México necesita una Guardia Nacional realmente civil. De Catalina Pérez Correa

El nuevo cuerpo de seguridad no fue concebido como un organismo militar, aunque en la práctica lo sea. Continuar así puede poner en riesgo el legado de López Obrador.

Una mujer guatemalteca le pide a un miembro de la Guardia Nacional de México que la deje cruzar a Estados Unidos en Ciudad Juárez.CreditCreditFoto: José Luis González/Reuters

Publicado en THE NEW YORK TIMES/español, 8 agosto 2019 

OAXACA DE JUÁREZ, México — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la Guardia Nacional uno de los bastiones de su plan de seguridad para enfrentar los índices históricos de violencia en México. Sin embargo, en el acto en el que se inauguró oficialmente, el 30 de junio de este año, quedó claro que este nuevo cuerpo de seguridad será, ante todo, militar. 

Flanqueado por el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, López Obrador recorrió en un vehículo Campo Marte. Atrás, en un segundo plano, viajaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien, conforme a la ley, tiene el mando de la Guardia. El auto avanza ante filas de soldados que han cambiado su uniforme verde olivo por uno blanco con camuflaje gris. Nada en la imagen dice civil.

A pesar de que la nueva institución se estableció en la constitución mexicana explícitamente como un organismo policiaco y civil, en los hechos es militar. El armamento, el personal, el entrenamiento y los mandos de la Guardia son castrenses. Al construir un nuevo cuerpo militar para actuar en materia de seguridad pública, López Obrador está optando por la continuidad de las fracasadas políticas de seguridad pública de los dos gobiernos anteriores. Con ello, AMLO no solo pone en juego la credibilidad y legado de su gobierno, sino también los derechos humanos de los mexicanos y de todas las personas que transiten por este país.

La falta de capacitación de los miembros del ejército en seguridad ciudadana y la impunidad que históricamente ha existido para las fuerzas armadas mexicanas hacen que su presencia entre la población civil signifique un riesgo que el gobierno de López Obrador no debe permitir.

Es simbólico que el mismo día en que se inauguró la Guardia, pero cinco años antes, sucedió uno de los peores abusos documentados por parte de militares mexicanos. El 30 de junio de 2014, miembros del ejército mataron a veintidós civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Inicialmente, el procurador de la entidad afirmó que se trató de un enfrentamiento con criminales. Sin embargo, testimonios dados a conocer después afirmaban que se había tratado de ejecuciones de civiles por parte de militares. En su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, además se había alterado la escena del crimen —al mover los cuerpos y las armas para que pareciera un enfrentamiento— y se había torturado a las sobrevivientes. A la fecha, ningún militar ha sido sancionado por el homicidio. Este caso permite advertir los peligros que conlleva el despliegue militar, especialmente cuando no existen controles fuertes o mecanismos de supervisión serios.

Pero la Guardia militar no solo representa un enorme riesgo para la población, también insiste en la continuidad de una política que durante doce años ha resultado ser un fracaso. El alza en el índice de homicidios en el país, que este año ha vuelto a romper récord —junio y febrero de 2019 se convirtieron en los meses más violentos en dos décadas— son prueba de que la militarización no funciona. El incremento de violencia está directamente ligado al despliegue militar y a los enfrentamientos que resultan de este. Como señala Benjamin Lessing, experto en conflictos criminales de la Universidad de Chicago, la respuesta militar contra el crimen organizado provoca una escalada de violencia de los grupos delincuenciales y una carrera armamentista imposible de ganar para los gobiernos. La idea de querer solucionar todo tipo de problemas de inseguridad con instituciones federales —en lugar de construir policías y fiscalías locales— tampoco funciona. En su conjunto, la estrategia de desplegar una Guardia Nacional militar es una mala política pública que lejos de mejorar la seguridad implica mayores riesgos para todos.

Las nuevas leyes que regulan la Guardia generan aún más preocupación, ya que dan a los militares más facultades de lo que hizo la controversial Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hace menos de un año. Entre las 44 facultades explícitas del nuevo cuerpo está la de prevenir delitos, detener a personas, atender víctimas, intervenir comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real (aun sin que exista denuncia de por medio). Sus elementos pueden custodiar centros penitenciarios, utilizar armas —incluso letales— contra quienes participen en manifestaciones, detener a migrantes y asegurar bienes. Todas estas facultades se ejercerán sin controles serios y sin rendición de cuentas de instituciones civiles o del poder legislativo.

