Brutal e insuficiente

(editorial publicado el 12 de enero 2010)
Con la devaluación del bolívar decretada el viernes, Hugo Chávez ha logrado un récord mundial. Venezuela es ya el único país del mundo en el que operarán tres tipos de cambio: el que se aplica a alimentos y otros productos de primera necesidad (2,6 bolívares por dólar); el general (4,3) y el del mercado negro (6,20).

La devaluación era inevitable, por la continua erosión de la posición internacional de la economía venezolana. Y es aparentemente brutal, por cuanto supone una pérdida de valor de su moneda del 50%. Su magnitud tiene que ver con la tozudez de mantener durante años un tipo de cambio artificial de 2,15 bolívares por dólar, para evitar el coste del ajuste. Aunque, ironía de la realidad, la divisa ha perdido durante el mandato chavista, desde 1999, el 87% de su valor.

Pero al mismo tiempo es insuficiente porque el bolívar se seguirá negociando en el mercado negro, con las mismas ineficiencias y corrupciones en los mercados de cambio y en general en las compraventas de productos importados. Es también insuficiente (y, por tanto, efímera) porque no va acompañada de otras medidas, presupuestarias, fiscales y salariales, que son las que afianzan en el largo plazo los beneficios de una devaluación. La medida no se justifica como compensación de los menores ingresos derivados del descenso del precio mundial del petróleo, de 126 dólares en su pico máximo de julio de 2008 al entorno actual de los ochenta, pues el caudillo populista se encontró al inicio de sus mandatos con un precio del crudo entre 10 y 11 dólares el barril.

La incompetencia de su política económica se resume así en dos datos: el producto estrella de su exportación se ha multiplicado por ocho, y el valor de su moneda se ha dividido por nueve.

A corto plazo, la devaluación duplicará los ingresos públicos derivados de la exportación petrolera, lo que servirá para financiar los gastos sociales del presidente en un año electoral. Pero también alimentará la ya insólita inflación del 25% en perjuicio del consumo popular.

Combinada con la obligación legal de solicitar permiso para repatriar dividendos, perjudica desde ya a grandes empresas internacionales instaladas en el país, especialmente las españolas. La inepcia política y la inseguridad jurídica se dan así la mano en desfavor de casi todos, incluidos los ciudadanos, que verán reducido el valor de los salarios a la mitad.

La derrota de Zelaya

El golpe de Estado del pasado 28 de junio en Honduras con el que el Ejército derrocaba al presidente Manuel Zelaya, ha acabado por prevalecer. El acuerdo que pone fin al encierro voluntario del presidente legítimo en la embajada brasileña en Tegucigalpa preserva apenas una hoja de parra para que Zelaya salve la cara. Si el Congreso así lo aprueba, tras oír el dictamen del Tribunal Supremo -ambos organismos nada zelayistas-, el mandatario será restablecido en su cargo, pero en modo alguno en el poder.

El día 5 deberá haber gobierno de reconciliación nacional, y el 29 de noviembre, elecciones presidenciales, como estaba previsto, cuyos dos candidatos principales son miembros de la clase política tradicional y por ello opuestos al de Zelaya que había desarrollado un chavismo social con anhelos inconstitucionales de reelección. Zelaya se pliega para recuperar formalmente la presidencia, pero como el Congreso no se reunirá hasta después de las elecciones, su reposición sólo sería en diciembre, y permanecería en el cargo hasta el 29 de enero, fecha en la que dará el relevo a su sucesor.

Y si Zelaya ha sido derrotado y Micheletti ha ganado, otro triunfador es el presidente Obama. El competente encargado de asuntos latinoamericanos, Thomas Shannon, ha presidido esta fase de las negociaciones barriendo las últimas objeciones de Micheletti, pero sirviendo también a los intereses de su país: el golpe ha sido condenado en fondo y forma; Manuel Zelaya ya puede ser repuesto; y, en especial, el fantasma del chavismo deja de cernerse sobre Honduras. Es un éxito modesto, pero bienvenido para una política exterior que no anda sobrada de ellos.

