El caso más reciente: el asalto del presidente Funes a las autónomas. A aquellas instituciones del Estado que supuestamente gozan de autonomía del Ejecutivo, porque sirven a intereses y necesidades del Estado, no del Gobierno de turno. Por esto están gobernadas por juntas directivas plurales, donde tiene presencia el Gobierno, para coordinar sus actividades con las otras agencias del Estado; pero también la empresa privada y los sindicatos, para asegurar que estas instituciones correspondan a los intereses de la sociedad y no del Gobierno.
El presidente Funes presentó a la Asamblea un paquete de 19 reformas a las leyes que regulan el funcionamiento de 19 autónomas, todas en la misma dirección: que los representantes de la sociedad en las respectivas juntas directivas sean nombrados por el presidente de la República. Él personalmente los escogería de ternas que además en el futuro serán presentadas a Casa Presidencial no sólo por las gremiales empresariales, sino por otros grupos de la sociedad civil, abriendo la puerta a "amigos" del presidente.
La Asamblea aprobó estas reformas con dispensa de trámite, sin consultas con los sectores sociales involucrados, sin discusión ni siquiera dentro de una comisión legislativa y tampoco en el pleno. El bloque de partidos forjado por la batalla por la Corte Suprema funcionó como maquinaria.
Como era de esperar, este asalto general a todas las autónomas causó un amplio y polémico debate, sobre todo por parte de las gremiales empresariales. Nadie entendió por qué el presidente, a la hora de medio salir de una profunda crisis de institucionalidad, provocara otra confrontación, esta vez con la empresa privada. ANEP, por su parte, denunció que de esta manera el presidente estaba erradicando su presencia en las juntas de gobierno de las autónomas, acusaron a Funes de dictador, y anunciaron su retiro de todas las instancias de concertación y diálogo con el Gobierno.
Se armó una discusión sobre la "contraloría social" dentro de las autónomas, con el presidente metiéndoles goles a las gremiales, diciendo que sus representantes en las autónomas nunca habían ejercido una efectiva contraloría capaz de evitar la corrupción. Lo que en gran medida es cierto. Por su parte, el presidente y sus operadores en la Asamblea tuvieron que asumir un serio costo político, no sólo por la forma inconsulta de las reformas, sino porque era obvio que querían sustituir a los delegados de ANEP por otros más cómodos para el Gobierno o incluso con "amigos" interesados en participar del sistema de corrupción dentro de algunas autónomas.
Sin embargo, ¿cómo explicar que el Gobierno esté dispuesto a asumir los costos y riesgos de una nueva crisis de confianza, por puestos de todos modos no muy influyentes en instituciones no muy importantes como por ejemplo la Corporación Salvadoreña de Turismo, CORSATUR, o el ISTA, donde obviamente la presencia empresarial es imprescindible para cumplir sus funciones? ¿O cómo explicar que a los problemas generalizados del Seguro Social les agregan otra crisis más, excluyendo de sus junta directiva a los sectores que lo financian mes a mes?
No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido e importancia es controlar la CEL, que siempre ha sido la caja chica (pero tampoco tan chica) de los gobiernos y presidentes de turno. En esta autónoma, en los últimos años, sí hubo cuestionamientos serios dentro de la junta directiva. Ahí sí el representante de la empresa privada ha logrado unir esfuerzos de fiscalización y contraloría con los representantes de algunos ministerios, y sólo así se explica que el presidente ya ha tenido que sustituir a dos presidentes de la CEL. En INSAFORP, si se logra desarticular la contraloría social, está en juego una reserva de unos pobres 25 millones (aportados por la empresa privada, por cierto), pero en CEL son cientos de millones cada año. En la CEL dentro de la junta directiva se cuestionaba el manejo escandaloso del megaproyecto de la presa hidroeléctrica El Chaparral, así como el endoso que la CEL hizo de sus acciones en la profitable Geotérmica a una Sociedad Anónima llamada INE, fuera del alcance de la Corte de Cuentas y otras entidades que supuestamente controlan las entidades estatales.
Para asumir el control total de la CEL y protegerse de cualquier contraloría independiente sí vale la pena pagar cualquier costo político. Ahí el divorcio con la empresa privada sí tiene sentido, porque estorba. Así que todo este paquete de reformas a 19 autónomas sólo tiene sentido como maniobra para encubrir el verdadero objetivo: control total de la CEL, de INE y de la GEO. Si sólo hubieran presentado una reforma para la CEL, todos hubieran brincado.
Por esto la respuesta de la oposición y de ANEP no fue la adecuada. En vez de llorar por cargos perdidos en autónomas con poca importancia, y donde de todos modos los directores independientes no pueden hacer mucho contra sus colegas estatales, la respuesta correcta sería: Montemos un operativo permanente y eficiente de fiscalización al pez gordo que se llama CEL. ¿Nos sacan de la junta de la CEL? Ok, vamos a movilizar los recursos financieros, humanos e investigativos que sean necesarios para vigilar, desde afuera, la CEL, haciendo uso creativo y eficiente de la Ley de Transparencia y de todos los recursos de investigación y legales.
(El Diario de Hoy)
