Publicado en EL DIARIO DE HOY, 11 noviembre 2019
En mi columna del lunes 4 de noviembre de 2019, publicada en este periódico, hice un llamado a prudencia sobre la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que se encontraba pendiente y a esperar la publicación para analizar sus razones antes de tomar postura sobre el tema. Dicho y hecho, ya tuve la oportunidad de leer la mencionada resolución, con lo que ahora con toda claridad puedo decir que jurídicamente disiento del criterio adoptado por los magistrados. Y lo hago con respeto y a la base de una postura que considero técnica.
La Cámara realizó un razonamiento jurídico en el que resalta la sujeción de los jueces penales a la ley bajo el principio de legalidad; después de una larga descripción establece que los hechos propios del caso y que el grado de afectación a la víctima son propios de una falta y no de un delito; y realiza muchos otros razonamientos propios de la teoría del delito, que eso lo entenderá mucho mejor un abogado que se dedica al ámbito penal.
Sin embargo, creo que la Cámara se quedó corta sobre el hecho de que se trata de una niña y en el análisis debió considerarse con más firmeza el interés superior del menor. Además, creo que la Cámara le dio tratamiento al caso desde una perspectiva de segunda instancia de conocimiento y no como una fase instructiva propia de un proceso que proviene de un antejuicio, cuya finalidad es determinar si existen o no suficientes elementos probatorios para pasar a la etapa del juicio.
Dicho esto, sostengo e insisto en que la vía del descontento no puede ser el linchamiento a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal y a todo aquel que disiente con la manera en que la mayoría ha reaccionado. Si no estamos de acuerdo con lo resuelto por la Cámara, para eso las leyes establecen un sistema de recursos mediante el cual se pueden impugnar, revocar y anular decisiones que resultan insatisfactorias a las partes o contrarias a Derecho. Los jueces y magistrados no son infalibles y la posibilidad de que existan errores humanos es lo que fundamenta las revisiones en otras instancias.
En El Salvador es complicado intentar brindar una postura técnica cuando inmediatamente saltan señalamientos de que se está “defendiendo pedófilos”, “defendiendo corruptos”, “cerrando filas por los colegas”, sin siquiera ver cuáles son los argumentos que se están presentando. Muchos estamos clarísimos que se necesita una depuración del Órgano Judicial en distintos niveles y del gremio de abogados, pues hay personas que no deberían continuar con la profesión. Sería irracional defender a alguien solo por pertenecer a la misma institución o ser parte del mismo gremio, por lo que me parecen apresurados e injustos algunos señalamientos.
Lo que muchos defendemos, al final, es que se cumpla el Estado de Derecho y los principios que aún sostienen la república. Que a las víctimas se les brinden todas las garantías para su protección, pero también que a los imputados se les garantice la presunción de inocencia hasta que un juez dicte sentencia. Que si una decisión judicial no es del agrado de alguien se utilicen los recursos previstos en las leyes para su anulación, pero no el linchamiento y hasta el señalamiento del delito de prevaricato a los jueces por una resolución que no goza de la aceptación popular.
Muchas personas emitimos una opinión de cualquier tema bajo el amparo del criterio propio; y esto no debería ser motivo de linchamientos digitales. A lo largo del ejercicio profesional he aprendido a reflexionar antes de juzgar y a respetar siempre la postura de los demás.
