"Nadie que no tenga orden de detención o condena de un tribunal salvadoreño puede estar encarcelado en nuestro país, sea pandillero venezolano, marero salvadoreño o simplemente alguien que violó las leyes migratorias de Estados Unidos."
En la voz del autor: Kilmar.mp3
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Ustedes en el gobierno de El Salvador igual saben que Abrego García no tiene causa penal, ni en Estados Unidos ni en El Salvador, país que abandonó con 16 años. Lo sabe Casa Presidencial, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Fiscalía y las autoridades judiciales, policiales y penitenciarias: Abrego García es inocente.
El gobierno de Estados Unidos dice que fue un “error administrativo”, pero que ya no puede repararlo porque Abrego García se encuentra en El Salvador, donde Estados Unidos no tiene jurisdicción para ordenar su regreso.
Es mentira. El caso Abrego García no es un asunto de jurisdicción. La jurisdicción sobre cada preso en El Salvador la tienen exclusivamente ustedes. No necesitan orden ni autorización de Washington para liberar a Kilmar. Es su obligación. Y es obligación de Estados Unidos de recibirlo. Punto.
El gobierno de El Salvador – y esto incluye su ministerio de Justicia y Seguridad, su Dirección General de Centros Penales y en última instancia al carcelero Osiris Luna- tiene la obligación de inmediatamente dar la libertad a Abrego García y gestionar con Washington su regreso a Estados Unidos y a su familia. Cada día adicional en el CECOT es un día más de secuestro. Es inconcebible que la Corte Suprema no haya actuado...
Pero el caso de Abrego García es solamente la punta del iceberg. Todas las personas deportadas y trasladadas al CECOT se encuentran en un limbo legal, en el cual el gobierno salvadoreño diariamente viola sus derechos. O sea, ustedes, cada uno de ustedes. Y esto es válido incluso para los venezolanos y salvadoreños que tienen acusaciones, juicios pendientes o incluso condenas por delitos penales. Incluso ellos se encuentran en el CECOT privados ilegalmente de su libertad por ustedes, porque sólo una instancia judicial salvadoreña podría ordenar su encarcelamiento. Nadie de los deportados ha visto un juez.
Hay que decirlo con toda claridad: Nadie que no tenga orden de detención o condena de un tribunal salvadoreño puede estar encarcelado en nuestro país, sea pandillero venezolano, marero salvadoreño o simplemente alguien que violó las leyes migratorias de Estados Unidos. Esto significa que todos que no tengan una sentencia condenatoria o una orden de detención provisional de un tribunal salvadoreño hay que sacarlos del CECOT. Algunos habrá que presentar a un juez, otros -como Abrego García- habría que liberarlos inmediatamente; a los venezolanos -todos de ellos sin distinción- habrá que repatriarlos a Venezuela, amenos que pidan asilo en El Salvador – o mandarlos de regreso a Estados Unidos, en caso que resulte que igual que nuestro compatriota Kilmar son “errores administrativos” de las autoridades de Estados Unidos. Este último no es invento mío, sino una orden de James Boasberg, juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia, posteriormente confirmada por un Tribunal Federal de Apelaciones.
Parece inconcebible que el gobierno no haya tomado inmediatamente las únicas decisiones legal y humanamente correctas, ni siquiera en el caso tan obvio del salvadoreño Abrego García. Es insólito que los periodistas, quienes no somos letrados de leyes, les tengamos que explicar a ustedes lo que tienen que hacer – incluso para lavarse sus manos ya ensuciadas y para reparar errores y abusos cometidos por su amigos en Washington.
¿Es tan cobarde, Nayib Bukele, para no atreverse a ordenar lo único correcto mientras no le de permiso Donald Trump?
Saludos,
Posdata: ¿Les extraña que sigo insistiendo y jodiendo con el tema de los deportaciones al CECOT? Lo voy a tocar hasta que esta gente encuentre el debido proceso justo que los corresponde. Aunque aburra. Hace unos días el senador Gary Brooker habló por 25 horas ininterrumpidas en el Senado, describiendo y denunciando todos los abusos cometidos por la Casa
* * *
Recibo un nuevo citatorio de la fiscalía, esta vez a la sede regional en Cojutepeque. Mi abogado le habla al jefe de esta sede y este le explica de qué se trata: Hay una investigación relacionada con la salida de dos pandilleros de sus respectivos penales para asistir a un evento público en el Tabernáculo. Quieren que declare como testigo.
