Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 27 enero 2022
Lic. Rodolfo Delgado:
Se dará cuenta que ya no le digo “fiscal general impuesto” o “fiscal de facto”, porque su reelección en diciembre de 2021 se hizo de manera formalmente legal, aunque siempre cuestionable éticamente. Porque usted antes, el 1 de mayo 2021, aceptó asumir el cargo de manera ilegal, legitimando así un golpe legislativo contra la Constitución y la independencia judicial.
El hecho de que luego lo reeligieron de manera formalmente legal no le quita esta mancha.
Usted se presentó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea para hablar sobre cómo hacer justicia en los casos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, para los cuales la Sala de lo Constitucional revocó la amnistía decretada en 1993. Explicó que en estos casos (usted habló de unos 200, para empezar), la justicia salvadoreña enfrenta el problema de tener que aplicar las leyes penales y procesales vigentes durante el tiempo de la guerra.
Correcto. Pero usted obvió mencionar un dilema mucho más grave: la justicia no puede aplicar convenios internacionales que durante los años de la guerra salvadoreña todavía no estaban vigentes en nuestro país. Esto incluye los convenios internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y su no prescripción.
Es interesante que usted, como el abogado del Estado, vaya a la Asamblea para discutir los casos de crímenes de lesa humanidad que su Fiscalía está investigando, sin mencionar este dilema. Yo no soy abogado, mucho menos experto en derecho internacional. Sé que sobre este dilema hay interpretaciones divergentes entre los expertos jurídicos: unos dicen que a pesar de que esta parte del derecho internacional no estaba vigente en El Salvador cuando se cometieron los delitos, ellos pueden ser perseguidos. Otros dicen que no. No soy quien puede resolver este dilema. Pero usted es el fiscal general de la República y tiene la obligación de presentar a la Asamblea este dilema y su propuesta de cómo resolverlo. Usted fue convocado a la comisión que está discutiendo la Ley de Justicia Transicional y tiene el deber de enfrentar a los diputados con la complejidad del asunto.
Nuestro problema es que no sólo usted tiene esta mancha de ilegalidad. También la tiene la Sala de lo Constitucional y buena parte de los juzgados, luego de la remoción arbitraria de la Sala constitucionalmente establecida y la posterior purga de jueces. ¿En quién vamos a confiar este delicado asunto de aplicar justicia al capítulo más complejo de nuestra historia? La Fiscalía y el sistema judicial, ambos despojados de su independencia, van a tomar decisiones tan elementales de justicia, verdad y ética, respondiendo a intereses de un presidente que quiere reescribir la historia, tildando como farsa tanto la guerra como el proceso de paz.
En esta situación, usted parece el menos indicado para cumplir con su rol constitucional de “defender los intereses del Estado y de la Sociedad.” Igual, los 5 abogados que usurpan las funciones de la Sala de lo Constitucional no tienen capacidad ni solvencia para garantizar que los juicios relacionados con la guerra se ejecuten de manera fiel a la Constitución y no con intereses partidarios. Este es el peor momento para examinar penalmente las actuaciones de las partes beligerantes durante la guerra.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes en el 2016 declararon inconstitucional la amnistía y abrieron el camino para retomar los juicios relacionados con la guerra, nunca se imaginaron esta situación, donde Fiscalía, salas y juzgados operarían sin independencia.
Lo único decente que usted podría hacer es renunciar a su cargo, reconociendo que no tiene las credenciales éticas para desempeñarlo correctamente. Sin embargo, ni esto resolvería el problema, porque la actual Asamblea elegiría a alguien igual o más sumiso que usted. Estamos mal, y usted es uno de los artífices de la enfermedad.
Atentamente, Paolo Luers