Si los que ganan son los golpistas, la diplomacia norteamericana, la liturgia democrática e, incluso, Brasil, cuya embajada llevaba un mes sitiada, el que seguro pierde es el presidente venezolano Hugo Chávez, porque el zelayismo ya no será su cabeza de puente en Tegucigalpa.

(El País, Madrid)

Chávez lo quiere todo

Durante algún tiempo hubo motivo para dudar; el presidente venezolano Hugo Chávez tuvo siempre un talante autoritario, pero en sus primeros años de Gobierno fue relativamente cauto. Hoy ya está, sin embargo, claro que lo quiere todo. Y por los graves errores de la oposición, que le regaló con su omisión en las urnas la Asamblea, puede permitirse hacerlo dentro de una legalidad a su medida. Así es como se va forjando el Estado que encarna el llamado socialismo del siglo XXI, sistema que, sin embargo, ya se conocía en la historia como capitalismo de Estado; un capitalismo, en buena medida social, pero regido por la más absoluta arbitrariedad, por los aleatorios deseos del líder.

El último avatar de esta ofensiva para la dominación de todos los resortes del poder será la aprobación, probablemente antes de fin de año, de la ley sobre la propiedad social, que así enunciada, no debe de sonar mal, puesto que hasta la Iglesia sostiene que ese derecho no puede ser nunca irrestricto. Pero ocurre que la ley, acogida con nutrida división de opiniones, es un ejemplo de cómo entiende Chávez la gobernación, pensada como está para legalizar a posteriori la estatalización o confiscación de industrias alimentarias y tierras de labor, así como tiene hoy ya en el punto de mira a los medios, con la anunciada revisión de las condiciones de emisión de cerca de 300 radios y televisiones del país.

La pugna latinoamericana entre chavismo y antichavismo abarca cada vez más teatros de acción, como el forcejeo diplomático sobre Honduras, en el que Venezuela opera, si bien con extraordinaria truculencia, junto a las democracias para exigir el restablecimiento de Manuel Zelaya en la presidencia contra los golpistas de Roberto Micheletti; y, a tenor de un informe del Congreso norteamericano, se extiende, por añadidura, al ominoso terreno del narcotráfico. Según estas fuentes, Venezuela se habría convertido en un gran puerto de embarque de la droga con destino a EE UU, lo que desmiente airado el presidente Chávez.

La última batalla, sin embargo, no se ha perdido todavía. Parte de la opinión nacional ha reaccionado muy críticamente contra la propuesta de ley sobre la propiedad, y la presidencia ha congelado para consultas el proyecto. Chávez aún no lo tiene todo. El autoritarismo avanza, pero ecos de la libertad y del pluralismo aún se hacen oír en Venezuela.

(El País, Madrid)

China y sus minorías

China, un régimen alérgico a cualquier tipo de disidencia, repite con resultados catastróficos un modelo de trato a sus minorías basado en la represión. Ha pasado en Tíbet y ocurre estos días en la provincia noroccidental de Xinjiang, a más de 3.000 kilómetros de Pekín, donde las protestas de la etnia uigur -musulmanes turcomanos- por el trato que recibe han sido sofocadas con una violencia desconocida en décadas. Los medios estatales hablan de ataques de los uigures a la etnia china han, las turbas de ésta campan sanguinariamente por las calles y las cifras oficiales, sin verificación posible, contabilizan más de 150 muertos y casi 10 veces más heridos. En Urumqi, la capital provincial, se mantiene el toque de queda, la supresión de Internet y el control telefónico. La situación es tan seria como para que el presidente Hu Jintao haya abandonado la cumbre del G-8 en Italia y regresado a su país.

Xinjiang ha sido en los últimos años una olla a presión de tensiones étnicas. Han sido alimentadas por el abismo económico y social que separa a uigures -oriundos de la región, vinculados lingüística y culturalmente con Asia Central- y los ahora mayoritarios han, principal etnia china, privilegiada por Pekín, que fomenta su emigración a zonas conflictivas para alterar en su favor el equilibrio demográfico. El control del Gobierno sobre los uigures, casi la mitad de los 20 millones de habitantes de Xinjiang, da como resultado que se sientan marginados. Como en Tíbet, su resentimiento ha estallado regularmente en violencia; incluyendo antes y durante los Juegos Olímpicos, pero nunca como en esta semana.