En la sede fiscal de Cojutepeque me recibe, de manera muy cortés, el jefe. Pide disculpas por la molestia y me asegura que es pura formalidad. Luego me deja con el fiscal que va a tomar mis declaraciones. Le pregunto cuál es el delito que están investigando. “La salida del señor Mojica alias Viejo Lin del penal, el 29 de mayo, que fue ilegal. Queremos determinar cómo se autorizó y quiénes son los responsables. Puede ser un acto arbitrario.”
“Pero el delito de acto arbitrario sólo lo puede cometer un funcionario público, no un ciudadano, que no tiene ninguna autoridad para tomar decisiones de este tipo. No entiendo por qué me citan a mí.”
“Pero tenemos indicios de que usted gestionó este permiso, que usted propuso que los reos participaran en el evento en cuestión, en el Tabernáculo Bautista.”
“Mire, licenciado, yo no soy abogado, pero como ciudadano yo puedo hacerles a las autoridades las propuestas que quiera, es responsabilidad de ellas de autorizarlo o no.”
Quiere saber a quién le hice la propuesta de organizar este evento con dos personas que cumplen condenas. Y porqué. “A quiénes, es fácil explicar” —contesto, “al ministro y al director general de Centros Penales, que son las autoridades competentes. También a los dos reos les hice la propuesta de enfrentarse a esta entrevista. También a Toby Jr. ¿Y cuál es el problema o el delito? El porqué es un asunto que no tengo obligación de contestar, pero lo voy a hacer de todos modos: Para darles a los dos pandilleros la oportunidad de decir a los jóvenes que no repitan sus errores. Y lo hicieron. ¿Usted vio la entrevista?”
“No. No me interesa. Sólo me toca investigar cómo se autorizó. ¿Usted habló con el director del penal de Cojutepeque sobre la autorización?”, me interroga.
“No. Ni con el director de Ciudad Barrios. No me compete. Yo hice una propuesta a las máximas autoridades, y ellas lo autorizaron. Ustedes no deberían estar investigando a los subalternos.”
Al final, el jefe de la sede fiscal me pide otra vez que pase a su oficina. Casi me pide disculpas. “Esta investigación viene de arriba, no es iniciativa nuestra. Sólo estamos cumpliendo con un trámite. Véalo como trámite, no como algo que le tendrá que preocupar.”
“¿De qué tan arriba vino la orden?”, le pregunto.
“Arriba, arriba...”
Repito mi preocupación de que traten de responsabilizar a los dos directores. “No va a depender de mí, pero vamos a informar en este sentido.”
Mientras estoy en la carretera para regresar a San Salvador, me habla Camilo. “Ya me fregaron. El nuevo director de la PNC me informó que mi orden de misión especial a la disposición del ministro está revocada. El enano de jardín no tiene uso para mi. Tampoco quisiera trabajar para él, pero esto significa que yo no puede trabajar con ustedes.”
“¡Mierda! ¿Y adónde te trasladan?”
“Al congelador.”
“¿Qué?”
“Así lo llaman cuando quieren deshacerse de alguien, pero no pueden simplemente suspenderlo. Terminás como ‘asesor del director’, en un escritorio, sin ninguna función o responsabilidad. Siempre hay un par de oficiales en el congelador que cayeron en desgracia y esperan mejores tiempos, a veces por años. Hoy me toca a mí.”
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| Roberto Castillo, 'Camilo' |
Lo mismo pasa con el otro inspector, que bajo el mando de los generales Salinas y Munguía Payés estaba involucrado en el proceso, como enlace con Inteligencia Policial.
El día siguiente me reúno con los dos inspectores. Están preocupados. Esperan que les tocarán tiempos difíciles en la policía. “Me tratan como paria”, dice el oficial de inteligencia. “Pocos se van a atrever a apoyarnos”, dice Camilo.
