Las amenazas a la democracia

Las democracias han salido victoriosas de su confrontación con el totalitarismo y tampoco las teocracias que se instalen aquí o allá constituyen un verdadero peligro para ellas. Al contrario, las democracias están amenazadas por los desvíos provenientes del interior de ellas mismas.

La democracia liberal se fundamenta en dos principios, dos formas de autonomía. Por una parte la soberanía del pueblo, la cual asegura la igualdad de todos los ciudadanos y la defensa del bien común. Por otra parte la libertad de los individuos, en el interior de un espacio sustraído a todo control colectivo.

Si estos principios no se oponen de manera directa, a veces nacen tensiones entre ellos. Cuando ocurre que el poder del pueblo esta en manos de sus dirigentes, estos actúan como lo que son: seres humanos como cualquiera.

Montesquieu, primer representante del pensamiento liberal en Francia, ya llamaba la atención sobre el hecho histórico y repetitivo de que “Todo ser humano que tiene poder, tiende a abusar de el.

Para paliar este peligro las democracias han favorecido un doble pluralismo. Por un lado el de los partidos que garantizan la diversidad de opiniones de todo el espectro de opiniones políticas y, por otro lado, el de las autoridades que se encarnan en instituciones autónomas y se limitan mutuamente. Abusar del poder consiste en monopolizarlo. Un reciente ejemplo de ello ocurrió durante la anterior administración estadounidense, quienes en nombre de la “razón de Estado” legalizaron la tortura.

En Francia las amenazas a la democracia toman otras formas. El ejemplo clásico de este abuso, es la tentación del poder ejecutivo de controlar la práctica de la justicia. En consecuencia se ha visto al presidente de la República involucrarse en persecuciones judiciales dentro del “proceso Clearstream”, convirtiéndose así de manera simultánea en “juez y parte”.

Para testimoniar de su imparcialidad declaró: “Tengo confianza en la justicia”, pero bien hubiera podido añadir: sobretodo cuando la carrera de los jueces depende de mi. Durante el verano otro proceso ha atraído la atención (el de la pandilla de los bárbaros) .A la mañana siguiente del juicio, los representantes oficiales de la comunidad judía, demandaron que las penas emitidas fueran agravadas. Inmediatamente el Ministerio de Justicia intensificó su cabildeo en este sentido, metiendo de esta manera la justicia al servicio de grupos de presión y de intereses partidarios. El presidente del sindicato unificado de Magistrados no tuvo mas remedio que constatar, muy a su pesar, que:”La política ha retomado sus derechos sobre la justicia”.

La autonomía de los grandes medios de comunicación, en relación al poder ejecutivo, no es menos indispensable. En estas instancias, Francia no ha alcanzado el grado de confusión como el que existe en Italia, donde el presidente del Consejo controla varias cadenas de televisión públicas y al mismo tiempo es propietario de de varias privadas. No obstante en virtud de una reciente modificación a las reglas, es el gobierno y no una instancia autónoma, quien escoge a los directivos de los medios públicos. La justificación de este cambio es cómica: se dice que es para evitar la hipocresía, cuando de todas maneras ya la instancia autónoma obedecía las órdenes. Se sabe bien, que la hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la virtud, pero se la puede eliminar de dos maneras contrapuestas: sea dejando que el vicio se afiance o buscando como apartarlo. Los nombramientos que siguieron a esta decisión fueron percibidos como ligados a intereses personales. En el mismo sentido se explican las intimidaciones sufridas por diversos periodistas: un redactor del diario Liberación fue detenido provisionalmente y sometido a humillantes cateos por un asunto de difamación. Igualmente lo fue un periodista de Le Monde, porque cubría una manifestación considerada como indeseable.

