En Medio Ambiente no hay cambios. El cambio solo por el cambio no funciona, tiene que ser en la dirección correcta. El programa del FMLN no refleja cambio, es muy parecido en casi todos los puntos con los actuales instrumentos gubernamentales sobre el tema. Los instrumentos actuales son buenos, podrían ser mejores, pero por alguna razón no se han puesto en práctica, o sean ido poniendo en práctica muy lentamente: ocho años para la regulación sobre los botaderos a cielo abierto, la política sobre áreas protegidas se aplica solo en partes, etc.
Deberíamos de esperar cambios en muchos sentido en el tema de medio ambiente en El Salvador, pero el programa de gobierno del Frente no los ofrece, en parte es porque los instrumentos actuales son buenos y la otra parte realmente no se porque es, siendo el partido y el candidato del cambio esperaba más. Sobre todo porque los instrumentos, el esquema de funcionamiento del sistema de gestión del medio ambienta actual funciona regular. Hay que tener y proponer soluciones más creativas para poder solventar el asunto. ¿Por qué no se puede aplicar la ley actual de medio ambiente? ¿Por falta de personal? ¿Por falta de recursos? En parte, pero no solo es eso, también hay que pensar en cuales son las responsabilidades que tienen que tener las demás instituciones de gobierno dentro del problema del medio ambiente en El Salvador: demás ministerios que no son el de medio ambiente, las alcaldías, la Fiscalía, etc. Esas medias de transformación sistémica no se ven el programa del frente.
En el programa de gobierno del Frente hablan de “un nuevo enfoque de sustentabilidad y de gestión ambiental”, la verdad es que solo se recogen los macroprincipios que están expresados en la política de medio ambiente actual. El único cambio, semántico, es que se ocupa de hablar de la “justicia intergeneracional”, esto es un principio extraído del informe Brundtland en la definición de sostenibilidad, que en esencia está contenido dentro de los macroprincipios. Pero bueno lo hace más explicito. Sin ser esto más que una declaración de intenciones, tan buenas como las existentes, pero dichas por otros.
Dentro de la política de gestión integral y sustentable del agua se rescata un genuino interés en impulsar el saneamiento básico y progresivo de las aguas residuales vertidas al Río Lempa y sus afluentes. Esto claramente incluye el Acelhuate, este proyecto existe desde hace años, pero nunca ha visto la luz, el cambio podría ser que lo hicieran. Además hablan de promover la aprobación de una ley general de agua, cuestión que ha estado estancada en este gobierno desde hace años, otra vez el cambio sería que lo hicieran. Es rescatable también que hablan de un modelo tarifario del servicio del agua, supongo que se refieren a cobrar lo que cuesta el agua, aplaudiría esta medida, si es que se atreven ha hacerlo, porque este gobierno, que ha tenido esa idea, no se ha atrevido. Ahora en cuanto al agua lo más curioso es que hablan de “incrementar progresivamente los flujos de inversión pública… a fin de logar mayores accesos para la población, particularmente en la zona rural” esto es muy parecido a la propuesta del ejecutivo que fue tan atacada y que provocó la violencia de Suchitoto, donde no dejaron presentar al Presidente esa misma idea. Habrá que ver porque ahora si es una buena idea, habrá que ver sí lo que están proponiendo es una mayor burocratización del agua, o de verdad llegar a la zona rural, por lo tanto descentralizar, como ya lo han propuesto y ejecutado los proyectos BASIM y AGUA.
En cuanto a la política de gestión integral de recursos naturales, biodiversidad y ecosistemas, pues no hay mayores avances. Una vez más recogen principios establecidos en la legislación vigente. Qué me explican porque ahora va ser diferente o donde esta el cambio porque no lo veo. Proponen “aprovechar en forma sostenible los recursos naturales”, esto pasa por resolver el conflicto de competencias entre el MAG y el MARN, si esto lo que quieren decir esta bien, pero sino igual será una bonita declaraciones de intenciones, pero no solventaremos el problema. Uno de los puntos más curiosos es que establecen “promover la ampliación de la cobertura boscosa” esto es lo mismo que Hugo Barrera, en su calidad de Ministro, propuso. Según me acuerdo lo criticaron mucho por lo simplista de su idea y ahora recogen la idea casi textualmente. También proponen “regular los caudales ecológicos de ríos que garanticen la vida, circulación y reproducción de las especies”, lo cual me parece muy bien, ¿pero saben lo que significa hacer eso en el Río Lempa? Con todas las presas, con las necesidades energéticas de futuro, proponen de verdad regular el caudal ecológico. Esperemos a ver.
