Tienen toda la razón del mundo los trabajadores. Los partidos políticos no deberían de aprobar la iniciativa que el presidente de la República presentó a la Asamblea Legislativa: una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones que elevaría de 30 a 50% la porción de los fondos de ahorro de los trabajadores que las AFP estarían obligados a prestar al gobierno.
Esto de meter las manos al fondo de pensiones fue idea de otro presidente: Tony Saca se inventó los “Certificados de Inversión Previsional CIP”, que las AFP están obligados a comprar al gobierno. Esta ley de Saca puso el techo de estos préstamos obligados al Estado en un 30% de los fondos que administran las AFP. Ahora Mauricio Funes, su mejor alumno, quiere meter las manos más a profundidad a nuestros bolsillos, elevando este techo al 50%. El argumento: Los 30% ya están agotados, ya se gastaron. Necesitamos que nos aprueban otro 20% más. Y urgente, porque ya en abril no tenemos con qué honrar las pensiones que el Estado paga desde el INPEP y el Seguro Social.
Tienen toda la razón los trabajadores a decir “no”.
Los fondos de ahorro que administran las AFP para todos son para nuestras futuras pensiones. Y mientras no se aplican en pensiones mensuales, estos fondos son para que crezcan. Son para efectuar las inversiones más inteligentes que nos dan intereses altos y hacen crecer nuestro capital. Esta es la tarea de las AFP. No rescatar al gobierno.
Definitivamente nuestros ahorros no son para pagar las pensiones que le toca pagar al gobierno en el sistema estatal de pensiones (ISSS e INPEP). Para esto hay fondos previsionales propios de estas instituciones. Más bien, los había, porque el problema surgió precisamente porque los saquearon los gobiernos de turno - y por esto Saca y Funes caen a los fondos de las AFP.
Ya es en si grave el hecho que el gobierno se ha gastado el 30% de nuestros ahorros y que quiere gastarse otros 20% más. Acordémonos que son fondos 100% privados que se generan con las cuotas mensuales de los empleados y de los patronos. Ni un centavo proviene de fondos públicos.
Pero lo más grave es que además de obligarnos a prestarle nuestros ahorros al gobierno, nos imponen una tasa de interés mínima, cuando estos fondos podrían ganar mucho más dinero invirtiéndose a intereses del mercado.
Hagamos la cuenta para ver cuánto dinero perdemos cada año con este mal negocio de prestar al gobierno. El total actual de nuestros ahorros en los fondos de pensiones es de 6,200 millones de dólares. De este total los trabajadores hemos prestado el gobierno en forma de Certificados de Inversión Previsional CIP un 30%, que son 1,560 millones de dólares.
El truco: Como es gobierno, en vez de negociar simplemente decreta la tasa de interés por ley: “Yo sólo te pago 1.3% al año”, cuando las AFP podrían colocar el mismo dinero en bonos que les rinden no menos del 7.3% al año. Por esta diferencia de 6%, el gobierno se está robando cada año 108 millones de dólares de intereses sobre los 1,560 millones de dólares que corresponden al 30%, que por ley las AFP tuvieron que prestarle. En otras palabras: Los trabajadores están obligados a subsidiar al gobierno cada año con 108 millones de dólares.
Si el gobierno de Funes logra que la Asamblea apruebe esta nueva reforma y obliga a las AFP a prestar al gobierno otros 20% adicionales de nuestros ahorros de pensiones a esta misma tasa de 1.3%, este subsidio ilegal subiría a más de 186 millones de dólares al año. Esto algunos lo llaman robo, otros lo llaman una paulatina y disfrazada nacionalización de nuestros fondos de ahorro.
Esta es la cuenta que en su comunicado del 15 de marzo los sindicatos le hicieron al gobierno, a los partidos y a la opinión pública. La cuenta es impecable. Saquen su calculadora para comprobarla. Tienen toda la razón. Y parece que van a luchar por la seguridad de sus pensiones. Serían imbéciles e irresponsables si se dejaran robar así no más.
Lo mínimo que los partidos políticos y diputados tienen que hacer (para representar los intereses de los trabajadores y sus familias) es amarrar la aprobación del nuevo techo de 50% a dos condiciones: una, que el gobierno pague la tasa de mercado, y no una taza preferencial. La otra: que reformen la ley para permitir que las AFP puedan invertir el restante 50% sin limitaciones impuestas por el Estado, y así garantizarle a los ahorrantes la mayor rentabilidad que permite el mercado.
(El Diario de Hoy)
