Columna transversal: Romper la marginalización

El problema de inseguridad, violencia y pandillas en El Salvador se genera en la medida que el Estado deja de ejercer su función en muchas partes del territorio nacional, sobre todo en los barrios (comunidades, colonias, cantones) populares del país. Se quedan cortos los que aceptan esta tesis solamente en cuanto a la pérdida de control policial. El Estado es mucho más que autoridad de seguridad. Sólo cuando es autoritario, como lo fue antes de los Acuerdos de Paz, el Estado puede compensar la ausencia de sus servicios integrales a la ciudadanía con la fuerza de su presencia represiva. En democracia, el Estado esencialmente es proveedor de servicios. Y si no los provee, tampoco puede cumplir su responsabilidad de proveer seguridad.

Las pandillas y su cultura se han podido desarrollar solamente en la medida que el Estado no está presente como autoridad, como protector de la familia y como proveedor de los servicios que definen su rol: educación, salud, seguridad, protección y prevención de desastres naturales, transporte público eficiente y digno, agua potable, manejo de aguas negras y basura, acceso a electricidad, etc. Es más, se puede interpretar que las pandillas son una respuesta a la ausencia del Estado como generador de reglas de convivencia.

Ningún plan de seguridad promete éxito mientras el Estado sólo se proponga recuperar el control territorial en el sentido policial. El vacío de Estado y de todos sus servicios, que existe en partes de nuestro territorio y de nuestro entramado social, tiene que llenarse de manera integral.

Muchos ya han llegado a esta conclusión, pero hay una verdad que hasta ahora no se ha llevado al debate nacional: La única manera en que el Estado puede construir presencia integral, efectiva y sostenible en los territorios ahora marginados es mediante su descentralización. Es imposible imaginarse cómo el Estado centralizado que históricamente tenemos en El Salvador puede llenar los vacíos y deficiencias que se observan a nivel comunal. Hay que empoderar a los gobiernos municipales, dándoles las competencias y los correspondientes recursos, para hacerse cargo de educación, salud, seguridad en sus comunidades, así como de los servicios básicos públicos (agua, aguas negras, basura, electricidad, transporte público y red vial). Y dentro de las municipalidades hay que empoderar a la organización comunal y vecinal como contraparte del gobierno local.

Los gobiernos locales, sobre todo cuando ellos mismos funcionan de manera descentralizada, son el único eslabón del Estado suficientemente cercano al ciudadano como para procurar un desarrollo integral y sostenible de sus barrios, colonias, comunidades, cantones y familias. Sólo en este eslabón del Estado la ciudadanía puede incidir directamente en la administración de los recursos públicos y en la priorización de los problemas a resolver. Y sólo en este eslabón comunal, más cerca de la ciudadanía y más lejos de la esfera política e ideológica, se pueden construir acuerdos entre todos los actores, sin ninguna exclusión, para reconstruir efectivamente el tejido social actualmente dañado.
Un Estado descentralizado, expresado en sus gobiernos locales, puede construir, con la participación de todos, convivencia pacífica sin tener que negociar privilegios para nadie (mucho menos para grupos al margen de la ley), lo único que tiene que hacer es cumplir a cabalidad las responsabilidades constitutivas del Estado: dar servicios a toda la ciudadanía, sin exclusiones. Para tener capacidad de hacer esto, necesariamente tiene que descentralizarse y tienen que concentrarse en los gobiernos municipales todas las competencias y recursos necesarias para el desarrollo local. Para construir paz, las comunidades en los territorios ahora marginados y abandonados por el Estado tienen que concertar las soluciones a sus problemas, y no las pueden concertar con ministerios y otras burocracias nacionales, pero sí con sus contrapartes comunales en las alcaldías. Los ciudadanos no pueden sentirse partícipes, controladores y socios de las burocracias nacionales, pero sí de sus gobiernos municipales.

La ausencia del Estado, el abandono de sus responsabilidades y la negación de los servicios estatales son las raíces de la marginalización de territorios enteros, y de la consiguiente generación de los círculos viciosos de frustración, transgresión de las leyes y normas, represión del delito, violencia, más represión, más violencia… No es la pobreza que produce violencia y delincuencia, es la marginación de comunidades enteras.

Las comunidades no exigen al Estado ningún beneficio especial. Ni siquiera los pandilleros. Sólo exigen que el Estado cumpla a cabalidad su función, sin marginar a nadie. Y que lo haga de manera consensuada con la ciudadanía. Punto.

Mientras en el Consejo de Seguridad Ciudadana no discutan la manera cómo el Estado puede recuperar su presencia en los territorios marginados, esta entidad no va a poder generar soluciones. La descentralización del Estado de repente es mucho más que una reforma administrativa, es la refundación del Estado necesaria para recuperar su capacidad de dar servicios a sus ciudadanos y así romper con la marginación. Sólo los municipios pueden enfrentarse al reto de transformar los barrios y romper la marginalización.
(El Diario de Hoy)