Si la acusación pública proviene de un político, ya es otra cosa más seria. Uno dice: Está jodida nuestra clase política.
Si la acusación es la respuesta de un político a una crítica periodística recién publicada, uno se pregunta: ¿Qué dolido está este señor para que aproveche una entrevista en televisión para tratar de desquitarse la crítica política recibida con una acusación tan ridícula? Pero todavía llegaría básicamente a misma la conclusión: Otro loco más, ¿qué vamos a hacer? Sobran los que se vuelven locos porque no aguantan la crítica...
Pero cuando la acusación proviene de un político con la trayectoria de Guillermo Gallegos, por lo menos hay que preguntarse: ¿Me tengo que preocupar? ¿Hasta dónde está dispuesto llegar este señor? ¿Y qué poder de fregar gente tiene un tipo que hace pocos días era el candidato más probable a ocupar el cargo de fiscal general y que todavía hoy es miembro de una subcomisión de la Asamblea Legislativa, constituida especialmente para poner al próximo fiscal general?
Hay quienes me han dicho: Tienes que demandar a Gallegos. Cosa que no voy a hacer. No sólo porque no tiene sentido demandar a un tipo que está gozando de la impunidad que provee el fuero de diputado, sino porque estoy en contra de usar las leyes de difamación para restringir la libertad de expresión. Y quiero ser consecuente con esta posición.
Pero queda sin respuesta la pregunta del millón: ¿Hasta qué extremo, hasta qué acción ilícita estarán dispuestos llegar el diputado Guillermo Gallegos y sus amigos para callar a un crítico incómodo? ¿O más bien, como no me pueden callar, para desacreditar o sacar de circulación a un crítico incómodo?
Entonces, seamos consecuentes y nos preguntamos: ¿Será este miembro influyente de la Asamblea Legislativa capaz de usar su poder para incentivar a algún funcionario a cometer un fraude procesal contra un periodista para desacreditarlo?
Todavía quiero pensar que nuestro país tiene una institucionalidad suficientemente fuerte para que no procedan estos tipos de maniobras. A pesar de todas las deficiencias de nuestras instituciones, sigo creyendo en el Estado de Derecho.
Pero tengo que admitir: la actuación de Guillermo Gallegos es una dura prueba para esta mi confianza. No es un loco hablando solo. Es un señor que una mayoría de diputados estaba al punto de convertir en fiscal general de la República, y lo más probable es que al final saldrá electo a este cargo algún chero de él. Entonces, ¿comienzo a preocuparme?
No tanto para dejar de decir en mis cartas y columnas lo que hay que decir. No tanto para bajar el tono de mis críticas a gobernantes, partidos y diputados. Pero sí para resignarme con la triste verdad que aquí existen y tienen cuotas considerables de poder fuerzas políticas, que juegan sucio con la confianza que todos tenemos en el sistema democrático e institucional.
Regreso a la pregunta inicial: "¿Qué hacer cuando un político que está poniendo fiscal general te inventa en público que traficás con drogas?" Todavía no estoy seguro. Me imagino que la respuesta prudente es: Tener cuidado. Menos en lo que escribo, porque esto es lo que los Gallegos del mundo quieren... y no les puedo dar esa satisfacción.
(El Diario de Hoy)
