimo antecedente en nuestra política de conseguir inversiones para un ambicioso plan energético. ¿Serán LaGeo y el puerto de La Unión muestras de un cambio en nuestra política de atracción de inversiones y transferencias de tecnologías?
¿Por qué expongo este caso en la sección Observador Electoral? Porque no escucho a los candidatos hablar del tema. Y lo que escuchamos de uno de ellos, es preocupante.
(Publicado en El Diario de Hoy, Observador Electoral)
