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| Carlos Ponce, crimenlogo |
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 24 julio 2019
El Gobierno actual debe tomar en cuenta que años de desaciertos han dejado por el suelo la credibilidad de las instituciones y los funcionarios del aparato de seguridad. Ganarse la confianza ciudadana es, por lo tanto, imperativo para reducir el impacto negativo que tienen el escepticismo y la incredulidad sobre la disposición de las personas para colaborar con las autoridades. Sin denuncias, colaboración e información de la ciudadanía no se podrá arrebatar el control que las pandillas han establecido en buena parte del país.
Esto nunca se logrará si persiste un abordaje mediático del problema. Tampoco será posible si continúan dándose incidentes que generen suspicacia o despierten sospecha.
El Gobierno tiene la oportunidad de revertir este patrón hablando abierta y francamente sobre situaciones suscitadas durante las últimas semanas que, por sus incongruencias, generan duda.
Muchos han señalado, por ejemplo, que la captura de Wilver Vladimir Vanegas Mazariego, Melvin Alexánder Martínez Melara y Marcos A. Flores, señalados por funcionarios de seguridad como los responsables del asalto y violación de los pasajeros de un autobús del transporte público en el occidente del país, resulta sospechosa, ya que la Policía no los remitió por esos delitos. Según aclaró la Fiscalía, la Policía no vinculó a los detenidos con el hecho al que fueron asociados en los medios de comunicación, los remitieron acusándolos únicamente por resistencia.
Muchos señalan que la inconsistencia entre las acusaciones mediáticas hechas por los funcionarios y los señalamientos formales de la Policía en contra de los imputados sugieren que existe una intención de manipular la opinión pública con información imprecisa.
El presunto incendio de un carro patrulla, el 10 de julio, culminó en una incongruencia similar. En esa fecha, el vehículo policial 04-4217 supuestamente fue incendiado por pandilleros en la comunidad Las Margaritas, del municipio de Santa Tecla. El aparato de seguridad gubernamental nuevamente capturó a presuntos pandilleros y los acusó ante los medios de comunicación de ser los responsables del incidente, pero la Fiscalía después aclaró que los imputados no fueron remitidos por el delito del que se les acusó públicamente, sino que por posesión y tenencia de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego y agrupaciones ilícitas. Esta inconsistencia entre lo que los funcionarios dijeron a los medios de comunicación y lo que los policías en el terreno realmente hicieron también ha sido observado y muchos argumentan que sugiere una manipulación de la opinión pública con fines políticos.
Algunas personas incluso han advertido que estos incidentes, y la supuesta manipulación de la opinión pública, se dieron antes de que el gobierno solicitara a la Asamblea Legislativa modificaciones y ampliaciones presupuestarias. Esto, según argumentan, plantea la posibilidad de que las crisis hayan sido fabricadas para crear condiciones favorables para la aprobación de lo requerido. Otros además observaron que resultaba sospechoso que el mensaje del presidente Nayib Bukele hubiese sido pregrabado sobre uno de los incidentes a pesar de que hubiese pasado tan poco tiempo entre el hecho y la difusión del mensaje presidencial. También aseguraron que es sumamente extraño que todos los funcionarios de seguridad, supuestamente ocupados en la operación Control Territorial, tuviesen la disponibilidad de tiempo para desplazarse todos al lugar donde el carro patrulla fue quemado, a pesar de lo difícil que resulta desplazarse de un lugar a otro por el tráfico catastrófico de la capital.
La credibilidad del nuevo gabinete irá bajando a medida se den este tipo de inconsistencias entre su discurso mediático y la realidad en el terreno. Esto es lo que los abordajes eminentemente de la seguridad han demostrado en el pasado. Lo más saludable que puede hacer el Gobierno para prevenir caer en esa dinámica es discutir con franqueza y honestidad las incongruencias antes mencionadas y las que surjan.
@_carlos_ponce