En uso de una letanía especialmente querida al Partido Comunista, y típica de los regímenes dictatoriales, Pekín acusa a agentes extranjeros de fomentar los disturbios con fines separatistas, más específicamente a una líder activista exiliada en Washington. Pero la realidad tiene que ver sobre todo con la incapacidad del PCCh para lidiar de forma civilizada con cualquier tipo de discrepancia, incluida la más íntima de las creencias religiosas. La brutalidad gubernamental tiene en el caso de Xinjiang un crítico componente económico, puesto que el vasto territorio -fronterizo entre otros con Rusia, Pakistán, Afganistán e India- alberga grandes reservas petrolíferas y es el mayor productor de gas chino.

Pekín fomenta la dominación han en todo el país a la vez que restringe las oportunidades para las minorías que no comulgan con los principios básicos del régimen. Su aparato propagandístico inciensa sin cesar los logros del sistema y fomenta un nacionalismo obcecado y violento que el Gobierno utiliza regularmente para plantar cara a cualquier crítica exterior. Los acontecimientos sangrientos de Xinjiang seguirán repitiéndose en China mientras los dirigentes del gigante asiático exijan ciudadanos mudos y permanezcan ajenos al más elemental control democrático de sus actos.

(Editorial de El País, Madrid)

La vuelta del golpe

El Ejército hondureño secuestró y mandó ayer en avión al exilio en Costa Rica al presidente Manuel Zelaya, para impedir que se celebrara un referéndum sobre la conveniencia de que los presidentes pudieran ejercer dos o más periodos, cuando según la Constitución del país sólo cabe ejercer un único mandato.

¿Acaso puede tener hoy futuro el golpismo militar en América Latina? La última asonada con éxito se produjo en Ecuador el año 2000, cuando una acción conjunta de fuerzas armadas y movimientos indígenas depuso al presidente Jamil Mahuad, y la siguiente oportunidad ya no pasó de intentona, con ocasión de que el Ejército venezolano depusiera al presidente Hugo Chávez, aunque volvió al poder 48 horas después. La condena era general en América y Europa.

La Casa Blanca negaba ayer toda implicación en el golpe, el presidente Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, subrayaban que la toma del poder militar era antidemocrática, y la condena se hacía unánime en el seno de la UE, como expresaba el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en la OEA y en la organización de Estados centroamericanos. Más contundentes eran aún los aliados de Zelaya, el bloque chavista, al que se había sumado en los últimos años Honduras, y entre los que Chávez anunciaba que ponía a sus Fuerzas Armadas en estado de alerta.

Pero aunque la condena ha de ser inequívoca y se debe exigir el inmediato regreso del presidente a Tegucigalpa para reasumir funciones, porque el Ejército no es quien para juzgar los actos de Zelaya, no parece que pretenda amodorrarse en las instituciones. Y lo cierto es que ayer domingo el presidente o los militares, unos u otros, iban inevitablemente a violar la legalidad. Zelaya, con una consulta no prevista por la Constitución, y a la que se habían opuesto el Congreso, la autoridad electoral y el Supremo, y los militares tomándose por su mano una justicia que no les corresponde. El Ejército, que ha detenido a la mayoría de los miembros del Ejecutivo y patrulla las calles, parece estar detrás de la designación por el Congreso del presidente de la propia Cámara, Roberto Micheletti, como sucesor de Zelaya. El objetivo sería quitarse el golpe de encima.

Lo que aquí se dirimía era, en definitiva, el equilibrio de fuerzas en América Latina, de forma que si Zelaya se salía con la suya en la consulta reeleccionista, ganaba terreno el chavismo en América Central, donde ya la Nicaragua de Daniel Ortega hace las veces de fiel escudero del presidente venezolano. Y la misma semana pasada se celebraba, con la asistencia de Zelaya, una solemne ceremonia en Venezuela para subrayar el ingreso de Ecuador en el ALBA, la alternativa económica de Chávez al ALCA que domina Estados Unidos. Pero sea cual fuere el conflicto de ideologías en Iberoamérica, algo ha de quedar claro: los problemas de la política los solventan los políticos, y el Ejército, calladito y encerrado en sus cuarteles.