Se está formando una contraofensiva de los detractores de la tregua. El fiscal general Luis Martínez es de repente el mejor amigo del ministro Perdomo. Ambos en sus entrevistas declaran que la tregua fue un error y que van a investigar los delitos que se pueden haber cometido. Aparecen comentaristas beligerantes despotricando contra los mediadores, entre ellos, para mi gran sorpresa, Douglas Farah, mi viejo amigo en el cuerpo de corresponsales extranjeros durante la guerra. Me doy cuenta que hoy lo presentan como ‘consultor de Seguridad Nacional’ en Washington y maneja un instituto que me huele a pantalla de alguna agencia de inteligencia. Otro es Carlos Ponce, hijo del general René Emilio Ponce, la cabeza de la poderosa ‘Tandona’, que tomó control de la Fuerza Armada y puso resistencia a las negociaciones de paz.
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| La nueva alianza: Ricardo Perdomo y Luis Martínez |
Fabio Colindres ha perdido el respaldo de la Conferencia Episcopal. Quizás nunca lo ha tenido. Pero ahora los demás obispos se desmarcan públicamente, lo dejan solo, comienzan a presionar que se retire del proceso. Ya no está el nuncio Pezzuto para respaldarlo. “Tengo que bajar la voz”, me dice Fabio, con cara de tristeza, casi de culpa. Yo sé cómo se ha identificado con el proyecto tregua. Los que lo conocen mejor dicen que se ha transformado. El boicot de la Iglesia le deprime.
Le digo: “Pero vos sos obispo, vos podés hacer lo que querrás, nadie te puede sancionar.”
“No creás. La Iglesia Católica sigue siendo una institución muy vertical. Al fin va a decidir el Vaticano.” En los penales lo he visto peleando, valientemente, pero la rebeldía y la desobediencia a la Iglesia no están en su ADN. “Voy a seguir apoyando, pero ya no puedo hablar en público,” me dice. “Y ustedes, Raúl, Roberto y vos, tengan mucho cuidado, temo por ustedes.”
Uno de los argumentos de los críticos de la tregua es que haya sido un ‘pacto oscuro’, unas ‘negociaciones secretas’, sin transparencia, a espaldas de la gente. Incluso mis amigos del Faro, que son los periodistas que mejor entienden el proceso, repiten esta acusación, a pesar de que han tenido amplio acceso a toda la información. Tengo varias discusiones con los hermanos Carlos y Óscar Martínez, excelentes reporteros, quienes coordinan la cobertura de El Faro sobre las pandillas. Son amigos, pero siempre estamos en desacuerdo sobre este punto. Mil veces les he explicado el asunto de la secretividad al principio, en las primeras dos o tres semanas de la tregua. Era necesaria, porque los firmantes de la tregua necesitaban tiempo para generar un consenso entre su gente en todo el país. No podían correr el riesgo de que su gente en los barrios se enterara en los medios de comunicación que sus dirigentes habían firmado una tregua con la pandilla rival, hasta entonces enemigos de muerte, literalmente. Es por esto que Raúl me llamó, para comenzar a explicar a la opinión pública y los medios lo que estaba pasando en los penales, en la tregua, en los barrios. Yo lo hice, escribí innumerables reportajes, entrevistas, análisis, columnas de opinión sobre el desarrollo de la tregua. Los mediadores hemos ido a docenas de programas de televisión y radio, enfrentando interrogatorios duros. Organizamos conferencias de prensa en los penales, con los dirigentes de las pandillas. Gestioné docenas de visitas de periodistas a los penales para grabar videos y entrevistas. Tomando en cuenta el carácter tan delicado del tema, logramos una inusual transparencia - en un Estado que tiene poca. Pero se mantiene el fantasma del ‘pacto oscuro’... Leyendas, una vez creadas, no mueren tan fácilmente.
Nuestro esfuerzo principal ahora: consolidar y ampliar el trabajo municipal, los pactos locales de reducción de violencia e inclusión social. La OEA, a través de Adam Blackwell y su embajada en San Salvador, participa activamente, también la Fundación Humanitaria, Interpeace, una organización internacional con fuerte presencia en Guatemala, y de alguna manera, la oficina de Naciones Unidas y algunas embajadas. Invitamos a José Miguel Insulza a acompañarnos en una reunión con los alcaldes, para darles apoyo. Acepta, porque sabe que el proceso está en la cuerda floja.
