Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 30 julio 2019
Ex diputado Osiris Luna Meza:
El ejercicio de la profesión periodística comienza con hacer preguntas y buscar respuestas. En materia del sistema penitenciario es casi imposible buscar las respuestas por sus propios medios, porque los penales son prácticamente inaccesibles para los medios de comunicación. Desde que Ricardo Perdomo asumió el ministerio de Seguridad en junio 2013, tenemos una situación absurda en cuanto a la situación en los penales: Por una parte, una prohibición estricta que observadores independientes entren a los penales (un veto que no solo abarcó a periodistas, sino incluso a los delegados de la Cruz Roja Internacional e incluso del Ministerio de Salud) – y por otra parte el gobierno empezó a proyectar por su propios medios una realidad penitenciaria cuya validez nadie podía comprobar.
Este situación se ha mantenido luego de dos cambios de gobierno y de varios cambios de ministros y de directores de centros penales. Solo al final de la gestión de Marco Tulio Lima en Centros Penales algunos periodistas selectos obtuvieron permiso de entrar en ciertos penales, porque el gobierno de Sánchez Cerén tuvo interés de dar a conocer su proyecto Yo Cambio.
Ahora, en sus primeros dos meses, el gobierno de Bukele lanzó una campaña sin precedentes sobre centros penales, justificando y al mismo tiempo explotando propagandísticamente las medidas drásticas de estado de emergencia, aislamiento total de todos los reos, suspensión de visitas, encierro total sin acceso a aire libre y sol, traslados masivos, requisas frecuentes. Pero nuevamente: No podemos comprobar toda esta “información” oficial, porque ni los medios ni organizaciones de derechos humanos han tenido acceso a los penales. Algunos jueces de vigilancia penitenciaria, como es su deber, han emitido órdenes de suspender el estado de emergencia, pero tampoco han podido ir a hablar con los afectados.
Entonces, solo nos queda hacer las preguntas abiertas a usted, y hago el llamado a los diputados, las iglesias y los organismos de derechos humanos de hacer lo mismo.
1. ¿Cuáles son las pruebas para sus afirmaciones de que, antes de asumir su cargo usted, los reos en todos los penales, incluyendo el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, hayan tenido acceso a mecanismos ilegales de comunicación telefónica o digital?
2. ¿Cuáles son las pruebas que llevan a ustedes a afirmar que los delitos cometidos antes del inicio del Plan Control Territorial se hayan originado a raíz de órdenes emitidas desde el interior de penales?
3. ¿Qué le hace afirmar que la actual reducción de homicidios en todo el país sea resultado de las medidas de emergencia aplicadas en los penales?
4. ¿Cuántos teléfonos funcionales, con baterías cargadas y chips, han sido decomisados en cada uno de los penales de pandilleros?
5. ¿Las fotos y los videos que ustedes siguen publicando de reos agachados y semidesnudos siendo trasladados o sentados en los patios reflejan prácticas diarias en los penales, o han sido puestos en escena para realizar las fotos para su campaña? Aparte del impacto mediático y la humillación de los pandilleros presos, ¿qué sentido tiene esta trato a los reos?
6. ¿Durante el Estado de Emergencia que decretaron, ustedes han dado acceso a la Cruz Roja Internacional a visitar los penales, incluyendo el de máxima seguridad, y a entrevistar a los internos, así como corresponde al convenio vigente entre esta organismo internacional y el gobierno de El Salvador?
7. ¿Cuáles son los mecanismos de rehabilitación que este gobierno está desarrollando con los más de 15 mil pandilleros presos?
8. ¿Ha tratado de explicar al presidente de la República que por ley no le corresponde a él ni al gobierno a decidir a quiénes mandar a los penales de máxima seguridad, sino que para esto existen mecanismos e instancias legales de evaluación de cada reo?
Tengo más preguntas, pero no caben todas en esta carta. Sólo una más, que no puedo dejar de hacerla: ¿Realmente ejerce alguna función de viceministro? ¿Cuál? Porque si exclusivamente dirige los centros penales, su nombramiento clasifica como fraude de ley - para engañar a la Asamblea.
Saludos,
