Victoria pírrica de Correa

El referéndum del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para reformar la justicia y regular la prensa, ha sido aprobado en lo tocante a ambas cuestiones -había un fárrago de 10 preguntas- por diferencias tan escasas que muestran un país partido en dos. Victorias pírricas como esta no hacen ningún bien a nadie; ni al votante, ni al aparente vencedor.

Si Correa fuera un gobernante prudente comprendería que no se puede legislar en materias tan delicadas contra el parecer, no ya de una gran minoría, sino de una mayoría, porque la suma de votos nulos y en blanco dejan muy lejos el sí del 50% más uno de los electores. Pero piérdase toda esperanza, porque el líder ecuatoriano acaba de decir que "la prensa es un nuevo opio del pueblo", declaración envuelta en la repetida idea de que solo los poderosos tienen acceso a los medios de comunicación. En un país como Ecuador, de bajísimos índices de lectura de diarios, es cierto que la prensa es artículo de consumo de las capas superiores de la sociedad; pero el Gobierno bien que se ha dotado de sus propios medios de comunicación, impresos y audiovisuales, con lo que nadie debería decir que no los hay para los más necesitados. Lo que ocurre es que la prensa ecuatoriana, que Correa llama burguesa, no está a las órdenes del presidente. Y así es como se formará un consejo regulador sumiso al poder, para velar para que los periódicos se comporten y que se apruebe también una ley de contenidos periodísticos, términos que apenas son un alias de la censura. Igualmente, en los próximos 18 meses, una comisión ad hoc domará la justicia, que es otro de los poderes que no controlaba la presidencia. Ecuador no es hoy por ello una dictadura, pero el presidente Correa debería entender que el camino a la justicia social no puede pagarse con monedas de libertad; porque se suele acabar sin la una y sin la otra.

(El Pais/Madrid)

Credenciales cubanas

El presidente brasileño Lula da Silva inició ayer su cuarta visita oficial a Cuba, considerada como la de despedida. Poco antes de aterrizar en La Habana, supo de la muerte del preso político Orlando Zapata a consecuencia de una huelga de hambre mantenida durante 85 días. Su familia denunció malos tratos a lo largo de los años de cárcel y aseguró que no recibió atención médica adecuada hasta que su estado de salud empeoró de manera irreversible. La muerte de Zapata constituye un acta de acusación adicional, y un motivo de enérgica condena, contra la dictadura más longeva de América Latina y una de las más liberticidas de la historia del continente. Pero es también una prueba decisiva para la comunidad internacional y para el presidente Lula, que tiene en su mano ejercer como portavoz tanto por su ascendiente latinoamericano como por el hecho de encontrarse en la isla.

Con esta visita a La Habana, coincidente con la muerte de Zapata, Lula tiene la ocasión de demostrar que el creciente papel internacional de Brasil no significa sacrificar el principal capital político que ha cosechado: la opción por una izquierda capaz de ofrecer progreso y bienestar mediante el fortalecimiento y la gestión de las instituciones y los procedimientos democráticos. El silencio de Lula frente a una dictadura como la castrista -seguido de la timorata reacción de la UE, a empezar por el inane y críptico mensaje de Rodríguez Zapatero en Ginebra- empañaría lo que él representa, tan importante para América Latina y, en la medida en que Brasil afianza su posición de potencia emergente, para el resto del mundo.

Un grupo de disidentes cubanos ha solicitado al presidente Lula que interceda por la suerte de los presos. El compromiso que Brasil ha demostrado con los derechos humanos sería suficiente para justificar esta gestión, pero la muerte de Zapata la hace inexcusable. El trato con La Habana y, sobre todo, con el mito que la revolución castrista sigue representando para parte de la izquierda latinoamericana, sitúa en una difícil posición a cualquier dirigente de la región, pero más todavía al presidente brasileño. Pero las dificultades para gestionar las relaciones con ese mito no pueden llevar a cerrar los ojos ante los atropellos que se cometen en Cuba, y que en este caso se han saldado con la muerte de un preso político. El castrismo ya no puede extender credencial alguna de progresismo. Por el contrario, es su gestión al frente de Brasil la que constituye el ejemplo alternativo.

Sin las cortapisas regionales de Brasil, y sin los equilibrios que exige una visita oficial, es inaceptable que la Europa en la que España ejerce la presidencia se limite a lamentar la muerte por inanición de un preso político. El régimen cubano es responsable de la vida y la integridad de quienes ha condenado a pudrirse en sus mazmorras. Mucho más cuando esa condena sólo obedece a decisiones tiránicas de una saga familiar.