Por ultimo en esta sección plantean “establecer una moratoria para la exploración y explotación minero metálica” lo cual me parece muy bien, pero ¿por qué una moratoria?, ¿por qué un aplazamiento?, ¿en espera de qué?, ¿cuales son los factores que pudieran hacer cambiar esta decisión?, si es cambio lo que proponen, el cambio sería prohibirlo, no eso han estado diciendo, o ¿donde me confundí?
En cuanto a la política de ordenamiento ambiental y desarrollo sustentable del territorio. La palabra clave dentro de todo esto es “con enfoque de cuenca”. Ciertamente esa es la mejor manera de ordenar el territorio, ciertamente deberíamos hacer comenzado por ahí. El hecho es que el plan de ordenamiento y desarrollo territorial consideró este enfoque, pero plasmó las regiones en base a otros criterios también. Por la sencilla razón, que la cuenca del Río Lempa es demasiado grande y compleja. No se puede tratar de organizar el Río Lempa si hay partes en Guatemala y Honduras; al mismo tiempo que tenemos regiones muy despobladas como Chalatenango o Morazán; y ciudades como San Salvador y Soyapango. Precisamente por esta complejidad es que el enfoque de cuencas como instrumento esta muy bien, pero como factor para definir las regiones me parece inapropiado para la realidad salvadoreña. Si promueven la aprobación de una ley que incluya la visión de cuenca hidrográfica entrará en contraposición con el plan nacional y los planes regionales ya realzados y tendríamos que comenzar de nuevo. Más interesante sería plantear como se integran los organismos de cuencas existentes, los comités asesores locales de áreas protegidas y las instituciones planificadores de las regiones. Una cuestión rescatable que plantea el programa es que se “desincentiven la especulación inmobiliaria, la fragmentación y cambios inadecuados en los usos del suelo”, casi que con esto debería de llamarse eliminación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ahí mismo se resolverían muchos de los problemas, ojalá que ha esto se refieran.
En cuanto a la política de gestión de riesgos y protección civil, plantean un fortalecimiento de la labor que realiza el SNET, lo cual me parece muy bien, pero donde esta el cambio, ¿en hacer funcionar bien esa institución? Supongo que hay más que esto. Igual plantean reformar la Ley de Protección Civil, para incluir el enfoque de gestión de riesgos. Buena medida y necesaria, pero es algo que los científicos del SNET han propuesto ya.
Sobre la política frente al cambio climático llama la atención el incentivo a “la participación organizada de la población, promoviendo la justicia ambiental y el resarcimiento de la deuda ecológica hacia nuestro país y la región”. ¿Cómo será que participara la población en el resarcimiento de la deuda? ¿Cuáles son las instancia de participación que se van a crear? ¿Sí es participación también se refieren a toma decisión? ¿Cómo y en qué van a decidir? Ojala aclararan esto, porque estas instancias de participación aparecen en muchas partes del documento y creo que sería muy bueno saber a que se refieren para evitar malos entendidos, por ahí se puede interpretar como la creación de instituciones paralelas al ejecutivo y esos es un tanto peligroso.
En este apartado recibo con sorpresa que hablan de “reducir progresivamente el consumo de combustibles fósiles… a fin de disminuir la dependencia de las importaciones de los derivados de petróleo”. Tenía la impresión que fomentarían la importación de derivados de petróleo baratos desde Venezuela. Que alegría que no sea así, y que más bien la van a disminuir. Ahora ¿De qué energías alternativas están pensando? ¿Etanol como en Brasil? ¿Con la crisis alimentaria que hay será esto lo correcto? Espero que aquí se allá cambio e innovación. ¿Será acá donde están pensando que el resarcimiento de la deuda nos podría ayudar a encontrar estos medios alternativos? Si es así ¿qué tienen que ver la “participación organizada de la población” con la investigación científica?