Septiembre 2013. En el gran rancho de la terraza del Hotel Presidente están reunidos los 12 alcaldes que han firmado acuerdos locales con empresarios, iglesias, honorables de sus pueblos —y las pandillas. Están los mediadores y algunos directivos de la Fundación Humanitaria. Los alcaldes presentan a Insulza sus experiencias, sus problemas, sus propuestas, las presiones que sufren —y sus solicitudes de apoyo. Oscar Ortiz habla por los alcaldes del Frente, Ruano por los de ARENA. Sus posiciones y solicitudes no se distinguen. Esto no es un asunto de afiliaciones partidarias. Todos los demás intervienen en la discusión. Insulza está impresionado: “Es increíble cómo este proceso ha avanzado, contra todas las resistencias y complicaciones políticas. ¿Cómo podemos ayudar?”
“Gestionar fondos internacionales para las alcaldías.”
“Nosotros no somos agencia de financiamiento, pero tal vez podemos gestionar con otros. De todos modos, cuenten con nuestro apoyo para defender la legitimidad del proceso.”
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| El secretario general de la OEA José Miguel Insulza con los alcaldes que han firmado pactos locales de pacificación. Hotel Presidente, septiembre 2013. Foto: Paolo Luers |
El problema es que la OEA no puede hacer nada en un país, si el gobierno no lo solicita y avala. Al fin, es una organización de gobiernos. Funes todavía no ha suspendido el convenio que se firmó con la OEA, pero muchos en su gabinete están presionando para que lo haga. Quieren deshacerse de lo que sienten es una intervención en los asuntos internos del país.
Los pandilleros, con los cuales nos reunimos, también comienzan a preocuparse. ¿Qué elementos tienen ellos para seguir confiando que este proceso de diálogo no será abortado y sustituido por una nueva versión de mano dura? El discurso del ministro, del jefe de la policía, del fiscal general va en esta dirección – y el silencio del presidente tampoco es prometedor. Y sin la posibilidad de continuar discutiendo con sus máximos líderes en los penales, todo se vuelve más complicado y vulnerable. En una reunión de ‘el comité’, donde discutimos esta situación, Piwa dice: “No se preocupen, por lo menos en lo que se refiere a la MS, yo tengo plena autorización de tomar decisiones. Me voy a encargar de hablar con la gente del Frente.”
“Cuidadito, nada de acuerdos con partidos”, le digo. Silencio. El Diplomático me lanza una mirada que expresa: Luego hablemos. Cuando salimos, me dice: “No me gustó mucho lo que dijo este man sobre hablar con el Frente. Hay que hablar con Cisco...” Cisco es el oro representante de la MS, pero Últimamente no lo hemos visto. Voy a ver si lo contacto..
Insulza y Blackwell han partido para Washington, pero Álvaro Briones quedó en San Salvador. Invitamos a él y varios embajadores para el día siguiente a una excursión, para visitar en Ilopango dos comunidades, una dominada por la 18, la otro por la MS. En la conferencia de prensa con Insulza y los alcaldes, el día anterior hemos invitado a los medios a esta ‘excursión’. Pero por razones de seguridad, no hemos dicho en público que estos encuentros no sólo serían con los vecinos, sino con las dos respectivas pandillas.
Llegamos primero a la colonia donde opera la pandilla 18. Nos bajamos del bus que hemos alquilado y nos recibe el alcalde Ruano, la presidenta de la Junta de Vecinos, y el Cejas, el delegado de la pandilla. Algunos discursos, luego un tour por la colonia. Cuando llegamos a la cancha, aparecen del otro lado los miembros de la 18, ordenados como alumnos de colegio, unos 50 muchachos. Los invitados están impresionados. Cejas da unas palabras de bienvenida, reiterando el compromiso que “a pesar de todo” tienen con la tregua. Los periodistas hacen sus fotos, hablan con los pandilleros – y nos vamos al bus. Como una manada de turistas japoneses en Roma, que corren de una ruina a la otra...
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| El jefe local de Ilopango hablando a los invitados. Foto: Paolo Luers |
En la otra colonia, al otro lado de la Carretera Panamericana, se repite el mismo ritual. Pero cuando llegamos a un parque y su cancha de básquet, nos espera una sorpresa: 300 pandilleros, entre ellos docenas de muchachas. Vaya, la MS quiere hacer una muestra de fuerza: “No somos un grupito que juega al escondelero. Nos movemos libremente, porque todo esto es nuestra cancha.”