(El País, Madrid)

Crisis en Honduras

La moda de repetir mandatos presidenciales saltándose la ley o modificándola al antojo del que manda se extiende en Latinoamérica. Y no es sólo cosa de caudillismos izquierdistas, véase el caso colombiano. Ahora ha llegado de manera especialmente cruda a Honduras, el violento, paupérrimo e inestable país centroamericano devastado hace 10 años por el huracán Mitch. La crisis constitucional que enfrenta al presidente con los otros poderes del Estado se ha degradado en los últimos días, mantiene a los soldados en las calles y motiva una reunión urgente de la OEA.

El presidente Manuel Zelaya, un populista elegido en 2005, quiere presentarse a un nuevo mandato, pese a que la Constitución se lo prohíbe y ha sido avisado en ese sentido por el Congreso y el Tribunal Supremo. El mandatario hondureño, discípulo de Hugo Chávez, planea con apoyo de sus fieles una consulta este domingo preguntando a sus conciudadanos si aprueban la celebración de un referéndum, coincidiendo con las elecciones presidenciales de noviembre, para cambiar la Constitución. Zelaya alega que pretende con ello una "democracia participativa" para su país, "no sólo representativa". La negativa militar a cooperar en la consulta ilegal ha motivado la destitución del jefe del Ejército, general Romeo Vázquez, y la dimisión del ministro de Defensa. El presidente ha ignorado la decisión de los jueces de reponer en su cargo a Vázquez y enciende en las calles a sus fieles asegurando que el Supremo "sólo defiende a los poderosos, los ricos y los banqueros y es un obstáculo para la democracia"; o que en el Congreso Nacional se sientan "esos otros bárbaros que ya no representan a nadie".

En una Centroamérica agitada durante décadas por algunos de los vendavales más sangrientos del hemisferio (El Salvador, Nicaragua, Guatemala), la marginada Honduras nunca ha tenido la oportunidad de que sus instituciones adquieran peso real entre su gente. Pero los argumentos de Zelaya para justificar su seudoreferéndum de mañana y sus opiniones sobre el Parlamento y el poder judicial son sonrojantes, rozan el chafarrinón valleinclanesco y descalifican antes que a nadie al propio dirigente hondureño. Que rápidamente ha sido jaleado desde Caracas por el vitalicio Chávez con el refinado argumento de que la burguesía intenta un golpe contrarrevolucionario.

(Editorial de El País, Madrid)

Berlusconi al desnudo

Que no se equivoque Silvio Berlusconi: es la prensa democrática la que respeta su intimidad y él quien no deja de ponerla en entredicho. Porque la publicación de las fotografías de sus fiestas privadas no obedece a ningún intento de enjuiciar su moral como ciudadano, sino al propósito de demostrar que él, como primer ministro, está intentando convertir el espacio de la política democrática en una simple prolongación de sus relaciones de amistad y de sus entretenimientos.

Eso es exactamente lo que, según sus propias declaraciones, ha hecho al elaborar las sucesivas listas electorales de su partido e, incluso, a la hora de asignar responsabilidades de Gobierno. Y otro tanto cabe decir del uso de las facilidades que el Estado pone a disposición del primer ministro para cumplir con sus responsabilidades institucionales. Transportar invitados a fiestas privadas no es tarea de los aviones oficiales, poco importa a estos efectos que se trate de bailarinas o presentadoras de televisión. Y el hecho de que el primer ministro hiciera aprobar en 2008 una ley que abría los vuelos de Estado a cualquier acompañante no le ofrece una cobertura jurídica, sino que evidencia un flagrante abuso de poder.

La prensa italiana ha denunciado el escándalo, y la respuesta del primer ministro no ha consistido únicamente en negar o en trivializar los hechos, presentándose como un paternal protector de muchachas en las que asegura apreciar especiales talentos artísticos o políticos. Recurriendo a la confusión entre los intereses públicos y privados, Berlusconi ha intentado, además, desacreditar a ciudadanos que, como su propia mujer, estaban en condiciones de corroborar las denuncias. Ese género de presiones son la prueba de que, bajo Berlusconi, la libertad de expresión se encuentra amenazada. La fiscalía italiana ha secuestrado, por otra parte, la totalidad del archivo del fotógrafo que captó las imágenes.