Dados los riesgos que esto representa para las libertades y seguridad de las personas, la CNDH presentó recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras estos casos se resuelven, la Guardia ya está operando en buena parte del país. Las primeras imágenes que circularon son desalentadoras: militares con la insignia de la Guardia detuvierona familias migrantes, catearon a pasajeros de autobuses y hasta a usuarios del metro de Ciudad de México.

Existen inquietudes legítimas sobre la capacidad de los elementos que integran la Guardia de llevar a cabo tareas de seguridad pública entre la población. La supuesta capacitación para reconvertir a soldados en policías —pero que solo algunos han recibido— dura apenas siete semanas. En este tiempo un soldado entrenado para hacer la guerra debe, supuestamente, quedar preparado para realizar todo tipo de funciones con el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Sin embargo, solo pasaron unos días de sus primeras actividades para que se denunciara el intento de ingreso ilegal a un albergue de migrantes.

La reforma constitucional aprobada para dar vida a la Guardia dio un periodo de cinco años para que el presidente pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” mientras se desarrollan la estructura y capacidades de esta nueva institución. Es decir, la autorización constitucional para usar cuerpos castrenses en seguridad pública es una herramienta complementaria y paralela a la Guardia Nacional, no una autorización para militarizar el nuevo cuerpo policiaco. No es un permiso para hacer de la Guardia un organismo militar, sino una medida para dar tiempo a la construcción de la Guardia como la policía profesional que México requiere.

Si López Obrador quiere que su gobierno represente un cambio, debe apoyar a los municipios y estados en la construcción o reforma de sus cuerpos policiacos a fin de profesionalizarlos. Debe, además, hacer de la Guardia Nacional la policía profesional, civil y con mecanismos de rendición de cuentas fuertes que tanto necesita México.

Catalina Pérez Correa es profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otra vez las pensiones. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, ex presidenta del Centro
de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019

La pensión concedida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a monseñor Fabio Colindres ha causado malestar en un sector de la población. Tres mil dólares mensuales, en un país en el que las pensiones del resto de trabajadores son de hambre, deben hacernos analizar otra vez la sostenibilidad de este tipo de pensiones financiadas con fondos públicos, así como las reformas al sistema del resto de trabajadores.

En un reporte realizado por la revista “Séptimo Sentido” se describe a las pensiones del IPSFA con un calificativo preocupante: insostenibles. Dichas pensiones son financiadas con fuertes inyecciones estatales que, desde el año 2016, resultan insuficientes, pues los montos solicitados difieren con los asignados en el Presupuesto General de la Nación. Además, son desiguales: las cantidades van desde los $100 a los $3,500, dependiendo del rango. No se puede seguir evadiendo el análisis de sostenibilidad de IPSFA.

Ahora que tenemos la atención e indignación de los funcionarios por el monto de la pensión del capellán militar, también es hora de que se ponga sobre la mesa una discusión seria sobre el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). No podemos seguir bajo la sombra de placebos temporales y de reformas insuficientes en las que siempre salimos perdiendo nosotros, los trabajadores. La última reforma se realizó en el año 2017; en marzo de 2019 ya se discutía la necesidad de volver a realizar otra serie de modificaciones al sistema.

La reforma realizada en el año 2017 a la Ley del SAP, como lo señalé en una columna de esa época, fue para lo único que nos alcanzó en medio de partidos políticos poco dispuestos a sentarse a dialogar y resolver los problemas del país. En ella se incluyó cambios sustanciales al sistema, pero no tocó nada sobre aspectos trascendentales que habrían dado sostenibilidad y seguridad a largo plazo al mismo.