Para permanecer fiel a los principios de la democracia, el Poder Ejecutivo debe preservar no solamente la autonomía de los otros poderes, sino también la de ciertas actividades como la investigación científica y el conocimiento. En la época de la revolución francesa, Condorcet, otro representante del pensamiento liberal, formulaba la siguiente exigencia: “El poder público no tiene el derecho de decidir donde reside la verdad y donde se encuentra el error.” Esta prohibición fue transgredida en ocasión del ‘”affaire Geisser”, durante el verano. Vincent Geisser, investigador del CNRS, (Centro Nacional de Investigación Científica) había impulsado una encuesta sobre los maestros originados de las migraciones del Magreb. En 2007, la dirección administrativa le solicitó interrumpir sus investigaciones. En esta ocasión se descubrió que un funcionario de “Defensa y Seguridad” estaba encargado de vigilar todas las investigaciones sociológicas y políticas juzgadas como “sensibles” sobretodo aquellas concernientes al Islam. De esta manera nos damos cuenta que este tipo de intervenciones no son excepciones y que el mismo funcionario había transmitido a otros investigadores su desaprobación sobre sus opiniones o estudios. En el fondo la decisión del CNRS no puede más que dejarnos perplejos: ¿Hay que impedir una investigación sólo porque sus resultados disgustan al poder? Romper tantos termómetros sólo para asegurar que no suba la fiebre.

Los principios morales aceptados por todos, igualmente representan un límite al ejercicio del poder político. Benjamin Constant, otro clásico del pensamiento liberal, afirmaba a comienzos del siglo diecinueve: “ Toda ley que ordena la delación, no es una ley; toda ley que menoscabe esa inclinación humana de dar refugio a cualquiera que le demande asilo, no es una ley.” Ahora bien, el articulo L. 622-1 del Código de Extranjeros estipula que toda persona que ayuda a un extranjero sin papeles en regla, aunque sea ofreciéndole comida, esta sujeto a cinco años de prisión y una multa de 30 000 euros. Aunque el ministerio de la Identidad Nacional lo niegue, estas amenazas, son desplegadas para desestimular toda ayuda a estos indeseables. De la misma manera y con el mismo objetivo, las manifestaciones públicas en su favor son reprimidas con violencia (recientemente un manifestante ha perdido un ojo).

(El Nuevo Diario, Nicaragua. El autor es historiador, ensayista e intelectual francé)

Los torturadores voluntarios de Bush

Los documentos relativos a las prácticas de tortura empleadas en las cárceles de la CIA que el Gobierno de Obama hizo públicos el pasado 16 de abril arrojan una nueva luz sobre esta cuestión: ¿cómo explicarse la facilidad con la que han aceptado la tortura y la han aplicado a sus prisioneros unas personas que actúan en nombre del Gobierno estadounidense?

Los documentos que se acaban de publicar no revelan los casos de tortura concretos: éstos son de sobra conocidos por todos los que en su día quisieron enterarse. Sin embargo, aportan abundante información sobre la forma en la que se llevaban a cabo las sesiones de tortura y sobre cómo la entendían los agentes que la practicaban.

Lo más sorprendente es descubrir la existencia de una normativa increíblemente meticulosa, formulada en los manuales de la CIA y retomada, a su manera, por los responsables jurídicos del Gobierno de George W. Bush. Hasta ahora era posible imaginar que tales prácticas eran una muestra de lo que se suele denominar "atropellos", infracciones involuntarias de las normas provocadas por la urgencia del momento. Por el contrario, lo que se percibe en los documentos recién conocidos es que se trata de unos procedimientos pautados hasta en sus menores detalles, al milímetro, perfectamente cronometrados.

Así, las formas de tortura son 10, número que posteriormente será elevado a 13. Se dividen en tres categorías, cada una de ellas con diversos grados de intensidad: preparatorias (desnudez, manipulación de la alimentación, privación del sueño), correctivas (los golpes) y coercitivas (duchas de agua fría, encierro en cajas, suplicio de la bañera).

En el caso de las bofetadas, el interrogador, según estos manuales, debe golpear con los dedos separados, en un punto equidistante entre el extremo de la barbilla y la parte inferior del lóbulo de la oreja.

La ducha de agua fría aplicada al prisionero desnudo puede durar 20 minutos si el agua está a cinco grados, 40 minutos si está a 10 grados, y hasta 60 minutos si está a 15 grados.

La privación del sueño no debe ser superior a 180 horas, pero tras un reposo de ocho horas, se puede recomenzar.

La inmersión en la bañera puede durar hasta 12 segundos, durante un periodo que no debe exceder las dos horas diarias, y ello durante 30 días seguidos (un preso particularmente resistente pasó por este suplicio 183 veces en marzo de 2003).

