Aquí reproducimos el discurso de Mauricio Funes en el acto del gobierno en El Mozote/Morazán, y el discurso de Alfredo Cristiani ante la Asamblea Legislativa.
Alfredo Cristiani:
Hoy se cumplen dos décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a uno de los más difíciles episodios de nuestra historia. La guerra, aunque algunos se empeñen en argumentar que es a veces inevitable, nunca debiera ser motivo de orgullo.
El prolongado ruido de los cañones y los lamentos de tantas víctimas, le dieron triste notoriedad a nuestra Patria. Pero fue la firma de los Acuerdos de Paz, un acto tan breve, sobrio y silencioso, el que nos colocó ante el mundo, con la hermosa connotación positiva de ser artesanos de la paz, atendiendo así el llamado que nos hiciera Juan Pablo Segundo.
Los Acuerdos de Paz, además de poner fin a más de una docena de años de lucha sangrienta entre hermanos, supusieron la más profunda reforma política e institucional desde la Declaración de la Independencia y el consecuente surgimiento de la República.
A partir de aquella fecha, luego de decenas de años de desencuentros, los salvadoreños comenzamos a aprender, en un proceso a veces lento y tortuoso, a dirimir nuestras diferencias por las pacíficas formas que nos da la Democracia.
Los Acuerdos no implicaron la claudicación ideológica de las partes enfrentadas, como tan notorio es veinte años después. Lo que supuso fue la renuncia a la violencia como forma de hacer prevalecer o imponer determinadas convicciones políticas e ideológicas.
Los Acuerdos cambiaron la idea de vencer por la de convencer, la idea de combatir con ferocidad por la de debatir con civilidad. No habiendo pues, ni vencedores ni vencidos, la nueva andadura democrática que iniciamos el 16 de enero de 1992, fue sobre la base de un gran consenso nacional privilegiando el bien común sobre las particulares visiones de cada parte, de cada grupo y de cada uno.
Por un momento en la historia y en este espacio geográfico, las partes que se habían entregado con pasión a la búsqueda del aniquilamiento del uno por el otro; para asombro del mundo entero, fueron capaces de reunirse, dialogar, negociar; lo que implica renuncias y concesiones de cada parte para lograr acuerdos en beneficio de todos.
Esa es la gloria y la grandeza del evento que ocurrió en la fecha que hoy conmemoramos y celebramos. Ese es el legado histórico de los hombres y mujeres que hicieron posible la paz y a quienes, a título personal, también rendimos reconocimiento este día.
A aquellos, que ante la magnitud de los problemas que ahora enfrentamos, se preguntan si valió la pena el proceso que nos condujo a los Acuerdos de Paz, les respondemos con palabras de Benjamin Franklin: que nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz.
Tras los Acuerdos se ha producido el más largo período de estabilidad política y social de nuestra historia. Se han realizado cuatro elecciones presidenciales y cinco elecciones para alcaldes y diputados en completa normalidad.
Ocurrió asimismo, y sin traumas, la alternancia en el poder ejecutivo. Es así como debe ocurrir en la Democracia y como debe seguir ocurriendo para garantizar la voluntad irrestricta de la ciudadanía a través del voto.
Atrás pues han quedado los Golpes de Estado y las asonadas, los fraudes electorales y los enfrentamientos armados como formas de lucha política .
Ciertamente los Acuerdos de Paz solucionaron el problema de la guerra, mediante la desactivación de su principal detonante: la exclusión de grandes sectores sociales de la toma de decisiones sobre temas de Nación y el cierre de los espacios políticos a las expresiones más críticas y demandantes de la sociedad.
En ese sentido los Acuerdos de Paz no marcaron el restablecimiento de una paz pre existente, como lo expresamos justamente hace 20 años en Chapultepec. Lo que nació después de aquel histórico evento fue un marco institucional fundado en el consenso y la armonía básica entre todos los sectores sociales y sobre todo en la concepción del país como una totalidad sin exclusiones de ninguna índole.