En el 2017 no se abordó la ampliación del número de personas que cotizan a las AFP ni dijo nada sobre el aumento en la edad de jubilación de los trabajadores. En El Salvador solo el 25 % de la población económicamente activa cotiza al sistema de pensiones, a pesar de las grandes responsabilidades que recaen sobre una parte de sus aportes.
Pasan los años y seguimos evadiendo el tema de los años de cotización. La población está viviendo más tiempo y probablemente lo ahorrado no nos alcance para cubrir la totalidad de años de vejez. En la ley se mantiene el requisito de edad de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, a pesar de que muchos funcionarios y expertos en la materia están conscientes de que es necesario aumentar esa brecha de acuerdo a la esperanza de vida que ronda en promedio los 72 años.

Ya no podemos seguir conformándonos con retazos de reforma. La última realizada fue técnicamente mediocre ya que no abordó los aspectos fundamentales del problema; su principal logro fue aliviar la carga fiscal del gobierno, una cuestión que no pertenece propiamente al tema de pensiones. Además, nos quedaron debiendo la garantía técnica que nos asegurara que en un par de años lo hecho no se viene abajo.

Ojalá esta nueva puesta en escena del tema de las pensiones sirva para analizar una alternativa que vuelvan sostenibles y dignas –para todos– las pensiones en El Salvador. Aunque los puntos trascendentales que deben abordarse para reformar el sistema de pensiones son impopulares, es algo que debe hacerse. Además, hay que insistir que los ahorros de los trabajadores deben respetarse y no intentar meterle mano como hicieron los gobiernos anteriores.

El Ejecutivo y el Legislativo deben tomar la batuta en plantear soluciones sostenibles y no alargar una discusión realista sobre el tema. Ya no podemos, año con año, estar planteándonos reformas legales al sistema de pensiones.

Activistas a la fuerza. De Cristina López

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019 

El pasado jueves, la agencia estadounidense de inmigración y fronteras (mejor conocida como ICE) ejecutó una redada en el estado de Missouri. La hicieron en plena jornada laboral, en una planta empacadora de comida, porque sin duda el lugar donde se puede encontrar más inmigrantes de una vez es en el lugar de trabajo, haciendo lo que muchos vinieron a hacer a los Estados Unidos por no tener opciones en los países que dejaron atrás: trabajando, no envueltos en operativos criminales o abusando de los sistemas de asistencia, sino contribuyendo activamente a la economía del país en el que muchos han ahora establecido familias, costumbres, hogares. La redada tuvo un recaudo de cientos de inmigrantes detenidos por no tener documentos: alrededor de seiscientos. Las autoridades justificaron los operativos sorpresa en que consistían en una excelente medida para castigar a los empleadores que contratan personal indocumentado y que así ponían sobre aviso a plantas de producción con similares prácticas.

Mientras tanto, en una escuela de la zona, varios niños se quedaron preguntando por qué no venía nadie a recogerlos. Las verdaderas víctimas de las redadas masivas no son los empleadores a los que Trump pretende enseñar una lección: son los miles de niños que viven con la angustia de que a sus padres se los pueden llevar en cualquier momento. Son los niños que se despiden sin saber si su adiós fue el último. Los que crecen temiéndole a las autoridades y aprenden, por lo tanto, a evitar llamar a la policía o a cualquier ambulancia incluso en casos de emergencia o criminalidad porque cualquier paso en falso puede resultar en la disrupción de su familia.

Muchos de estos niños han relatado sus historias en cámara para distintos noticieros. En sus plegarias a las autoridades para que les devuelvan a sus padres, explican también que ninguno de ellos son criminales, que trabajan para que nada les falte, y que aman a este país. Niños de 6 ó 7 años, que no tendrían por qué entender de políticas públicas ni de partidos políticos, forzados a convertirse en activistas de la noche a la mañana para preservar la unidad de sus familias, sin poder tomarse el tiempo para procesar el evento traumático del que acaban de ser víctimas.

Las protestas y críticas obligaron a las autoridades a revertir el curso y en el caso de Missouri, a poner en libertad a alrededor de 300 detenidos por “razones humanitarias”, puesto que de alguna manera había que solucionar la crisis auto-infligida de tener gimnasios escolares abarrotados de niños sin nadie que pudiera ir a buscarlos para llevarlos a su casa. Sin embargo, haber revertido el curso a medias en nada soluciona el verdadero problema: un sistema migratorio complejísimo, carísimo de navegar y diseñado a todas luces para desincentivar la inmigración autorizada.

