Los nuevos magistrados, el nuevo presidente del Tribunal de Ética, y el que en medio año va a asumir el cargo de fiscal general van a tener que vivir con esta falla de origen: Todos son electos por una mayoría recién desautorizada por los votantes. Pecado original, en términos religiosos. Sucumbieron ante la tentación. No escucharon el llamado de muchos a no aceptar sus cargos si son electos por la Asamblea saliente.
Pero hay dos decisiones impuestas este ‘martes negro’ por la maquinaria de la peor Asamblea en la historia de la post-guerra que además de carente de legitimidad son claramente inconstitucionales: la decisión de apartar al magistrado Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional; y la elección por cinco meses adelantada de un nuevo fiscal general.
Para dejar más claro lo especial de estas dos casos: Estas decisiones también hubieran sido inconstitucionales si las tomara la Asamblea nueva, cuyo mandato nadie puede cuestionar. ¿Por qué?
El mandato de Belarmino Jaime como presidente de la Sala y de la Corte plena espira en julio de este año 2012. Fue electo presidente en el 2009 por tres años. Pero en el mismo acto fue electo magistrado de la Sala de lo Constitucional por 9 años, y la Asamblea no ha llevado a cabo el debido proceso para sustituirlo en este cargo. La Asamblea cometió una barbaridad: designaron a dos nuevos magistrados (Ovidio Bonilla Flores y José Argueta Manzano) a una Sala donde sólo había una vacancia (por la salida de Nestor Castaneda, a quien sí se terminó su mandato de 9 años).
Es obvio que la actual Sala de lo Constitucional tiene el deber de aceptar cualquier demanda contra esta inconstitucionalidad – y de emitir una sentencia que la corrija, antes de la fecha de los relevos en la Corte. Para dejarlo claro: Esta demanda no será contra la designación de un nuevo presidente de la Sala y de la Corte, sino contra la remoción de Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. Ovidio Bonilla, con toda la hipoteca de la falla de origen, podrá asumir la plaza que dejó vacante Castaneda, y además la presidencia de la Sala. Es legal que alguien sustituya a Belarmino Jaime como presidente, pero es ilegal que otro lo sustituya como magistrado de la Sala.
El caso de la elección adelantada (¡por 5 meses!) de un nuevo fiscal general es una clara usurpación de funciones. Es como si la Asamblea saliente, aprovechando una mayoría que en la nueva ya no existe, decidiera elegir ahora al próximo Procurador de Derechos Humanos, cuyo mandato caduca en el 2013. O de una vez reelegir al presidente de la Corte de Cuentas que acaban de nombrar en el 2011. Si se puede adelantar la elección de un funcionario por medio año, también por un año o dos años.
Esta elección adelantada del fiscal general también requiere de un examen de constitucionalidad por parte de la Sala de Constitucional. Por supuesto, de la Sala que está ejerciendo ahora, no de la Sala amañada que quisieron poner en la medianoche del ‘martes negro’.
(El Diario de Hoy)
