La candidatura de Alemán

El doctor Arnoldo Alemán prácticamente ya se ha posicionado como candidato presidencial para las próximas elecciones nacionales, las que de acuerdo con la Constitución se deben realizar el primer domingo de noviembre de 2011.

Alemán no cede a nadie el liderazgo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que es la principal fuerza de oposición formal porque cuenta con la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional y tiene además numerosos representantes en los diferentes escalones de otros poderes e instituciones del Estado. Además, de manera visible Alemán está haciendo una cuantiosa inversión económica y manejando una habilidosa estrategia propagandística, para proyectarse como el adalid de la unidad liberal y demás fuerzas opositoras. Y al menos aparentemente, ha colocado en una posición subordinada a Eduardo Montealegre, cuyo movimiento político liberal surgió precisamente como una alternativa democrática y ética al liberalismo arnoldista desacreditado por el pactismo y la corrupción.

En estricto sentido democrático y de derecho, el doctor Alemán no tiene ningún impedimento para volver a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua. La Constitución establece en su artículo 147 que quien ya fue Presidente de la República puede volver a serlo una segunda vez —pero ninguna otra más—, siempre y cuando no sea en períodos sucesivos. Por otro lado, Alemán tampoco tiene impedimento judicial pues la sentencia a veinte años de prisión que le fue impuesta por delitos de corrupción, se la revocó la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia dictada en enero del año pasado, a cambio de que el PLC le concediera al FSLN el control del Poder Legislativo ordinario de la Asamblea Nacional.

Quien definitivamente, conforme a derecho, no puede volver a presentarse como candidato presidencial es Daniel Ortega, porque está ejerciendo actualmente la Presidencia por segunda ocasión —la primera fue en el período de enero de 1985 a abril de 1990—, además de que, como ya mencionamos anteriormente, por mandato constitucional nadie puede aspirar a la Presidencia de la República en dos períodos consecutivos. Ortega no puede volver a ser candidato presidencial ni siquiera amparado en la falsa resolución judicial que dictaron seis magistrados del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, el 19 de octubre del año pasado, la cual es una aberración jurídica que carece absolutamente de validez, pues sólo mediante una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional es que se puede modificar la disposición sobre la reelección contenida en el artículo 147 de la Constitución.

En realidad, la inhibición de Arnoldo Alemán para volver a ser candidato presidencial y presidente de Nicaragua es de carácter moral. Pero también de sentido político común, puesto que es un hecho comprobado que la mayor parte de los ciudadanos nicaragüenses opositores, inclusive en el sector liberal, lo descalifican y rechazan su pretendida candidatura presidencial. Es más, al único contrincante al que podría vencer Daniel Ortega —o cualquier otro candidato del FSLN— en una elección libre y limpia, sería precisamente a Arnoldo Alemán, según lo demuestra la última encuesta de M&R Consultores.

Lo cierto es que si el doctor Arnoldo Alemán le tuviera cariño al pueblo nicaragüense, como suele decirlo y repetirlo en sus discursos y declaraciones; si le preocupara la suerte de Nicaragua y quisiera que se recuperara la democracia que él mismo entregó en bandeja de pacto a Daniel Ortega y el FSLN, lo que debería de hacer es dejarle el campo libre a otros dirigentes del PLC y del liberalismo en general, o de cualquier otra corriente política democrática, para que aspiren a dirigir los destinos de la nación y recuperar la democracia.

Pero es obvio que Alemán no dejará a un lado sus ambiciones personales, sólo por amor a la Patria, la democracia y la libertad. Alemán está empeñado en volver a ser candidato presidencial y nadie se lo puede impedir. En este caso, tal vez la elección primaria pudiera ser la única fórmula para que el mismo pueblo opositor decida democráticamente quién debe ser su candidato presidencial. Siempre y cuando, por supuesto, se garantice hasta donde sea posible que los ciudadanos podrán expresarse libremente en las primarias y que su voluntad será respetada.

Lograr algo tan difícil como eso en las degradadas condiciones políticas de Nicaragua tan degradadas éticamente, es el reto que las fuerzas democráticas del país, políticas y de la sociedad civil, tienen que resolver para que Nicaragua pueda volver a ser República, como lo quería Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y lo necesita de manera apremiante el pueblo nicaragüense.