Y razones para reformar el sistema sobran: muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses y es a estos a los que su gobierno les debe, por pura justicia, una acción que pueda compensar por el trauma al que los continúan sometiendo en nombre de su propia seguridad.

@crislopezg

¿País Seguro? Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 11 agosto 2019 

Si a algún jefe de gobierno de la Unión Europea se le ocurriera declarar Siria ‘tercer país seguro’, donde los refugiados de Irak o Afganistán pueden estar seguros de persecuciones y bombas mientras esperan sus trámites de asilo en Francia o Alemania, lo declararían loco. Todos saben que en Siria reinan las mismas condiciones de guerra de los cuales la gente huye en Afganistán e Irak. ¿Cómo concebirlo como seguro?

Bueno, algo parecido está proponiendo (más bien imponiendo) el gobierno de Trump a sus vecinos. Amenazando a México con excesivos aranceles sobre sus productos, Washington consiguió que el presidente López Obrador aceptara para su país el estatus de 'tercer país seguro’, a pesar de que es uno de los países de origen de la migración que Trump quiere detener. Además de albergar decenas de miles de migrantes centroamericanos, cuyo destino es Estados Unidos, México movió buena parte de su Guardia Nacional a la frontera Sur para evitar que lleguen más migrantes que quieren cruzar su territorio y entrar a Estados Unidos.

Luego, usando las mismas tácticas de extorsión, Trump obligó al presidente de Guatemala a aceptar el mismo trato. Ahora los migrantes hondureños y salvadoreños son retenidos en Guatemala o incluso rechazados en la frontera con Honduras y El Salvador. Guatemala tuvo que firmar un convenio que lo convierte en 'tercer país seguro’, a pesar de que sufre del mismo cáncer de violencia del cual huyen en sus países vecinos.

Y ahora un alto funcionario de seguridad de Estados Unidos propuso que El Salvador firmara un convenio para también convertirse milagrosamente en 'país seguro'. Nuestra misión no sería detener a los migrantes que vienen del Sur transitando por nuestro país, porque son muy pocos, sino detener a nuestra propia gente - y esto sería, además de inhumano, inconstitucional. Sólo faltaría recetar la misma etiqueta a Honduras, y los principales países que producen esta ola de migración hacia Estados Unidos serán convertidos milagrosamente en ‘países seguros’: todo el famoso y violento ‘triangulo del Norte’... 

Veamos cuál es el concepto del ‘tercer país seguro’, que Trump está llevando al absurdo con su obsesión de convertir a sus vecinos en el baluarte para parar a los migrantes.

El primer país sería el de origen de los refugiados, desplazados o migrantes, digamos El Salvador. El segundo país sería el destino, digamos Estados Unidos. Pero este segundo país se siente inundado (o según Trump y el ‘shooter’ de El Paso: invadido) por masas de migrantes según ellos ‘ilegales’. Una parte logra filtrarse de los controles; otra parte es detenida por las patrullas fronterizas, solicita asilo y termina en centros de detención para esperar su permiso de asilo o su repatriación. Por esto, el segundo país dice: Esta gente que viene de El Salvador, pasa por Guatemala y por México, países que no hacen nada para detenerlos. Mejor obliguemos a estos países que crean condiciones para que los salvadoreños pueden quedar en estos países de tránsito, para que sean más o menos seguros. Que presenten su solicitud de asilo para Estados Unidos desde Guatemala o México, y que los gobiernos de estos países les den albergue, comida, y acceso a educación y salud - si es necesario, lo financiamos nosotros. Nos sale mucho más barato que tener a toda esta gente detenida en Texas o New México.

Lo mismo está pasando con la ola de millones de refugiados que de los países en guerra del Medio Oriente huyen a Europa. En vez de dejarlos llegar a su propias fronteras, los europeos hacen convenios de ‘tercer país seguro’ con Líbano, Jordania, Turquía, Libia, donde millones de sirios e iraquíes están viviendo en campamentos de refugiados financiados por la Unión Europea. 

