Publicado en EL DIARIO DE HOY, 14 octubre 2019
Ley es ley, se cumple o se cumple. Sin embargo, hace unos días el diputado Juan José Martell, de Cambio Democrático, afirmó, sobre su obligación de presentar la declaración de patrimonio, que “estos son métodos viejos de una ley de 1959, que ya no tiene sentido, una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio y elige casi por sorteo o por órdenes a quienes va a afectar o a quienes no (…)”. Sobre si iba a presentarla en el futuro o no, contestó: “Voy a pensar si tiene sentido continuar con métodos obsoletos que no combaten a la corrupción, que, al contrario, contribuyen a encubrirla”. En corto, quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República manifestó que no las iba cumplir. Quizá por presión ciudadana, de su partido o de su propia conciencia, se retractó de lo dicho.
Martell no estaba solo en su posición sobre la presentación de la declaración patrimonial. La organización Acción Ciudadana presentó una investigación sobre las declaraciones de patrimonio de funcionarios y empleados públicos, obligación prevista en el artículo 240 de la Constitución y en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito. En dicho informe se detalla que 283 exfuncionarios del gobierno anterior, 50 nuevos funcionarios y varios diputados no han presentado su declaración a la Corte Suprema de Justicia. Todos estamos llamados a cumplir la ley; pero parece que quienes deben dar el ejemplo, en muchas ocasiones, son los primeros en incumplirla.
En el caso de Martell, sus declaraciones fueron realizadas —irónicamente— el mismo día que dicho diputado participó como impulsor de una iniciativa para crear una comisión permanente de transparencia y combate a la corrupción al interior de la Asamblea Legislativa. Como mencioné, el legislador ya se disculpó; pero a pesar de esto, la primera impresión sobre el tema ya quedó sobre la mesa. Es contradictorio que un diputado de la Asamblea Legislativa, a quien le compete crear leyes, sea quien manifiestamente se resista a cumplir una. Que una ley sea vieja, desfasada y no atienda a los problemas de estos tiempos no es justificación para invocar su incumplimiento si no ha sido derogada. Abrir la puerta para que un funcionario o cualquier ciudadano decida cuál ley cumple y cuál no es sumamente peligroso en cualquier Estado de Derecho y es el primer paso para caer en la anarquía.
Si alguien no está de acuerdo con una ley o la considera obsoleta, el camino que debe seguir es presentar una propuesta de reforma ante la Asamblea Legislativa para actualizar, modernizar o corregir el contenido de la misma. La corrupción que sufre nuestro Estado no es producto de la manera en que están organizadas nuestras instituciones o de las leyes; tenemos legislación que aunque es vieja, resulta funcional. El problema son las personas que han llegado a aprovecharse de su posición para beneficio propio, que no ven a la función pública como un trabajo sino como un privilegio.
Una disculpa pública no basta. La manera correcta de enmendar el error cometido por el diputado Martell es presentando su declaración de patrimonio a la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia. Luego, apoyar y dar impulso a la iniciativa de ley que ejerza la Corte en pleno para modernizar los mecanismos de combate a la corrupción y el enriquecimiento ilícito a través de una nueva Ley de Probidad. Ojalá que con esta experiencia les quede claro a los funcionarios que no depende de su decisión cuál obligación cumplir o cuál no; los ciudadanos no están dispuestos a permitir que haya alguien por encima de la ley.
