Columna transversal: Un capricho presidencial inaceptable
Es absurda la orden que Mauricio Funes, en su carácter de comandante general de la Fuerza Armada, dio al coronel Sigifredo Ochoa Pérez a presentarse al servicio militar activo luego de 24 años de vida civil. En todos los sentidos posibles.
Es absurdo que el presidente de la República haga uso de su competencia de llamar al servicio militar activo a un oficial retirado sin que una urgencia o emergencia que justifique una medida tan excepcional. Funes emitió esta orden sin ninguna razón que tenga que ver con asuntos militares. No está llamando a Ochoa Pérez al servicio militar activo para encargarle una misión militar, o algo que requiera de experiencia militar. Lo está obligando a ponerse el uniforme para cumplir una misión civil. Si el presidente piensa que el interés de la nación demanda que Sigifredo Ochoa Pérez se incorpore a la Comisión Consultiva de asuntos limítrofes, perfectamente le hubiera podido ofrecer este cargo como civil. Y Ochoa Pérez, como ciudadano civil, hubiera podido tomar la decisión de aceptar este nombramiento o rechazarlo. Como militar activo no tendrá esta libertad. Estaría obligad a cumplir órdenes. ¿Qué sentido tiene tener en una Comisión Consultiva a alguien que no quiere estar ahí y sólo está catando órdenes? Ninguno.
Lo más absurdo es que Funes quiere que Ochoa Pérez, una vez de alta como militar activo, se incorpore a la misma Comisión Consultiva adscrita al Ministerio de Relaciones, de la cual el año pasado separó al doctor Fabio Castillo - por falta de confianza.
Si Fabio Castillo, para una misión de esta índole jurídica y diplomática, no es hombre idóneo o de confianza para el presidente, ¿cómo lo será el coronel Sigifredo Ochoa? Fabio Castillo se había atrevido a criticar al presidente, y esto destruyó la base de confianza y llevó a su inmediata destitución, por órdenes presidenciales. Pero Ochoa Pérez ha criticado al presidente de manera mucho más sistemática y de fondo que Fabio Castillo. A diferencia de Fabio Castillo, Ochoa Pérez es un hombre de derecha, un militante activo y candidato a diputado de ARENA. Y a este hombre el presidente lo quiere de alta en la Fuerza Armada y lo designa representante del Ministerio de Defensa en la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores... Vaya alguien a entender a este presidente.
Todavía no terminan las incongruencias en el actuar presidencial. Resulta que a los pocos meses de asumir la presidencia, Mauricio Funes destituyó al coronel Sigifredo Ochoa Pérez de su cargo de embajador salvadoreño en Honduras. Razón expresa: falta de confianza. La verdadera razón: las buenas relaciones de Ochoa con sus homólogos hondureños, en este momento en el banquillo de los acusados luego de haber expulsado del país al presidente Zelaya...
Entonces, si obviamente no es por confianza; si no es por emergencia militar; si tampoco es por su alta calificación profesional-académica, ¿por qué es tan importante tener al coronel Ochoa Pérez en la tal Comisión Consultiva que el presidente tome la una medida tan extraordinaria de obligarlo a asumir el cargo poniéndole de alta como militar?
No hay razón. La única manera de explicarlo es el capricho de un presidente que no aguanta crítica. Ya Funes le advirtió públicamente a Ochoa Pérez que se cuide la lengua, ya que ahora es sujeto a disciplina militar.
Se trata, a todas luces, de un abuso de poder. Hay abusos de poder que son risibles, como mandar a instalar semáforos en frente de la residencia presidencial. Y hay abusos que nos deben de preocupar a todos, porque involucran su función de comandante en jefe de la Fuerza Armada. Siempre cuando el presidente toma decisiones ejerciendo esta función, está en juego la seguridad nacional. Ahí no puede haber espacio para decisiones antojadizas, indiscriminadas o de capricho. Está en juego la autoridad y legitimidad de la máxima autoridad militar.
Un presidente no tiene derecho de intervenir en los asuntos de la Fuerza Armada por razones que nada tienen que ver con consideraciones militares o de seguridad, sino exclusivamente con la incapacidad del presidente de lidiar con críticas. Poner de alta a un oficial retirado para callar a un opositor, es inadmisible.
Si esta movida además significa una intervención presidencial en una elección popular, es doblemente condenable. Esto es el caso, porque Sigifredo Ochoa Pérez está legalmente inscrito ante el Tribunal Electoral como candidato opositor a una diputación. Poniéndolo de alta, sin ninguna razón de Estado, es claramente una intervención indebida en el proceso electoral, ya que Ochoa Pérez, una vez de alta, no puede seguir siendo candidato.
La única manera de reparar el daño que el presidente está haciendo a la institucionalidad democrática del país es revocando su propia orden de declarar de alta al coronel Sigifredo Ochoa Pérez.
(El Diario de Hoy)