Me pongo algo nervioso. Rastreo los alrededores y veo grupos de pandilleros vigilando los accesos al parque, y otro rodeando a Marvin, el jefe local de la MS. No es Marvin Quinteros alias Piwa, sino Marvin el Chiquito, el mismo que conocí en la reunión en la alcaldía el año pasado. A la par de la cancha hay un toldo que montó la alcaldía, sirven café, gaseosas y pan dulce. Aquí se improvisan rondas de pláticas entre los invitados y Marvin y otros grupitos de pandilleros. Uno de los embajadores se me acerca y dice: “Esto es impresionante, mire cuántos son, y qué organizados. ¿No tienen miedo de reunirse así en público?”
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| En la cancha de la MS 13. Foto: Paolo Luers |
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| Marvin "El Chicito", líder local de la MS 13, discutiendo con Don Tony Cabrales. Foto: Paolo Luers |
En este mismo momento se escuchan gritos y en la cancha se ve una gran conmoción. De un callejón del otro lado de la cancha está entrando con gran velocidad un nutrido pelotón de Fuerza Especial de Asalto de la policía, armado de fusiles M16 recortados. Los pandilleros se dispersan, pero no abandonan el lugar. Unos de ellos forman un cordón alrededor del toldo. Veo a varios de ellos sacando pistolas. Inmediatamente, Marvin da órdenes de guardar las armas y que nadie dispare. Una parte de la fuerza policial queda en la cancha, formando un círculo defensivo, aunque nadie los ataca. La otra parte sale de la cancha y se mueve hacía el toldo, donde están los invitados. Algunos de estos —embajadores, empresarios, religiosos— corren hacía el bus, que está parqueado a dos cuadras.
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| Ruano y Briones tratando de calmar la situación, mientras los policías tratan de detener a uno de los pandilleros de la MS. Foto: Paolo Luers |
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| Al verse rodeados por miembros de la MS, los policías sueltan a su detenido y se retiran sin problemas. Foto: Paolo Luers |
A la par mía aparece Álvaro Briones, el funcionario de la OEA. Me dice: “Tenemos que quedarnos aquí, si no, habrá una masacre. Voy a hablar con los agentes.” Se acerca a uno de los policías y le dice: “Quiero hablar con quien esté al mando. Somos diplomáticos. ¿Quién está a cargo de este operativo?” El policía lo aparta y grita: “¡Desalojen este parque, esta es una asamblea ilegal!” —y junto con los demás policías avanza hacia un muro, donde logran rodear a dos jóvenes y someterlos. Escucho a Marvin dando órdenes a su gente de no intervenir. “Hablen ustedes con estos hijos de puta, no pueden hacer esto, con tantos invitados aquí,” me dice y va a la cancha a calmar los ánimos a su gente.
Aparece el alcalde Ruano, y junto con el hombre de la OEA nos acercamos al muro donde ya tienen esposados a los dos jóvenes. Ruano dice en voz de mando: “Soy el alcalde. ¿Cómo se les ocurre intervenir de esta manera tan irresponsable? No ven que hay personas invitadas, embajadores y periodistas, pueden provocar un desastre aquí.” Álvaro saca su pasaporte diplomático y exige que suelten a los arrestados, para evitar un enfrentamiento. Saca su celular y trata desesperadamente que le pongan al director de la policía al teléfono. El jefe de la unidad se da cuenta y no quiere correr ningún riesgo con este extranjero enojado. Cuando se da vuelta, ve que todo el lugar, incluyendo sus hombres, está rodeado. Los 300 pandilleros no se han ido, parece que ahora son aun más y forman un círculo, bloqueando todas las salidas y todas las posibles vías de retiro.
El oficial da la orden de soltar a los arrestados. Todos los policías se forman en una fila y comienzan a salir. El círculo de los pandilleros se abre, y reina un silencio total en este parque. Los pandilleros nos escoltan al bus, donde nos esperan, algo pálidos, el resto del grupo de invitados. Nos vamos.
Siguiente entrega, sábado 5 abril:
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| El Piwa, Marvin Adali Quintanilla, líder de la MS que se convirtiera en testigo protegido de la Fiscalía y testificó en 8 juicios contra dirigentes y miembros de la pandilla. |
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