A lo largo de esta última semana, hemos recibido una verdadera avalancha de opiniones en este gran debate público que se ha desatado, sobre el dilema que enfrentamos los periodistas de Esta Semana y Esta Noche. Agradecemos su solidaridad y respetamos todas las opiniones. Unos dicen que nos quedemos en Canal 8 hasta que nos corran, para poner a prueba la tolerancia del régimen. Otros opinan que nos vayamos, para no caer en el juego de una especie de pacto mediático con Ortega.
Después de meditar hondamente sobre todas las opciones, hemos tomado una decisión: esta será la última edición de Esta Semana en Canal 8, y me corresponde explicar nuestras razones ante ustedes. Se trata de una decisión basada en principios, no en conveniencias. No tenemos nada que ganar al irnos de Canal 8, ni siquiera existe en este momento otro canal que esté dispuesto a transmitir este programa; pero al quedarnos, habría mucho que perder en el plano de la congruencia y la coherencia ética que ha guiado mi vida como periodista.
Empecemos por analizar lo que hay detrás de la compraventa de Telenica Canal 8. Desde que se confirmó la venta de este canal, amplios sectores de la opinión pública han demandando que se esclarezca quienes son los compradores y el origen de los fondos. Siendo éste un medio de comunicación, se trata de un tema de legítimo interés público. ¿Que razones podrían existir para ocultar una transacción de esta naturaleza?
Hasta hoy, ninguna persona o entidad jurídica, ha dado la cara diciendo: “yo soy el nuevo dueño de Canal 8”. Tampoco conocemos alguna certificación legal que diga: “esta es la entidad que adquirió las acciones de este canal, que asumirá responsabilidades de aquí en adelante”. Y para nosotros resulta material y jurídicamente imposible dilucidar algo sano con sujetos inexistentes, escondidos a la sombra de la noche.
El anterior dueño, Carlos Briceno, con quien suscribí un contrato para producir Esta Semana y Esta Noche, pagando como canon un porcentaje de los anuncios, ha dicho que no está obligado a revelar a quién le vendió el canal, y que además el contrato lo obliga a mantener el anonimato. Después de varias comunicaciones infructuosas, el viernes pasado le envié una carta formal, recordándole que al modificarse la naturaleza de Telenica como canal televisivo autónomo e independiente, —porque ahora esta asociado a intereses políticos partidarios y gubernamentales— se ha alterado bruscamente la naturaleza del interlocutor con el que yo suscribí esos contratos. Y por lo tanto, como resultado de ese acto se ha practicado una disolución unilateral del contrato de su parte. Por eso, lo invité a que establezcamos un mecanismo de arbitraje amistoso basado en la equidad, que resuelva con transparencia las consecuencias de esta ruptura de facto del contrato de su parte. Pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta.
Lo que sí sabemos con certeza, gracias a fuentes fidedignas que estuvieron vinculadas a la negociación, y a investigaciones periodísticas en diversos medios, son tres verdades indisputables:
Primero, que esta transacción millonaria por 10 millones de dólares, o sea más de 200 millones de córdobas, fue financiada con los fondos originados en la cooperación venezolana, que supuestamente están destinados para combatir la pobreza y ayudar a los más necesitados. Está comprobado que los fondos salieron de las arcas de Albanisa, una empresa que se maneja de forma discrecional para financiar los negocios del presidente y la familia presidencial.
Segundo, que el ente regulador Telcor, o sea el encargado de regular la telecomunicaciones y la administración del espectro radioeléctricas, participó en esta negociación no como un árbitro para velar por los intereses del público, sino mas bien representando a una de las partes, al comprador. Esto evidencia la grave confusión Estado-partido-familia, en que se ha degradado Nicaragua. En cualquier sociedad democrática donde prevalece el Estado de Derecho, estos indicios serían motivo suficiente para que se investigue al Director de Telcor por presunta violación a la ley, pero aquí estos funcionarios actúan protegidos bajo total impunidad.
Tercero, el único que aparece indirectamente dando la cara por esta operación es la Secretaría del FSLN, donde se concentra el poder del gobernante. ¿Quién es entonces el nuevo dueño del Canal 8, la Secretaria del FSLN, Ortega, su grupo económico familiar, o todos a la vez? En cualquier caso, se trata del grupo más poderoso del país, que siempre juega con los dados cargados a su favor, porque bajo el clima de inseguridad jurídica que impera en la situación de las frecuencias radioeléctricas, sólo los protegidos del gobierno pueden comprar así un canal de televisión. Y la misma historia se repite en el otorgamiento de licencias para el desarrollo de la energía, el turismo o el comercio exterior, mientras los empresarios se acomodan a buscar la protección y el favor del grupo de Ortega, al mejor estilo del somocismo.
Basta constatar estas tres evidencias, para que un periodista que ha criticado frontalmente la privatización de la cooperación venezolana y su desviación para financiar los negocios privados del gobernante, se sienta moralmente inhibido de desarrollar una relación con los compradores de Canal 8. Porque seguirla manteniendo, más aún bajo este clima de total oscuridad, equivaldría a que me convierta indirectamente en una especie de apañador y socio de Ortega.
En un país cuya fibra moral esta carcomida por los pactos y por el interés desmedido del dinero y la corrupción, yo no me voy a prestar a que se me señale como cómplice del señor Ortega.
