Resulta que tuvo razón el señor Fiscal
General cuando habló de la "tregua hipócrita". Solo que no son los
pandilleros ni los mediadores los que actúan con doble moral, sino el gobierno
y su presidente. Quieren capitalizar los logros de la tregua, pero no quieren
asumir los costos políticos. La exitosa reducción de la violencia tiene muchos
padres, pero parece que fue una milagrosa concepción inmaculada, porque nadie
admite haber tocado a la muchacha.
A finales del año 2012, cuando la tregua
entre las pandillas y la mediación de monseñor Colindres y Raúl Mijango ya
tenían más de medio año de exitosamente reducir la conflictividad en muchas
comunidades, el presidente llega a la conclusión de que se han generado las
condiciones para que el gobierno desarrolle una estrategia de intervención e
inversión social en los municipios donde se produjo y sigue reproduciendo el
caldo de cultivo del fenómeno de las pandillas. En este contexto el Presidente
nombra al entonces viceministro de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, como
coordinador del gobierno para esta intervención social, incluyendo la
prevención y rehabilitación.
Al mismo tiempo, los mediadores y las
pandillas habían llegado a una conclusión parecida y plantearon que en una
"segunda fase del proceso que se inició con la tregua" los municipios
tendrían que apoderarse del proceso y llevarlo a la rehabilitación de las
comunidades y del tejido social, con participación activa de las comunidades y
sus liderazgos, incluyendo las pandillas, que ya habían expresado su deseo de
mostrar en las comunidades su voluntad de inserción a la vida legal y
productiva.
Nació la idea de los "Municipios
libres de violencia", y el primer lugar donde se firmó un "acuerdo
local por la paz y la vida", el 22 de enero de 2013, fue Ilopango. Hasta
le fecha se han incorporado un total de once municipios, cinco de ellos
gobernados por ARENA (Ilopango, Quezaltepeque, Sonsonate, Apopa y San Vicente),
cinco por el FMLN (Santa Tecla, Ciudad Delgado, Zacatecoluca, Puerto La
Libertad y Nueva Concepción), y uno por el CD (Puerto El Triunfo).
En cada uno de estos municipios se
consensuó, entre los diferentes liderazgos del municipio, un acuerdo. Estos
acuerdos todos tienen la firma del alcalde, de los voceros locales de las
pandillas, y de liderazgos religiosos, comunitarios o empresariales del
municipio. Y hasta el día que Ricardo Perdomo asumiera como ministro de
Justicia y Seguridad, siempre firmó un funcionario de esta cartera, a la par de
los pandilleros y del alcalde. En público, ante los ojos de la comunidad y las
cámaras de la prensa. Nada oculto. A veces firmó el ministro Munguía, a veces
el viceministro Moreno.
Cualquiera puede revisar los documentos
en las respectivas alcaldías o incluso en el ministerio. Son documentos
públicos. O puede revisar los reportes de prensa y las fotos publicadas donde
se ve a funcionarios a la par de pandilleros. Así que desde enero de 2013 esto
no es novedad y no debería escandalizar a nadie, ni a El Faro ni al Presidente.
Pero la participación del ministerio no
sólo fue protocolaria en el acto público que se hizo en cada ciudad para
declararla en proceso de convertirse en "Municipio libre de
violencia". Antes de llegar a esto hizo falta mucha carpintería, se
celebraron muchas reuniones, y en varias de ellas participaron funcionarios del
gobierno. Y por lógica, en algunas de estas reuniones participaron pandilleros,
ya que de esto se trata: aprovechar la tregua entre ellos para construir
procesos integrales de rehabilitación de las comunidades. Y por parte del
gobierno no sólo participó Douglas Moreno, a quien ahora el Presidente culpa de
haberse reunido con pandilleros sin autorización, sino representantes de las
diferentes agencias gubernamentales que tenían que entrar en acción en el marco
de la estrategia del gobierno de dar sostenibilidad a los pactos municipales y
de desbloquear el desarrollo en las comunidades: FISDL, Obras Públicas, Fovial,
Educación, Salud, Propaz, Injuve... y hasta la PNC.
Nadie, ni el hombre que vive aislado en
la residencia presidencial, se puede imaginar que estos proyectos de
construcción de "Municipios libres de violencia" se pueden lanzar sin
o en contra de las pandillas. Los mediadores y los alcaldes se encargaron de
construir acuerdos con las pandillas, y los representantes del gobierno solo
tenían que llegar y coordinar y afinar la entrada de sus programas. Douglas
Moreno nunca tuvo que negociar nada con los pandilleros. Sólo tuvo que
transmitir y explicar el compromiso del gobierno de invertir en las
comunidades. Tuvo que construir confianza mutua. Esto se llama diálogo.
Negociación es otra cosa.
Las pandillas se han convertido en
participantes proactivos de los planes municipales de desarrollo. Con todos los
problemas y peligros que esto significa, pero también con mecanismos acordados
de solución. Incluso con hotlines telefónicas que permiten a los alcaldes, los
mediadores y los cabecillas de las pandillas a resolver de manera inmediata
conflictos antes de que se vuelva imparable la escalada de la violencia y
revancha.
El 27 de este mes de julio El Faro
publica un reportaje titulado "Exviceministro de Seguridad negoció en
persona con líderes pandilleros", revelando que para construir todo esto
exitosamente en 11 municipios (con mas de 1 millón de habitantes), el
viceministro Moreno se sentó, en diferentes ocasiones y lugares, en una misma
mesa con pandilleros. Lo único que tenía que hacer el presidente Funes era
decir: "Claro que sí. La concepción inmaculada no existe, por lo menos no
para los mortales que gobernamos este país. Sin embargo, no hemos negociado
nada con las pandillas. Hemos coordinado la ejecución de acuerdos ya negociados
entre los alcaldes y las pandillas, con apoyo directo de iglesias y de los
mediadores de la tregua. Ellos cambiaron la situación conflictiva en las
comunidades, y el gobierno llegó a hacer el trabajo que durante años estaba
paralizado por la violencia. ¿Cuál es el problema? Están visibles los
logros."
