Carta al diputado independiente y Cía.: Paren este maldito populismo legislativo

Estimado Leonardo Bonilla:
Fuiste el primer diputado independiente que entró a la Asamblea. Entraste con el beneficio de la duda, pero supiste ganarte rápido un grado de credibilidad que las fracciones partidarias y la Asamblea como institución han perdido.

Tengo entendido que se trata de restablecer la confianza en el Parlamento y no de buscar destruirlo aún más, como parece ser la agenda del presidente electo.

Si se trata de establecer la confianza en el Legislativo (y por tanto en el sistema de la democracia representativa, pluralista y republicana), entonces no entiendo tu iniciativa de una reducción de la Asamblea de 84 a 60 diputados. No entiendo ni el contenido ni mucho menos la forma de tu campaña.

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Hablemos del contenido. Reducir la Asamblea a 60 diputados puede ser una opción, pero por sí sola no resolverá ninguno de los problemas que causaron que la gente perdiera la confianza en este órgano del Estado. Para revertir esto, hay que mejorar dos cosas: la calidad de la Asamblea y del trabajo de los diputados, y su grado de representatividad.

Un legislador responsable no se monta encima de la frustración y los resentimientos que la gente (con muchas razones legítimas) tiene con la Asamblea. Un legislador responsable no arma un espectáculo preguntando a la gente en la calle si quiere 84 o 60 diputados. Esto es populismo barato. Lo que hay que desarrollar es un debate serio sobre una reforma radical de la Asamblea, que busque construir una manera más directa, transparente y confiable en que la ciudadanía se hace representar. El número de diputados al final puede cambiar, pero esta es la parte menos relevante del asunto. No es el punto de partida.

Primero habría que obligar al gobierno a realizar un censo demográfico confiable, para saber cuántos somos y cómo estamos distribuidos en el territorio nacional.

Luego hay que ver qué distritos electorales necesitamos y cómo hay que delimitarlos para que los diputados se conviertan en representantes directos de una población concreta, no ‘representantes del pueblo’ de manera abstracta. Tener 5 distritos electorales con 12 diputados cada uno, como ustedes proponen, tendrá un impacto diferente sobre la representatividad de los diputados que otro modelo que podría crear 15 distritos electorales (mucho más pequeños, con una población más cohesionada), que serán representados por 4, 5 o 6 diputados cada uno. No es lo mismo ser diputado de Soyapango que de toda la zona paracentral.

Aparte de la cercanía entre los diputados y sus representados hay que tomar en cuenta el mandato constitucional de la proporcionalidad y de la pluralidad política. ¿Cuál es el diseño de los distritos electorales y cuál es el numero de diputados por distrito que garantizan que todas las corrientes ideológicas pueden ser representadas?

Si tuviéramos 84 distritos con 1 diputado cada uno, existe el peligro de que un partido con mayoría relativa (digamos del 35%) gane una mayoría aplastante en la Asamblea. Por más diputados que correspondan a un distrito, mayor pluralidad, pero menor cercanía entre diputados y población representada. Hay que encontrar el modelo que equilibra ambos criterios.

Estas son las cosas que hay que analizar si realmente queremos revertir la pérdida de confianza de la ciudadanía en su parlamento además de una reforma radical del aparato de asesoría de la Asamblea. Hoy es un esquema corrupto e ineficiente y hay que transformarlo en uno profesional. Este es otro debate que no se puede resolver coleccionando firmas en la calle, sino que requiere de mucho análisis y debate. Y tal vez de propuestas y decisiones no tan populares…

Así que Leonardo (y los diputados que se unieron a tu iniciativa), decidan si quieren ganar popularidad surfeando las olas del descontento o si quieren mejorar la política, empezando con una verdadera reforma electoral y de la Asamblea.

Saludos,

(MAS! y EL DIARIO DE HOY)

Carta al hombre que mandó a decomisar sus propias palabras

Nicolás Maduro:
Mucho se ha dicho sobre su encuentro con Jorge Ramos, quien vino a Mirafores a entrevistarle, y quien a media entrevista se vio detenido y despojado de sus equipos y grabaciones. 