Los Acuerdos pues cerraron para siempre una etapa difícil y violenta de nuestra historia, para dar paso a una nueva era. Una nueva etapa en la que trabajando dentro del marco institucional surgido del proceso de negociaciones, atendiéramos, por medios pacíficos, las profundas raíces sociales, económicas, políticas y culturales que nos impiden alcanzar la nueva Nación imaginada.
El resultado de las negociaciones tenían como propósito que a pesar de las diferencias ideológicas, ningún salvadoreño viera en otro salvadoreño a un enemigo por causas políticas. En este sentido, el legado de los Acuerdos de Paz no debe quedar como una fotografía que termina con su firma, sino como un proceso dinámico y permanente de cambio de actitudes, donde prevalezca la buena fe sobre la deconfianza, la empatía sobre los prejuicios y el consenso sobre la polarización. Despues de todo, nuestros enemigos comunes son y siempre deben ser la intolerancia, la exclusión, la desconfianza, la pobreza, todo aquello que nos impide alcanzar la libertad plena.
Nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta para imponerla con prepotencia sobre el resto de la sociedad. Solo por medio del consenso lograremos entonces construir soluciones realistas a nuestros problemas históricos y actuales.
Hoy los más jóvenes, los que no vivieron el Conflicto y su desenlace, reclaman mayores oportunidades y mayor protagonismo en el debate nacional y en la búsqueda de soluciones.
Los sorprendentes adelantos científicos y tecnológicos en materia de comunicaciones e informática han puesto a la disposición del ciudadano formas de vigilancia sobre las instituciones y los dirigentes con los que antes ni siquiera se soñaba. Ahora la ciudadanía tiene mucho más poder de reclamo y presión sobre las instituciones y los gobernantes.
Es necesario evitar que haya un desfase entre la institucionalidad surgida hace 20 años como producto de los Acuerdos de Paz y una ciudadanía que requiere de espacios para criticar, exigir y proponer.
Es de suma importancia, pues, que las fuerzas vivas de la Nación retomemos la actitud de los negociadores y los firmantes con el fin de construir un gran consenso nacional para actualizar y fortalecer nuestras instituciones.
En lo personal, estamos convencidos que, si fuimos capaces de resolver juntos el terrible problema de la guerra por medio del diálogo y la negociación, seremos capaces de resolver juntos y por esas mismas vías los actuales y agudos problemas que hoy enfrentamos.
Una de las grandes lecciones que aprendimos del proceso previo a Chapultepec, es que dialogar y negociar no significa claudicar. Lo que implica es un vigoroso y dinámico proceso en donde la discusión de puntos de vista y propuestas, a veces subjetivas de las partes, terminan por dar paso a las soluciones más realistas y por lo tanto más efectivas.
Creemos que una vez pasada la coyuntura electoral del próximo mes de marzo tendremos un marco ideal para trabajar en un consenso nacional en pro de la actualización y fortalecimiento del marco institucional surgido de los Acuerdos de Paz.
Y es aquí, en la Asamblea Legislativa, el lugar donde están representadas todas las fuerzas políticas y todo el espectro ideológico de la Nación, el mejor lugar para forjar ese consenso. Este es por excelencia en una democracia el lugar para parlamentar, discutir, proponer y construir consensos.
Las grandes naciones no surgieron de sangrientos conflictos, sino de los grandes acuerdos y pactos sociales que se expresaron en Constituciones Políticas e Instituciones.
Es momento para hacer un alto y mirar con serenidad el camino que hemos transitado. Es un buen momento para evaluar con objetividad lo hecho, sacar conclusiones, fortalecer lo que está bien, corregir lo que está más o menos bien y desechar definitivamente lo que está mal. Eso lo debemos hacer juntos como en aquel proceso que culminó el 16 de enero de 1992.
