Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 29 agosto 2019
Muy estimados amigos:
Tengo mucho respeto por quienes en tiempos difíciles han batallado bajo la bandera de la transparencia. Lo hicieron cuando Tony Saca se reía de esta idea loca de combatir la corrupción transparentando la función pública. Lo hicieron cuando Funes intentó arrebatarles su bandera, instalando en Casa Presidencial una Secretaría de Transparencia que se convirtió en tapadera de su corrupción.
Tengo mucho respeto por quienes en tiempos difíciles han batallado bajo la bandera de la transparencia. Lo hicieron cuando Tony Saca se reía de esta idea loca de combatir la corrupción transparentando la función pública. Lo hicieron cuando Funes intentó arrebatarles su bandera, instalando en Casa Presidencial una Secretaría de Transparencia que se convirtió en tapadera de su corrupción.
Ustedes lograron bastante: Se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, y miles de ciudadanos comenzaron a hacer uso de su nuevo derecho a conocer las intimidades del poder. Las instituciones estatales tuvieron que abandonar, pasito por pasito, su tradicional cultura de secretividad y abrir sus archivos. Y lo más importante: Se comprobó la tesis de que la transparencia es un arma efectivo para combatir la corrupción. Ninguno de los avances contra la corrupción hubiera sido posible sin su necia lucha por la transparencia.
Pero igual que en el caso de los medicamentos más maravillosos, como los antibióticos, el exceso resulta dañino.
Uno de los logros de la presión ciudadana contra la impunidad, de la cual ustedes fueron parte activa, fue que la Corte Suprema se viera obligada a reactivar su Sección Probidad, la cual durante años no había cumplido su tarea de investigar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
Pero de repente la oficina de Probidad se vio ante un fenómeno que estaba al punto de paralizar sus labores. Fue inundada de miles de trámites que solicitaban conocer los informes que Probidad elabora sobre los exámenes a los cuales sometió las declaraciones patrimoniales de miles de funcionarios y exfuncionarios.
Aparte del serio peligro de quedar paralizada la Sección Probidad, surgieron otras interrogantes: ¿Tiene el ciudadano derecho de conocer estos informes que obviamente contienen los datos patrimoniales del funcionario? ¿No se viola al funcionario su derecho a la privacidad de sus datos cuando se divulgan los pormenores de la situación patrimonial de él, su familia y sus empresas?
Estoy convencido que es correcto que cualquier funcionario esté obligado de declarar todo lo relacionado con su patrimonio. Es incómodo, es como desnudarse – pero es necesario. Como es necesario que se someta a tratamiento el que adolece de ciertas enfermedades contagiosas ¿Pero ante quién tiene que desnudarse, ante un especialista obligado a confidencialidad - o ante el público?
La respuesta es obvia: Mientras no haya indicios de enriquecimiento ilícito, nadie está obligado a bajarse los pantalones ante sus vecinos, en plaza pública. Su derecho a privacidad merece plena protección.
Por esto es correcto que la Corte Suprema haya decidido no entregar al público los informes de Probidad, a pesar de una orden emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
No entiendo la indignación que ustedes están manifestando contra esta decisión. Puede ser que no le compete al Pleno de la Corte Suprema tomar esta decisión. Esto que lo evalúen los juristas. En última instancia caerá donde debe de decidirse: en la Sala de lo Constitucional - y estoy seguro que llegarán a la misma conclusión a la cual nos lleva la razón común: Los informes de Probidad, que contienen toda la información patrimonial del funcionario, no son de carácter público. Una vez que estos informes lleguen a un tribunal, porque hay indicios de ilegalidades, sea el juez que decida si serán reservados o públicos.
¿Cómo la sociedad va a convencer a sus mejores profesionales y líderes a asumir las responsabilidades del servicio público, si los obligamos a desnudarse públicamente?
Cuando se hace de las causas nobles cruzadas semi-religiosas con exigencias absolutas, se cometen excesos e injusticias. La lucha por la transparencia sólo tiene sentido dentro de un concepto integral del Estado de Derecho que igualmente tiene que proteger al individuo y sus derechos. La lucha contra la corrupción no nos puede llevar a generalizar una presunción de culpabilidad, desde la cual a cualquier funcionario y político lo veamos como potencial corrupto. Si ustedes son sinceros, esto es precisamente uno de los riesgos que les han impedido meterse en política para componer al país.
Saludos,