(El País/Madrid)

Bulimia de poder

Es probable que el sí quiero del presidente colombiano, Álvaro Uribe, a la candidatura para un tercer mandato no se produzca hasta que el referéndum haya dado, si lo da, el espaldarazo definitivo, hacia febrero de 2010, a esa segunda reelección, tan inédita como contraindicada. El plácet a ese referéndum otorgado por el Congreso el pasado martes causó estragos. Los precandidatos uribistas renuncian o se instalan en el congelador, como Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa. Y la oposición, el Polo, a la izquierda, y el Partido Liberal, no saben qué inventar para no perder frente a Uribe, si efectivamente se presenta.

Para ello quedan dos obstáculos: el primero es la sanción de la Corte Constitucional, que habrá de conocerse en un plazo de tres meses a partir de la inminente promulgación de la ley; pero parece difícil que se oponga a lo que medios uribistas teorizan como "Estado de opinión", ante el que debería inclinarse el Estado de derecho; autoritaria reflexión, según la cual las leyes han de reflejar lo que quiera el votante. ¿Y quién decide eso? ¿Los sondeos?

El segundo es el referéndum. Para validar la consulta ha de votar un cuarto del censo, hoy de 29 millones y medio, con lo que harían falta 7,3 millones de votantes, y una mayoría a favor de la reelección. Y aunque sea cifra asequible, no hay que subestimar la fatiga de las urnas. Pero la legalidad en Colombia es extensible. Según fuerzas uribistas, una depuración del censo lo dejaría en poco más de 16 millones, con lo que la reelección sólo precisaría que votaran cuatro millones, con dos millones de síes.

Uribe se equivoca. Si cede al síndrome del imprescindible y cambia las reglas desde el poder para seguir al frente, no sólo emborronará una trayectoria bastante exitosa (sobre todo contra el terrorismo), sino que habrá imitado los modos populistas de sus peores enemigos en la región.

(El País, Madrid)

El secreto de Uribe

El presidente colombiano Álvaro Uribe está próximo a desvelar su gran secreto: ¿ambiciona un tercer mandato? En las últimas semanas ha ido dejando caer como tentaciones a sus partidarios un "quiero pero no debo", que apunta en una sola dirección: repetir. Pero hasta hoy sólo consiente que los radicales del uribismo sigan con el procedimiento que es largo y repleto de cautelas y garantías; y, probablemente, lo único que puede impedir que Uribe tenga la mala ocurrencia de querer de nuevo sucederse a sí mismo en junio de 2010.

Ganó la votación del Senado; esta semana afronta la de la Cámara, que se anuncia mucho más disputada, para aprobar la reforma constitucional que permita celebrar un referéndum sobre su reelección; en este largo procedimiento sigue el dictamen de la Corte Constitucional, con varios magistrados que no son precisamente proclives al mandatario, pero que nada impide que puedan tomar en consideración los argumentos favorables a la reforma. A Uribe tampoco le basta, sin embargo, con sacar adelante el referéndum, sino que necesita que acudan a votar siete millones y medio de conciudadanos. Sobre más de 30 millones potencialmente con derecho a sufragio no parecen demasiados, pero en Colombia las tasas de abstención han sido históricamente elevadas.

El intento de romper con la limitación de mandatos es un fenómeno continental. Tras más de un siglo en que las legalidades latinoamericanas propugnaban la estricta limitación para combatir el abuso de poder, el tráfico de influencias y la corrupción -y hasta la tentación dinástica-, cada vez son más los dirigentes que parecen decirse que si el venezolano Hugo Chávez puede optar a la presidencia sin medida ¿por qué no los demás?

Todo lo que podía hacer Uribe, como dar al país una nueva confianza en sí mismo y arrinconar a la guerrilla de las FARC, ya lo ha hecho. Poco cabe esperar de otro mandato y ni la renovada ayuda militar norteamericana, ni su indudable batallar aseguran la victoria final sobre el narcoterrorismo. Será la fatiga de la democracia, en cambio, la que pague la factura de ese neocaudillismo. ¿Cómo cabría criticar al presidente venezolano si Uribe gozara de una tercera oportunidad? Y nadie puede dar garantías de que a la tercera vaya la vencida, una vez roto el principio de la limitación de mandatos.

(El Pais, Madrid)