Buscar el bien común sin renunciar a los propios principios, creencias e ideales, anteponer los intereses de la Nación a los intereses partidarios, elevarnos por encima de lo que nos separa para aferrarnos como salvadoreños que somos todos, a lo que nos une.
Ese es el mejor homenaje que podemos rendir a los salvadoreños de uno y otro bando que ofrendaron sus vidas por sus ideales, y a tantos hermanos y hermanas que, sin ser partícipes directos del conflicto armado, fueron también sus víctimas. Ese es el mejor homenaje que podemos otorgarles y la mejor forma de consolidar el futuro de nuestra Patria.
Hace veinte años agradecímos a Dios por la paz que nos otorgaba luego de habernos ganado el beneficio de recibirla a través de nuestro esfuerzo por alcanzarla. Como dijera el presidente John F Kennedy: aunque siempre debemos pedir Su bendición y ayuda, nunca debemos olvidar que aquí, en la Tierra, el trabajo de Dios debemos asumirlo nosotros.
Que Dios bendiga a El Salvador.
Muchas gracias.
(Fuente: Texto proporcionado por Claudia Cristiani)
Mauricio Funes:
En esta hermosa y cálida mañana, agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de estar aquí para realizar uno de los actos más importantes de mi gestión gubernamental y de mi labor como Presidente de la República.
El acto de dar a conocer al país y al mundo entero uno de los hechos que por su magnitud y su barbarie constituye uno de los episodios, sino el episodio más trágico, oscuro y tenebroso cometido contra civiles, especialmente niños y niñas y mujeres durante el conflicto armado.
Y qué mejor fecha para revelar esta dolorosa verdad -que algunos han querido ocultar desde hace más de 30 años- que este día tan simbólico.
El día en que el país entero celebra el veinte aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que permitieron, precisamente, acabar con la guerra entre hermanos y hermanas y abrieron la posibilidad de comenzar a construir la paz y la democracia en nuestro país.
En los días previos a esta conmemoración hemos escuchado innumerables opiniones a través de los medios de comunicación, referidas al proceso de paz que se ha desarrollado en los últimos 20 años.
Y yo quise también contribuir emitiendo mi juicio, pero no quise hacerlo en un auditorio cerrado allá en la capital, probablemente en un hotel ante un grupo selecto de oyentes, tampoco quise hacerlo en la radio, en la televisión o a través de los periódicos.
Fue mi voluntad venir acá a El Mozote, a compartir con ustedes algunas ideas y conceptos.
Pero, sobre todo, quise venir aquí a cumplir con mi máxima obligación como gobernante, que es dialogar con el pueblo.
Dialogar significa escuchar, básicamente escuchar, pero también dar la palabra y comprometerse con la palabra empeñada.
El 5 de diciembre pasado un grupo de representantes de las comunidades acá reunidas llegó a visitarme a Casa Presidencial.
Ese día tomé el compromiso de llegar hoy a El Mozote y de trabajar de manera conjunta en el diseño de medidas de reparación para las víctimas de la tragedia que ocurrió en esta zona hace tres décadas.
Y así lo hicimos y aquí estoy acompañado de mi esposa y del Gabinete de Gobierno para cumplir con mi compromiso y con mi responsabilidad.
Queridas amigas y queridos amigos:
Estoy convencido que la mejor manera de celebrar el 20 Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz es avanzando en el reconocimiento de la verdad y hacer valer la justicia.
Solo de esta manera las palabras paz y democracia dejarán de ser conceptos vacíos y serán palabras vivas, con contenido real para el pueblo.
Como contribución a la verdad y la justicia, tenemos que avanzar en la reparación integral a las víctimas, ya que si bien es cierto que no existe nada en el mundo que repare las pérdidas humanas y el sufrimiento que provocan, la reparación no obstante es imprescindible.
Por eso iniciamos una búsqueda consensuada de medidas morales y materiales que alivien el dolor y mejoren las condiciones de vida de las víctimas y sus familiares, algo fundamental del proceso de resarcimiento de parte del Estado y la sociedad.