Muchos han comentado este incidente en el contexto de la libertad de prensa – y es correcto: el caso Jorge Ramos ilustra que esta libertad básica no tiene vigencia bajo su régimen. Sin embargo, esto ya lo sabíamos desde hace años. Todos conocemos la represión que sufren los periodistas venezolanos. No solo pueden terminar detenidos por 2 horas, como Ramos, sino por meses o años. No solo pueden perder sus cámaras, como Univisión, sino sus empresas, sus frecuencias, y hasta su vida. Entonces, el caso Ramos no agrega nada sustancialmente nuevo al tema de la libertad de prensa en Venezuela…

Pero el caso tiene otra connotación, que sí vale la pena resaltar. Jorge Ramos dijo en sus primeras declaraciones luego de su regreso a Estados Unidos: “Nos han robado nuestro trabajo”, refiriéndose a las grabaciones decomisadas por usted.

Lo absurdo es que usted mandó a decomisar su propia entrevista, sus propias palabras. Al darse cuenta que con sus declaraciones respuestas se estaba haciendo el hazmerreír ante todo el mundo, usted interrumpió la entrevista y ordenó que decomisaran su propias palabras.

Es la perfecta parábola de su situación. Luego de callar la prensa nacional independiente, las radios y los canales de televisión independientes; luego de restringir al máximo la labor de los corresponsales extranjeros (a este servidor que firma esta carta le pusieron en una lista negra prohibiéndole la entrada a Venezuela), usted se ve obligado a invitar a su Palacio Miraflores a algunos medios internacionales – obligado por la profunda crisis en que usted se ve: con el desafío que representa Juan Guiadó; con el aislamiento internacional; con la crisis humanitaria. Entonces, usted decide llamar a Jorge Ramos y usar sus cámaras y micrófonos para dirigirse al mundo.

Solo que Jorge Ramos no se presta a lavarles la cara a los poderosos. Pregunte a Donald Trump cómo le fue con Ramos. No lo mandó a arrestar, porque en Estados Unidos no se puede, pero sí lo expulsó de la Casa Blanca – lo que al fin resultó que tampoco se puede…

Ramos hizo su entrevista como la ética profesional manda: Explíquenos la falta de medicina. Explíquenos el hambre en Venezuela. Explíquenos porque no deja entrar comida y medicina a país. Explíquenos los presos políticos…

Y usted se da cuenta que ya no hay explicaciones, que todo lo que usted dice lo compromete, lo enreda, lo expone como un presidente todopoderoso pero impotente, con todo el poder militar, pero sin poder resolver nada. Y cuando se da cuenta, decide mandar a decomisar las pruebas, o sea sus propias palabras.

Esto es lo que pasó en Miraflores entre usted y Jorge Ramos. Es la muestra que usted ya no tiene nada que hacer en Venezuela. Game over. Perdió. Váyase ya.

Adiós,

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(MAS! y EL DIARIO DE HOY)

Carta sobre inmunidad, impunidad, antejucio, difamación y mafias cibernéticas

Hace un par de días en las redes se formó un tsunami de indignación. La Corte Suprema de Justicia había publicado un comunicado, para desmentir las falsas afirmaciones que se habían ventilado en Twitter sobre uno de sus integrantes, el magistrado Roberto Calderón. “La Corte ratifica que no está dispuesta a tolerar conductas reprobables que pretenden afectar la imagen de os miembros del Órgano Judicial, al difundir falsas acusaciones.”

La cuenta de Twitter llamada @_Brozo difundió una noticia inventada: “Magistrado Roberto Carlos Calderón ha sido capturado en estado de ebriedad junto a una menor de edad.” Resulta que nada de esto era cierto: El magistrado Calderón nunca fue detenido, muchos menos ebrio y con una menor de edad. 100% fake news.

Lo delicado del caso no solo es que la víctima de la calumnia es un magistrado de la Corte Suprema, sino sobre todo que la difamación proviene del círculo interno del presidente electo: la polémica cuenta @_Brozo la maneja Ernesto Sanabria, el principal ejecutivo de comunicación de Nayib Bukele.

