La próxima semana será decisiva: La Asamblea Legislativa está convocada para el martes 24 una sesión abierta que puede durar hasta medianoche del 30 de abril – o hasta que todo el combo esté aprobado: elección de los 5 magistrados de Corte Suprema y sus suplentes; elección del presidente de la Corte Suprema; posiblemente remoción del actual presidente y/u otros integrantes de la Sala de lo Constitucional; elección del fiscal general, aunque entraría en función hasta en septiembre; acuerdo sobre nombramiento del fiscal adjunto; acuerdo sobre la Junta Directiva y la presidencia de la nueva Asamblea; elección del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental.
Cualquiera que cocina sabe que sólo hace falta un solo elemento podrido para que salga tóxico el tamal entero. Entonces, si en el combo legislativo uno o varios elementos son viciados, saldrá viciado todo el paquete y cada uno de los elementos metidos e instituciones afectadas. Ningún funcionario elegido dentro del combo y ninguna institución que dirigirá tendrá legitimidad ni credibilidad ni capacidad de actuar con independencia.
El primer elemento podrido es el hecho de adelantar las elecciones. Todas las elecciones incluidas en el combo (excepto la presidencia del Tribunal de Ética) corresponden a la Asamblea recién electa, porque solo ella refleja la actual voluntad popular. La nueva Asamblea refleja la voluntad popular luego de tres años de gobernar el FMLN+GANA. La Asamblea saliente es expresión de lo que fue la voluntad popular cuando empezó este gobierno, y además alterada por el transfugismo y la compra de voluntades legislativas. No es aceptable, bajo ningún concepto, que esta aritmética desfasada y manipulada decida sobre el tipo de corte y fiscalía que tendremos durante el periódico legislativo 2012-2015.
Pero cuidado: Está bien que todo el mundo esté enfocado en evitar las elecciones adelantadas. Pero no podemos perder de vista los contenidos específicos del tamal. Hay que rechazar el combo como tal. Pero también hay que abrir el paquete y analizar cada uno de los elementos: los nombres de cada personaje que quieren imponer para la corte y la fiscalía - y el atentado que están planificando contra la Sala de lo Constitucional.
En este examen hay que concentrarse en dos elementos: ¿A quién quieren imponer como fiscal general? ¿Quién es el candidato que tiene que elegirse ahora, porque no pasaría el filtro de la mayoría calificada actualizada en la las elecciones del 2012? Y segundo: ¿Se van a atrever a cometer una ilegalidad que equivale a un golpe de Estado: desarmar la Sala de lo Constitucional removiendo sus integrantes?
Hay que objetar todo el tamal, pero en particular los ingredientes específicos que harán tóxico al conjunto. Hay que objetar que cocinen el tamal en la Asamblea saliente, pero hay que armar un especial berrinche contra dos actos que la sociedad no debe dejar pasar: la elección de un fiscal general comprometido con los intereses de la coalición FMLN-GANA, y que va a garantizar impunidad para todos los actos de corrupción durante los gobiernos de Saca y Funes. Un fiscal que además esté dispuesto a utilizar el enorme poder de la fiscalía para callar a críticos y opositores. En este sentido no es suficiente que la sociedad civil y la opinión pública haya logrado bloquear la llegada de Guillermo Gallegos a la fiscalía. Este hombre, sin duda, hubiera sido un especial peligro para la legalidad. Pero tampoco hay que permitir que en vez de Gallegos llegue un fiscal puesto por Gallegos, GANA y los Saca. Puesto por ellos o llegado a ser electo en base de compromisos con ellos.
Incluso personas que siempre he considerado honestas, como Romeo Barahona, Astor Escalante y Manuel Chacón, darán miedo si aceptan el cargo bajo estas condiciones y en base de negociaciones con los partidos que acaban de perder en las urnas la mayoría calificada necesaria para poner fiscal. Por esto les reitero el llamado de no aceptar una elección hecha por la Asamblea saliente.
La otra intentona que no hay que dejar pasar es el desmontaje de la Sala de lo Constitucional. Remover a magistrados de esta Sala para evitar futuras sentencias incómodas equivale a un golpe de Estado. Lo que debe hacer la Asamblea (la recién electa), es reelegir o no reelegir a Belarmino Jaime como presidente de la Corte y de la Sala. Si no lo reelige, siempre queda como magistrado de la Sala. Además a la Asamblea le toca elegir a cinco nuevos magistrados y designar uno para llenar la vacante que el magistrado Castaneda deja en la Sala de lo Constitucional. Cualquier cosa que va más allá de esto, sería ilegal. Ni la Asamblea entrante ni mucho menos la saliente tiene facultad de remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Son electos para 9 años específicamente para esta Sala. Que el presidente de la República diga lo contrario, sólo es muestra de su ignorancia y su menosprecio a la independencia de la Corte.
(El Diario de Hoy)