Creo firmemente que no puede, ni podrá haber paz mientras no haya justicia en sentido amplio e integral. Justicia entendida en la plenitud de su significación como valor supremo.
Justicia que busque y promueva la verdad. Justicia que otorgue resarcimiento; justicia que acabe con la impunidad; justicia que genere igualdad de oportunidades y contribuya a erradicar la pobreza; que reconozca derechos por igual al de abajo y al de arriba, al hombre y a la mujer, al que lo tiene todo y al que no tiene nada o casi nada.
En suma: justicia en igual medida para todos y todas.
En el país, amigos y amigas, no ha habido justicia porque quienes debieron plasmarla no lo hicieron por diversas razones. Ni los gobernantes, en lo que les correspondía, ni los jueces, que tenían la suprema responsabilidad de no dejar impune el crimen, cumplieron con su deber.
Yo vengo esta histórica mañana, a asumir ante el pueblo salvadoreño y ante el mundo la responsabilidad que lamentablemente mis antecesores no quisieron o no se animaron a asumir y con esa actitud negaron la justicia a quienes aún lloran sus muertos, que aun buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, que aún deambulan en busca del techo que perdieron y del destino que les arrebataron, que deben marcharse a otras tierras a buscar lo que aquí no se les brinda.
Vean ustedes: Se nos ha dicho estos días que los Acuerdos de Paz han consolidado la democracia.
Me pregunto si a caso por democracia se entiende únicamente ir a votar cada tres o cada cinco años. Si tan solo a eso llaman democracia, estamos frente a una visión incompleta y parcializada.
Si entendemos que la democracia es un sistema político que debe asegurar la equidad, la justicia, la convivencia pacífica, la igualdad de oportunidades.
Un sistema en el que impera la libertad auténtica, la independencia de los poderes del Estado, la responsabilidad social del Estado, la garantía absoluta de los derechos humanos, pues entonces, estamos aún muy lejos de tener democracia real en nuestro país.
Con esta convicción de que la democracia real debe estar fundamentada en la verdad y la justicia. Hace apenas dos años, al celebrar el 18 Aniversario de los Acuerdos de Paz, formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos consumadas por agentes del Estado durante el conflicto armado.
Ese fue el primer acto de reconocimiento de las aberraciones de nuestra historia reciente.
Fue un acto que debieron hacer los que me antecedieron pero que no lo hicieron porque no quisieron o porque no juzgaron que los crímenes cometidos fueron crímenes de lesa humanidad, es decir, graves violaciones a los derechos humanos.
Este día, ante el pueblo salvadoreño, ante la comunidad internacional, pero principalmente ante las víctimas, y sus familiares y amigos, quiero que sepan que estoy aquí en El Mozote para reconocer la verdad y profundizar el camino de la justicia y la paz.
Pueblo salvadoreño, pueblos hermanos de América Latina, pueblos amigos de todos los continentes:
Aquí, en El Mozote y comunidades vecinas, hace poco más de 30 años, se consumó una desmesura criminal que se pretendió negar y ocultar sistemáticamente.
Aquí, como acabamos de escuchar, en tres días y tres noches, se perpetró la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana.
Aquí se exterminó a casi un millar de salvadoreñas y salvadoreños, la mitad de ellos niños menores de 18 años.
Aquí se cometió el peor de los pecados, del que hasta hoy –como Estado, pero también como sociedad- no nos habíamos arrepentido.
Y aquí celebramos este nuevo aniversario de nuestros Acuerdos de Paz para poder expresar –en acto y en palabra- que el reconocimiento de los hechos, tal como ocurrieron, es el comienzo de la justicia, así como la justicia es el comienzo de la paz.
Este es, entonces, un acto de develación.
Quitamos un velo que nos encegueció durante tres décadas y nos sumió en dolorosa oscuridad.