Para que esto más o menos funcione, tienen que cumplirse algunas condiciones básicas. Por ejemplo, que los países en cuestión realmente sean seguros para los migrantes – cosa que no es el caso por ejemplo en Libia, donde hay guerra civil y un gobierno que no controla las múltiples milicias. Y tampoco, obviamente, en Guatemala o El Salvador, donde persisten las condiciones de inseguridad y violencia por las cuales la gente abandona estos países.

La otra condición es que estos países, con ayuda de otros, tengan la capacidad de ofrecer a los migrantes condiciones mínimas de alimentación, educación y salud. Esta condición tampoco se cumple en Libia, y los organismos internacionales de derechos humanos presionan a Europa para que dejan de considerar este país como ‘seguro’. Se puede dudar que todas estas condiciones mínimas están dadas en México, y ciertamente no están dadas en Guatemala y El Salvador.

Por todas estas razones, no hay que permitir que los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador, cada uno por separado y para quedar bien con Estados Unidos, negocien con Trump estos absurdos convenios de ‘tercer país seguro’. Está bien que el presidente Bukele quiera mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero no al precio de atentar contra intereses vitales del país y sus ciudadanos - y jamás bajo extorsión. 

Carta a los ministros: ¿Y el presupuesto 2020? De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 8 agosto 2019

Estimados ministros:
Suena bien lo que varios de ustedes han dicho: “No soy ministro de escritorio, sino de territorio”. Hemos visto diariamente, ya por 10 semanas, las fotos y los videos de ustedes caminando por cantones, siempre rodeados de otros ministros, guardaespaldas y fotógrafos, anunciando a los pobladores sorprendidos la pronta construcción de calles, puentes, bibliotecas y escuelas.

Y como el presidente les ha exigido que no paren estas giras, han ido de boy scouts los domingos y las vacaciones. Está bien. Ya todo el mundo entendió el mensaje: Este gobierno es diferente al saliente de Sánchez Cerén, es activismo sin parar; ustedes tienen caravanas del “Buen Vivir“ y “Gobernando con la Gente” todos los días, mientras el FMLN las armó solamente los sábados.

Una vez que todos hemos entendido el mensaje, ustedes deberían recordarse que a finales de agosto tienen que entregar el presupuesto general de la nación para el año 2020. Ahora están obligados a gobernar todavía con el presupuesto hecho por el gobierno, lo que es un gran huevo, porque el presupuesto es el plan de gobierno en números, el de verdad. Y en el 2020 al fin va a gobernar con el presupuesto que pondrá en números las nuevas ideas de su presidente...

Uno comienza a preguntarse y preocuparse: ¿Y cómo (y a qué horas) los ministros van a rehacer todos los planes de sus respectivas instituciones, redefinir las prioridades para que correspondan a “las transformaciones” que quiere hacer el presidente, calcular los costos y las inversiones necesarias? ¿Cómo y a qué horas, cuando todos los días los ministros mismos andan conociendo cantones y comunidades y nunca están sentados en sus escritorios?

-Ahhh, van a decir ustedes, sólo en el territorio y hablando con ”el pueblo” podemos ver las necesidades...

-Hmmm, diría yo, pero para esto cada ministro tiene sus técnicos, sus asistentes, mejor aprendan a delegar...

-Ahhh, pero necesitamos que “el pueblo” nos vea, de nada nos sirven fotos y videos con técnicos que nadie conoce...

Además tienen otro problema. Hasta ahora, de los casi 3,000 funcionarios “de confianza” que el presidente tiene que nombrar para hacer funcionar bien su gobierno, faltan por lo menos 2,000. Y los 1,000 que ya están trabajando, todavía andan perdidos. 

Entonces, mientras ustedes anden de boy scouts,¿quiénes van a producir en cada ministerio, en el FISDL, en Fonavipo los datos confiables, que necesita Hacienda para elaborar el presupuesto que refleje la nueva forma de gobernar y las nuevas prioridades de ustedes? Lo van a hacer los que siempre han estado en los ministerios y en Hacienda, los mismos de siempre. ¿Y saben lo que va a pasar? Ellos van a fabricar un presupuesto 2020 muy similar al 2019, con las mismas prioridades de siempre.... ¿Por qué? Porque nadie de ustedes está preparado para sentarse en su escritorio y elaborar, estructurar, calcular lo que significaría la aplicación de sus nuevas ideas. 

