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| Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ |
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 22 julio 2019
No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo”. Esta frase necesariamente se debe reflexionar en relación con los temas de seguridad pública en el país. El recién instalado Gobierno de El Salvador debe aprender de la historia y hacer un recuento de la efectividad de varias medidas de seguridad implementadas por gobiernos anteriores y los resultados que obtuvieron. En los últimos días se han revivido disposiciones como el uso de militares en seguridad pública y los estados de emergencia en los centros penitenciarios, situaciones que ya se han dado y que vale la pena analizar si funcionado.
El uso de la Fuerza Armada para trabajos de paz interna y seguridad pública está habilitado por la Constitución, pero, como lo establece el artículo 168 ordinal 12, esta medida debe ser de carácter excepcional, siempre que se hayan agotado los medios ordinarios para lograrlo. El mismo artículo señala que la actuación militar debe ser temporal, limitarse a lo estrictamente necesario y cesar cuando se haya reestablecido el orden.
Sin embargo, como lo mencioné en una columna allá por el año 2017, en el país hemos normalizado esa excepción volviéndola una medida permanente, pues la presencia de la Fuerza Armada en actividades de seguridad pública data del gobierno del expresidente Calderón Sol. A finales del año 2008 se aprobó un decreto que autorizaba el apoyo de los militares a la PNC en las labores de seguridad por un año. Desde esa época a la fecha, dicho decreto ha sido renovado anualmente durante diez años consecutivos. Es decir, la Fuerza Armada es parte de la seguridad pública de este país.
Es innegable que el apoyo militar ha sido necesario en la ardua tarea del combate a la delincuencia; sin embargo, en el fondo descansa una desnaturalización de las funciones de la Fuerza Armada, quien, según el artículo 212 de la Constitución, tiene a su cargo de manera primordial la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. El Gobierno del presidente Bukele debe explicar de manera clara cómo se diferencia esta nueva “militarización de la seguridad pública” de lo hecho por los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Sobre la seguridad pública también es necesario analizar cuál es el rumbo actual de la PNC. Esta institución no ha sido lo suficientemente efectiva para detener la delincuencia en las últimas décadas y no ha podido ejecutar completamente la labor de seguridad a la ciudadanía que se le ha encomendado. Es preocupante que el conjunto de labores entre la PNC y la Fuerza Armada no haya logrado controlar de manera definitiva la precaria situación de la seguridad pública. El gabinete de seguridad debe identificar e intentar corregir las fallas existentes.
El Gobierno del presidente Bukele también debe ser claro en la manera en que se brindan los resultados de los planes de seguridad a la ciudadanía. En los últimos días se ha dado a conocer por el periodista Roberto Valencia, del periódico digital El Faro, que han existido diferencias entre datos de homicidios brindados por el Gobierno y los ofrecidos por Medicina Legal y la Fiscalía General de la República. Las cifras maquilladas no son más que un placebo temporal y un autoengaño en el combate a la violencia, pues pareciera que tienen como fin una estrategia comunicacional más que una solución real al problema de seguridad.
Insisto, nadie desea que los planes de seguridad públicas del presidente Bukele fracasen, pero es importante tener claros los proyectos y las formas en que se busca brindar solución a la violencia en El Salvador. La seguridad pública no puede continuar un quinquenio más recorriendo el camino en círculo y llegando una y otra vez al mismo lugar: a puntos sin resultados reales.