Cuando me inventaron una investigación calumniosa por lavado de dinero y me amenazaron con la prisión, dije que prefería ir a la cárcel, pero que nunca aceptaría ser un rehén de la política de chantaje. Hoy ratifico ante la sociedad nicaragüense que no deseo ser socio o colaborador del señor Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios económicos, ni en sus negocios políticos que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria.
Y no tengo absolutamente nada personal, contra Ortega o su familia. Lo que cuestiono, como periodista crítico y como ciudadano, es su régimen basado en el abuso de poder, las violaciones a la ley, el enriquecimiento familiar a costa de los fondos del pueblo, el chantaje permanente, y la amenaza de la violencia. Ese sistema de intimidación que tiene atemorizada a una gran parte de la sociedad, y que presupone que en Nicaragua todo mundo tiene un precio, los empresarios, los magistrados, los diputados, y hasta los periodistas.
Pero además, lo que se ha comprado aquí es un medio de comunicación, no una panadería. Un canal de televisión, por muy privado que sea, tiene obligaciones y compromisos con el Estado y con la opinión publica. Y por lo tanto, estamos obligados a pedirle cuentas a Ortega sobre su récord en materia de libertad de expresión durante estos tres anos como gobernante. Y ahí están los resultados a la vista:
— Secretismo en el manejo de la información pública y la violación sistemática a la Ley de Acceso a la Información Pública.
— Agresiones verbales y físicas contra los periodistas independientes.
— El chantaje y la manipulación con la publicidad estatal.
— El condicionamiento de las licencias de radio y televisión que se les venció el plazo.
— Las presiones económicas a los periódicos utilizando el sistema tributario y de aduanas.
—La promoción de juicios por injurias y calumnias contra periodistas.
Ese es el expediente que intentarán limpiar con la compra de canal 8. A nadie interesa más que me quede en este canal, que al propio Ortega. La continuidad de los programas Esta Semana y Esta Noche, convalidaría su historial de abusos cometidos contra la libertad de expresión durante su mandato. Peor aún, quieren convertirnos en cómplices de su política agresiva contra otros medios y periodistas, puesto que mi permanencia en este canal expresaría unos niveles de tolerancia que el régimen nunca ha tenido ni tendrá hacia el conjunto de la prensa independiente del país.
Pero los periodistas que producimos Esta Semana y Esta Noche, formamos parte de un amplio conglomerado de la prensa independiente y la sociedad civil, que todos los días se está jugando su credibilidad bajo el acoso de la política de Ortega. Con ellos compartimos un compromiso democrático común, asumiendo todos los riesgos que eso implica. Por ello, aunque respetamos la decisión de los colegas que hoy continúan laborando en Canal 8, nuestra decisión basada en principios apunta a ser consecuentes y solidarios ante el hostigamiento que enfrentan otros colegas, que siguen sometidos al cerco oficial.
Algunas personas alegan que al orteguismo debería otorgársele el beneficio de la duda, pese a que no hemos visto ninguna rectificación de su política agresiva contra la prensa. Por el contrario, los que aparecen ahora al frente de este canal haciendo ofertas de tolerancia, son los mismos que dirigen los medios oficiales, y que de forma calumniosa nos acusaron de criminales y narcotraficantes, cuando en este programa se destapó el caso de corrupción de Tola en el 2007. A partir de ese momento, el régimen dilapido la poca credibilidad que le otorgó la luna de miel post electoral, e inició las campañas negras de difamación contra periodistas, medios y organizaciones de la sociedad civil, que se convirtieron en una práctica sistemática.
En consecuencia, pecan de cinismo y no abonan ninguna credibilidad cuando ofrecen libertad de expresión en el canal 8 como si fuera una dádiva, mientras al mismo tiempo se mantiene una amenaza creciente contra los demás canales de televisión, y las radioemisoras, para que cierren los espacios de periodismo crítico. Por eso no aceptamos que se pretenda establecer como medida de la tolerancia de Ortega ante la libertad de expresión, la permanencia o no de este programa en su nuevo canal de televisión.
La verdadera prueba que debe pasar Ortega radica en establecer un régimen de libertades democráticas plenas:
Que cesen las amenazas de violencia contra los ciudadanos, cuando estos se quieren manifestar y expresar en las calles.
Que el gobierno le quite la pistola de sien a los canales de televisión y las radioemisoras.
Que Telcor actúe como una entidad imparcial y profesional, y no como una sucursal para favorecer los negocios del orteguismo.
Que cese el hostigamiento contra los periódicos, y que se acabe de una vez el bloqueo oficial contra el periodismo independiente.
¿Puede el gobierno de Ortega pasar esta prueba? Ese es el reto que le lanzamos hoy.
Muchas personas me preguntan si existen opciones para que Esta Semana y Esta Noche se transmitan en otros canales televisivos, manteniendo su independencia editorial. Lamentablemente, en este momento no existe un acuerdo con otro canal, y por lo tanto no puedo asegurar si estos programas reaparecerán en los próximos días. Esperamos que se abran esas puertas y confío que encontraremos alternativas en un futuro próximo.
Mientras tanto, tengo una fe profunda de que Nicaragua cambiará de forma irreversible, cuando todos empecemos a adoptar decisiones fundadas en principios éticos.
La decisión que hemos anunciado hoy se inspira en ese espíritu de cambio.
No puedo traicionar el legado de coherencia ética de mi padre, ni los valores que heredé de mi padre y de mi madre, que son los mismos que comparto con mi esposa y mis hijos, y estoy seguro que también inspiran a miles de nicaragüenses que están comprometidos en lograr un verdadero cambio democrático en este país.
(Confidencial/Nicargua)
