Aunque no me preguntaron, aquí mis respuestas

El Diario de Hoy publicó el jueves las respuestas de 4 analistas a 5 preguntas que les hicieron sobre los desafíos de Seguridad Pública para el nuevo gobierno.

Aunque no me preguntaron, daré mis respuestas, ya que las que obtuvieron no me satisfacen – a pesar de que mis amigos Chico Bertrand, Salvador Samayoa y Rodrigo Ávila aportaron aspectos interesantes. No así Carlos Ponce, el ideólogo anti-tregua. Claro, las mías son un poco más controversiales...

1. Las prioridades a asumir
Primero: la prioridad que NO hay que asumir. Muchos dentro del FMLN dentro y fuera de la PNC han planteado que lo más importante es, esta vez sí, asegurar el control político-ideológico sobre la PNC, y convertirla en un aparato de control territorial y político a disposición del partido. Y para esto hay planes y condiciones ya creadas.
La prioridad en la PNC debería ser: generar eficiencia policial, o sea persecución focalizada del delito, sin continuar con las estrategias de represión masificada que genera más violencia. Por más que el estado golpea a su entorno social, las pandillas no se debilitan sino se fortalecen y se hacen más agresivas.
En materia de política integral de Seguridad la prioridad #1 tiene que ser: crear las condiciones para que programas integrales (del Estado, del sector privado, de ONGs y de la cooperación internacional) de prevención, reinserción e reconversión de los asentamientos precarios puedan desarrollarse en base de entendimientos con las comunidades, incluyendo los grupos al margen de la ley que buscan reinserción. Estas condiciones son: bajar la violencia a niveles que permiten comenzar la rehabilitación del tejido social; consensos nacionales que incluyen el sector privado, iglesias, ONGs, universidades.

2. Los perfiles para los funcionarios del gabinete de seguridad
En la PNC, un equipo de dirección no partidario, sino que combina varias cualidades: profesionalismo policial; un liderazgo que logra captar la confianza y restablecer la moral de todos los efectivos; gran capacidad gerencial para administrar los recursos y la logística; y altura intelectual para inteligencia, investigación y planificación. Estas cualidades no existen en una sola persona, por esto el Director necesita un Estado Mayor. Sugiero al presidente electo que nombre como director de este equipo a Jorge Meléndez, el actual jefe de protección civil. Es hombre de confianza para la dirección del FMLN, pero no actúa con lógica partidaria. Esto es lo que necesita la PNC.
En el ministerio, hay que dividir tres áreas, bajo el liderazgo de un ministro con extraordinarias capacidades académicas y de planificación integral: Seguridad con un profesional con experiencia en seguridad pública. Justicia, con un abogado calificado. Intervención social, dirigido por un experto en políticas sociales, que coordina la política de Seguridad con todas las intervenciones que el Estado hace en cuento a prevención, juventud, reconversión de comunidades, etc.

3. Los errores cometidos que hay que evitar
La politización de la PNC y de las políticas de Seguridad es un error que tanto ARENA como el FMLN cometieron. Hay que preservar el carácter plural y no partidario del cuerpo policial, principal legado de los Acuerdos de Paz. Hay que evitar cualquier refrito de Mano Dura; erradicar el concepto equivocado de medir la eficiencia de la PNC por la envergadura de los operativos y la cantidad de capturas; aprender a perseguir al delito sin reprimir a todo el contorno familiar, social y vecinal del delincuente.

4. Pandillas y tregua
Sería fatal que el FMLN regrese al análisis equivocado que sus funcionarios manejaron cuando controlaron Seguridad entre 2009 y 2012. Este análisis decía que la mayor parte de la violencia no estaba relacionado con pandillas, sino con “crimen organizado”. La tregua mostró lo contrario: si le logra reducir la violencia relacionado con la guerra entre pandillas, se reduce la violencia a niveles que dan respiro a la población. El crimen organizado internacional al estilo mafia o cárteles de droga son los fantasmas que se inventan los ineptos para explicar que no pueden con los problemas caseros y sociales de las pandillas y de la juventud marginada.
La tregua no es una cosa que el nuevo gobierno tiene que decidir mantenerla o no, sino es un hecho consumado entre las diferentes pandillas y un proceso abierto entre pandillas y sociedad civil. El gobierno Funes quiso apropiarse de este proceso, pero sin invertir nada. Quiso ser padre sin pagar alimentos. Esto fue el problema principal de la tregua en tiempos de Funes, agravado aun por la llegada de Ricardo Perdomo que además suspendió la facilitación del gobierno para la mediación de conflictos.
El gobierno sólo tiene que decidir cómo relacionarse con el hecho de la tregua: o crear condiciones para que este proceso se haga integral y irreversible (lo que intentó el gobierno política oficial entre marzo 2012 y mayo 2013, con los resultados positivos conocidos); o diseñar tácticas policiales que sabotean la tregua (como las adoptó el nuevo ministro Perdomo a partir de junio 2013, con los resultados negativos también a la vista).
La experiencia y la lógica indican: sin una sensible reducción de la violencia, por ejemplo vía la tregua o vía los pactos locales que lograron varios alcaldes, todas los demás componentes (prevención, seguridad comunitaria, participación ciudadana, reinserción) no son viables. Son otros millones de dólares botados.
La cuestión fundamental es si el nuevo gobierno está dispuesto a realizar y focalizar las inversiones sociales necesarias para que la reducción de la violencia se convierte en reducción de delincuencia y en reinserción. Para esto hay que redefinir las prioridades del gasto estatal, cosa que la administración Funes nunca hizo: gastó con la regadera.
El gobierno no tiene porque negociar con pandillas, pero sí con los alcaldes y las agentes de la sociedad civil que logren acuerdos (locales, sectoriales o, en algún momento, nacionales) de reinserción. Estos acuerdos, por lógica, tienen que incluir a los grupos que están fuera de la ley y quieren reinsertarse.

5. Ejecutivo y Fiscalía
En todo lo relacionado con la persecución del delito, la fiscalía debe tener el liderazgo. En todo lo relacionado con el orden público, seguridad comunitaria y preventiva, el liderazgo es exclusivo del Ministerio. No tiene que meterse la fiscalía.
La independencia de la FGR en cuanto a investigaciones y judicializaciones tiene que reforzarse, y para esto la FGR necesita más presupuesto y más personal.  
(El Diario de Hoy)