Con este escándalo Berlusconi queda al desnudo, pero no como ciudadano, sino como político. Si hasta ahora sus salidas de tono se habían tomado a broma, hoy existen nuevas y poderosas razones para advertir que lo que el primer ministro está poniendo en juego es el futuro de Italia como Estado de derecho. Y una Italia que se deslice por la pendiente a la que la está arrastrando Berlusconi no es sólo un motivo de preocupación para los italianos, sino para todos los europeos.

(Editorial de El País, Madrid)

Caudillo Chávez

La victoria en el referéndum del 15 de febrero, que le permitirá presentarse a la reelección indefinidamente, ha insuflado nuevas y alarmantes energías a Hugo Chávez. El presidente venezolano, muy alejado de la moderación que caracterizara sus primeros pasos en el poder, hace ya una década, despliega ahora una actitud mucho más agresiva y sin cortapisas. Lo mismo en el terreno económico, donde las nacionalizaciones se suceden en un equivocado intento de contrarrestar los primeros estragos de la recesión, que en el político. Chávez hostiga abiertamente a sus oponentes, especialmente cargos electos en noviembre pasado, y va camino de reducir a escombros a los sindicatos, a los que considera una rémora del pasado capitalista de su país, para sustituirlos por consejos de trabajadores obedientes al partido gobernante.

El llamado socialismo del siglo XXI que Chávez abandera es mucho más que un eslogan oportunista. Se va convirtiendo en un programa concreto para liquidar cualquier oposición articulada al chavismo. Por haber alertado tímidamente de esta clara deriva hacia el poder autoritario, la Organización de Estados Americanos acaba de ser demonizada por el líder venezolano, que cavila ya la puesta en pie por Caracas de una organización alternativa "de pueblos libres".

Es muy improbable que la libertad en Venezuela o en otro lugar del continente pueda ir de la mano de Hugo Chávez. Su último proyecto, en línea con la pasión refundadora de todos los caudillos, se llama Plan Revolucionario de Lectura, y pretende, entre otros objetivos, consolidar el hombre y la mujer nuevos, desmontar el imaginario del capitalismo y recontextualizar la historia (sic); las bibliotecas públicas ya están siendo abastecidas de títulos como El socialismo venezolano y el partido que lo impulsará, ¿Por qué soy chavista? y otros de semejante tenor.

La historia proporciona un apabullante muestrario de adonde conducen estos experimentos masivos en manos de dirigentes sin un apropiado control democrático, cual es el caso pese a las apariencias. La revolución cultural que Chávez dice pretender no se hace poniendo trabas cada vez más insalvables a la importación de libros. Nunca algo llamado Escuadra Revolucionaria de Lectura ha servido para elevar el nivel cultural de un país, estimular su democracia o abrir la mentalidad de sus ciudadanos. Sí para lo contrario.

(El Pais, Madrid)

El rumbo de Chávez

El régimen venezolano combina la existencia de elecciones con la persecución de opositores

La detención del general Raúl Baduel es sólo el último episodio del progresivo acoso del presidente Hugo Chávez a la oposición política, y también a los miembros del Ejército que se han distanciado de la revolución bolivariana. La actuación del general Baduel fue decisiva para que Chávez recuperase el poder después del golpe de Estado de 2002, que alcanzó a deponerlo durante 48 horas. Pero las relaciones entre ambos se fueron deteriorando cuando el general abandonó el Ejército y, desde su nueva situación civil, criticó la deriva autoritaria del régimen venezolano. Para Chávez dejó de ser el camarada que le había salvado de los golpistas y pasó a convertirse en traidor, en la estela de otros oficiales encarcelados en el Centro Nacional de Procesados Militares.

Baduel se encuentra internado preventivamente en esta prisión, acusado de delitos supuestamente cometidos durante sus dos años como ministro de Defensa de Chávez. Su encarcelamiento parece una artimaña jurídica, en la medida en que la justicia no ha logrado por el momento establecer los cargos concretos que se le imputan y la detención preventiva dictada contra él para evitar un improbable "riesgo de fuga" concede a la acusación 30 días, ampliables por otros 15, para hacerlo. Aunque Baduel no es el primer oficial de alto rango procesado en la Venezuela de Chávez, sí es, sin embargo, uno de los más significativos, puesto que a su trayectoria militar y política dentro del régimen suma la autoridad moral que deriva de haber repuesto a Chávez en el poder tras el golpe de 2002.