El encierro en una caja de dimensiones muy reducidas no debe ser superior a dos horas, pero si la caja permite que el prisionero esté de pie, se puede prolongar hasta ocho horas seguidas, 16 por día. Si se introduce un insecto en el interior, no se le debe decir al prisionero que la picadura será dolorosa o incluso mortal.

Y así sucesivamente durante páginas y páginas.

Nos enteramos también por estos documentos de cómo se forma a los torturadores. La mayoría de esas torturas está copiada del programa que siguen los soldados americanos que se preparan para enfrentarse a situaciones extremas (lo que permite a los responsables concluir que se trata de pruebas absolutamente soportables). Y lo que todavía es más importante, se elige a los torturadores entre aquellos que han tenido "una larga experiencia escolar" en este tipo de pruebas extremas; dicho en otras palabras, los propios torturadores han sido torturados en una primera fase de su formación. Tras la cual, un cursillo intensivo de cuatro semanas basta para prepararlos para su nuevo trabajo.

Los socios indispensables de los torturadores son los consejeros jurídicos, cuya labor es garantizar la impunidad legal de sus colegas. Esto constituye otra novedad: la tortura ya no se presenta como una infracción de la norma común, lamentable pero excusable, sino que se convierte en la propia norma legal. En este caso, los juristas recurren a otra serie de técnicas. Para librarse de la ley, los interrogatorios deben realizarse fuera del territorio nacional de Estados Unidos, aunque puedan efectuarse en bases norteamericanas en terceros países.

Tal como se define legalmente, la tortura implica la intención de producir un gran sufrimiento. Se sugerirá, por consiguiente, a los torturadores que nieguen la presencia de esa intención. De tal modo que no se abofetea al preso para producirle dolor, sino para sorprenderlo y humillarlo. En cuanto al objetivo de encerrarlo en una caja de reducidas dimensiones no es provocar un desorden sensorial, sino producirle cierta sensación de incomodidad.

El verdugo debe insistir siempre en su "buena fe", en sus "convicciones sinceras" y en lo razonable de sus premisas. Se han de utilizar sistemáticamente eufemismos: "Técnicas reforzadas", en lugar de tortura; "experto en interrogatorios", en lugar de torturador.

También se evitará dejar huellas físicas, y, por esta razón, se preferirá la destrucción mental a los daños físicos; asimismo, se destruirán inmediatamente las posibles grabaciones o tomas visuales de las sesiones.

Otros colectivos colaboran en la práctica de la tortura: el contagio se extiende allende el limitado círculo de los torturadores. Aparte de los juristas que se encargan de dar legitimidad a sus actividades, en los documentos se menciona sistemáticamente a los psicólogos, a los psiquiatras y a los médicos (obligatoriamente presentes en todas las sesiones), además de a las mujeres (los torturadores son hombres, pero la humillación es aún mayor, más grave, cuando hay mujeres presentes) y a los profesores de universidad que proveen justificaciones morales, legales o filosóficas.

¿A quién debemos considerar hoy responsable de esta perversión de la ley y de los principios morales más elementales?

Los ejecutores voluntarios de la tortura lo son menos que los altos cargos y los magistrados que la justificaron y la fomentaron; y éstos, menos responsables, a su vez, que quienes teniendo el poder de tomar decisiones políticas les pidieron que lo hicieran.

Los Gobiernos extranjeros aliados, sobre todo los europeos, también tienen su parte de responsabilidad: pese a haber estado siempre al corriente de la existencia de estas prácticas y de haberse beneficiado de la información obtenida por estos medios, nunca, ni antes ni ahora, se preocuparon por alzar la más mínima protesta, ni siquiera hicieron el más leve signo de desaprobación. Quien calla otorga. ¿Habría que sentarlos en el banquillo?

En una democracia, la condena de los políticos consiste en privarlos del poder no reeligiéndolos. Y con respecto a los otros profesionales, se esperaría que sean sus iguales quienes les impongan el castigo, pues ¿quién querría ser alumno de semejante profesor, paciente de un médico tal o juzgado por un juez así?

Si se quiere comprender por qué estos valientes estadounidenses aceptaron tan fácilmente convertirse en torturadores, de nada vale intentar encontrar argumentos en el odio o en un miedo ancestral a los musulmanes o a los árabes. No. La situación es mucho más grave.

