Cuando el vicepresidente de la República Salvador Sánchez Cerén declaró que "las normas pétreas en materia constitucional son una aberración jurídica", muchos inmediatamente saltaron en defensa de nuestra democracia.
Que bueno, porque uno de los tres hombres que concentran el poder dentro del FMLN estaba clasificando de "aberración" el hecho que nuestra Constitución dicta que "no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".
Pero en el mismo discurso del 16 de enero, el vicepresidente dijo una frase que casi pasó desapercibida: "Al pueblo no se puede negar si por voluntad mayoritaria decide reformar la Constitución".
¡Equivocado, señor vicepresidente! ¡Reprobado, señor ministro de Educación! Se puede negar. Se debe negar. Es mandato de la Constitución.
No es la 'voluntad mayoritaria' que tiene derecho de cambiar la Constitución. Es precisamente el propósito de nuestra Constitución evitar que cualquiera que en dado momento disponga de una 'voluntad mayoritaria' pueda alterar la Constitución.
Por esto, la Constitución, en el artículo 248, dice: "La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.
Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos".
Es privilegio de los diputados, no del pueblo como tal en votación directa (por ejemplo, un referéndum), reformar la Constitución. Con el candado de la mayoría calificada de dos tercios de los diputados, o sea la reforma constitucional requiere de una concertación entre varios partidos. O sea, tiene que haber un amplio consenso que va mucho más allá de una mayoría coyuntural.
Esa es la mera esencia de nuestro sistema político (el mismo que la Constitución no permite alterar): la democracia representativa que deja las decisiones trascendentales no en manos directamente del electorado, sino de representantes elegidos, las toman en base de su conciencia, del interés común, tomando en cuenta no sólo 'la voluntad mayoritaria' y coyuntural del pueblo, sino igualmente los intereses de las minorías y las necesidades del país a largo plazo.
¿Está funcionando bien este sistema de la democracia representativa? Obviamente que no.
Pero esto no es razón para desechar este sistema y sustituirlo por otro que pretende ser 'democracia directa' o 'democracia popular', pero que resulta tener mucho menos garantías contra el autoritarismo y el populismo demagógico.
Las evidentes deficiencias de nuestro sistema de democracia representativa son razón para una urgente reforma política. Urge mejorar la manera que funciona esta representación.
Urge una ley de partidos políticos que asegura el carácter democrático de los partidos así como regula y transparenta sus finanzas y campañas. Urge una reforma electoral que permita que el electorado pueda elegir libremente a cada uno de los diputados.
O sea con listas abiertas donde no depende de las cúpulas partidarias quién entre a la Asamblea, sino de los electores.
Si para lograr todo esto hay que hacer enmiendas constitucionales, hay que consensuarlas, aprobarlas y, en la Asamblea Legislativa siguiente, ratificarlas con mayoría calificada. Nada de buscar un atajo o un bypass.
Nada de trucos chucos. Nada de cambiar o pervertir con elementos plebiscitarios el sistema, sino agotar todas las medidas para reformar y perfeccionarlo. Nada de aventuras a la venezolana o nicaragüense...
Es grave que el partido de gobierno -así lo expresan no sólo las declaraciones de Sánchez Cerén, sino de casi todos sus dirigentes- tiene otra concepción de la democracia.
Siempre me ha asustado cuando partidos o líderes políticos de corte autoritaria, que además se sienten 'vanguardia' y expresión de los verdaderos intereses del pueblo, hablen de 'voluntad mayoritaria' o 'voluntad popular'.
No importa que sean de izquierda o de derecha o de esas nuevas mezclas de izquierda/derecha (como Hugo Chávez, Mel Zelaya o los peronistas de Argentina), hay que tenerles cuidado y no permitir que perviertan las constituciones.
Cero tolerancia con los que juegan fuera de la Constitución. Siempre cuando salgan a la luz declaraciones e intenciones como las de Sánchez Cerén (o Daniel Ortega o Mel Zelaya), todos los sectores democráticos tenemos que unirnos en defensa de nuestro sistema político. Y la mejor forma de defensa es la reforma.