Parece que andar diariamente en “el territorio” es un gran esfuerzo y sacrificio. Por lo contrario, es la parte más fácil. Lo difícil es traducir lo que ven y escuchan en políticas pública, en proyectos, en presupuestos – en cosas reales y concretas.

Esperando con curiosidad su presupuesto de la nación 2020. 

Saludos,

Carta a los que ejercemos poder mediático: El discurso de odio sí mata. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 6 agosto 2019

Algunos de los masacres en escuelas, cines o shopping malls de Estados Unidos son hechos difusos, parecen locuras al azar, expresiones genéricas de un país enfermo de resentimientos, miedos, violencias.

Pero algunos de estos masacres, como la reciente de El Paso, no tienen nada de violencia difusa, son mensajes absolutamente claros de odio racial contra latinos, o étnico contra migrantes y vecinos mexicanos. Son absurdos los titulares que encuentro en varios periódicos de Estados Unidos o América Latina hoy: “Estados Unidos investiga si matanza en Texas fue crimen de odio a hispanos” (Prensa Gráfica de lunes 5 agosto). No hay nada que investigar, es obvio: el tipo publicó antes que iba a El Paso a matar a mexicanos, como si fuera expedición de caza de conejos o un job de exterminador de plaga. 

Aquí el carácter del odio y su blanco, chicanos y mexicanos, es tan claro como su contexto político: el discurso anti migrantes con el cual Trump quiere volver a ganar las elecciones. Ambos Trump y el tirador de El Paso hablan de que Estados Unidos tiene que defenderse de una “invasión” de mexicanos y otros latinos que vienen cruzando la frontera. De esta manera, parece lógico que el tirador de El Paso, quien vive a 10 horas de carro de la frontera, haya atravesado todo Texas para llegar a la frontera Sur, donde hay que repelar esta invasión. En este caso la invasión diaria de ciudadanos de Ciudad Juárez que entran a El Paso por los cruces fronterizos, pasaporte en mano, para ir a trabajar o comprar en El Paso. Por ejemplo al Walmart, donde les esperó el tirador anti invasión.

El móvil es tan claro como en la matanza en las discoteca gay de Orlando hace dos años. Tampoco fue odio difuso, fue odio a homosexuales que llevó al tirador a entrar en el club “Pulse” y ejecutar a 49 jóvenes, la mayoría homosexuales. No tenía ningún sentido preguntarse si esta matanza fue expresión de odio contra una minoría sexual, así como luego de lo El Paso es absurdo preguntarse si en Estados Unidos existe odio contra mexicanos.   

Lo que sicólogos, sociólogos -y tal vez criminólogos- tendrán que investigar es el impacto de la coincidencia del discurso del presidente de Estado Unidos con el “manifiesto“ del shooter de El Paso. Cito del New York Times del 4 de agosto:

En la última campaña electoral del año pasado, el presidente Trump reiteradamente advirtió que su país estaba bajo ataque de migrantes marchando sobre la frontera. “Es una invasión”, dijo Trump en un evento electoral. Nueve meses más tarde, un hombre blanco de 21 años es acusado de abrir fuego en un Walmart en El Paso, matando a 20 personas y hiriendo a docenas más, luego de escribir un manifiesto clamando contra la migración y anunciando que su ataque “es una respuesta a la invasión hispana de Texas.“

Lo más absurdo: El Paso siempre ha sido una ciudad latina. ¿Cómo los latinos invaden lo que es suyo?

Siempre pensamos que palabras no matan. Por lo menos no directamente. Pero los que ejercen poder político y mediático tienen que responsabilizarse de su palabras, porque hay quienes los toman literalmente y las ponen en práctica. Discurso político de odio, de esta manera, sí mata.

