Aunque no me preguntaron, daré mis
respuestas, ya que las que obtuvieron no me satisfacen – a pesar de que mis
amigos Chico Bertrand, Salvador Samayoa y Rodrigo Ávila aportaron aspectos
interesantes. No así Carlos Ponce, el ideólogo anti-tregua. Claro, las mías son
un poco más controversiales...
1. Las prioridades a asumir
Primero: la prioridad que NO hay que
asumir. Muchos dentro del FMLN dentro y fuera de la PNC han planteado que lo
más importante es, esta vez sí, asegurar el control político-ideológico sobre
la PNC, y convertirla en un aparato de control territorial y político a
disposición del partido. Y para esto hay planes y condiciones ya creadas.
La prioridad en la PNC debería ser:
generar eficiencia policial, o sea persecución focalizada del delito, sin
continuar con las estrategias de represión masificada que genera más violencia.
Por más que el estado golpea a su entorno social, las pandillas no se debilitan
sino se fortalecen y se hacen más agresivas.
En materia de política integral de Seguridad la prioridad #1 tiene que ser:
crear las condiciones para que programas integrales (del Estado, del sector
privado, de ONGs y de la cooperación internacional) de prevención, reinserción
e reconversión de los asentamientos precarios puedan desarrollarse en base de
entendimientos con las comunidades, incluyendo los grupos al margen de la ley
que buscan reinserción. Estas condiciones son: bajar la violencia a niveles que
permiten comenzar la rehabilitación del tejido social; consensos nacionales que
incluyen el sector privado, iglesias, ONGs, universidades.
2. Los perfiles para los funcionarios
del gabinete de seguridad
En la PNC, un equipo de dirección no
partidario, sino que combina varias cualidades: profesionalismo policial; un
liderazgo que logra captar la confianza y restablecer la moral de todos los
efectivos; gran capacidad gerencial para administrar los recursos y la
logística; y altura intelectual para inteligencia, investigación y
planificación. Estas cualidades no existen en una sola persona, por esto el
Director necesita un Estado Mayor. Sugiero al presidente electo que nombre como
director de este equipo a Jorge Meléndez, el actual jefe de protección civil.
Es hombre de confianza para la dirección del FMLN, pero no actúa con lógica
partidaria. Esto es lo que necesita la PNC.
En el ministerio, hay que dividir tres
áreas, bajo el liderazgo de un ministro con extraordinarias capacidades
académicas y de planificación integral: Seguridad con un profesional con
experiencia en seguridad pública. Justicia, con un abogado calificado.
Intervención social, dirigido por un experto en políticas sociales, que
coordina la política de Seguridad con todas las intervenciones que el Estado
hace en cuento a prevención, juventud, reconversión de comunidades, etc.
3. Los errores cometidos que hay que
evitar
La politización de la PNC y de las
políticas de Seguridad es un error que tanto ARENA como el FMLN cometieron. Hay
que preservar el carácter plural y no partidario del cuerpo policial, principal
legado de los Acuerdos de Paz. Hay que evitar cualquier refrito de Mano Dura;
erradicar el concepto equivocado de medir la eficiencia de la PNC por la
envergadura de los operativos y la cantidad de capturas; aprender a perseguir
al delito sin reprimir a todo el contorno familiar, social y vecinal del
delincuente.
4. Pandillas y tregua
Sería fatal que el FMLN regrese al
análisis equivocado que sus funcionarios manejaron cuando controlaron Seguridad
entre 2009 y 2012. Este análisis decía que la mayor parte de la violencia no
estaba relacionado con pandillas, sino con “crimen organizado”. La tregua
mostró lo contrario: si le logra reducir la violencia relacionado con la guerra
entre pandillas, se reduce la violencia a niveles que dan respiro a la
población. El crimen organizado internacional al estilo mafia o cárteles de
droga son los fantasmas que se inventan los ineptos para explicar que no pueden
con los problemas caseros y sociales de las pandillas y de la juventud
marginada.
La tregua no es una cosa que el nuevo
gobierno tiene que decidir mantenerla o no, sino es un hecho consumado entre
las diferentes pandillas y un proceso abierto entre pandillas y sociedad civil.
El gobierno Funes quiso apropiarse de este proceso, pero sin invertir nada.
Quiso ser padre sin pagar alimentos. Esto fue el problema principal de la
tregua en tiempos de Funes, agravado aun por la llegada de Ricardo Perdomo que
además suspendió la facilitación del gobierno para la mediación de conflictos.
El gobierno sólo tiene que decidir cómo relacionarse
con el hecho de la tregua: o crear condiciones para que este proceso se haga
integral y irreversible (lo que intentó el gobierno política oficial entre
marzo 2012 y mayo 2013, con los resultados positivos conocidos); o diseñar
tácticas policiales que sabotean la tregua (como las adoptó el nuevo ministro
Perdomo a partir de junio 2013, con los resultados negativos también a la
vista).
La experiencia y la lógica indican: sin
una sensible reducción de la violencia, por ejemplo vía la tregua o vía los
pactos locales que lograron varios alcaldes, todas los demás componentes
(prevención, seguridad comunitaria, participación ciudadana, reinserción) no
son viables. Son otros millones de dólares botados.
La cuestión fundamental es si el nuevo
gobierno está dispuesto a realizar y focalizar las inversiones sociales
necesarias para que la reducción de la violencia se convierte en reducción de
delincuencia y en reinserción. Para esto hay que redefinir las prioridades del
gasto estatal, cosa que la administración Funes nunca hizo: gastó con la
regadera.
El gobierno no tiene porque negociar con
pandillas, pero sí con los alcaldes y las agentes de la sociedad civil que
logren acuerdos (locales, sectoriales o, en algún momento, nacionales) de
reinserción. Estos acuerdos, por lógica, tienen que incluir a los grupos que
están fuera de la ley y quieren reinsertarse.
5. Ejecutivo y Fiscalía
En todo lo relacionado con la persecución
del delito, la fiscalía debe tener el liderazgo. En todo lo relacionado con el
orden público, seguridad comunitaria y preventiva, el liderazgo es exclusivo
del Ministerio. No tiene que meterse la fiscalía.
La independencia de la FGR en cuanto a
investigaciones y judicializaciones tiene que reforzarse, y para esto la FGR
necesita más presupuesto y más personal.
(El Diario de Hoy)