Lo extraño es que la indignación en las redes no se encendió por la desinformación y la difamación, sino por el hecho que en el comunicado de la CSJ no se condenó a otro magistrado que sí fue descubierto ebrio y con una menor de edad, tratando de violarla. El magistrado Jaime Eduardo Escalante Díaz, detenido in flagranti por la PNC, no fue a bartolinas, por que como magistrado goza de fuero y tiene que pasar por un antejuicio en la Asamblea Legislativa, antes de que la Fiscalía pueda proceder a detenerlo y procesarlo penalmente. La PNC, como es su deber, lo entregó a la Asamblea – y esta lo mandó a arresto domiciliario para esperar su antejuicio y luego su juicio penal. La Fiscalía ya presentó el caso a la Asamblea. Todo esto no es muestra de impunidad, como muchos lo quieren pintar, sino de que las autoridades están funcionando.

Es entendible la indignación que este caso. Incluso es entendible la frustración que despierta el hecho que en este caso la justicia no opera de inmediato. Mucha gente no entiende el sentido del fuero constitucional, ni los complicados procedimientos del antejuicio – y por tanto asume que estamos ante un caso de impunidad. Esto es falso: el magistrado será debidamente enjuiciado, porque el fuero no lo protege de persecución penal por delitos que nada tienen que ver con el desempeño de su cargo. Sobre el sentido del fuero y el procedimiento del antejuicio recomiendo que lean la excelente nota de Erika Saldaña titulada “¿Cómo opera el fuero?”

Regresemos a la extraña indignación que se promovió contra la Corte Suprema. Es que la Corte no debe pronunciarse sobre un juicio pendiente, mucho menos puede intervenir en un antejuicio, que es asunto del Legislativo. En cambio, sí puede (y debe) exigir que la Fiscalía investigue una calumnia cometida contra uno de sus integrantes, así como lo hizo en su comunicado.

Yo tengo el criterio que en el caso de las miles de fake news y difamaciones que salen en las redes, hay que hacer una distinción: Si son personas privadas que, expresando su indignación, caen en difamación, no hay que perseguirlos penalmente. Yo recibo estas calumnias diariamente y no las voy a judicializar. En estos casos las redes funcionan como vía de escapa de agresiones que posiblemente evitar que se llegue a violencia física.

Pero si los difamadores están vinculados a poderes políticos, manejando operaciones masivas desinformación y calumnia sistemática desde el poder (gobierno, alcaldía, autónomas, partidos políticos), las autoridades tienen que aplicar la ley.

Esto es indudablemente el caso de la cuenta @_Brozo. Su responsable intelectual Ernesto Sanabria no actúa como individuo, haciendo uso de su libertad de expresión, canalizando sus frustraciones.

El Brozo actúa como parte de una estructura de poder – antes vinculada al ex presidente Saca, luego a la alcaldía capitalina de Nayib Bukele, y ahora el equipo del presidente electo. Esto no se vale, y espero que la Fiscalía tenga el valor de proceder contra esta mafia de desinformación y guerra sicológica, para evitar que se incruste en el próximo gobierno.

Saludos,

(MAS! y EL DIARIO DE HOY)

¿Pos-posguerra? ¿Cómo se come esto? Columna Transversal

“Este día El Salvador ha pasado la página de la posguerra, y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro” – con estas palabras resumió Nayib Bukele, en la noche del 3 de febrero, su triunfo electoral. Palabras mayores… ¿Qué significa que haya terminada la posguerra? ¿Y qué viene luego? Bukele y Ulloa no elaboran sobre esto, lo dejan en una conveniente vaguedad. Pero sí, de repente dejan caer palabras como ‘Nueva República’ y ‘Constituyente’…

Solo 10 días después, en su editorial sobre el resultado electoral, El Faro escribe: “El triunfo de Nayib Bukele ha abierto una nueva etapa en nuestro proceso histórico. Como atinadamente dijo en su discurso de victoria, el 3 de febrero puso fin a la etapa de posguerra en El Salvador.” Lastimosamente, El Faro tampoco dedica ni una sola frase a explicar qué significa poner “fin a la etapa de la posguerra”.

El presidente electo no lo va a explicar. Está demasiado ocupado con su campaña electoral para el 2021 que comenzó el 4 de febrero. Además tiene que dedicarse al traspaso de poder, a la formación de su gobierno y a negociar el apoyo de Estados Unidos.