Por esta razón, como Jefe del Estado, como Presidente Constitucional de la República, como Comandante General de las Fuerzas Armadas, reconozco que en los cantones El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, los días y las noches del 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, tropas del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, de la Fuerza Armada de El Salvador, asesinaron a cerca de un millar de personas, la mayoría niñas y niños.
Aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales, cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas.
Me solidarizo con el sentimiento de pérdida, irreparable que tienen los familiares y los sobrevivientes de las víctimas de esta masacre.
Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón, por esa masacre y por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño, como Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, pido perdón a las familias de las víctimas y a las comunidades vecinas.
Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos.
Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue víctima de este tipo de violencia atroz e inaceptable.
Este pedido de perdón, que no pretende borrar el dolor, es un acto de reconocimiento y de dignificación de las víctimas de esta tragedia.
Este pedido de perdón, es expresión de nuestro compromiso para resarcir moral y materialmente, en la medida en que las arcas del Estado lo permitan, a los familiares de las víctimas.
Este pedido de perdón, es también, un acto de responsabilidad ante el pueblo salvadoreño y ante la Historia porque en la medida en que se reconoce la verdad y se actúa con justicia, se construyen las bases de la paz y la convivencia.
Amiga y amigos, queridos familiares:
A esta descripción de los hechos y al pedido de perdón, quiero agregar que ha habido responsabilidades específicas que deben citarse, de acuerdo con lo expresado por el informe de la Comisión de la Verdad.
De él surgen responsabilidades: el Teniente Coronel Domingo Monterrosa, comandante de aquél Batallón; su segundo al mando, el Mayor José Armando Azmitia Melara; Jefe operativo, el entonces Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, y otros, mencionados por la Comisión de la Verdad.
En virtud de ello, he resuelto a partir de este día, instruir como Comandante General de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño y como Comandante General formulo.
Esta revisión debe reflejarse en los textos y símbolos con que se forman los cuadros militares a los efectos de un doble objetivo: primero, fortalecer el rol profesional, despolitizado y desideologizado de la Fuerza Armada y su integración profunda en el seno de la sociedad salvadoreña; y segundo, aportar a la pacificación de los espíritus, factor imprescindible para fortalecer la democracia, la justicia y la paz social.
Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos.
Similar llamado, en mi condición de Jefe de Estado y Presidente de la República, similar llamado al liderazgo político del país, a todos los partidos políticos para que no exalten nombres de personajes que pudieron haber estado vinculados a violaciones de los derechos humanos ni acciones que hubieren provocado muerte y sufrimiento y que, lejos de contribuir a la creación de una cultura de paz, fomentan la polarización y la división de la sociedad salvadoreña.
Esta celebración del 20 aniversario de los Acuerdos de Paz se da en el contexto de una nueva consulta electoral, que mejor muestra de civismo, de valentía, de compromiso con una cultura de paz y con la construcción de la democracia en este país, que sustituir los himnos fundacionales y las predicas políticas cargadas de violencia y confrontación por un compromiso genuino con la paz, con la justicia, y con los cambios estructurales que el país necesita.
Queridas familias de El Mozote y de comunidades aledañas:
Ustedes conocen profundamente la verdad. Han luchado por años y años para que se reconozca y se dignifique a las víctimas. Saben que el símbolo mayor de esa búsqueda, de esa entrega por una causa alta y noble fue, tal vez, nuestra querida Rufina Amaya, única mujer que se salvó milagrosamente en El Mozote y que escuchó cuando asesinaban a sus cuatro hijos y a decenas de otros niños más.
Ella dio testimonio sobre la verdad de lo ocurrido, hasta fallecer por causas naturales en marzo de 2007. Pero otra mujer destacada en la lucha por la defensa de los derechos humanos y por el esclarecimiento de esta masacre fue también nuestra querida María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, quien también murió en el año 2007 y que dedicó parte de su vida a denunciar los hechos ocurridos aquí y a buscar tenazmente la verdad.
