A medida que empeora la situación del crimen y la violencia relacionados con el narcotráfico en el país, continuamente me pregunto cómo piensa la sociedad que este problema endémico va a empezar a solucionarse. ¿Creen acaso que los narcos simplemente van a desaparecer en algún momento? ¿Hacia cuáles nuevos territorios irían los carteles tan firmemente enraizados y sus ramas violentas, como ìLos Zetasî, ahora que México está en guerra abierta contra el narcotráfico, lo cual es en parte la razón por la cual los carteles buscaron a Guatemala como su nuevo paraíso? Volver a Colombia parece poco probable dada su erradicación casi total, la cual partió ese país por la mitad durante casi tres décadas. A pesar del reciente incremento en la violencia en Costa Rica relacionado con el crimen organizado, este país sería menos tolerante que el resto de Centroamérica, dada su larga tradición de paz y estabilidad. Lo mismo podría decirse de Panamá. Entre los países del triángulo del norte, incluso el gobierno de El Salvador aprobó recientemente una ley para atacar de frente el problema de la delincuencia, donde sólo estar asociado con una mara es delito. No, me temo que por ahora los narcos y sus métodos corruptos y violentos están aquí para quedarse en esta tierra de impunidad, a menos que se haga algo.
La Policía Nacional Civil con sus múltiples divisiones antinarcóticos no está lo suficientemente armada ni remunerada, lo cual conduce inevitablemente a la corrupción, haciendo que sus esfuerzos en el combate de este cáncer se vuelvan casi nulos. En vista de la débil aplicación de la ley, la sociedad ha tenido que depender más y más de fuerzas de seguridad privadas, llegando así a ser el segundo país latinoamericano más alto de agentes de policía privada, con una tasa de 7.5 oficiales privados por cada oficial público, después de la sorprendente proporción de El Salvador de 11.4 a 1. Hay una disminución significativa hacia el tercer lugar, Argentina, con una proporción de 1.7 a 1, comparativa a la proporción de 1.2 a 1 en los EE.UU. Económicamente, esto significa que los guatemaltecos gastan US$575 millones en seguridad privada, comparado con los US$250 millones que gasta el gobierno.
Hacer de la seguridad una prioridad presupuestaria podría explicar por qué un gobierno como el de Colombia ha tenido tanto éxito en el combate de este problema al gastar un promedio de 6% de su PIB en seguridad, comparado con el 1.9% que actualmente gasta Guatemala. Los acontecimientos recientes en Tikal Futura no son más que un buen ejemplo: 40 policías del gobierno no fueron suficientes para detener al narco y sus 23 guardaespaldas. Fortalecer la seguridad con recursos financieros debería ser una prioridad inmediata, aunque también hay medios legales para abordar el problema del crimen y la impunidad. Muchas reformas necesarias en ese sentido ya han sido articuladas y propuestas por la CICIG, pero parecen yacer inactivas en los pasillos del Congreso.
La lógica moral nos obliga a enfocarnos en atacar el problema desde su base. Estados Unidos y otros países de alto consumo de drogas deben ser instados a encontrar maneras de disminuir su demanda o incluso a empezar a legalizar ciertas drogas para eliminar las enormes utilidades ilícitas y sus organizaciones violentas que las sostienen. La legalización se está considerando seriamente en algunos países e incluso ya se permite tener pequeñas cantidades en México. La idea está recibiendo apoyo de algunos ex presidentes latinoamericanos tales como Vicente Fox, Fernando Cardoso y Cesar Gaviria. A pesar de esta tendencia en Latinoamérica, y suponiendo que la panacea es la legalización, no se podría esperar que nadie en el sistema político de los Estados Unidos apadrine en el futuro cercano este tema tan moralmente delicado.
Los americanos están más preocupados hoy por combatir tasas históricamente altas de desempleo, déficits fiscales insostenibles y una política exterior enfocada en la salida completa de sus tropas de Iraq, en eliminar el Talibán y Al Qaeda en Afganistán y Pakistán y de contener la amenaza nuclear de Irán, entre otras.
No. Por lo menos durante el próximo decenio la tarea de solucionar la narco-violencia endémica recaerá con fuerza sobre los hombros de la sociedad guatemalteca, aunque con pequeños aumentos en el apoyo financiero por parte de los Estados Unidos y con colaboración por parte de México y Colombia. Entonces ¿qué parte de la sociedad guatemalteca será la que responda a este llamado? ¿De quién es la responsabilidad en última instancia? Dada la fuerza financiera y casi militar del adversario, y dado que las instituciones políticas están mal financiadas y sin rumbo, sospecho que la respuesta en el corto plazo de muchos será la búsqueda de vecindarios más seguros, tomar más precauciones sobre cuándo y a dónde van en sus vehículos, hasta armarse o contratar guardias privados de seguridad si pueden darse el lujo. Algunos incluso podrían empacar sus pertenencias para escapar temporalmente al paraíso de seguridad de la sociedad americana-latina más cercano, Miami, mientras su país continúa desmoronándose bajo el peso de la falta de legalidad y la violencia que están arrinconando a Guatemala hacia lo que muchos han dado en llamarla un estado fallido. Esta última respuesta es particularmente devastadora, ya que los que abandonarían el país son aquellos que tienen más que perder al mismo tiempo son los que tienen los medios financieros y la influencia para hacer la diferencia. No hay una receta clara, pero si el gobierno no ha establecido las prioridades requeridas para evitar que la sociedad guatemalteca se caiga al precipicio, sus ciudadanos deben asumir esa responsabilidad. Esto implica pasar de ser espectadores pasivos y víctimas a ser ciudadanos de su país.
(El Periódico/Guatemala)