Aunque Baduel es percibido por Chávez como un serio rival para el rumbo político que ha emprendido, su detención no puede interpretarse al margen de una estrategia más amplia del presidente venezolano en relación con el Ejército. Entre las diversas instituciones del Estado que Chávez está poniendo poco a poco al servicio de su revolución bolivariana hay que contar las Fuerzas Armadas. En este caso no se trata sólo de someterlas, desactivando su eventual potencial de resistencia. El propósito de Chávez parece ir más lejos, sustituyéndolas por un cuerpo de voluntarios que cumplirían las funciones tradicionales del Ejército, aunque desde una fidelidad absoluta a su persona.

El régimen venezolano no sólo hostiga al general Baduel, sino también a otros opositores: el ex candidato presidencial Manuel Rosales y los gobernadores de Miranda, Táchira o Carabobo. También al periodista Teodoro Petkoff, a quien se acusa de no haber pagado los impuestos de sucesiones en 1974. Para alejar las acusaciones de dictador, Chávez alega sus victorias electorales y el respaldo mayoritario en los referendos que han abierto la puerta a algunas de sus medidas más autoritarias. El chavismo dice estar dispuesto a respetar las urnas, pero sólo después de emplear todos los medios del Estado para impedir que la oposición pueda vencer. Pero el argumento no vale: regímenes perfectamente totalitarios ha habido que han salido de las urnas y han ganado referendos.

Moscú vuelve al Caribe

Vuelve Moscú donde solía. Desaparecido el marxismo leninismo como la propia URSS a fin de los años ochenta, quien hoy regresa al Caribe es Rusia. Y aunque no tiene vínculos ideológicos con el comunismo residual de La Habana o el llamado socialismo del siglo XXI de Caracas, no por ello despliega menos una política de gran potencia en el presunto patio trasero de Estados Unidos. No es una nueva guerra fría, pero sí una prenda de realpolitik.

El presidente ruso, Dmitri Medvédev ha aprovechado su asistencia a la cumbre de la APEC en Lima, para visitar con medido tiralíneas político, Perú, Brasil, Venezuela y Cuba; un firme aliado occidental, un líder latinoamericano, y dos Estados de la izquierda radical. La recuperación del status de gran potencia había sido ya política del anterior presidente Vladímir Putin y continúa siéndolo hoy que éste ocupa, nominalmente bajo Medvédev, el cargo de primer ministro.

En Venezuela, el mandatario ruso firmó con el presidente Chávez un acuerdo de cooperación nuclear, que debería culminar en la construcción de una central atómica venezolana, para la producción de energía eléctrica, según asegura el líder bolivariano. Las similitudes con el caso de Irán, de quien Estados Unidos y Occidente temen que persiga la obtención del arma nuclear, son evidentes, aunque Caracas aún no haya iniciado ese camino. Y a ello se suma la celebración de maniobras navales conjuntas en el Caribe. Son unos ejercicios relativamente modestos, menos de 10 buques y unos 2.000 efectivos, pero Medvédev no ignora que para Chávez el único enemigo en lontananza es el vecino Estados Unidos.

La visita a Cuba, donde el ruso se ha entrevistado con el presidente Raúl Castro, pero, sobre todo, ha sido recibido por el paterfamilias Fidel, de quien se ha deshecho en unos elogios que no casan con la imagen que Medvédev quiere dar de gobernante liberal y modernista, ha sido en realidad un reencuentro. En el último año, las relaciones comerciales entre los dos países, que habían caído a cero tras la autovoladura de la Unión Soviética en 1989-1991, han recobrado un buen tono que no deja de consolidarse rápidamente.

Moscú, con el viaje, lo que ha hecho es decir aquí estoy y voy a donde quiero; Chávez se ha servido de ello para sus intereses más locales; y los Castro recuperan, quizá, un viejo aliado, pero sabiendo que ya nada puede volver a ser lo mismo.

