Miércoles, 1pm: Antes de ir al centro judicial Isidro Menéndez para escuchar la sentencia en el “caso tregua”, programada para ayer a las 2pm, escribí dos versiones de mi crónica.
I. La versión optimista
La fiscalía ganó el “caso tregua” en el juicio mediático paralelo – pero lo perdió en el juicio institucional, donde cuentan las pruebas y los argumentos jurídicos fundamentados. El juicio paralelo lo ganó con el apoyo de medios que no investigan, no analizan, sino escriben lo que piensan que la mayoría quiere escuchar.
Pero
hoy la jueza del juzgado especializado B hizo justicia y desechó la
acusación de la fiscalía contra 21 servidores públicos y un mediador.
Queda claro que en el fondo fue el intento de enjuiciar una política
pública. De la misma manera que la FGR intentó enjuiciar, en el “caso
CEL-ENEL”, la política pública energética de la administración de
Francisco Flores. Y tampoco lo logró. Por que en este caso, los medios
no se prestaron a la campaña política del fiscal Luis Martínez y del
presidente Funes. No es casualidad que ambos casos fueron montados por
los mismos fiscales: Luis Martínez y Julio Arriaza, y tampoco es
casualidad ambos se encuentran procesados por fraude procesal.Por suerte hay algunos jueces que no aceptan estos intentos de judicializar la política y politizar la justicia.
II. La versión pesimista
La
fiscalía desde el principio apostó a ganar el “caso tregua” en el
juicio mediático, politizado y adelantado, y con esto logró contaminar
efectivamente el juicio jurídico. Ante la pre condena mediática, al fin
no importaron la falta de pruebas, la ausencia de argumentos jurídicos
sólidos, y las erróneas definiciones de los delitos en la acusación
fiscal. La jueza hizo lo cómodo: pasar el caso a vista pública y no
chocar con la opinión pública.El daño no es tanto para los acusados, quienes todavía tienen buenas posibilidades de desmontar las acusaciones en la vista pública, cuando realmente habrá despliegue de pruebas y testigos. El daño es para el sistema judicial, su credibilidad, su independencia y su inmunidad contra presiones de la opinión pública… y de la fiscalía.
En la audiencia se comprobó que la fiscalía llevaba el caso por razones políticas, tratando de penalizar la actuación de servidores públicos en el marco de una política pública. Se comprobó una vez más que los jueces de primera instancia (de paz y de instrucción) están bajo inmensa presión por parte de la opinión pública, los medios, la fiscalía y los poderes políticos. Prefieren pasar las papas calientes a instancias mayores. No se atreven a desechar casos.
En la vista pública, cuando realmente se ponga al examen la validez de las pruebas y de los testimonios de los “testigos criteriados” de la fiscalía, la justicia todavía puede imponerse sobre el vicio de politizar la justicia y de judicializar la política.
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Miércoles 5pm: Resulta que prevaleció la versión pesimista: La jueza Lucila Fuentes de Paz pasó a 19 de los 22 acusados a vista pública, no sin antes limpiar y ordenarle la plana a los fiscales, agregando argumentos jurídicos que ellos no eran capaces de desarrollar. Sólo dio sobreseimiento definitivo a dos acusados: la sicóloga inexplicablemente involucrada por la FGR, a pesar de que nunca formó parte del Consejo Criminológico que según la FGR cometió falsedad ideológica; y al comisionado de la PNC Oscar Aguilar Hernández, contra el cual definitivamente no existía prueba ninguna. Además dio sobreseimiento provisional al inspector Luis Alonso Aguilar Marín, por la misma razón. Se hizo un pedacito de justicia.
A todos los demás, incluyendo al mediador Raul Mijango, al subinspector Roberto Castillo, al ex director de Centros Penales Nelson Rauda y a los otros funcionarios penitenciarios la jueza los mandó a vista pública, por una sola y triste razón: dio plena credibilidad a los testimonios de los pandilleros criteriados que los implican. Sin ellos, todo el caso se hubiera caído por si solo.
Un día negro para la justicia. Con jueces como Lucila Fuentes de Paz van sobrando los fiscales. La presión de la opinión pública y de la fiscalía se impone a la justicia. Se llama justicia populista.
Saludos,
(MAS!/EL Diario de Hoy)
