sábado, 9 de junio de 2018

Carta sobre el caso CAPRES: Abuso de poder

A nadie realmente le puede haber sorprendido todo lo que la Fiscalía reveló sobre Funes, su familia y su círculo de cheros. Todos sabíamos que este hombre llegó al poder sin nada, vivió en Casa Presidencial como rey y salió millonario. Tal vez nos sorprendió el tamaño del tamal, la trama sofisticada de transferir, sustraer, y esconder fondos, y lo sistemático y de la corrupción. De repente, y conociendo ya el caso Tony Saca y ahora lo de Funes, nos damos cuenta que lo que tenemos en frente es un ‘caso Capres’: la enorme concentración de poder en Casa Presidencial, iniciada por Saca, retomada y perfeccionada por Funes, con la finalidad de abusar de este poder y de enriquecerse.

Lo que la Fiscalía reveló ahora lo van a tener que manejar los juristas en todas sus dimensiones y consecuencias legales: fiscales, jueces, y abogados. No me voy a meter en este terreno. Pero encima de esto, es un asunto político, de Estado; y ético, del país. Este caso, igual que el de Saca, o sea el ‘caso Capres’ requiere que todos actúen aplicando la razón de Estado, más allá de venganzas, más allá incluso de la correcta aplicación de justicia, más allá sobre todo de intereses particulares o partidarios.

El fiscal general, más allá de sus cálculos de reelección, tiene que actuar con razón de Estado, igual que los jueces que tendrán que ver el caso, porque está en juego comprobar que el sistema de justicia y la independencia de los controles institucionales funcionan.

El FMLN, más allá de su interés de sobrevivencia política y electoral, debe de actuar con razón de Estado. De su actuación depende si la ciudadanía va a percibir que el sistema partidario funciona, que los partidos pueden corregir sus errores – o que los partidos son expresión de una casta política que hay que reemplazar.

Si el FMLN no se desmarca claramente de Funes, pidiendo incluso perdón por haber llevado a un ladrón a la presidencia bajo su bandera y sus consignas de cambio, y por haberlo protegido hasta ahora, las consecuencias serán fatales, no solo para su partido sino para el país. El FMLN debe inmediatamente apartar de su gobierno a funcionarios que han estado involucrados en esta trama mafiosa, empezando por Vanda Pignato. El FMLN no debe permitir que este caso abone a la frustración de amplios sectores con los partidos y al discurso demagógico y anti-político de Bukele y Cia. La razón de Estado obliga al FMLN a garantizar que de este caso surja una narrativa diferente y positiva: una que muestre que el sistema de democracia representativa y de partidos funciona; que los criminales son los malos políticos, no los partidos; y que los partidos tienen capacidad de corrección, autocrítica y renovación.

La misma razón de Estado obliga a ARENA a proponer un gobierno que rompa con el sistema de corrupción instalado en Casa Presidencial, convertida en un sobregobierno todopoderoso, que puede manejar fondos sin transparencia y rendición de cuentas. Hay que desmontar el exagerado y pervertido presidencialismo armado por Saca y Funes. El segundo gobierno del FMLN, gracias al carácter diferente de Salvador Sánchez Cerén, pero también gracias a la mayor vigilancia de las instituciones y de la ciudadanía, no ha abusado de la misma manera de este poder tan concentrado de Casa Presidencial, pero tampoco lo ha desmontado. La razón de Estado obliga al próximo presidente reformar esta perversa forma de gobernar, volver a la institucionalidad de los ministerios y del Consejo de Ministros, desmontar el sobregobierno instalado en Capres, con sus secretarías, e instalar filtros y controles que hagan imposible el abuso de poder, incluyendo el enriquecimiento ilícito desde la presidencia.


El ‘caso Capres’, que es la síntesis de los casos Saca y Funes, o puede ser el punto de quiebre del sistema político, si no se maneja con responsabilidad, audacia y razón de Estado; o el punto de regeneración de la democracia que estamos construyendo.


Saludos,



Vea la Conversación de los Observadores sobre el tema

(MAS! / El Diario de Hoy)

 

martes, 5 de junio de 2018

Carta al fiscal general: ¿Y los videos del ‘caso GRP’?

 
Estimado Douglas Meléndez:
Ya todos sabemos que la PNC no está interesada a esclarecer el “caso GRP”, que es el caso detrás de la desaparición milagrosa de la agente Carle Ayala – y del agente que la hirió y secuestró. Ahora nos damos cuenta que la fiscalía también está manejando este caso de manera muy extraña.

El juez del caso, Roberto Antonio Arévalo Ortuño, denunció que la fiscalía no le ha dado a conocer unos videos que tiene en su poder la fiscalía, que podrían aportar a esclarecer lo que realmente pasó esta noche de fin del año 2017, y cómo actuaron agentes y jefes del GRP que no actuaron para evitar la fuga del agente Juan Josué Castillo Arévalo y el secuestro de Carla Ayala, ya herida por su agresor.

El argumento de la fiscalía que no presentan estos videos al juez es muy extraña y a todas luces inaceptable: “por confidencialidad” y “por falta de pericia”. Lo normal es entregar todas las pruebas al juez del caso, y si hay un problema de confidencialidad, solicitarle la debida reserva. Y si hacen falta más pericias, que los ordene el juez.

El buen juez ha sido hasta piadoso con ustedes, por lo menos en sus declaraciones públicas. Solo señaló que la omisión de los fiscales de entregarle todas las pruebas complicó y hizo innecesariamente cara las reconstrucciones en sitio que el juez ordenó. Espero que en privado le hizo ver a los fiscales del caso, o incluso a usted como responsable del trabajo de todos los fiscales, que la omisión de pruebas tiene consecuencias aun mucho más serias: pone en duda la voluntad de la fiscalía y pone en riesgo la validez del juicio contra los integrantes del GRP.

Como observador, uno inevitablemente regresa a la gran duda que este caso nos provoca: ¿Qué quieren esconder, y a quiénes quieren proteger las autoridades de Seguridad? Y lamentablemente, ahora a uno le surgen las mismas dudas respecto a la fiscalía.

Pero la Fiscalía General de la República no puede ser sujeto de este tipo de dudas. Tiene que actuar consciente que la confianza en su institución es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Todos los fiscales actúan a nombre del fiscal general como titular, así que de Usted depende ordenar que el juez tenga acceso completo e irrestricto a todas las pruebas en posesión de la fiscalía.

¿Cómo entender que usted, que por cada ladrón capturado aparece gustosamente ante las cámaras y micrófonos, no se haya pronunciado sobre este conflicto entre fiscales y el juez, y sobre los problemas jurídicos y éticos implicados?  

Saludos,

(MAS! / El Diario de Hoy)