Mujeres valientes, mujeres portadoras de los más altos valores, que hoy honramos y homenajeamos.
Ustedes conocen, queridos familiares, amigos y amigas, vecinos de El Mozote y de cantones y caseríos aledaños, conocen profundamente los hechos, pero permítanme dar tan solo una referencia, sobre todo a nuestros jóvenes a los que se les ha ocultado la verdad y a la comunidad mundial:
Aquí, junto a la Iglesia, se encontraban los restos de una cabaña que utilizaba el sacerdote que atendía pastoralmente a estas comunidades. Allí se excavó la denominada fosa 1 de El Mozote en el año de 1992, el mismo año de la firma de los Acuerdos de Paz.
Se recuperaron 143 esqueletos de víctimas. 136 correspondían a niños con un promedio de edad de 6 años. También se halló un esqueleto que correspondía a una mujer embarazada en el tercer trimestre y se recuperaron los huesos del feto de su pelvis.
Es probable que los huesos, que las osamentas de muchos bebés pequeños se hayan pulverizado.
Durante 2,000 al 2,004 se produjeron muchas otras exhumaciones en los restantes caseríos, siempre la mayoría de restos que correspondían a niños y niñas.
Estas exhumaciones fueron dirigidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, a cuyos integrantes, como Gobierno de la República y en representación del pueblo salvadoreño, agradezco la invaluable contribución que dieron para que se esclareciera y difundiera la verdad sobre lo ocurrido.
Les decía al inicio que el 5 de diciembre nos reunimos en Casa Presidencial con representantes de las víctimas de esta horrenda masacre y como resultado de esas pláticas decidimos iniciar un proceso de diálogo cuyo propósito fundamental es identificar y diseñar, de manera conjunta, medidas específicas de reparación, tanto morales como materiales.
En apenas 40 días este diálogo ha comenzado a dar sus frutos.
En primer lugar, en el mes de diciembre se instaló la Mesa Conjunta entre el Gobierno y representantes de las víctimas, en cuyo ámbito se discuten las acciones de reparación que se llevarán a cabo en los próximos meses y años.
El compromiso del Gobierno con esta política es total y por ello participa de esta mesa la mayor parte del gabinete económico y social.
Un segundo compromiso que hemos consensuado es que en las próximas semanas iniciaremos un Censo que nos permita conocer el número exacto de víctimas, así como sus necesidades más apremiantes y los principales problemas que enfrentan las comunidades de la zona.
En tercer lugar, iniciamos la gestión para declarar como bien cultural el sitio donde ocurrió la masacre de El Mozote.
El objetivo de esta declaratoria es la reivindicación y valorización del suelo del caserío El Mozote, como un acto de restauración histórica y moral para las víctimas y sus familiares, así como también para conocimiento de toda la sociedad salvadoreña.
En cuarto lugar, vamos a responder de manera inmediata a uno de los principales problemas que enfrenta la población de la zona, como es el caso de los padecimientos físicos y psicológicos que sufren muchas víctimas.
Por ello, el próximo mes de febrero vamos a instalar, acá en El Mozote, un Equipo Comunitario de Salud Familiar – conocido por sus iniciales como ECOS- para brindar atención médica de calidad.
Sé que ustedes, amigos y amigas, han contado con la visita de personal médico tan sólo dos veces al mes.
Ahora van a tener todo un equipo de salud a su disposición durante todas las semanas.
Los nuevos servicios de salud que se brindarán, entre algunos: consulta médica general, atención psicológica, control prenatal a embarazadas, servicios de planificación familiar, control infantil, atención a adultos mayores, entrega de medicamentos, vacunaciones y otros más.
En quinto lugar, y ante la solicitud que recibimos de apoyo a la generación de empleo e ingresos, entre marzo y abril próximo, se va a implementar una serie de medidas de apoyo a los sectores productivos de esta zona.
