El manejo de tierras es algo pendiente en esta administración. El gobierno de Saca ha tenido en el tintero, demasiado tiempo, las propuestas y aún estas parecen incompletas. La administración de tierras es un problema complejo que necesita de varias aproximaciones para funcionar. Porque el asunto no es si existen tierras ociosas, es partir de definir ¿qué es una tierra que no está produciendo insumos agrícolas?, ¿qué otros usos tiene? y ¿qué representa ponerla a producir?
Antes de comenzar a tratar de entender cuáles son las propuestas que se pueden hacer sobre las tierras “ociosas”, hay que partir de una radiografía clara. Para esto, el Gobierno ha invertido una buena cantidad de dinero y además de aumentar la deuda del país. El proyecto del CNR conocido como Chambita Medidor fue un buen comienzo, clarificó bastante el estado de las tierras privadas del occidente de El Salvador, lástima que no se resolvió igual para el oriente del país, ya que no se aprobó un préstamo para la segunda fase. Ahora el CNR se ha inventado una forma de poder cubrir esa parte del territorio, pero si la primera fase, con muchos recursos, no se desarrolló del todo bien, con la segunda tengo más dudas. Digo esto porque el CNR y el proyecto Chambita Medidor decidieron que las tierras estatales eran aquellas que sobraban de las tierras privadas censadas. Por tanto, las tierras estatales (manglares, zonas de protección de embalses, lagos, ríos y áreas protegidas) se redujeron.
Para corregir ese error, se han puesto en marcha dos proyectos. Uno plenamente asociado a Chambita Medidor, ya que se gestó en su seno: el Proyecto Administración y Consolidación de Áreas Protegidas (PACAP), el cual es un esfuerzo para corregir los errores del sistema de Chambita Medidor y de poner en marcha dos áreas protegidas piloto: San Diego-La Barra y Bahía de Jiquilisco. Además de este proyecto, a iniciativa de USAID, se está desarrollando un proyecto de manejo integral de cuencas en el occidente de El Salvador; esto permitirá la reforma y reestructuración del sistema de conservación de la zona suroccidental. Oriente sigue siendo la tierra olvida en todo este esfuerzo de clarificación de las tierras de El Salvador.
Pero este es un problema que se está trabajando para solucionarlo, para mejor o peor, habrá que ver los resultado de estos proyectos, de los que, por cierto, deberíamos tener más información. El proyecto de cuencas costará ocho millones de dólares y PACAP diez millones; con ese dinero se debería poder ver resultados y más discusión sobre el asunto del manejo de tierras. Pero esperemos y confiemos que la administración de estos proyectos esté consciente de la responsabilidad que tienen con el tema, porque esto es el sustento de otras propuestas como la ley de arrendamiento de tierras.
Esta ley tiene dos componentes principales. El primero es permitir que las tierras del sector reformado puedan ser arrendadas; de momento, no es posible. Hay cooperativas que funcionan muy bien y obtienen beneficios. Otras que no funcionan. Otras que no pueden hacer producir todas las tierras que tienen. Pues de lo que se trata es que, en el caso de las dos últimas, puedan obtener beneficios extra por las tierras que ya no pueden administrar. Las cooperativas que no funcionan podrán obtener beneficios económicos que les permita reactivarse o subsidiar su propia producción. Esto abre un abanico de posibilidades.
En segundo lugar, debería de servir para establecer las reglas del juego, qué se vale y qué no; por ejemplo, los privados que arriendan tierras tienen temor a invertir. En el agro uno tienen que pensar a futuro: se invierte hoy para ver beneficios en tres, cuatro o cinco años. Si los contratos de arrendamiento son iguales a los de alquiler de un apartamento, seguro que al arrendatario no le conviene invertir. Así, la producción no crecerá, así no hay beneficio claro.
Y es que estas dos medidas permitirán que pueda desarrollarse una mayor agroindustria nacional. Hay algunas producciones en las que las 300 manzanas que son el límite constitucional de propiedad privada no son suficientes. Así que, si queremos desarrollo agrícola, necesitamos poder utilizar mayores cantidades de tierra.
Pero esto tiene un problema que está en la definición de tierras “ociosas”. Normalmente se piensa que toda la tierra que no produce es ociosa y no cumple ninguna función. Esto no es cierto; y al pensarlo, se podría pasar por alto el papel que juegan las áreas protegidas. Muchas tierras reservadas para conservación, atrapadas en interminable proceso entre el ISTA y el MARN, podrían ser interpretadas como ociosas; esto sería un error y un retroceso increíble en la conservación en El Salvador. Hay que definir prioridades. Entiendo que el PACAP tiene proyectado contribuir al respecto, con un estudio sistemático de las tierras, para determinar cuales de esas áreas tienen potencial de conservación.
Para evitar el problema de la definición de tierras ociosas, el proyecto de ley de arrendamiento de tierras debería incluir un componente, la custodia del territorio. Dentro de los proyectos de conservación de tierras privadas, la custodia del territorio es probablemente una de las mejores alternativas. En El Salvador tenemos una red de reservas privadas que ha hecho grandes esfuerzos de consolidación, pero falta mucho camino por recorrer. Mejores ejemplos son áreas como Cinquera, La Montañona o Río Sapo, donde hay una gestión comunitaria de las áreas protegidas; aun así, el gran problema es la gestión financiera de estos proyectos.
La custodia del territorio puede ser una alternativa para la gestión de estas tierras privadas: en Cataluña la Xarxa de Custódia del Territori ha hecho muy buenos esfuerzos para desarrollar el tema. Así también, la Asociación Territorios Vivos en la comunidad de Madrid ha desarrollado el tema. La custodia consiste en que estas tierras privadas con valores especiales para la conservación son entregadas para su administración a entidades gubernamentales o privadas. Así, los dueños reciben un ingreso por arrendar estas tierras y las entidades se encargan de rentabilizar la conservación de las mismas. Igualmente estos esfuerzos necesitan establecer reglas del juego, para que los privados no pierdan propiedad de su tierra, pero que la inversión que se realice en estas tierras sea sostenible.
Se necesita que ambas partes vean beneficios tangibles en estos acuerdos y tengan un sustento legal fuerte. Tanto sea para fomentar la producción agropecuaria nacional o la conservación. Para esto, necesitamos una entidad hermana del MAG y del MARN para integrar la gestión de tierras, un verdadero instituto de tierras que pueda regular estos contratos; así se crea un sistema de manejo de tierras, parte del sistema nacional de producción agrícola y un sistema de conservación. Creo que tenemos un camino muy bueno que recorrer en este sentido. Sigamos adelante y no demos pasos atrás en los esfuerzos de clarificar, ordenar y desarrollas las tierras “ociosas” y productivas en El Salvador.
