Pero no es tan simple la matemática legislativa. Entre los 55 diputados que aprobaron el presupuesto (sin haberlo analizado y sin que el Gobierno haya comprobado que todos los gastos son debidamente financiados), hay por lo menos 3 con los cuales no pueden contar para imponer fiscal ni para deponer magistrados. Entonces, encima de los 4 votos recién adquiridos, el bloque del Gobierno necesitaría comprar 4 más. Es muy poco probable que logren esto, por más plata que muevan.
Vamos a pasar más tiempo sin fiscal que defienda los intereses del Estado y del ciudadano. ¿Qué hacer? Dando sus votos para los 800 millones que el Gobierno necesitaba con urgencia para mantener a flote las finanzas públicas se deshizo, ARENA, sin ninguna necesidad ni lógica, de la única palanca que tenía para presionar a los partidos del bloque del Gobierno a que negocien la elección de un fiscal general independiente y profesional. Lo lógico hubiera sido decir: Mientras ustedes no están dispuestos a resolver la elección del fiscal sin votos comprados, no cuenten con ningún voto de la oposición. Es más: mientras siguen los intentos de sobornos y chantajes contra nuestros diputados, vamos a ponernos en huelga legislativa.
Si ARENA hubiera tenido el valor de tomar esta actitud, a esta altura ya tuviéramos fiscal general. Porque Mauricio Funes no podía correr el riesgo de quedarse sin los 800 millones de dólares.
Bueno, esta palanca la soltó ARENA sin obtener nada en beneficio del país. Ahora le tocará lo siguiente: Primero, garantizar que ningún diputado más de su bancada se deje comprar. Segundo, promover inmediatamente ante la Sala de lo Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el presupuesto aprobado inconstitucionalmente, porque no está debidamente financiado. Si la Sala falla contra el presupuesto general de la nación, el Gobierno tiene dos opciones: reducir el presupuesto, o solicitar a la Asamblea los préstamos necesarios para financiarlo. En este momento, la oposición tendrá nuevamente la palanca necesaria para obligar al Gobierno y sus partidos a desistir de su política de compra de diputados.
Tercero, la oposición tiene que declararse en huelga legislativa. Ningún préstamo más, aunque fuera justificado y necesario, para este Gobierno, mientras no haya fiscal general elegido por la vía de la concertación. Es la vía que manda la Constitución: pusieron la mayoría calificada como condición para elegir funcionarios como el fiscal general, precisamente para obligar a los partidos a concertar y al final a elegir a un funcionario independiente, que no responda al interés de ningún partido o bloque.
El hecho que los partidos del bloque gubernamental insisten en una concertación no entre partidos, sino con individuos comprándoles su voto (y el hecho que el Presidente de la República no encuentra nada malo en esta peculiar forma de "concertar") da a la oposición el derecho de suspender todo tipo de cooperación con el Gobierno. Yo diría: el deber. Si no ejerce la oposición de manera efectiva, obligando al Gobierno y sus partidos a cumplir la Constitución y a abstenerse de construir mayorías con prácticas mafiosas, ARENA se hace cómplice de la erosión de la democracia.
Los votantes dieron a este partido el claro mandato de ejercer oposición al Gobierno. Es la única manera de leer los resultados electorales de marzo 2012. Al observar durante 3 años los resultados y las actitudes del Gobierno Funes y de la coalición de partidos que lo apoya, los votantes usaron la "elección de medio tiempo" para reforzar la oposición, porque querían contrapesos, control y corrección. El hecho que algunos de los diputados así electos traicionaron este mandato, debe motivar al resto de diputados de ARENA a redoblar sus compromisos para cumplir.
(El Diario de Hoy)