Van a recibir asistencia para ampliar y mejorar la producción agrícola, particularmente de granos básicos, y se les brindará ayuda para equipar y ampliar los centros de venta de textiles, dulces y otros productos étnicos que ya funcionan acá en esta zona.
En sexto lugar, en materia de obras públicas, a partir del primer trimestre de este año vamos a iniciar los trabajos para la pavimentación de vías de acceso centrales, como el desvío de Arambala al límite con Meanguera; y vamos a iniciar el diseño de la vía que conecta Arambala con Joateca, para iniciar su ejecución en el último trimestre de 2012.
Además, como parte de este acuerdo, ya se ha pavimentado la calle entre el Cantón La Guacamaya y El Mozote y se están mejorando varios tramos de vías no pavimentadas.
Para realizar estas obras hoy comienzan las operaciones de un campamento del Ministerio de Obras Públicas en esta zona, que cuenta con maquinaria pesada del plantel de La Unión, que es parte de una reciente donación que nos hizo el gobierno de Japón.
En materia de vivienda, se hará un registro de beneficiarios para aplicar a los proyectos y ha comenzado el estudio para la construcción de una Casa de Alojamiento para personas de la tercera edad sin familia.
En total, en obras en esta zona, el Ministerio de Obras Públicas, está invirtiendo 6.4 millones de dólares.
Aquí se esta invirtiendo el dinero de los impuestos que recogemos y de los que vamos a recoger con la reforma que nos aprobaron los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en diciembre pasado.
En séptimo lugar, en materia de Educación, vamos a equipar el Centro Escolar El Mozote con 20 computadoras nuevas y a capacitar a maestros y a maestras en informática.
En octavo lugar, el próximo mes salen las bases de licitación para las empresas que se encargarán de hacer mejoras en el pozo de agua de esta localidad.
La idea es que el abastecimiento pase a manos de ANDA, para hacer un buen trabajo en el mejoramiento del servicio.
Y, para lo último, he dejado el anuncio más trascendente para esta zona.
Acá, en el Norte de Morazán, junto con el Norte de los departamentos de San Miguel y La Unión, se va a desarrollar el segundo emprendimiento de Territorios de Progreso.
Esta iniciativa que ya iniciamos en la zona de la Bahía de Jiquilisco, busca desarrollar al máximo la capacidad y la producción de las zonas, mediante el trabajo conjunto de todos los entes involucrados.
Hablamos de los ministerios, de instituciones, organizaciones no gubernamentales, sociedades productoras, autoridades locales, etc., etc. La idea principal es procurar el desarrollo integral de estos territorios y de sus comunidades.
Ayer el Gobierno publicó la nómina completa, de acuerdo con los datos verificados que se poseen hasta el presente, de las víctimas de esta masacre. Esa publicación es un hecho inédito e histórico que abre y que abona el camino de la verdad.
Con estas medidas, que han sido discutidas con representantes de las comunidades, iniciamos un proceso conjunto y consensuado de reparación integral a las víctimas de la masacre de El Mozote que mantendremos firmemente hasta el final de nuestro mandato.
Espero que los futuros gobiernos mantengan estas políticas para que con certeza podamos decir: “El Mozote Nunca Más: Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas”
Se trata de un esfuerzo gubernamental de reparación moral y material a las comunidades afectadas, en este caso por la masacre perpetrada por agentes activos del Estado Salvadoreño hace un poco más de 30 años.
Pero bien visto, se trata sobre todo de un acto de justicia, para devolver la dignidad a familias enteras que en todos estos años han padecido la indiferencia y la ausencia total de la intervención del Estado en procura de un mejor nivel de vida.
Queridas familias:
No quiero finalizar sin antes anunciar también el inmediato lanzamiento de los próximos días, del Programa Nacional de Reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
Este Programa está destinado a reparar, restituir, rehabilitar y compensar a las víctimas y sus familiares.