La cumbre de la crisis

Más allá del orden del día oficial, la Cumbre Iberoamericana que concluyó el viernes en El Salvador tenía como hilo conductor la exigencia de participación de los países en desarrollo -América Latina en pleno- en el debate internacional sobre el diseño de un nuevo orden económico. El bloque chavista -Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Cuba- concretaba esa reivindicación en la necesidad de establecer un "modelo alternativo", que, como dijo el propio Hugo Chávez -que no estuvo en El Salvador-, reemplace al FMI.

Y la fórmula para encarar la cuestión sería una reunión de los países en desarrollo a celebrar en el marco de la ONU. Otros Estados, alejados de ese retórico socialismo del siglo XXI que predica Chávez, como Perú, apoyan, sin embargo, la idea. Pero aquel sin el cual esas propuestas pierden todo su peso, Brasil, se muestra reticente. El presidente Lula, que estuvo sólo unas horas en El Salvador, camino de La Habana, lo que ilustra su convencimiento sólo relativo de la utilidad de estas citas, prefiere esperar a que se celebre la cumbre de Washington del día 15, siempre sobre la crisis, porque, junto con México y Argentina entre los países iberoamericanos, Brasil sí estará allí. El líder brasileño, que subrayó la necesidad de recuperar el Estado para combatir la crisis, se reunió en privado con el presidente Zapatero. Brasil ha hecho, a petición de España, una gestión ante EE UU para que Madrid esté en la cumbre.

Zapatero ofreció, por otro lado, la mediación de su Gobierno para renegociar el contrato de la empresa española Repsol YPF con el Gobierno de Ecuador. El presidente de ese país, Rafael Correa, no tardó ni 24 horas en descartar cualquier cambio en su posición de expulsar a la empresa. El otro gran asunto de la reunión ha sido el del narcotráfico. Todos los participantes suscribieron una declaración para combatirlo, pero la decisión más llamativa se tomó fuera de la cumbre: la suspensión definitiva de la presencia de la Agencia Antidroga de EE UU, la DEA, en territorio boliviano, anunciada el sábado por Evo Morales.

Una cumbre, en definitiva, que ha servido para presentar la reivindicación latinoamericana de una presencia suficiente en los debates del momento, pero en la que la falta de consenso impide iniciativas mayores.

¡Basta ya! mexicano

En México capital y en otras 55 ciudades del país azteca estaban convocadas anoche -madrugada en España- grandes movilizaciones ciudadanas contra el horror cotidiano del crimen organizado, el narco, el secuestro, la corrupción policial, responsable de buena parte del crimen y de la impunidad que cubre a los criminales: casi 3.000 asesinatos de este tipo desde enero (más que en todo el año anterior) y sólo el 1,7% de los delitos llega a los tribunales.

El ¡basta ya! mexicano se desencadenó con el secuestro y asesinato de un chico de 14 años, hijo de un empresario que había pagado el rescate ignorando con buen criterio a la policía, puesto que uniformados eran los asesinos. En México se producen miles de secuestros y muertes violentas al año, lo que incluye la de 320 policías en 2008, pero en su mayoría no en cumplimiento del deber, sino como parte del crimen mafioso. Los últimos, 12 cadáveres en Yucatán.

El precipitado de tanta conmoción es un plan a tres años del Gobierno de Calderón, que implica a los tres poderes: el ejecutivo federal y de los Estados, con la purga de la policía, la construcción de cárceles y un presupuesto extraordinario para seguridad en 2009; el legislativo, con el endurecimiento de las penas contra el secuestro; y el judicial, con la formación de magistrados especializados en la lucha contra el nuevo crimen globalizado.

El Acuerdo Nacional para la Legalidad y la Seguridad está apoyado por la totalidad de los medios de comunicación, entidades ciudadanas, fuerzas económicas y partidos. El problema no es sólo del Gobierno federal, ya que el 80% de las fuerzas policiales depende de los gobernadores y alcaldes. El problema es estructural. El PRI, con su dictadura perfecta, fabricó una legalidad a su servicio, desde la ley a la policía, que se revela incompatible con la democracia. Refundar México no es sólo votar cada sexenio.