Entonces, ¿qué significa que el presidente electo de nuestro país piense que con su llegada al poder se cierra el capítulo de la posguerra?

Básicamente está declarando que su gobierno basará sus políticas en que los problemas que nos llevaron a la guerra civil están resueltos y que los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz están cumplidos. Esto va en concordancia con otras palabras grandes (y vagas) usadas por Bukele cuando habla de su partido Nuevas Ideas: Trascendemos las ideologías, no somos ni derecha ni izquierda, somos ‘el pueblo’… 

Todas estas tesis (si se puede hablar de tesis, cuando no hay elaboración, sino nada más exclamación) son falsas. Ni están resueltos los problemas que causaron la guerra; ni cumplidos todos los compromisos adquiridos con los Acuerdos de Paz; ni son irreversibles los logros de la posguerra; ni han dejado de tener validez las ideologías; ni tampoco han muerto la izquierda ni la derecha. Pueden estar en crisis los partidos de izquierda y derecha (y ciertamente lo están) – pero la sociedad sigue necesitando fuerzas de izquierda que busquen soluciones a las injusticias sociales, y fuerzas de derecha que busquen soluciones a la falta de competitividad y crecimiento económico del país. Ver como superada la libre competencia política entre izquierda y derecha y al mismo tiempo entre diferentes intereses sectoriales y sociales, solo porque habrá un cambio de gobierno de turno, y tratar de sustituir este pluralismo con una fuerza pos-conflicto que se debe ‘al pueblo’ – esto es el viejo enfoque fascista, que con otros colores retomó vigencia en América Latina, primero con Perón y luego con Hugo Chávez. Y hoy posiblemente con López Obrador y Bukele…

La posguerra comenzó en 1992 con un nuevo pacto social que se plasmó en los Acuerdos de Chapultepec y las subsiguientes reformas constitucionales. Fue una refundación de la República – ¿y qué significa que Bukele y Ulloa hablen de que ahora les tocará refundarla de nuevo?

Terminamos a guerra poniéndonos de acuerdo sobre nuevas reglas del juego (democracia pluralista, desmilitarización, separación de poderes, irrestricta libertad de organización, expresión y prensa…) que sustituyen el uso de las armas para ganar o defender el poder. Esta es la esencia de a posguerra. ¿Si ahora declaran que está superada la posguerra, significa que estas reglas ya no tienen validez – o significa que este proceso de democratización ya concluyó exitosamente, y que por tanto ya no será obligación del gobierno defender y consolidarlas? Ambas interpretaciones serían equivocadas.

Hasta ahora, el principio de la alternancia del poder está funcionado. ARENA entregó el poder ordenadamente a la ex guerrilla; y ahora el FMLN está entregándolo a una nueva fuerza, aunque esta promete destruirlo y quedarse con sus bases y banderas. Pero como durante toda la posguerra, el principio de la alternancia en el poder sigue requiriendo del compromiso de defenderla, del estado, del gobierno, de los partidos y de toda la sociedad. Solo hay que mirar hacía Honduras, Nicaragua, y Venezuela para ver que este principio es vulnerable y reversible. ¿Qué significa en este contexto que nuestros gobernantes electos declaren finiquitados la posguerra y la democratización?

Otro de los compromisos esenciales de la posguerra es la desmilitarización. Es un proceso exitoso, pero tampoco es irreversible. Los últimos gobiernos de El Salvador han vuelto a militarizar la seguridad pública, igual que en Honduras – y en México el nuevo presidente (con discursos muy parecidos a los de Bukele) está fundando una Guardia Nacional dirigida por militares. ¿Qué significa en este contexto que los gobernantes electos de El Salvador quieren declarar finiquitadas la posguerra y la desmilitarización?

En transiciones como la actual hay que analizar con lupa las palabras grandilocuentes que vociferan los nuevos gobernantes. No solo las de la pos-posguerra, también las del “fin del bipartidismo”, cuando nunca hemos tenido un sistema bipartidista, y cuando el nuevo partido de gobierno solo está queriendo ocupar el lugar del FMLN, luego de desplazarlo. ¿Y como interpretar términos como ‘Nueva República’, ‘unidad del pueblo’ y otros igualmente vacíos?

(EL DIARIO DE HOY)