Pero si no tenía suficiente visión y
coraje, simplemente podía quedarse callado. Ya conocemos la obsesión de El Faro
de probar que tuvo la razón. Cuando en marzo del 2012 (equivocadamente) reveló
una supuesta negociación oculta del gobierno con las pandillas, con dinero y concesiones
carcelarias a cambio de que se reduzcan los homicidios.
A nadie le impacta mucho cuando ahora
nuevamente El Faro contamina su labor informativa (en un tema que ha tratado
mejor que otros medios), metiendo de contrabando interpretaciones muy particulares
para comprobar su tesis de siempre: el gobierno mantiene negociaciones ocultas
con pandillas. Pero por más que El Faro lo interprete así, el hecho de que un
viceministro se sienta en una mesa con pandilleros, aparte de otros liderazgos
locales, no significa que está negociando.
Hay muchas maneras de sentarse en una
mesa —para aclarar conceptos, para evitar malentendidos y expectativas falsas,
para explicar cada uno sus acciones, incluso para coordinar acciones— sin nunca
llegar a negociaciones con compromisos que se condicionan mutuamente.
¿Por qué nuestros gobernantes se sienten
tan en la defensiva que no pueden explicar esto al público, con la frente en
alto, defendiendo y protegiendo a sus funcionarios, orgullosos de los logros
obtenidos, conscientes de los peligros, pero con la certeza de poderlos manejar
responsablemente?
¿Por qué, cuando sale un reportaje como
el reciente de El Faro, el presidente no puede decir: "Por suerte tengo
funcionarios que tienen los huevos de sentarse donde hay que sentarse para
resolver los problemas de seguridad. Y por suerte tienen la capacidad e
integridad de sentarse con quien hay que sentarse y nunca comprometer al
gobierno y a los intereses de la población. Y tenemos la suerte de tener
alcaldes valientes y visionarios, de diferentes partidos, que han sabido llegar
a acuerdos con los pandilleros sin sacrificar la seguridad de la población. Los
felicito a todos y les externo mi pleno apoyo"?
Por el contrario: lo primero que hizo el
nuevo ministro de Justicia fue sacrificar al director general de Centro
Penales, para bajar la presión política y mediática. Y lo primero que hacen el
presidente y sus ministros, ahora que El Faro reporta que el gobierno negocia
con pandilleros, es buscar a un culpable.
El chivo expiatorio se ofrece en la
persona de Douglas Moreno, quien hace un mes tuvo que renunciar a su cargo, por
un problema personal y legal. Como Moreno ya está en el suelo, se ofrece para
recibir algunas patadas más. Qué falta de lealtad, qué falta de liderazgo.
¿Quién va a creer que un viceministro,
que quiere realizar reuniones no autorizadas con pandilleros, las convoca en su
oficina en el ministerio? ¿Y quién va a creer que nadie sabía de esto? ¿Qué
otra cosa que risa y pena nos puede provocar que el actual ministro de
Justicia, en aquel entonces jefe de la Oficina de Inteligencia del Estado, que
supuestamente sabe todo, tampoco sabía de estas reuniones, ni de las realizadas
en los municipios, algunas de ellas cubiertas por la prensa nacional?
Si quieren la definición de
"hipócrita" (que el señor fiscal general no dio) aquí la encuentran:
"El actual ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, que cuando se
celebraron las reuniones era director del Organismo de Inteligencia del Estado
(OIE) y por tanto parte del gabinete de seguridad, negó a El Faro haber sabido
nunca de estos contactos entre Douglas Moreno y representantes de las
pandillas." ("Exviceministro de Seguridad negoció en persona con
líderes pandilleros", El Faro, 27 de julio 2013).
"Nunca tuve conocimiento y de
haberlo sabido nunca lo hubiera permitido. No era nuestra política reunirnos
con ellos (con los pandilleros), nunca ha habido, que yo sepa, contacto de
titulares del ministerio con pandilleros" (David Munguía Payés,
actualmente ministro de Defensa, a la fecha de las reuniones entre Moreno y los
pandilleros ministro de Justicia y Seguridad; citado por El Faro).
"El gobierno está llevando a cabo su
estrategia que se llama municipios libres de violencia, y esa estrategia no
tiene nada que ver con las pandillas" (Presidente Funes, en su programa
Conversando con el Presidente, citado por el sitio oficial presidencia.gob.sv)
"El presidente no estaba al tanto de
esa reunión. No tenía conocimiento de ellas. Fueron decididas de forma
unilateral por el exviceministro. Si él se hubiera enterado de esto, (el
presidente Funes) hubiera decidido tomar medidas, incluso la destitución del
funcionario" (David Rivas, secretario de comunicación de la presidencia,
citado por El Faro).
Con este tipo de declaraciones hipócritas,
¿cómo piensan empoderar a los alcaldes, a los mediadores, a los dirigentes
locales y a aquellos pandilleros que están apostando a la rehabilitación y
reconciliación desde las comunidades? ¿Quién será el siguiente chivo
expiatorio, cuando el gobierno necesita a sacrificar a alguien porque ya no
aguanta la presión política y mediática? ¿Uno de los alcaldes? ¿Un mediador
acusado de violar la ley de prescripción de pandillas?