En el marco de este programa se impulsarán medidas que actúen como garantía de no reiteración, de no repetición de este tipo de hechos.
Por ejemplo: la revisión y amplia difusión de los textos de educación de Historia y de formación de la conciencia ciudadana en materia de Derechos Humanos.
De igual manera, la revisión de los planes de estudio y formación de las fuerzas policiales y militares para asegurar el pleno conocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.
Para avanzar firmemente en la concreción de este programa, crearé una Secretaría Ejecutiva del más alto nivel que tendrá a su cargo una comisión que formulará las políticas y su implementación efectiva.
Como Presidente de la República supervisare directamente el progreso de los trabajos de esta Secretaria.
Querido pueblo salvadoreño y pueblos del mundo.
Ningún pueblo será libre, ningún pueblo será feliz, ningún pueblo alcanzará la paz plena si no se quita del corazón, el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia.
Me corresponde asumir la responsabilidad como jefe de Estado y es lo que hago. Me corresponde como Presidente Constitucional de la República y Comandante General de la Fuerzas Armadas, reconocer la veracidad de los hechos tal como ocurrieron en este caserío y zonas aledañas hace ya más de 30 años. Me corresponde como Jefe de Estado, reconocer la responsabilidad de agentes activos del Estado en esta masacre. Me corresponde como Jefe de Estado, pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas y sus familiares como lo hemos hecho en esta histórica mañana.
Me corresponde como Jefe de Estado, iniciar un proceso de reparación moral y material y de creación de condiciones, para que este tipo de hechos abominables no se repitan más en el país, pero no es mi responsabilidad, ni mi atribución administrar justicia.
Por ello, ante el pueblo, ante los habitantes de esta zona masacrada hace 30 años, pido a todos los miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público que revisen conductas del pasado que impidieron el reconocimiento de la verdad y hacer justicia.
Hay sectores que demandan la derogatoria de la Ley de Amnistía y es una pretensión válida, sin embargo, como Presidente de la República respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, me corresponde reconocer que la sentencia de inconstitucionalidad 27-98, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, deja sin efecto jurídico la mencionada ley, cuando ella constituya un factor de impunidad a las graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello, como Jefe de Estado, pido también a las organizaciones civiles y a las autoridades nacionales involucrados en el tema de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República y a los jueces y magistrados del Órgano Judicial, que contribuyan con su acción a favorecer el combate de la impunidad en el país.
Y pido a los miembros actuales y futuros de la Asamblea Legislativa que legislen con sabiduría, que revisen lo que haya que revisar, para impedir la impunidad.
Y que legisle lo que deba legislarse para garantizar la justicia y para facilitar el proceso de reconciliación y paz en nuestro país.
Queridas familias:
En esta celebración del 20 Aniversario de los Acuerdos de Paz, deseo que todo el pueblo y la comunidad internacional sepan que El Salvador ha iniciado con firmeza el camino de la búsqueda de la verdad, de la justicia y, con ello, de la paz y el progreso.
La paz es un proceso dinámico y permanente que requiere una estructura social de amplia justicia y reducida violencia para ser paz verdadera y duradera.
Por ello mismo, la paz exige la igualdad de derechos para todos y todas.
La paz implica entonces el desarrollo integral y justo y la vigencia plena de los derechos humanos y sociales de las personas y de los pueblos.
Esa es la sociedad que queremos construir, porque sólo así se consolidará una democracia real, efectiva y no meramente formal, como ha sido hasta el presente.
Roguemos por la memoria de nuestros muertos, por la paz en los corazones de sus familiares y comunidades y por la reconciliación efectiva de nuestra sociedad.
Sólo así, podremos caminar hacia el objetivo mayor que nos une a todos: que es la felicidad del pueblo y la grandeza de El Salvador.
Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al pueblo salvadoreño.
(Fuente: http://www.presidencia.gob.sv)