Lo que nos enseñan los documentos estadounidenses que acaban de hacerse públicos es que, siempre y cuando forme parte de un colectivo y esté respaldado por él, cualquier hombre que obedezca a los nobles principios dictados por el "sentido del deber", por la necesaria "defensa de la patria", o que se deje arrastrar por un temor elemental por la vida y el bienestar de los suyos, puede convertirse en torturador.

(El País, Madrid)

¿Tiene sentido permanecer en Afganistán?

Desde hace algunos años, 25 de los 27 países de la Unión Europea están implicados en una guerra que se desarrolla a miles de kilómetros de sus fronteras, en Afganistán. Barack Obama, el candidato a la presidencia estadounidense ensalzado en Europa, defiende la continuación de esa guerra tanto como su adversario republicano. Si resulta elegido, promete aumentar el contingente norteamericano para obtener una victoria definitiva. El Parlamento francés sometió a debate la continuidad de la presencia de sus tropas en el conflicto (en un contexto de chantaje afectivo: "Votar no es decir a nuestros soldados que murieron por nada"). Tras una profunda reflexión, el Partido Socialista se atrevió a votar no, aunque puntualizando: no votamos contra la renovación del compromiso francés, sino sólo contra la manera en que ha sido enfocado.

Ante semejante consenso, ¿es aún necesario interrogarse sobre la legitimidad de esta guerra? Habitualmente, suelen darse una serie de razones para seguir. Examinémoslas una por una. "Estamos en Afganistán a petición del Gobierno local". En realidad, los occidentales entraron en ese país para castigar a los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y se quedaron con el consentimiento del Gobierno que ellos mismos instauraron. Sabemos de sobra que una petición así por parte de un Gobierno impuesto por un ejército de ocupación no es una prueba en sí misma. ¿No vino precedida la entrada del Ejército soviético en Budapest, en 1956, o en Praga, en 1968, de una solicitud similar? La invitación del Gobierno hubiera debido corresponderse con los deseos de la población. Y hay que rendirse a la evidencia: ésta es hoy mayoritariamente hostil a la ocupación. Los afganos se sienten mucho más cerca de los insurgentes locales, sus compatriotas, que de un ejército extranjero cuyos soldados hablan otras lenguas, practican otra religión, tienen otras costumbres y viven en fortalezas superprotegidas, aislados del resto del país. La prueba: una emboscada que costó la vida a 10 soldados franceses el pasado 18 de agosto no podía ser ignorada por los habitantes más próximos; sin embargo, nadie avisó a los franceses.

Además, los soldados occidentales prefieren responder a los ataques con bombardeos, y éstos producen "víctimas colaterales". Durante los días siguientes a la emboscada antifrancesa, una incursión aérea causó la muerte de 92 civiles, la mayoría niños. Se han contabilizado 400 bajas civiles desde comienzos de año, sin incluir a los talibanes -que a fin de cuentas también son afganos-. ¿Cómo podrían los ocupantes, responsables de esas muertes, ser amados por la población?

"Estamos en Afganistán para combatir el oscurantismo y la barbarie y llevar el bienestar y la civilización". Uno se pregunta si la intervención militar sirve a tan nobles objetivos. Es cierto que gran parte de la población afgana es analfabeta, pero probablemente los militares no tengan ocasión de hacer de maestros. Cierto también que oprimir a las mujeres, rechazar a los extranjeros o perseguir a los infieles son comportamientos bárbaros porque consideran a una parte de la humanidad como intrínsecamente inferior a la otra. Pero cabría preguntarse si el ejército extranjero está libre de toda sospecha de barbarie. ¿Se puede calificar de otro modo la tortura practicada en las bases militares estadounidenses, en particular en la prisión de Bagram -situada en el sector donde están las fuerzas francesas-, que sirvió de modelo para la prisión iraquí de Abu Ghraib?

Por otra parte, además de bombardeos y torturas, los occidentales han traído fondos que han permitido construir carreteras, hospitales y escuelas. Así era como las antiguas potencias coloniales justificaban el dominio de los países asiáticos o africanos: al fin y al cabo, les llevaban "la civilización". Sin embargo, esas potencias fueron expulsadas, pues los pueblos colonizados prefirieron recuperar su independencia, honor y dignidad antes que beneficiarse de los regalos que traían los colonizadores. Como esos beneficios vienen de la mano de la ocupación y la sumisión del país, cumplen una función de camuflaje y de excusa.

