Siendo él un hombre que se abrió el camino al poder como periodista dedicado a la crítica y denuncia contra los gobiernos de turno, era lógico que Funes quedara insatisfecho con esta reforma a medias. Otra vez todo el mundo se equivocó con Funes: De hecho, observó la reforma al Código Penal, pero no para mejorarla, sino para hacerla aún más restrictiva a la libertad de expresión.
Muchos hubiéramos querido que el problema de los posibles abusos de la libertad de expresión desapareciera del Código Penal como "delitos". Consideramos que si un ciudadano o un periodista está siendo demandado por el afectado de su crítica o de la información divulgada, esto tendría que ser sujeto al derecho civil.
Sin embargo, la Asamblea no se atrevió a dar este paso, sino optó por mantener vigente la tipificación como "delitos" para la difamación y la injuria, pero cambiando las penas de cárcel por multas. Sin embargo, ni siquiera con esto estaba de acuerdo el FMLN, que insistió en las penas de cárcel para periodistas y ciudadanos que con sus críticas o con la información divulgada lesionan el honor de otros, quiere decir: de funcionarios y políticos.
Entonces, la reforma dependía de los votos de GANA, y ellos pusieron otra condición: que se introdujera en el Código Penal una nueva sanción: la inhabilitación de periodistas de ejercer su profesión.
El problema es evidente: Hay muchos funcionarios, de los cuales es difícil hablar críticamente sin atentar contra su honor. Son ellos los más afectados por un periodismo que toma en serio su tarea de fiscalizar la política y la administración pública.
No es casualidad que ahora que están en el poder, los dirigentes de FMLN quieren restringir la libertad de expresión. Y en el caso de GANA, es por su propia naturaleza como partido nacido de la compra de voluntades, que se sienten amenazados por una prensa y una ciudadanía que tiene libertad de expresión y crítica.
Salió una reforma a medias. Da pasos adelante para proteger y fortalecer la libertad de expresión, pero la deja restringida para proteger a los políticos y funcionarios públicos. Lo positivo es que remueve las penas de cárcel para periodistas y ciudadanos acusados de haber lesionado el honor de los criticados.
Aunque inmediatamente da un paso atrás con la nueva sanción de inhabilitación para periodistas, en el caso especial que la crítica haya sido motivada por "precio o recompensa", o sea cuando lucren del "delito".
Otro paso positivo es que la reforma cierra la posibilidad de demandar, aparte del autor de una crítica, también a sus editores, directores y la empresa editorial.
Contra estos pasos positivos están dirigidas las observaciones del presidente. Funes está solicitando a la Asamblea que la sanción de inhabilitación profesional contra periodistas no sólo se aplique en casos que se pueda comprobar al periodista que haya lucrado de sus crítica, sino en cualquier caso.
La inhabilitación como tal ya es una aberración: El Estado no puede prohibir el ejercicio de una profesión que (por suerte) no depende de un permiso estatal ni de una licencia. En la versión que propone Funes, esta sanción se convierte en un verdadero obstáculo para la profesión.
Además Funes está solicitando que se vuelva a abrir la posibilidad que el medio como empresa, sus directores y editores pueden ser demandados como "cómplices o instigadores" junto al autor de la crítica. Con esto, el presidente y ex-periodista Funes está fomentando una cultura de censura y auto-censura dentro de los medios.
Espero que la Asamblea no haga caso a esta política autoritaria de restricción a la libertad de expresión.
(El Diario de Hoy)