Saludos,

¿La socialdemocracia puede salvar a la democracia? De Jorge Castaneda, con un comentario de Paolo Luers

Publicado en THE NEW YORK TIMES/español, 2 agosto 2019

CIUDAD DE MÉXICO — En estos días hay un debate en el interior del Partido Demócrata estadounidense sobre qué tipo de candidato puede derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Un candidato centrista atraerá a los electores republicanos moderados, pero tal vez desmovilice a los demócratas jóvenes, con estudios universitarios y pertenecientes a minorías. Un candidato más emocionante, tal vez más radical, movilizará a los demócratas, pero ahuyentará a los republicanos moderados. Desde la perspectiva de un extranjero, el debate es una señal de un cambio histórico.

Desde la perspectiva de un ciudadano del país que probablemente ha sufrido más por las políticas de Trump, esta discusión interna es señal de un cambio histórico. A largo plazo, el viraje del Partido Demócrata a una identidad más socialdemócrata puede significar algo más que solo derrotar a Donald Trump en 2020. Este es el aspecto más interesante y atractivo de esta campaña presidencial estadounidense. Los recientes debates presidenciales democráticos revelaron que el centro de gravedad del partido se ha desplazado hacia la izquierda: los miembros más liberales parecen cada vez más socialdemócratas y los más moderados, cada vez más liberales.

El movimiento socialdemócrata se originó en Alemania a finales del siglo XIX, con Otto von Bismarck, el primer canciller de ese país. Después proliferó y floreció en Europa occidental como un antídoto contra la violencia de la Revolución rusa, el surgimiento del comunismo totalitario y la destrucción ocasionada por las dos guerras mundiales.

En Europa, y más tarde en América Latina, los gobiernos se enfocaron en la función del Estado para regular las economías de mercado, proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, intentar reducir la pobreza y la desigualdad —en la medida de lo posible— con un modelo capitalista, defender el medioambiente y fortalecer los sindicatos, los partidos de los trabajadores y las instituciones progresistas.

Estados Unidos no siguió esa corriente, en gran parte porque no enfrentó los mismos desafíos. El modelo de libre mercado estadounidense —más desregulado, en el que cada quien actúa en aras de sus intereses— funcionó durante años sin partidos laboristas ni sindicatos fuertes, con una intermediación reducida y distante del Estado en el mercado y la sociedad, y con la exclusión de sectores importantes de los habitantes de esa sociedad.

El Nuevo Trato de Franklin Delano Roosevelt puede considerarse una respuesta semisocialdemócrata a la Gran Depresión; pero no perduró. Hasta la elección de Ronald Reagan en 1980, el crecimiento constante de la economía de Estados Unidos mantuvo la desigualdad a niveles bajos y la clase media prosperó. Los estadounidenses podían darse el lujo de tener un Estado benefactor más pequeño y menos costoso debido a su clase media rica. Después de la década de los ochenta, eso comenzó a cambiar.

Europa ha logrado controlar la desigualdad mucho mejor que Estados Unidos. Los sistemas fiscales redistribuyen el ingreso entre todos los países e incluyen beneficios generosos como seguridad social, servicios médicos y prestaciones por desempleo. Hoy, después de cuatro décadas de aumento de la riqueza y la polarización del ingreso, de mayor tensión racial y desafíos internos cada vez más grandes, un sector del electorado estadounidense por fin está buscando implementar lo que los europeos construyeron a lo largo del medio siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones que hicieron posible que Estados Unidos funcionara sin un Estado de bienestar extenso, generoso y costoso pero muy popular han ido desapareciendo poco a poco.

Paradójicamente, es posible que el auge de la socialdemocracia en Estados Unidos evite que muera en Europa. A excepción de España, los partidos socialdemócratas están perdiendo impulso en el Viejo Continente. Los experimentos socialistas moderados en Brasil y Chilehan perdido terreno al sur del río Bravo, en tanto que a la versión mexicana no le está yendo bien.

La esperanza de que la socialdemocracia por fin llegue a Estados Unidos se deriva de posturas que están adoptando los contendientes que buscan la candidatura del Partido Demócrata. Por primera vez desde Roosevelt y el Nuevo Trato, los candidatos demócratas están proponiendo políticas enfocadas en reducir la desigualdad, ayudar a los pobres, impulsar a los jóvenes, proteger a los ancianos y considerar los problemas de raza en un contexto distinto. De hecho, ideas que en 2016 se consideraban radicales o extremas, ahora se han vuelto parte de la conversación de la corriente dominante.

