Hoy más que nunca: no a la autocensura. De Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía de la ESES.
Ex-candidata a la vicepresidencia de la República

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 10 septiembre 2019

A poco más de 100 días de inicio del nuevo Gobierno, hay decisiones y posturas de la administración Bukele que merecen ser aplaudidas y otras que merecen ser cuestionadas. Es normal que haya quienes enfaticen lo positivo, y otros resalten lo negativo, en función de su afinidad o no con los que ahora ostentan el poder, o a partir de su conocimiento o familiaridad con las diferentes políticas públicas anunciadas o en proceso de formulación.

En lo particular, percibo como aspectos positivos en estos primeros 100 días: las buenas intenciones que se han expresado con el fin de mejorar el clima para hacer negocios en el país, la mayor importancia que parece haber tomado el combate al crimen e inseguridad en las prioridades de política, la identificación de algunos proyectos con potencial de incidir positivamente en el país (como Surf City o el impulso al comercio electrónico). Como aspectos negativos, en cambio, puedo señalar: la no presentación de las declaraciones de probidad a tiempo por parte de la mayoría de funcionarios, persistencia de nepotismo y amiguismo en la designación de puestos clave, uso nuevamente de la partida de gastos reservados (partida secreta) y la reciente decisión de impedir la entrada a Casa Presidencial de dos medios digitales (El Faro y la revista Factum) a la conferencia de prensa en la que se anunció el proceso de creación de la CICIES. Esto último es una clara y alarmante amenaza a la libertad de expresión.
Este no es un artículo sobre la valoración de los primeros 100 días de este gobierno, por ello no pretendo que la lista de aspectos positivos y negativos sea exhaustiva. Es un artículo que tiene como objetivo hacer un llamado a buscar la racionalidad y ecuanimidad en los análisis que se realizan sobre el rumbo del país, pero sobre todo una exhortación a evitar la autocensura, es decir, a no expresar nuestras opiniones y valoraciones críticas por temor a las consecuencias que ello nos pueda acarrear.

Hay dos principales razones por las cuales muchas personas —inclusive en posiciones de liderazgo e incidencia— han optado por evitar cualquier cuestionamiento público a las decisiones gubernamentales. Una primera razón es el temor a los ataques y críticas en las redes sociales que se generan cada vez que uno osa hacer un señalamiento cuando se percibe que éste va en contra del gobierno en turno. Hay personas que se me han acercado y me han dicho frases como “quisiera decir lo que pienso, pero al ver el nivel de agresividad en las redes, me desanimo”. Mi respuesta es que no podemos permitir que nos ganen la moral. Todo lo contrario, las redes sociales fueron concebidas inicialmente como vehículos de expresión, no como campos de batalla en los que la ridiculización y las ofensas contra quienes piensan diferente están a la orden del día. A pesar de que los ataques de los partidarios del nuevo gobierno muchas veces rayan en lo absurdo, no nos podemos dejar intimidar.

A manera de ejemplo, hace algunas semanas señalé lo innecesario e indebido del nepotismo y recibí más de 600 comentarios, la mayoría de ellos sin estar siquiera relacionados con el tema en cuestión, sino solo enfocándose en descalificaciones e insultos. El nivel de toxicidad es tal que uno puede sentirse tentado a dejar de opinar, cuando más bien debería ser lo contrario: deberíamos dejar de tomar en serio la mayoría de esos comentarios y desarrollar una verdadera inmunidad ante esta agresividad digital, que, como alguien me dijo, por ratos nos hace recordar el esplendor del fascismo y el nazismo. Armémonos de valor y no sucumbamos ante el miedo a ser víctima de comentarios, muchas veces anónimos, que buscan herir y autocensurar.

Si bien es cierto el miedo a los ataques digitales es una razón relativamente nueva para la autocensura, la otra razón ha estado ahí siempre: el temor al daño que puede tener en los propios intereses expresar nuestra opinión, daño que se puede traducir en denegar un permiso gubernamental, alargar innecesariamente el otorgamiento de un permiso, aislar a una empresa o institución de ciertas oportunidades, etc. Lo cierto es que quienes ejercen el poder tienen diferentes mecanismos para desalentar la crítica, aun cuando esta crítica sea justificada. Es importante tener muy claro que no es lo mismo afirmar “demos el beneficio de la duda y acompañemos al nuevo gobierno en los proyectos que beneficien al país”, a sostener: “no digamos nada mientras no dañe nuestros intereses, aun cuando se amenace el balance de poderes y se vulneren las instituciones”. En otras palabras, no es lo mismo apoyar manteniendo una postura crítica, que adoptar una política de autocensura.

Todos esperamos de los liderazgos de la sociedad civil, de las gremiales, de los tanques de pensamiento, una posición de apertura, de objetividad, de apoyo al nuevo gobierno en los proyectos que ayuden a sacar adelante al país. Pero no esperamos sumisión e incondicionalidad, no esperamos que renuncien a su responsabilidad de señalar los errores, más aún cuando estos pueden vulnerar aspectos tan centrales sobre los que se construye nuestra democracia, como la libertad de expresión.

Defendamos la libertad de expresión, comenzando por ejercer la propia. Evitemos autocensurarnos.