(El Diario de Hoy)
Pero en el mismo discurso del 16 de enero, el vicepresidente dijo una frase que casi pasó desapercibida: "Al pueblo no se puede negar si por voluntad mayoritaria decide reformar la Constitución".
¡Equivocado, señor vicepresidente! ¡Reprobado, señor ministro de Educación! Se puede negar. Se debe negar. Es mandato de la Constitución.
No es la 'voluntad mayoritaria' que tiene derecho de cambiar la Constitución. Es precisamente el propósito de nuestra Constitución evitar que cualquiera que en dado momento disponga de una 'voluntad mayoritaria' pueda alterar la Constitución.
Por esto, la Constitución, en el artículo 248, dice: "La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.
Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos".
Es privilegio de los diputados, no del pueblo como tal en votación directa (por ejemplo, un referéndum), reformar la Constitución. Con el candado de la mayoría calificada de dos tercios de los diputados, o sea la reforma constitucional requiere de una concertación entre varios partidos. O sea, tiene que haber un amplio consenso que va mucho más allá de una mayoría coyuntural.
Esa es la mera esencia de nuestro sistema político (el mismo que la Constitución no permite alterar): la democracia representativa que deja las decisiones trascendentales no en manos directamente del electorado, sino de representantes elegidos, las toman en base de su conciencia, del interés común, tomando en cuenta no sólo 'la voluntad mayoritaria' y coyuntural del pueblo, sino igualmente los intereses de las minorías y las necesidades del país a largo plazo.
¿Está funcionando bien este sistema de la democracia representativa? Obviamente que no.
Pero esto no es razón para desechar este sistema y sustituirlo por otro que pretende ser 'democracia directa' o 'democracia popular', pero que resulta tener mucho menos garantías contra el autoritarismo y el populismo demagógico.
Las evidentes deficiencias de nuestro sistema de democracia representativa son razón para una urgente reforma política. Urge mejorar la manera que funciona esta representación.
Urge una ley de partidos políticos que asegura el carácter democrático de los partidos así como regula y transparenta sus finanzas y campañas. Urge una reforma electoral que permita que el electorado pueda elegir libremente a cada uno de los diputados.
O sea con listas abiertas donde no depende de las cúpulas partidarias quién entre a la Asamblea, sino de los electores.
Si para lograr todo esto hay que hacer enmiendas constitucionales, hay que consensuarlas, aprobarlas y, en la Asamblea Legislativa siguiente, ratificarlas con mayoría calificada. Nada de buscar un atajo o un bypass.
Nada de trucos chucos. Nada de cambiar o pervertir con elementos plebiscitarios el sistema, sino agotar todas las medidas para reformar y perfeccionarlo. Nada de aventuras a la venezolana o nicaragüense...
Es grave que el partido de gobierno -así lo expresan no sólo las declaraciones de Sánchez Cerén, sino de casi todos sus dirigentes- tiene otra concepción de la democracia.
Siempre me ha asustado cuando partidos o líderes políticos de corte autoritaria, que además se sienten 'vanguardia' y expresión de los verdaderos intereses del pueblo, hablen de 'voluntad mayoritaria' o 'voluntad popular'.
No importa que sean de izquierda o de derecha o de esas nuevas mezclas de izquierda/derecha (como Hugo Chávez, Mel Zelaya o los peronistas de Argentina), hay que tenerles cuidado y no permitir que perviertan las constituciones.
Cero tolerancia con los que juegan fuera de la Constitución. Siempre cuando salgan a la luz declaraciones e intenciones como las de Sánchez Cerén (o Daniel Ortega o Mel Zelaya), todos los sectores democráticos tenemos que unirnos en defensa de nuestro sistema político. Y la mejor forma de defensa es la reforma.
(El Diario de Hoy)
