Ya hemos puesto contra la pared a los diputados por el lujo que se dan con los seguros privados que se recetaron. Tan así que ya no se atrevieron a firmar nuevos contratos millonarios.
Pero poco a poco va saliendo a la luz toda la vergonzosa verdad: No sólo los diputados se recetaron estos privilegios, es práctica común en todo el Estado. La Prensa Gráfica averiguó que entre 2012 y 2016 el Estado derogó más de 144 millones de dólares para seguros médicos privados de sus altos funcionarios. Y va en ascenso: En el año 2012 fueron 20 millones, en el 2016 ya fueron 38 millones. Obra del gobierno del “cambio” y del otro del “buen vivir”…
La pregunta del millón (literalmente) es: ¿Quiénes son los funcionarios que se benefician? Veamos el ejemplo del Ministerio de Justicia y Seguridad: Se gastó 15.76 de los 144 millones para seguros privados, un promedio de 3.15 millones al año. Entonces, ¿qué beneficio tienen de este seguro los agentes que diariamente arriesgan su vida y su salud? No creo que esta suma haya alcanzado para asegurar a los 23 mil policías. ¿Será que repartieron este pastel sólo entre los altos funcionarios del ministerio, de la PNC y de Centros Penales, o sea entre los que mejor salario tienen y menos riesgos corren?
Otro caso interesante es el de Salud. Resulta mentira, pero también este ministerio, que maneja a los hospitales públicos, gastó en seguros médicos privados: 155 mil, o 30 mil al año. Así de caros que son estos seguros, esta suma sólo puede cubrir a un puñado de altos funcionarios. Privilegios de cúpulas.
Obviamente, los ministros, viceministros y directores de Salud no confían en sus propios hospitales, conociendo la falta crónica de insumos y medicamentos, la sobrecarga laboral de enfermeras y médicos, la falta de camas. ¿Sería injusto que exigiéramos que los responsables del sistema de salud pública se sometan a los servicios que ellos brindan a los ciudadanos? Es al revés: Mientras ellos no dependan, para su salud y su vida, de los servicios públicos que ellos mismos administran, los hospitales nacionales y del Seguro Social van a estar en la situación precaria que todos conocemos.
Pregunto a la ministra de Salud, al director general de la PNC, al ministro de Seguridad, y al director de Centros Penales: ¿No les da pena gastar millones en su propia salud, mientras diariamente mandan a los policías, los custodios penitenciarios, las enfermeras y los médicos a arriesgar su salud para servir a la gente?
Podría hacer este tipo de preguntas a todas las cúpulas de las instituciones que año por año gastan en privilegios para ellos mismos, mientras llevan al estado al punto de la quiebra financiera y a la incapacidad de garantizar los servicios públicos básicos que deben a los ciudadanos.
Resumen: A los funcionarios que ganan suficiente, el Estado les paga salud privada. A los que no alcanzan para pagárselo, les dejan los hospitales desfinanciados.
Todos sabemos que los seguros médicos privados no son el único privilegio de los mandamases. Además se recetan camionetas de lujo, vales de gasolina, gastos de representación, y viajes, todo a costa de fondos públicos.
¿Hasta cuándo creen ustedes que la ciudadanía les deja pasar este autoservicio de beneficios? Saludos,
Posdata:
El Ministerio de Salud contestó en twitter:
Si es así, mi crítica no aplica a las autoridades de Salud y felicito a los titulares. Queda la pregunta si los datos reportados por La Prensa Gråfica sobre gastos de seguros privados en las instituciones del goberno entre 2012 y 2016 son erróneas o aplican a la administración anterior.
En este contexto, La Prensa Gråfica publicó el día de hoy 28 de febrero lo siguiente:
Vea los artículos de La Prensa Gráfica:
27 de febrero: País paga $144 millones en seguros privados
28 de febrero: CEL, CEPA, ANDA, ISSS y hospitales gastan $53.5 millones en seguros
(MAS!/El Diario de Hoy)