En la misma línea, hay quien dice: "Estamos en Afganistán para defender nuestros valores, republicanos o universales, los derechos humanos, la justicia y la paz, la libertad y la igualdad". Pero la injerencia moderna en nombre de la democracia no es más legítima que aquella otra, más antigua, en nombre de la civilización: en ambos casos los medios utilizados comprometen los fines perseguidos. A veces se añade: "Nos odian y nos atacan a causa de nuestros valores", pero es más probable que lo hagan por la forma en que se los imponemos: ocupación, bombardeos y tortura.

"Estamos en Afganistán para combatir el terrorismo". Esta última palabra adolece de cierta vaguedad. Si bien los combatientes de Al Qaeda merecen tal calificativo, éste no basta para definir los diferentes grupos de talibanes, que defienden un islam fundamentalista pero carecen de ambiciones internacionales. A eso hay que añadir los señores de la guerra y los productores de adormidera: la intervención extranjera ha actuado como trabazón de los diversos ingredientes de la resistencia, que gracias a ella ha podido reforzarse estos últimos años. Por lo demás, los insurgentes se comportan más como guerreros organizados que como terroristas anónimos, y libran batallas clásicas. Este estado de guerra favorece a los verdaderos terroristas, que encuentran argumentos para reclutar nuevos combatientes ("expulsar al invasor") y un campo de entrenamiento a escala natural. Para combatir eficazmente a los terroristas es necesario contar con la simpatía de la población y con un profundo conocimiento de la situación; un ejército de ocupación no cumple esas condiciones.

"Estamos en Afganistán para defender nuestra seguridad". Tal vez sea ésta la verdadera razón de nuestra intervención. Pero, ¿es el medio apropiado? Los actos de terrorismo en Europa son obra de personas nacidas o residentes en el continente, cuyo resentimiento se alimenta de las imágenes de los estragos infligidos por los ejércitos occidentales a las poblaciones musulmanas: destrucción, daños colaterales, tortura. La herramienta de reclutamiento más poderosa de los nuevos terroristas son las imágenes de la prisión de Abu Ghraib (sobre Bagram sólo disponen de relatos).

A diferencia de los estadounidenses, los europeos no albergan proyectos hegemónicos ni imperialistas. No obstante, sobre el terreno, aunque aportan una gran parte de las tropas, no pueden escoger una conducta propia, ya que la estrategia les viene dictada por el Pentágono. Aunque no torturen, la reprobación cae también sobre ellos: es una de las consecuencias de no disponer de una defensa autónoma.

¿Hay que permanecer en Afganistán, pese a que las razones de la intervención no se sostengan, para no revelar que la OTAN es falible y vulnerable? Eso sería justificar un error pasado con uno presente. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer?

Habría que partir de la idea de que la solución a los problemas afganos no puede ser sino afgana. Por tanto, la dirección política del país debería ser más sólida y, para ello, corresponderse con el conjunto de fuerzas afganas o, en todo caso, con la mayoría de ellas. El presidente de Afganistán acaba de dar algunos pasos en esta dirección. Hay que animarle, apoyarle, facilitarle la tarea. Y si se necesitan provisionalmente ejércitos extranjeros para mantener el orden, sería preferible que no estuviesen integrados por occidentales, sino por soldados de los países vecinos geográfica o culturalmente.

Los europeos deberían retirarse lo antes posible de aquellas lejanas tierras -e intentar arrastrar a los norteamericanos-. Podrían actuar más eficazmente con el ejemplo de su prosperidad, unos vínculos económicos ventajosos recíprocamente y la fuerza de sus ideas y valores, que es mayor de lo que creen, pues pueden atravesar muros e incluso derribar imperios. Los europeos deberían retirarse no porque hayan descubierto con estupor que la guerra implica la muerte de sus soldados, sino porque esta guerra es responsable de un número muy superior de víctimas afganas, porque la intervención es rechazada hoy por la mayoría de la población y porque alimenta el antioccidentalismo y, en consecuencia, refuerza el terrorismo. Las exigencias de la moral y las del interés van ahora en la misma dirección.

(Tzvetan Todorov es un lingüista, historiador y filósofo fquien en 1963 emigró de su natal Bulgaria a Francia. Publicado en El País)