Publicado en EL DIARIO DE HOY, 23 septiembre 2019
Los diputados de la Asamblea Legislativa se niegan a cumplir con sus obligaciones. La última afectada es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entidad encargada de velar por el respeto de los derechos humanos, investigar denuncias en caso de violaciones a estos y asistir a las presuntas víctimas. El 21 de septiembre finalizó el periodo de Raquel de Guevara como titular de la entidad. Otra vez, una institución estatal tan importante queda acéfala y la Asamblea Legislativa incumple con su deber de elegir funcionarios en tiempo.
Y algo que resulta preocupante es que los diputados quieran elegir un procurador a la medida de sus intereses, creencias o prejuicios. El pasado jueves, el presidente de la Asamblea Legislativa manifestó —según lo reportó LPG— que “buscan a alguien que respete la vida, que esté en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo y que no quiera encarcelar a los involucrados en hechos de la guerra”. Luego aclaró su postura y manifestó que buscan un funcionario que cumpla con la Constitución y las leyes. Sin embargo, las dudas que dejó con su pronunciamiento inicial aún siguen vivas.
Después de tantas ocasiones que se ha mandado a los diputados a repetir la plana en este tipo de procesos, cuando se han declarado inconstitucionales las elecciones de funcionarios, y después de los ríos de tinta que se han escrito por parte de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil nacionales y organismos internacionales, la Asamblea Legislativa sigue sin entender.
La Sala de lo Constitucional ha emitido más de una docena de sentencias en las que se establece la importancia de las instituciones que crea la Constitución, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la PDDH, entre otras; además, los requisitos que deben reunir las personas que optan a dirigir estas instituciones y el procedimiento que debe cumplirse para la elección. Resulta increíble que la Asamblea Legislativa se niegue a cumplir sus funciones conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, pues se resisten a realizar procesos de elección de funcionarios transparentes y objetivos.
Por otro lado, está el tipo de procurador que quieren elegir. La Sala de lo Constitucional, en la sentencia referencia 8-97, expuso que ningún funcionario tiene potestades para impedir el ejercicio de derechos fundamentales a partir de su particular visión de la “moralidad”. Cada quien tiene derecho a tener su propia visión del mundo. Pero los valores, creencias y prejuicios pertenecen al fuero interno de cada persona y no pueden ser extrapolados a la función pública cuyo fin primordial es la defensa de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos. La Asamblea debe tener claro que su obligación es elegir a funcionarios competentes y probos, no activistas en ningún tema. Debe elegir un procurador que defienda los derechos humanos de todos, no a la medida de sus intereses.
En una república hay una base de valores constitucionales que todos debemos cumplir y respetar: justicia, libertad, igualdad, dignidad humana, bien común y seguridad jurídica. Las apreciaciones o preferencias subjetivas no pueden ser impuestas a toda la población, pues se cae en el riesgo de cometer arbitrariedades y violentar la pluralidad de pensamiento, uno de los principios fundamentales en una democracia.
Los diputados en la Asamblea Legislativa ya deberían tomarse en serio la elección de funcionarios que se encuentra a su cargo. El detalle de requisitos que deben cumplir y los procedimientos que deben desarrollarse ya está escrito. Solo falta voluntad política de cumplir con la Constitución, eligiendo funcionarios competentes y probos para desempeñar los cargos. No ocupen el tema de elección de funcionarios solo para promesas en la campaña electoral.