En la política nacional de gestión integral de los desechos sólidos hablan de inaugurar “el Programa Nacional de Manejo Integral” institucionalizando la responsabilidad del Gobierno Central en el diseño e implementación de una política. Me agrada ver en el documento del Frente la misma idea que ha impulsado el Ministerio de Medio Ambiente, tal vez ahora se puede poner en acción y las alcaldías del Frente no se opongan a la intervención del Gobierno Central, de momento solo Alcaldías como la de San Salvador o Antiguo Cuscatlán han estado de acuerdo. Es hora de llevarlo acabo. Vamos a ver si ahora si podemos pensar en implementar “centro de recuperación de materiales para retornarlos al ciclo productivo” y otras medidas para la reutilización, reciclaje y reducción.
En la política para el control de fuentes de contaminantes, hablan de la aplicación de los protocolos de Cartagena y de Montreal, así como la Descontaminación de Áreas Criticas (DAC). Lo interesante del asunto es que hasta existió dentro del MARN un proyecto que se llamo DAC, un ejemplo más que el asunto no es tener la idea de hacer algo, sino la diferencia esta en como implementar estos programas, cuales son los factores que van asegurar el existo. Porque sino es más de lo mismo. Sobre la política de educación para una cultura ambiental es de recalcar como proponen cuestiones que ya están siendo impulsadas en la actualidad o están enmarcadas en políticas y programas vigentes. En el fondo se habla de los mismo que está en la Política de Educación Ambiental actual, en la reforma educativa de hace unos años y en la coordinación que hay entre MARN y MINED para el tema. Un ejemplo más que lo significativo estaría en decir como van a hacer para que esto funcione mejor, si es que es un problema actualmente. Hasta hablan de “desarrollar, incentivos a medios de comunicación masivos y alternativos que promuevan la formación y la responsabilidad ambiental en la sociedad” eso es el exacto propósito del Premio Nacional de Medio Ambiente actual.
Por ultimo en el apartado correspondiente a la política de fortalecimiento institucional, que debería de ser la parte más gruesa y sistémica del cambio, hablan de “promover y crear mecanismos para la participación organizada de la ciudadanía”. ¿Ese es el cambio? Yo esperaba más. Hablan de “reorganizar y fortalecer la política pública y la institucionalidad ambiental” lo cual esta muy bien pero sí solo es para promover la participación se han quedado cortos. Hablan de “agilizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental” cuando deberían hablar de impulsar una reforma a un sistema que por más esfuerzos que han hecho no logra funcionar apropiadamente y responder a las realidades del país. Hablan de asignar más recursos, lo cual esta bueno, pero sí la forma en que esta estructura el sistema no es ágil, no solucionaran el problema. Y por último hablan de la instalación de Tribunales Agroambientales.
Esta es una medida adecuada, el ejemplo claro esta en la constitución de Bolivia, estos tribunales son los competentes para resolver asuntos relacionados a “las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales”. Lo cual esta muy bien porque le exigen a jueces específicos estar preparados en materia ambiental. El proyecto en El Salvador elaborado por FORGAES ya recoge los lineamientos para la creación de estas instancias, siendo el principal argumento el mismo que ocupan en la constitución boliviana, jueces especializados en la materia. Pero una vez más, donde está el cambio.
El programa de gobierno del frente es interesante, amplio y adecuado, pero no es distinto a lo que existe actualmente, la única diferencia sería que lo pudieran aplicar. Y ese es el punto más importante, porque el gobierno actual a pesar de tener tiene unos buenos o regulares instrumentos no los ha podido poner en práctica a cabalidad. Esto es porque se necesitan soluciones creativas, se necesita cambio, se necesita ser más arriesgados y se necesita más que voluntad política y recursos, se necesita adaptarse a las realidades del país y proponer una reingeniería del sistema de gestión ambiental de El Salvador, pasando por crear sistemas que promuevan realmente la sostenibilidad y no solo fortalecer la burocracia actual.