(La Prensa/Nicaragua)

Funes, Ortega y la izquierda

El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, declaró a la revista brasileña Veja que “la gran cuestión de la izquierda de hoy ya no es sólo hacer un Gobierno popular, democrático y volcado a la distribución de la renta”. Esas son las “prioridades que marcan diferencias con las derechas”, puntualizó el mandatario salvadoreño, quien ganó la elección presidencial como candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un casi clon del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, pero advirtió el presidente Funes que para “hacer viable la justicia social es preciso adoptar un modelo que apueste en el crecimiento y la estabilidad macroeconómica”. Y además, agregó, “es preciso ser responsable, y eso significa tener las cuentas en orden y el déficit público bajo control”.

Pero si esos requisitos —que más bien son virtudes gubernamentales— son los que, según Funes, definen a un gobierno de izquierda en relación con otro de derecha, entonces debemos convenir en que el régimen de Daniel Ortega no es de izquierda. Lo cual es, precisamente, lo que han dicho invariablemente los miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de numerosas organizaciones de la sociedad civil que se identifican como izquierda democrática.

En realidad, no hace falta ubicarse en ningún alineamiento ideológico para reconocer que el régimen orteguista no es popular ni democrático; que no redistribuye la renta de manera equitativa, ni promueve la justicia social, ni ha adoptado “un modelo que apueste al crecimiento y la estabilidad macroeconómica”, del que habla el mandatario de izquierda de El Salvador, Mauricio Funes. Ortega más bien ha quebrantado el modelo de crecimiento que tanto le costó construir a los gobiernos democráticos de los 16 años anteriores al 2007. Además, Ortega ha impuesto el desorden en las cuentas del Estado y el descontrol del déficit público, y está a punto de poner fin a la precaria estabilidad macroeconómica que depende de la ayuda financiera internacional, la cual ha sido suspendida y se puede perder definitivamente, por culpa del fraude electoral que el gobierno de Ortega perpetró el año pasado.

Pero al margen de lo que diga el Presidente salvadoreño —quien es obvio que se ha alineado con la izquierda democrática latinoamericana—, la verdad es que Daniel Ortega igual que los hermanos Castro de Cuba, Chávez de Venezuela, Correa de Ecuador y Morales de Bolivia, son gobernantes de izquierda. Como de izquierda son Lula da Silva de Brasil, Michelle Bachelet de Chile y Tabaré Vázquez de Uruguay, con la salvedad de que éstos últimos son de la izquierda democrática y reformista, mientras que los primeros son de la izquierda salvaje y autoritaria, enemiga de la libertad y la democracia. Es el mismo caso de la derecha, en la cual hay sectores y gobernantes ejemplarmente democráticos, como también los hay o los hubo terriblemente represivos, como por ejemplo las criminales dictaduras militares de Centro y Suramérica.

Se dice que en la actualidad, la evolución y la modernización política comienza con el acuerdo social de que tanto las derechas como las izquierdas deben ser democráticas. Es decir, que ya sea de derecha o de izquierda, el gobierno tiene que ejecutar su programa sin desvirtuar las instituciones de la democracia y sin atentar contra los derechos y las libertades de nadie. Se trata de un acuerdo social que en aquellos países donde todavía no se ha podido salir de la etapa poscolonial, como es el caso de Nicaragua, podría parecer un sueño o una utopía, pero que es perfectamente posible y en muchos países es ya una realidad, imperfecta pero objetiva, como los mencionados Chile o Uruguay.

En todo caso, en Nicaragua el problema no es que el gobierno de Ortega sea o no de izquierda. El problema radica en que se trata de un régimen antidemocrático, el cual desde enero de 2007 viene socavando las instituciones básicas de la democracia y atropellando las libertades y los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos. Y además, el Gobierno de Daniel Ortega ha provocado una grave recesión económica, que ya casi es una crisis general, agravada por la corrupción gubernamental más descarada que se ha conocido en toda la historia nacional.

Es absolutamente irrelevante que el régimen de Daniel Ortega sea de izquierda o no. El problema es que se trata de un desgobierno que está conduciendo al país hacia la ruina económica, política y moral.