LAS PRIORIDADES EN EL GASTO PÚBLICO

Ante la creciente demanda de necesidades insatisfechas y la escasa disponibilidad de recursos económicos es necesario que el gobierno establezca nuevos criterios para definir el destino del gasto público, a través de sus modalidades de gasto corriente e inversión pública. Es necesario utilizar criterios técnicos, complementados por criterios políticos responsables, que permitan establecer las prioridades en base a la determinación de la rentabilidad social, como una medida del beneficio que recibirá la población objeto de la inversión pública. Esta medida debe complementar a las rentabilidades técnicas y económicas requeridas para escoger la mejor alternativa de solución de un problema.

Un ejemplo de una deficiencia en la planeación de la inversión pública es que a través del fideicomiso recién aprobado no se incluyeron recursos para atender las llamadas urgentes de funcionarios de Salud Pública para que le asignen aproximadamente $ 90 millones para adquirir recursos humanos y materiales para evitar muertes y prevenir enfermedades, en un momento de alta presencia de epidemias en el país, ante la existencia de graves deficiencias en la red hospitalaria pública, incluyendo al ISSS. Evitar la muerte de seres humanos, en su mayoría niños y personas adultas, es de mayor beneficio social que hacer inversiones millonarias en mejorar y aumentar cárceles.

No se discute que hay que atender el grave problema carcelario, pero se debe hacer un balance para atender ambos problemas con soluciones más creativas y en función del impacto social del gasto público. Un reciente estudio de análisis ambiental del Banco Mundial expresa que en el 2006 nuestro país gastó cerca de $178 millones sólo en atender enfermedades y tratamientos derivados de la mala calidad del agua que consume la mayoría de la población. Arroja la dramática cifra de que 500 niños menores de cinco años mueren al año, por problemas gastrointestinales causados por la falta de acceso a agua potable y saneamientos adecuados. El aumento de sueldos y la compra de muebles para renovar oficinas ya existentes dentro de la administración pública, tienen una bajísima rentabilidad social, si se compara con el altísimo beneficio de salvar vidas humanas y contar con una población sana y más productiva. Las inversiones encaminadas al beneficio sostenido de la población son compatibles y directamente correlacionadas con el mantenimiento del poder político.

La Secretaría Técnica de la Presidencia de la República debería convertirse en un Ministerio de Planificación. Que con una visión integral de futuro para el desarrollo económico y social, evalúe técnicamente el gasto público y en particular la inversión de cada una de las instituciones del gobierno, en función del impacto social en beneficio de la población. Convertirse en un filtro técnico dentro de una política de gasto controlado dirigido a áreas prioritarias, previamente definidas por el presidente de la República y su consejo de ministros. Una vez se seleccionan los proyectos factibles, son conocidos y aprobados por el presidente y su gabinete, para que pasen a ser parte del presupuesto general de la nación para su discusión y posterior aprobación.

Para contribuir a la transparencia en la aprobación y el manejo del gasto público, los ciudadanos debemos tener acceso sin restricciones a toda la información de las finanzas públicas, de los estudios de evaluación de los proyectos de inversión, de los términos y condiciones de los préstamos y del endeudamiento público en general. A fin de cuentas somos los contribuyentes los que terminamos pagando las cuentas. Esto ayudaría, entre otras cosas, a contrarrestar las presiones de los grupos de interés para favorecerse de las partidas presupuestarias del gobierno.

Este proceso debe cerrarse con un eficiente y confiable sistema de supervisión y control de la ejecución presupuestaria. Contar con una contraloría técnica e independiente que sea garante de que los fondos no se desvíen en el camino y realmente lleguen a beneficiar a la población objetivo. En un país con escasos recursos, la corrupción en el manejo de los fondos públicos es responsable de más pobres y más muertos por falta de servicios básicos.

LA POLARIZACIÓN LE ESTÁ RESTANDO VIABILIDAD AL PAÍS

La confrontación política irracional e irresponsable entre los dos partidos políticos mayoritarios, que buscan rentabilidad electoral para ambos partidos, mediante la concentración del poder en los polos extremos y la marginación del resto de actores, tiene un alto costo para la población y va en perjuicio de la viabilidad futura del desarrollo económico y social de El Salvador. A este fenómeno perverso se le llama “polarización” en El Salvador.
Perverso porque no existe voluntad de concertar y ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales de las políticas públicas y en los problemas urgentes que están desesperando a la población y obligándolos a emigrar.
Uno de los acuerdos urgentes que necesita el país, es un acuerdo fiscal pactado entre todos los actores políticos, económicos y sociales, que evite llegar a una crisis económica de graves consecuencias y a su vez posibilite dar el salto cualitativo para alcanzar niveles sostenidos de crecimiento con equidad.
El Salvador necesita aumentar, racionalizar y controlar el gasto público, para atender los graves problemas de pobreza e inseguridad ciudadana, las grandes demandas sociales insatisfechas de la población y solventar prudentemente los desequilibrios fiscales acumulados.
La inversión en bienes públicos aumenta el beneficio de la población, aumenta la productividad de los trabajadores y empresarios, vuelve más competitivo al país, atrae la inversión privada y logra una inserción exitosa en el mercado internacional. Esto permite condiciones favorables para la estabilidad política y la paz social en el largo plazo.
El problema delicado en las finanzas públicas es que para atender las obligaciones ya existentes (vencimientos de bonos y pago de pensiones) y atender los grandes déficit sociales entre el 2008 al 2014, el gobierno necesita recursos adicionales por $9,600 millones, que no los puede cubrir con los ingresos corrientes, con los niveles actuales de carga tributaria del 13.4% del PIB y tasas de crecimiento de la economía del 4.5%.
En buenas cuentas, en el tiempo que le falta al actual gobierno y el del próximo gobierno, van a necesitar un promedio anual adicional de $1,373 millones. Si el país ya se encuentra en el límite prudente de endeudamiento público, solo le queda obtener más ingresos por la vía de aumentar la recaudación con los actuales impuestos, haciendo que paguemos todos, todo lo que tenemos que pagar; refinanciando deuda que no pueda pagar; gastando en forma eficiente y transparente; combatiendo la corrupción y muchas otras medidas de sana administración pública. Si todo esto no le alcanza deberá evaluar la creación de nuevos impuestos para llegar a niveles de carga tributaria del 20% del PIB, que es lo que el país necesita.
El punto central es que cualquier partido que llegue al gobierno no podrá gobernar solo, ni estar “saltando” permanentemente a la oposición política para atender los problemas fiscales.
Si no somos capaces de alcanzar acuerdos básicos en materia fiscal, antes de que caliente más la campaña electoral, el país quedará entrampado y entrará en crisis, independientemente de quien gane las elecciones. Si a esto se le agrega que no se atiendan las graves deficiencias y la falta de confianza en el sistema electoral, de cara a unas elecciones reñidas y confrontativas, solo nos queda esperar fuertes reacciones de violencia social que restarían aún más a la viabilidad futura del país.