Los servicios médicos universales o Medicare para todos, ya sea con un pagador único o mediante una opción privada para aquellos que lo prefieran, cuesta muchísimo dinero. Lo mismo puede decirse del cuidado infantil universal y gratuito, así como de la licencia parental para todos, prestaciones fundamentales ahora, cuando como nunca antes hay más padres y madres que trabajan fuera de casa. Casi todos los contendientes demócratas a la candidatura apoyan el aumento al salario mínimo a quince dólares por hora y la educación pública superior gratuita. El financiamiento de estas propuestas requiere medidas típicamente socialdemócratas: elevar los impuestos actuales o crear nuevos.

Es probable que, si un candidato comprometido con muchas de estas ideas resulta electo, no sea capaz de cristalizar estas promesas. Sin embargo, en conjunto, estas propuestas representan un cambio de 180 grados en la política estadounidense. En las elecciones intermedias, los votantes ya eligieron a dos congresistas que se identifican como socialistas. Una encuesta reciente de Fox News reveló que aumentar los impuestos a las personas que ganan más de 10 millones de dólares anuales tiene un amplio apoyo bipartidista. El nuevo pacto verde puede no ser tan aceptado como otras propuestas en muchos sectores del electorado, pero las encuestas demuestran que la mayoría de los posibles electores demócratas lo apoyarían.

Desde la Revolución rusa, el experimento socialdemócrata ha sido el antídoto más eficaz contra el socialismo autoritario: demostró que era posible tener una clase trabajadora próspera. Ahora, la posible llegada de ese mismo experimento a Estados Unidos bien puede ser la mejor respuesta al desafío autoritario y populista que está surgiendo en la derecha, desde Hungría hasta Brasil, desde el Reino Unido hasta Sudáfrica. La mejor respuesta a los innegables aspectos negativos de la globalización, la creciente desigualdad y el miedo al otro es más democracia, más políticas sociales, más igualdad.

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Un comentario de Paolo Luers

El tema -y la tesis- que Jorge Castaneda son muy oportunos. Para darles más validez, sólo voy a hacer dos comentarios. Una corrección y una ampliación.

La corrección: La socialdemocracia alemana no nace con Bismarck. Nace contra Bismarck y lo que representa y defiende: la monarquía, el autoritarismo, el militarismo. La cosa es que Bismarck lo defiende de manera más inteligente y flexible. Ante el surgimiento de la socialdemocracia y los sindicatos, Bismarck no apuesta simplemente a la represión y persecución, sino también a la reforma social. Impulsa el sistema del seguro social y el derecho al sufragio, pero suprime el movimiento sindical.

La ampliación: Es cierto que la socialdemocracia es el mejor antídoto  contra el comunismo autoritario. Pero el énfasis tiene que estar en antídoto al autoritarismo, sea este de carácter revolucionario socialista o de carácter derechista, colonialista o racista. La socialdemocracia obviamente no nació como respuesta al socialismo autoritario, que todavía no exista más como tendencia intelectual dentro de la naciente izquierda. Nació como respuesta a la monarquía, al capitalismo salvaje de la revolución industrial, al colonialismo y al militarismo.

Cuando a raíz de la primera guerra mundial, este sistema entre en crisis y puso la revolución en la agenda de Rusia y Alemania, la socialdemocracia tuvo que enfrentar el autoritarismo en sus propias filas: el movimiento bolchevique/comunista que había nacido en su seno y que propagó una revolución que llevaría no a la democracia, sino a la dictadura del proletariado.

Este es el origen de la división del movimiento en uno comunista/totalitario y otro reformista/democrático que mantuvo el nombre socialdemócrata. Y a partir de este momento, es cierta la tesis que la socialdemocracia es el mejor antídoto a la izquierda totalitaria - pero sin perder su carácter fundacional de ser el mejor antídoto al autoritarismo de cualquier índole y color ideológico.

Y de ahí la validez del planteamiento de Jorge Castaneda que un Partido Demócrata asumiendo posiciones de la socialdemocracia será la mejor respuesta al intento de Trump de convertir Estados Unidos en un país marcado por la contrarreforma.