Observador político:
Pagamos para que estemos felices pagando más
Yo sé que es legal, pero no es legítimo: el masivo uso de la propaganda política del gobierno para promover sus iniciativas de ley. Nos quieren cobrar más impuestos, y además gastan millones de nuestro dinero para convencernos de la necesidad y justeza del paquetazo. Los ciudadanos estamos pagando por la soga que necesitan para ahorcarnos.
La publicidad del gobierno debería estar limitada (por ley y ética) a la información que debe el gobierno a los ciudadanos. Información sobre epidemias o desastres, sobre campañas de vacunación, sobre cambios en los servicios estatales, sobre licitaciones, etc.
Sus opiniones la pueden los gobernantes expresar todos los días en entrevistas, debates, discursos y conferencias de prensa – pero no deberían tener permiso de empaquetar y difundirla en publicidad y propaganda pagado con fondos públicos.
La información que divulgan las instituciones del Estado tiene que ser de utilidad pública, no de utilidad para el titular. Y definir si es de utilidad pública el aumento de impuestos, no compete al presidente, sino exclusivamente a los diputados.
Si el presidente o sus ministros quieren presionar a los legisladores a que aprueban sus iniciativas de ley, se pueden reunir con ellos, debatir con ellos, convencerlos. Incluso pueden movilizar a la opinión pública mediante sus apariciones en televisión y prensa. Pero no mediante campañas de propaganda gubernamental. Mucho menos cuando la propuesta de ley del gobierno, como en el caso del paquetazo de impuestos, es muy controversial y divide la sociedad en dos campos. En esta situación poner toda la maquinaria del Estado en función de mover la balanza de la opinión pública se llama abuso de poder. Y también es despilfarro. El otro día el presidente estaba retando a los críticos de su política fiscal que le digan adónde hay despilfarro en su gobierno. En el permanente uso de fondos públicos para la propaganda política.
Las partes interesadas en el conflicto sobre los impuestos (los partidos, las gremiales empresariales, los sindicatos, etc.) tienen todo el derecho de gastar su dinero en la publicidad o la propaganda que estimen pertinentes para influirnos en pro o en contra del paquetazo. Pero el gobierno no es un sector interesado más que puede entrar en la batalla propagandística. El gobierno representa a todos, los que están en favor de aumentar los impuestos, como los que están en contra. Y la otra diferencia: El dinero que el gobierno gasta no es suyo...
Alguien debería elaborar y presentar una ley que regule la publicidad de las instituciones del Estado, aplicando una regla básica: El Estado tiene que facilitar a los ciudadanos la información que necesitan para formar opiniones y tomar decisiones. Pero no tiene porqué intervenir en el proceso autónomo de la formación de la opinión pública con lavados de coco vía la desinformación y la propaganda.
Si sumásemos los fondos que la presidencia, los ministerios, la Asamblea, las autónomas como CEL y ANDA, las alcaldías y otras instituciones estatales gastan en publicidad que no es informativa sino más bien opinativa y propagandística, llegaríamos a números impresionantes. No podemos ni adivinar esta suma, porque ninguna de estas instituciones hace transparente su presupuesto de publicidad. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer funcionar la Ley de Transparencia.
No podemos continuar tolerando un Estado que se niega a proveernos de información pero nos bombardea con propaganda. ¿Habrá en la nueva Asamblea Legislativa diputados dispuestos a cambiar esto? ¿Realmente queremos un Estado que nos dice qué pensar?
(El Diario de Hoy)
