Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 14 noviembre 2019
“¡Desacato!”, gritaron algunos. “La Asamblea desobedeció. Es bastante simple“, sentenció un connotado abogado.
No es cierto. No es nada simple. Es cierto que la Sala le dio un plazo a la Asamblea para aprobar una Ley de Reconciliación que llene el vacío dejado por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía del 1993. Es cierto que la Sala dijo que este plazo es “improrrogable”.
Lea el texto completo del
anteproyecto de la Ley de Reconciliación
al pie de esta nota
Pero antes de indignarse, reflexionen un rato: es fácil dar órdenes, pero a veces es muy difícil o incluso imposible obligar a su cumplimiento. ¿Cómo se obliga a que un parlamento llegue a un acuerdo político, sobre todo en un tema tan sensible y que casi vuelve obligatorio que sea avalado por una amplia mayoría?
A una instancia administrativa se puede ordenar que cumpla con una sentencia en determinado plazo, pero la Asamblea consiste de 84 diputados que por Constitución tienen plena autonomía de decisión. No hay forma de obligar a un acuerdo legislativo.
La Asamblea hizo lo correcto al pedirle a la Sala una nueva prórroga. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? ¿Someter a votación los dos proyectos de ley existentes y ver cuál llega a 43 votos? Construir acuerdos cuesta el tiempo necesario y no es conveniente someterlo a plazos.
Leyendo la propuesta actual de la subcomisión correspondiente, nos damos cuenta que los diputados han avanzado bastante y en la dirección correcta, comparado con los borradores que hace unos meses no encontraron apoyo mayoritario ni en la Asamblea ni en el debate nacional. ¿Y cómo avanzaron? Haciendo al fin lo que muchos desde el principio les urgimos, abrir el proceso de debate y de construcción de una propuesta.
El intento de consensuar esta ley entre los dos bandos enfrentados en la guerra, ambos con cuentas abiertas con la justicia y la verdad, era torpe y contaminó el pozo. Yo lo advertí en varias columnas.
Al ver el rechazo y la desconfianza a su primera propuesta, los diputados entendieron el mensaje y abrieron el debate. Había dos formas de abrir el debate que se propusieron y que se enfrentan hasta hoy. Una decía que hay que concertar la ley con las víctimas, o más bien con las organizaciones que pretenden representar a las víctimas, aunque es obvio que no existen “las víctimas” como sector. Las víctimas que estas organizaciones pretenden representar son exclusivamente las víctimas de la represión gubernamental y militar. Es lo que se puede llamar la propuesta simplista, que negocien con las víctimas. Y el punto central, las penas de cárcel para los victimarios. Es una vista muy simplista del conflicto y por ende, de la tarea de la reconciliación.
La otra manera de ampliar el debate era involucrar algunas de las figuras sensatas del país, personas que pueden ejercer interlocución de confianza con los diferentes actores y afectados, como los diferentes partidos, militares y excombatientes, la academia, iglesia, organizaciones de derechos humanos. No se trata de una negociación, sino de construir con ellos una nueva propuesta que tome en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los actores.
Esta segunda vía fue exitosa. La propuesta que surgió se centra no en castigo, sino en verdad y reconciliación, y luego de mucha discusión fue asumida por varios partidos, incluyendo ARENA y FMLN, pero también PCN y PDC. Hubo consenso de que esta propuesta vuelve obsoletas las propuestas originales resultadas de negociaciones entre los partidos. Se convirtió en la propuesta de los partidos.
El problema es la férrea oposición que contra esta y cualquier otra propuesta que no sea de ellos organizan un conjunto de organizaciones que dicen que hablan a nombre de las víctimas. Por negligencia de todos los demás, fueron ellas las que monopolizaron durante años el debate sobre justicia y verdad, memoria y reconciliación. Hoy sienten que solo ellas tienen autoridad para proponer o avalar una ley de reconciliación. Por presión de este sector, tanto el FMLN como otros sectores que ya habían expresado su apoyo a la propuesta, medio se replegaron y vuelven a plantear que hay que tomar en cuenta el proyecto de ley alternativo presentado por las organizaciones de derechos humanos. El hecho que el presidente de la República está tratando de pescar en las aguas revueltas de este conflicto, tampoco ayuda…
Ahora hay que aprovechar la nueva prórroga para someter al debate nacional las dos propuestas y sus lógicas opuestas: la lógica de verdad y reconciliación versus la lógica del castigo. Es un asunto que trasciende los bandos del conflicto, víctimas y victimarios, y los intereses partidarios actuales.
Saludos,
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