Poner en subasta a buena parte de la
flota de vehículos de lujo de la presidencia y los ministerios no cuesta
dinero. Por lo contrario, genera ingresos y ahorra gastos. El gobierno de
Sánchez Cerén no lo ha hecho, pero Luis Guillermo Solis, el presidente de Cota
Rica que asumió el mando en mayo de este año, lo hizo en los primeras 100 días.
También tomó la decisión de prohibir que en oficinas del gobierno se cuelguen
fotos de él. Medida simbólica, pero de impacto positivo.
Tampoco le hubiera costado un cinco al
gobierno salvadoreño, o sea a nosotros, si el nuevo gobierno del FMLN hubiera
tomado la decisión de reducir el inflado aparato político, burocrático y
propagandístico en Casa Presidencial que Funes les heredó. En 100 días se
hubiera podido reducir a un mínimo racional y necesario el aparato de
comunicación y propaganda concentrado en las secretarías conducidas por Hato
Hasbún y Marcos Rodríguez.
En 100 días se hubiera podido mandar al
carajo todos los parásitos incrustados en la Secretaría de Cultura. Se hubiera
podido cortar el control que el partido, mediante su propia secretaría de
cultura presidida por Lorena Peña está ejerciendo sobre la entidad estatal de
cultura. La Secretaría de Cultura no necesita convertirse en ministerio, como
es el plan del gobierno del FMLN, creando más burocracia y presupuesto. Lo que
necesita es independencia del partido y del gobierno de turno, con un estatus
de autonomía. Esta conversión no requiere de fondos adicionales, solo de
voluntad y visión políticas. El gobierno Sánchez Cerén, en sus primeros 100
días, caminó en la dirección contraria.
Otra medida necesaria que se hubiera
podido tomar, sin recursos adicionales, sin batallas legislativas, solo con
valor, hubiera sido revisar y suspender el proyecto SITRAMSS. Pararlo hubiera
resultado mucho menos costoso para el estado y dañino para la ciudad que
continuar con un proyecto mal concebido que no resuelvo el transporte y además
obstruye el tráfico.
En 100 días el gobierno del FMLN hubiera
podido negociar con los médicos y trabajadores del sistema nacional de salud la
evaluación y, al ser necesario, sustitución de directores y jefes incompetentes
y que no gozan de la confianza y colaboración de los profesionales del sector.
La gran mayoría de las demandas del sector salud no son económicas ni
salariales, sino enfocan en una administración más racional y menos partidaria
y corrupta de los recursos humanos y financieros. Nada de esto ha hecho el
segundo gobierno del FMLN, aparte de apartar algunos amigos de Funes como el
director del Seguro Social.
Tampoco el gobierno ha tenido la voluntad
de poner a profesionales competentes en los puestos clave para la captación de
inversiones. Por lo contrario, ha puesto en CEPA, CORSAIN, PROESA, y el Ministerio
de Economía a personeros elegidos con criterios partidarios o de afinidad al
proyecto empresarial del FMLN llamado ALBA.
Algunas medidas de esta categoría de
decisiones, que solo dependen de la visión y la voluntad política y que por
lógica se tienen tomar en los primeros días de un nuevo gobierno, de hecho se
tomaron: se hizo al fin la convocatoria pública para licitar la concesión para
operar el Puerto La Unión. Se cortaron los tentáculos de los amigos de Funes,
Saca, Salume y Mecafé en el sector energético. Se lanzó una amnistía para
fomentar que empresas pueden pagar la mora de impuestos sin tener que liquidar
las multas e intereses acumulados. Pero más no se hizo. O se hizo al revés.
Y hay una medida que nos quieren vender
como gesto de buena voluntad y de austeridad: la decisión del presidente de no
ocupar la residencia presidencial. Me parece simpática esta decisión del
presidente de quedarse en la Laico. Pero no implica ningún ahorro. Ahora se
tiene que mantener y proteger dos residencias en vez de una. Y el uso que están
dando los domingos a la residencia tampoco resuelve ningún problema de la
población. Supuestamente abren la residencia “al pueblo”, pero obviamente no es
así. Sus invitaciones “al pueblo” son selectivas y se convierten en actos de
propaganda, lejos de constituir un servicio o un derecho a la población.
Resumen: incluso de lo factible, muy poco
han querido hacer en 100 días.
(El Diario de Hoy)
